Venezuela. La razón democrática y el reconocimiento de Bukele a Guaidó (y II)
Citando al eminente constitucionalista venezolano Asdrúbal Aguiar («Transición hacia la democracia y responsabilidad de proteger en Venezuela», IDEA, abril de 2019), en la columna anterior precisamos la ilegitimidad democrática de Maduro como presidente desde enero de 2016, y su total ilegitimidad democrática a partir de enero de 2019 en que venció su mandato como presidente, electo en 2013. Pero en el texto citado al autor no se ocupa de la base constitucional para que Juan Guaidó asumiera la presidencia interinamente en una transición que conduzca a elecciones, a lo que nos referimos en esta columna.
Guaidó se apegó a los artículos 233, 350 y 333 para asumir las competencias de la encargaduría de la Presidencia de la República.
El artículo 233 de la Carta Magna venezolana indica que ante el vacío de poder en el Ejecutivo, dicho espacio debe ser ocupado por el presidente de la Asamblea Nacional. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
El artículo 333 obliga a todos los ciudadanos a restaurar la Constitución, usurpada. La oposición se respalda en el artículo 350 que da la potestad a los ciudadanos y otros poderes a no reconocer a quienes violen la Constitución. Para el constitucionalista y exmagistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia venezolana Román Duque Corredor, «por aplicación del 333 de la Carta Magna, [la Asamblea] estableció como marco jurídico el cese de usurpación y el establecer un Gobierno de transición, para llevar a cabo un proceso electoral libre y finalmente restablecer la institucionalidad quebrantada en Venezuela».
Según el artículo 233, cuando se produzca esta falta «se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes» en los que, dice la Constitución, «se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional».
El abogado especialista en Derecho Constitucional José Vicente Haro explicó que Guaidó fue extremadamente cauto al dar el paso que dio para permanecer en el terreno de la legalidad.
Lo que hizo Guaidó «para poder asumir como presidente encargado de la república es legal, es constitucional y es legítimo», asegura Haro. Agregando que «esa formalidad», «esa manifestación de voluntad, es la que termina llevando su declaración al terreno del artículo 233 de la Constitución», pues además la hizo «desde una concentración que es una especie de cabildo abierto» y con el resto de la directiva del Parlamento presente. «Juan Guaidó hace esa manifestación de voluntad, personal, individual, como lo requiere el artículo 233 de la Constitución».
En opinión de algunos abogados constitucionalistas, como Pedro Alfonso del Pino, «no se puede hacer un análisis estrictamente legal, porque hay muchos condicionantes políticos y una violación a la constitución constante por parte del chavismo… Estamos, sobre todo, ante una crisis de gobernabilidad».
El presidente Bukele desconoció antes y después de asumir la presidencia el carácter ilegítimo de la presidencia de Maduro, pero fue con bastante retraso como él mismo lo reconoció que rompió con su representación diplomática y reconoció a Guaidó, invitándolo a nombrar a sus representantes en El Salvador.
El eje Castro-chavista que siempre negó la existencia de una dictadura y la violación de los derechos humanos en Venezuela criticó al presidente Bukele por una decisión que considero correcta, aunque muchos hubiéramos preferido que le hubiera dado más días al personal diplomático para salir del país. Si bien la razón democrática fundamenta la decisión del presidente, coincide con la posición del Grupo de Lima, de Canadá y Estados Unidos, fortaleciendo la relación con dichos países y coincidiendo la razón democrática con los intereses.
Finalmente rompimos con la política nefasta de apoyo del gobierno de Sánchez Cerén a la narcodictadura chavista en Venezuela. ¡Enhorabuena!
