Envían a prisión a Enrique Anaya en plena ofensiva de Bukele contra disidentes

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, uno de los críticos más acérrimos del gobierno de Nayib Bukele, bajo la acusación de lavado de dinero y activos. La captura de Anaya ocurre en un contexto de escalada represiva contra personas defensoras de derechos humanos y opositoras del oficialismo.

Después de 15 días detenido, Enrique Anaya se enfrentó a una audiencia inicial que se realizó a puerta cerrada, y bajo un nuevo protocolo de seguridad para la prensa, que aseguró un acceso limitado a la sala. 

Al encontrarse con los periodistas, Anaya se mantuvo en completo silencio. Únicamente su abogado defensor, Jaime Quintanilla, explicó por qué: “todo aquel que haga uso del derecho de expresión y opinión, le puede pasar esto”, sentenció. Aseguró que, aunque buscaron medidas sustitutivas a la detención “contra viento y marea”, no fue posible conseguirlo. 

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Enrique Anaya cometió el delito de lavado de dinero entre 2015 y 2024, pero no ha hecho público ningún detalle o prueba que sustente el caso, y solicitó reserva total del proceso.

“Para mí en lo personal, no importa lo que diga la Fiscalía, su detención es arbitraria”, aseguró el defensor. “Vamos a seguir los recursos pertinentes para ver si se puede revocar lo relativo a la detención, porque es lo más esencial», agregó.

La captura de Anaya sigue el mismo patrón que las detenciones contra defensores ocurridas en las últimas semanas: una captura arbitraria, con engaños, y el uso del régimen de excepción para procesar a los críticos del gobierno de Bukele, aunque se trate de delitos comunes. 

Antes de su detención el pasado 7 de junio, Anaya ya había advertido públicamente que temía ser encarcelado por su postura crítica, especialmente por denunciar la inconstitucionalidad de la reelección presidencial de Nayib Bukele.Días antes, también alzó la voz contra la detención arbitraria de su colega Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, capturada el 18 de mayo por el delito de peculado, sin pruebas ni acceso inmediato a defensa legal. Luego, en el requerimiento fiscal, la FGR pidió cambiar el delito a enriquecimiento ilícito e imponer una reserva total del proceso.

En ambos casos, las detenciones han estado marcadas por una captura arbitraria, secretismo y restricciones al derecho a defensa. Anaya fue capturado a las afueras de la casa de su hija por agentes de la PNC, quienes, según testigos, vestían de civil. Según denunció el abogado, entraron a la vivienda con engaños, diciendo que estaban investigando el robo de un vehículo; y luego llegaron más de una decena de agentes policiales y fiscales para ejecutar su arresto.

Tras su captura, ni los abogados ni la familia de Anaya conocieron su paradero durante más de 48 horas, hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino para exigir al Estado salvadoreño que revelara su localización y garantizara su acceso a abogados y familiares.

Actualmente, Anaya permanece recluido en condiciones precarias en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Sus defensores denunciaron que, desde su detención, no se les ha permitido reunirse con él en condiciones que aseguren confidencialidad, y que su condición de salud “se ha deteriorado” por la falta de medicamentos adecuados y atención médica especializada.

Quintanilla comentó que, en su derecho de palabra ante la jueza, Anaya expresó «lo que ha padecido, la situación de tensión” por su arresto, así como su condición de salud. «Está bastante decaído, es producto del hacinamiento, de estar encerrado. (Anaya) es una persona que necesita estar fuera en su trabajo, en actividad constante, con una buena alimentación», dijo.

Anaya tampoco ha recibido un tratamiento al que estaba sometido al momento de su captura, ni ha sido sometido a pruebas médicas necesarias como escáneres y ultrasonografía, indicó su defensor. 

El 20 de junio pasado, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de hábeas corpus en favor de Enrique Anaya, que deberá ser resuelto esta semana. En el documento, la Sala reconoció una posible vulneración a sus derechos a la salud y a una defensa adecuada, y ordenó que las personas detenidas sean presentadas en un plazo razonable y no necesariamente al cumplirse el límite máximo de quince días.  “El llamado es a las autoridades para que respeten su dignidad e integridad”, afirmó su defensor.El pasado 11 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al Estado salvadoreño a garantizar «el acceso a la familia y abogados de Enrique Anaya al lugar de detención», a brindarle protección y garantías judiciales, y «evitar el uso injustificado de prisión preventiva».

Este 23 de junio, la Unión Internacional de Abogados, a través de su Instituto para el Estado de Derecho (UIA-IROL) también manifestó su «más alta preocupación» por la detención del abogado salvadoreño y exigió su liberación inmediata, así como el cese de la persecución contra profesionales del derecho que ejercen su labor de forma crítica.

En su pronunciamiento público, la UIA-IROL denunció que Anaya había expresado recientemente en televisión nacional su rechazo a la reelección presidencial —prohibida en al menos ocho artículos de la Constitución salvadoreña—, y al régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.

«La UIA-IROL reafirma que la libertad de expresión de las y los abogados está protegida por instrumentos internacionales suscritos por El Salvador (…) y es fundamental para que los letrados puedan cumplir su papel en la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho», indica el comunicado.

Además de Anaya y López, en las últimas semanas también han sido detenidos el defensor de derechos humanos Fidel Zavala, y los líderes comunitarios José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, quienes resisten el despojo de tierras de la Cooperativa El Bosque, en la cordillera del Bálsamo.

Organismos nacionales e internacionales han advertido que El Salvador atraviesa un deterioro acelerado de la democracia, donde las instituciones actúan como herramientas de persecución política, en vez de ser garantes de justicia.