La justicia de Guatemala debe renovar procesos, no solo nombres: exjefe de la FECI

Guatemala está a solo días de renovar a la jefatura del Ministerio Público y poner fin a la era de Consuelo Porras, denunciada por perseguir a jueces y fiscales anticorrupción. Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), es uno de ellos. Desde el exilio y con al menos siete órdenes de captura en su contra, advierte que la salida de Porras, por sí sola, no lo resolverá todo: el país transita “un ciclo de supervivencia institucional” que exige reformas estructurales de fondo, no solo nuevos nombres al frente de las instituciones.

«Apenas estamos en un ciclo de supervivencia, saliendo de una crisis completa que nos ha permitido seguir dentro del marco de la institucionalidad, con reglas que son obsoletas», sostuvo Sandoval en una entrevista para la cobertura especial Claves de Poder, de FOCOS. 

Su diagnóstico es claro: si Guatemala no reforma los procedimientos que rigen la selección de sus altas autoridades, el país volverá a enfrentar la misma crisis cada vez que llegue un nuevo ciclo electoral.

El nudo central, según Sandoval, no es solo quién será el próximo fiscal, sino cómo se elige. El modelo de comisiones de postulación, que involucra a la academia y a los colegios de abogados, “es totalmente obsoleto” y ha demostrado ser funcional para quienes saben capturarlo. Para él, ya no basta con protestar: hay que proponer y actuar.

Entre los cambios que identifica como urgentes está revisar el papel de la Universidad San Carlos (USAC), que con casi 400 años de historia ha visto cómo su peso en las postuladoras, lejos de aportar criterio jurídico, ha contribuido a politizar el proceso. También señala la necesidad de delimitar con precisión el rol del gremio de abogados y corregir vacíos tan básicos como la discusión sobre quién puede considerarse legalmente abogado para participar en estos procesos.

El problema en la justicia de Guatemala, consideró, no se limita a la fiscalía y al proceso de las comisiones. Sandoval apunta también al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas resoluciones pueden ser revocadas por jueces de la jurisdicción ordinaria, como otro ejemplo de un diseño institucional que necesita revisión. «¿Qué tan supremo es nuestro tribunal electoral si un juez de la jurisdicción ordinaria puede revocar sus resoluciones?», cuestionó.

Un Ejecutivo “sin peso”

Sandoval también señaló al presidente Bernardo Arévalo como el actor que debería encabezar un esfuerzo de reforma antes de que concluya su gobierno. Reconoce que su llegada al poder fue “lo mejor que pudo ocurrirle a Guatemala en ese momento”, pero no lo exonera de responsabilidades.

«Hay cuestiones que pudo haber hecho más rápido, con mayor decisión», afirmó. En particular, lamenta que el gobierno no haya actuado con mayor firmeza frente a la persecución de operadores de justicia en el exilio ni haya avanzado en reformas concretas al sistema judicial durante los primeros años de mandato. “El poder también debe ejecutarse”, aseguró.

Para Sandoval, el Ejecutivo debería dejar iniciado, antes de que termine el período de Arévalo, el camino hacia una reforma constitucional que transforme la forma en que Guatemala selecciona a sus altas autoridades judiciales. 

Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, que han seguido de cerca los procesos de renovación institucional de 2026, pueden aportar insumos valiosos para esa propuesta, indicó. «Más que documentar lo que ha pasado, que eso sirva de insumo para una propuesta hacia el futuro», planteó.

Un fallo sin sustento y el fantasma de Porras

Sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que obligó a la comisión postuladora a rehacer la nómina para la elección del fiscal, Sandoval aseguró que esta “no se trató de una decisión desde ninguna perspectiva de naturaleza jurídica”.

La acción fue presentada por Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización que nació en 2013 para proteger a militares implicados en violaciones de derechos humanos y que desde 2018, bajo la gestión de Consuelo Porras, logró convertir su agenda de persecución en la agenda del Ministerio Público.

El resultado concreto del fallo de la CC fue la salida de Zoila Tatiana Morales Valdizón, un perfil con carrera fiscal independiente, y la entrada de Carlos Alberto García Alvarado, a quien Sandoval identifica como “un alfil de Porras”, alguien que “representa lo que Consuelo Porras defiende: impunidad y atacar a actores anticorrupción”.

El fallo también expuso la correlación interna de la nueva Corte de Constitucionalidad, que tomó posesión el 14 de abril. Tres magistrados —Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera— votaron por excluir a los jueces del proceso, mientras Astrid Lemus y Annabella Morfín se opusieron. Sandoval señaló la paradoja: dos de los tres magistrados que votaron para excluir a jueces del proceso son ellas mismas juezas de carrera.

«Debemos vivir, sufrir y también respetar sus decisiones por cinco años», dijo Sandoval, anticipando que esta configuración representará un obstáculo para el gobierno de Arévalo, aunque menos que la corte anterior, que operaba en un bloque adverso de cinco sobre cinco.

Con las elecciones generales de 2027 en el horizonte, Sandoval advierte que el tiempo se agota. Una fiscalía capturada puede inhabilitar candidaturas, archivar investigaciones y blindar a actores antidemocráticos antes de que los guatemaltecos vuelvan a las urnas. Una fiscalía independiente puede hacer lo contrario.

Pero más allá del nombre que Arévalo elija en los próximos días, Sandoval insiste en que el verdadero desafío es estructural: «Vamos a seguir funcionando así, termina el periodo y viene una nueva crisis, sino que hay que abonar en la democracia, que es el fortalecimiento institucional.» Guatemala, dice, necesita pasar de sobrevivir a construir.

Juan Francisco Sandoval fue entrevistado en la cobertura especial Claves de Poder de FOCOS. La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube de FOCOS TV.