Venezuela. La razón democrática y el reconocimiento de Bukele a Guaidó (I)

(Tomado de La Prensa Gráfica)

El presidente Bukele expulsó a la representación del gobierno de Maduro, reconoció como Presidente Encargado a Guaidó, y acreditará a sus diplomáticos para representarlo en nuestro país. El principal criterio para juzgar dicha decisión es la razón democrática.

En la elección de diputados de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, la oposición logró dos tercios de los votos y la mayoría calificada. La crisis política actual de Venezuela se origina en la ilegitimidad democrática de desempeño de Maduro como presidente desde enero de 2016, y en su total ilegitimidad democrática a partir de enero de 2019 en que venció su mandato como presidente, electo en 2013. A continuación algunos acontecimientos. (En Asdrúbal Aguiar. «Transición hacia la democracia y responsabilidad de proteger en Venezuela», IDEA, abril de 2019):

«El 6 de diciembre de 2015 es electo un nuevo parlamento con mayoría calificada de 112 diputados opositores. Antes de que asuman sus funciones, la Asamblea Nacional desapoderada por el pueblo instala en su sede, el 16 de diciembre de 2015, un órgano paralelo e inconstitucional que llama Parlamento Comunal Nacional, integrado por militantes del partido de gobierno, el PSUV. El 23 de diciembre de 2015, la misma Asamblea Nacional que ya ha agotado su mandato, sin respetar los procedimientos constitucionales y luego de solicitarle a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) requerir su jubilación forzosa, oficializa el nombramiento de sus sustitutos, incluyendo diputados oficialistas que cesan en sus funciones o han perdido las elecciones.

El 31 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del TSJ inconstitucionalmente reconstituido, encontrándose de vacaciones judiciales y ante recurso que se le interpone 24 horas antes, suspende la juramentación de tres diputados indígenas electos por el Estado Amazonas, con el evidente propósito de mermar la mayoría calificada opositora (112 diputados frente a los 55 oficialistas) dentro de la Asamblea Nacional que se ha de instalar el 5 de enero del año siguiente.

El 11 de enero de 2016, designada la nueva directiva de la Asamblea Nacional y juramentados los diputados electos, incluidos los diputados indígenas al haber sido proclamados por el Poder Electoral y gozar de investidura, la Sala Electoral del TSJ, incompetente por la materia, denuncia el desacato del parlamento. Declara la nulidad de todas sus actuaciones sucesivas mientras éste se mantenga en dicho estado. Desde entonces, hasta el presente, Nicolás Maduro Moros y su TSJ, que expide sucesivas sentencias al efecto, incluidas las de la Sala Constitucional, desconocen, mediante decreto, las actuaciones de control y legislación del parlamento.

El 10 de mayo de 2016, la Asamblea Nacional denuncia ‘la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, materializado en la violación a las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral’.

El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional declara ‘que Nicolás Maduro Moros, invocando el cargo de presidente de la República, ha incurrido en acciones y omisiones que sitúan su desempeño completamente al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia de la República, en virtud de la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación y los atentados a la integridad de la República que ha llevado a cabo; y declara que éste ha abandonado su cargo’.

Mediante sentencias de 27 y 28 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del TSJ inconstitucional decide suspender sine die los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional electa democráticamente, transferirlos al presidente de la República, Maduro Moros, y elimina la inmunidad de los diputados, a quienes acusa de traición a la patria por demandar de la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

El 4 de agosto de 2017 se instala la Asamblea Nacional Constituyente, desconocida por los gobiernos miembros del Grupo de Lima, de Mercosur, y la Unión Europea, y el siguiente 18 de agosto, mediante Decreto asume para sí todas las competencias legislativas y de control de la Asamblea Nacional». (Continuará).

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