El narco-Estado de Honduras se renueva después de su paso por la justicia estadounidense 

Por Jennifer Avila

Honduras está enviando a sus últimos ciudadanos en extradición hacia Estados Unidos en enero y febrero de 2025, marcando así el final de un capítulo crucial en su historia reciente. El acuerdo de extradición, firmado por ambos países y habilitado por el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, está a punto de expirar por completo después de la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciarlo para inhabilitarlo. Esto a pesar de que el tratado alcanzó su momento más simbólico con su propia elección en 2021, cuando la población votó por un cambio, motivada en gran medida por la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández.

La reciente decisión de Castro de dar por terminado el acuerdo el 28 de agosto de 2024, tras revelarse una negociación entre narcotraficantes y líderes de su partido, pone fin a un ciclo de juicios que destaparon los mecanismos de una narco-cleptocracia que ha controlado Honduras durante los últimos 25 años. Estos procesos judiciales estuvieron marcados por acusaciones de narcotráfico, política corrupta y testimonios reveladores que sacaron a la luz el funcionamiento interno de este sistema.

Frente a la nueva era que se viene en materia de justicia, la población en Honduras que busca sobrevivir a diario, ha restado importancia al problema del narcotráfico y, por el contrario, hasta parece añorar los tiempos en que la narco-filantropía o la misma narcopolítica se encargaba de resolver problemas sociales. Un ejemplo de esto es la celebración en El Paraíso Copán por la liberación de “Chande” Ardón, narcotraficante y alcalde, testigo clave en el caso de Juan Orlando Hernández. 

El pasado 13 de enero, “Chande” Ardón, el exalcalde narcotraficante de El Paraíso Copán en Honduras, recibió una sentencia de “tiempo servido” después de más diez años de residencia vigilada por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ese mismo día, el pequeño pueblo en el que el alcalde no solamente construyó un edificio municipal enorme con la intención de ser una réplica del capitolio de Washington, sino también un imperio criminal y violento, reventó en felicidad por la liberación de su cacique. Nada significó en ese pueblo abandonado todo lo que se comprobó en tribunales estadounidenses, los 56 asesinatos en los que Ardón aceptó haber participado, las 250 toneladas de cocaína que Ardón aceptó haber traficado o el fraude electoral y cómo aportó a la construcción del narco- Estado hondureño.  

Otro ejemplo es también la añoranza de mucha gente en el occidente de Honduras por el retorno de algunos miembros de la familia Valle Valle que también fueron liberados tras ser enjuiciados por narcotráfico en la corte del distrito Este de Virginia, en EE.UU., o el recuerdo de “Los Cachiros” como los señores que daban trabajo con sus empresas y hasta celebraban el Día de la Madre en los barrios pobres de Tocoa, en el norte de Honduras. 

A inicios de 2024, el Sondeo de Opinión Pública que realiza todos los años el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), estableció que la gente encuestada (una muestra nacional) opina que la crisis económica supera todos los problemas en el país y que problemas relacionados con la salud, la educación, el narcotráfico, la violencia de policías y militares, las maras y pandillas, la extorsión y la impunidad preocupan a menos del 3 por ciento de la población.

El caso de Amílcar Alexander Ardón es uno típico para explicar esta visión del impacto del narcotráfico y la narcopolítica en la sociedad. Su historia es la de un joven de la comunidad, un muchacho trabajador que se superó y trajo cosas al pueblo que antes no se veían. Como cuando a Macondo llegaron las maravillas de los gitanos, imagínense ver llegar a un pueblo empobrecido y campesino una bazuca, o ver construido allí en el centro un edificio con enormes columnas y un helipuerto, y que todo esto fue posible por un muchachito del pueblo. Ardón contó en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández que su primer impulso asesino ocurrió cuando de adolescente tuvo que vengar a su familia tras el asesinato de su hermano. Esto, en Honduras, tomarse la justicia por la propia mano, se ve casi como un acto de honor. En uno de los países más impunes de la región (las cifras apuntan a un 90 %), la única otra opción sería la resignación cristiana. 

Pasó también con los líderes del cártel de los Valle, quienes fueron enjuiciados en Estados Unidos entre 2013 y 2016. Algunos ya fueron liberados y retornados a Honduras, donde nadie los persigue y donde además sus bienes les esperaron intactos. Pasó también con “Los Cachiros”, los narcos del Aguán, que algunos recuerdan con nostalgia y que cuando se entregaron a la justicia gringa ante su inminente extradición provocaron que muchas personas salieran a las calles pidiendo su liberación, porque sus empresas daban empleo. Pasa también ahora cuando más de alguna persona ha dicho que Juan Orlando Hernández no fue tan malo como el gobierno actual (aunque esté preso en Nueva York por hacer funcionar el Estado de protección criminal) y ven en su esposa una candidata presidencial ideal en la próxima contienda electoral. 

El hecho de que la administración de Castro –el gobierno del cambio y de la transformación– también terminara salpicada por involucramientos con el narco y acabara con el tratado de extradición, genera en la población hondureña una suerte de resignación. De nuevo: el malo que a veces hace algo es mejor que el malo que no hace obras. Y así transcurre la democracia en Honduras que en 2025 va a elecciones con los caciques que operan con las mismas artimañas clientelistas y con la misma maquinaria aceitada en la fusión conveniente entre crimen y política.

Es tan perversa la dinámica de impunidad de la que se alimenta la política hondureña, que en estos momentos, la precandidata a presidenta por el Partido Nacional, Ana Hernández, esposa del expresidente convicto en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, Juan Orlando Hernández, se ha referido a él como “prisionero de guerra” y como “víctima del lawfare de la izquierda radical”. Lo ha dicho en los medios de comunicación nacionales y recientemente en el programa de Matt Gaetz, un ex representante republicano en el Congreso de los Estados Unidos, quien por poco queda al frente del Departamento de Justicia en ese país tras el triunfo de Donald Trump. El lobby pro Juan Orlando Hernández en Estados Unidos quiere lograr un indulto en ese país, pero también cada día le dice a la sociedad hondureña que el expresidente condenado por narcotráfico  puede salvar al país.  

En cuanto a los juicios en Estados Unidos, queda la amarga sensación de que los grandes beneficiados fueron los narcotraficantes, quienes compraron su libertad entregando a los políticos que facilitaron sus operaciones sangrientas. Mientras que en Honduras siguen solo cayendo presos los más pobres, los eslabones más débiles de una cadena de crímenes que al final terminan sosteniendo el país. 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual FOCOS forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.