Senadores de EE.UU: “La seguridad no debe lograrse a expensas de la democracia”

Los senadores demócratas Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Tim Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, emitieron un pronunciamiento en el que pidieron a la administración del presidente Nayib Bukele terminar con el régimen de excepción. La declaración denuncia las consecuencias de la medida en los derechos civiles de la población y la integridad democrática del país. 

“La administración Bukele debe restaurar el orden constitucional para el pueblo salvadoreño, poner fin de inmediato a su práctica de juicios masivos, otorgar a los detenidos acceso a familiares y asesoramiento legal, y brindar apoyo para la reintegración de aquellos salvadoreños inocentes injustamente arrastrados por esta represión”, indica el posicionamiento.

El pasado 8 de noviembre, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialismo, votó por prorrogar por trigésimo segunda vez el régimen de excepción. El argumento que el Ejecutivo y el grupo parlamentario han mantenido hasta la fecha para dar continuidad a la medida es que aún hay grupos terroristas que pueden comprometer la permanencia de los logros alcanzados.

“Durante 32 meses, decenas de miles de salvadoreños han sido arrestados arbitrariamente sin el debido proceso: presuntos culpables, hacinados en cárceles superpobladas y sin conocimiento de los cargos en su contra. Las familias se ven privadas de comunicación con sus seres queridos. Cientos de salvadoreños han muerto bajo custodia estatal y muchos más han sufrido torturas o han sido desaparecidos”, denuncia la declaración.

Para estos senadores demócratas, el gobierno de Bukele “ha impulsado una narrativa falsa de que la seguridad debe lograrse a expensas de la democracia y los derechos humanos básicos”, indica.

El llamado de los funcionarios estadounidenses se suma a los de otros actores de la comunidad internacional que también han señalado el impacto de la prolongación de la medida en los derechos humanos de la población y la democracia en el país.

En septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó un extenso análisis sobre los impactos del régimen de excepción y en sus conclusiones exhorta al Gobierno de Bukele a “restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad con respeto a los derechos humanos”. 

En ese mismo sentido, los senadores estadounidenses señalaron que “si bien las tasas de homicidios en El Salvador han disminuido durante este período, cambiar la violencia de las pandillas por violencia sancionada por el Estado no es una solución para una seguridad duradera”.

Al menos 83,100 personas han sido capturadas en el marco del régimen de excepción, desde el 27 de marzo de 2022. Organizaciones no gubernamentales, además, han registrado más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos como capturas arbitrarias, torturas y la muerte de más de 280 personas al interior de los centros penales.

¿Qué implica este llamado? 

La directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana Méndez Ardón, explicó que la declaración de los senadores debe ser leída en el contexto de la transición electoral de ese país y en un momento en que se está fortaleciendo la “narrativa regional de que se puede violar la Constitución, se pueden violar derechos humanos y los límites de la democracia, sin una rendición de cuentas”. 

Las palabras de los senadores, además, cobran relevancia frente al silencio que la administración Biden ha tenido en torno a los retrocesos democráticos en El Salvador.

“En un momento de transición, ante la llegada de Trump a la presidencia, algunos miembros del partido demócrata quieren elevar la atención sobre lo que ocurre en El Salvador. Entonces, es importante que haya voces que hagan contrapeso a una narrativa que, como dice el comunicado, incluso ha llegado a Washington con miembros del partido republicano, donde algunos miembros han mostrado apoyo y respaldo político a Bukele”, señala.

Hasta el momento, ni Bukele ni su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han dado declaraciones sobre por cuánto tiempo más planean mantener la medida. En agosto pasado, el presidente fue consultado por la revista Times al respecto y se limitó a decir que “en algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal”.