130 personas han sido forzadas al exilio en El Salvador, advierten organizaciones ante CIDH

Al menos 130 personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas se han visto forzadas a salir de El Salvador desde 2020, según denunciaron hoy organizaciones de la sociedad civil ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se negó a participar el Estado salvadoreño.

La audiencia pública, titulada ‘El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos’, reunió a organizaciones defensoras de derechos humanos, comisionados de la CIDH y expertos de Naciones Unidas. 

El Gobierno de Nayib Bukele notificó su ausencia minutos antes de iniciar, alegando un “desacuerdo” con el título de la sesión donde las organizaciones denunciarían la detención, persecución y el exilio de defensores, activistas y periodistas.

Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por su sigla en inglés), indicó que 130 personas se han visto forzadas a huir del país en los últimos cinco años. Aseguró que 80 de estos exilios ocurrieron solo en los últimos tres meses, incluyendo a 33 defensores de derechos humanos y a 47 periodistas. 

“Desde 2020 a la fecha, cuando toma fuerza una nueva forma de autoritarismo en el país, muchas personas han sido objeto de persecución por su labor de derechos humanos o de periodismo, particularmente cuando exponen abusos de poder, corrupción de gran escala, violaciones a derechos humanos o actividades de grupos criminales», indicó Indacochea.

La persecución, además, se agudizó en mayo de 2025, tras la detención de la abogada Ruth López, jefa Anticorrupción de Cristosal y prominente defensora de derechos humanos; el abogado constitucionalista Enrique Anaya; el abogado ambientalista Alejandro Henríquez; el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, y Fidel Zavala, defensor de derechos humanos recapturado después de denunciar las torturas en las cárceles del régimen de Bukele.

Según la experta, actualmente, los únicos caminos posibles para quienes son perseguidos en El Salvador son “la autocensura, la cárcel o el exilio”.

Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y DPLF denunciaron que existe un patrón sistemático de hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes y campañas de desprestigio contra defensores, sindicalistas, jueces independientes y periodistas.

“La concentración de poder genera una desprotección jurídica absoluta”, advirtió Olga Guzmán, de la OMCT. La defensora afirmó que el régimen de excepción ha sido instrumentalizado para perseguir a quienes denuncian abusos del Estado. 

Solo en el primer semestre de 2025, las agresiones contra mujeres defensoras pasaron de 205 casos en todo 2023 a 960, incluyendo expulsiones, desplazamientos forzados, rastreo digital y acoso, agregó.

La audiencia también fue marcada por la denuncia del cierre de operaciones de Cristosal en El Salvador, organización con más de 25 años de trayectoria en la defensa de derechos humanos. Su salida ocurre tras la detención de Ruth López, las amenazas y vigilancia contra el resto de sus miembros, y una creciente criminalización de la cooperación internacional, reforzada con la aprobación exprés de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y su reglamento.

Al respecto, el experto de Naciones Unidas, Roberto Desogus, destacó que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ya ha alertado al país sobre los riesgos que conlleva la reciente adopción de la LAEX. 

“Preocupa especialmente el lenguaje ambiguo de ciertas disposiciones, la tasa impositiva, las acciones contempladas en caso de incumplimiento y los amplios márgenes de discrecionalidad otorgadas a las autoridades, elementos que podrían derivar en situaciones que restrinjan la libertad de asociación y expresión”, afirmó.

Irene Cuéllar, de Amnistía Internacional, sostuvo que la persecución contra defensores y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros buscan restringir la participación ciudadana y criminalizar la solidaridad. “Es una política de Estado diseñada para reducir el espacio público”, afirmó.

La respuesta del Estado: ausencia

En una carta oficial, el Estado salvadoreño informó a última hora que no asistiría a la sesión. 

«(El Salvador) expresa su preocupación por el título de la audiencia, ya que considera que el mismo ya contiene un sesgo inherente, sugiriendo que la CIDH da por ciertos los señalamientos de la solicitud de los peticionarios», dijo El Salvador, según indicó la comisionada Andrea Pochak.

El Salvador manifestó en una carta que la sesión «es incompatible con el principio de soberanía nacional, pues somete de manera anticipada al Estado frente a argumentos meramente especulativos y no comprobados».

Esta no es la primera vez que el Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencias de la CIDH. El Gobierno ha declinado participar en estos espacios en seis ocasiones en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca, lamentó la ausencia del Gobierno salvadoreño en la audiencia. “Este era el foro para aclarar las denuncias. Sin la participación del Estado, se priva a la comunidad interamericana de respuestas esenciales”, señaló.

Pochak cuestionó el compromiso del Estado salvadoreño con los derechos humanos. “No estamos hablando de una situación de seguridad pública ni de desestabilización. Estamos hablando de restricciones al periodismo, a la defensa de derechos, a la justicia. Y de retrocesos profundos en la democracia y las libertades fundamentales”, concluyó.