Gobierno de Bukele captura a Ruth López y escala su persecución contra defensores

El Gobierno de Nayib Bukele arreció una vez más su ofensiva contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La Fiscalía General de la República, en control del oficialismo, anunció la captura de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una de las organizaciones no gubernamentales clave en la denuncia de abusos de poder en El Salvador. A casi 18 horas de su detención, Cristosal y la familia de la defensora desconocen en dónde ha sido recluida Ruth López, y denuncian una desaparición forzada por parte del Estado salvadoreño.

López es una de las voces más incómodas para el Gobierno salvadoreño, y es también una de las más respetadas a nivel internacional: en 2024 fue nombrada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, y decenas de organizaciones nacionales e internacionales han condenado su captura, que marca un antes y un después en la criminalización de los defensores de derechos humanos en El Salvador.

“La detención de Ruth no es un hecho aislado, es un parte de una estrategia sistemática del Gobierno de Nayib Bukele para perseguir y silenciar y criminalizar a quienes defienden derechos, combaten la corrupción y exigen rendición de cuentas”, aseguró Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, durante una conferencia de prensa convocada este lunes. 

Bullock aseguró que manejan el caso de Ruth López como “una detención ilegal y posible desaparición forzada”, debido a que “ni su familia o equipo legal” han podido verla o hablar con ella. “Las autoridades han mantenido completo hermetismo, negándole todo el acceso a la defensa y violando abiertamente sus derechos fundamentales (…) Esto configura una persecución política con rasgos autoritarios, incompatible con una sociedad democrática”, denunció.

 “No tenemos certeza de qué puede estar pasando, de qué pueda estarle pasando. Queremos reiterar que esto está sucediendo obviamente por su labor de defensa de derechos humanos”, aseguró Louis Benavides, esposo de la defensora Ruth López.

De acuerdo con la publicación de la Fiscalía en X, López es acusada del delito de “peculado” por haber colaborado “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”. Esto fue lo único que se dijo al esposo de Ruth López al momento de la captura. “No mostraron una orden de captura. Leyeron un párrafo con lo mismo que puso la Fiscalía en Twitter”, afirmó.

La información publicada por la Fiscalía no contiene un monto específico, ni señala cuándo ocurrieron los actos por los que es acusada López. Únicamente los atribuye a cuando fue “asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos periodos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”. Chicas, quien también fue capturado por la Fiscalía de Bukele el 13 de febrero recién pasado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, fue magistrado y presidente del TSE y luego fungió como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República durante el último gobierno del FMLN (2014-2019). En ese período, López fue asesora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Sin embargo, sus familiares denuncian que la captura es en realidad “una represalia” por sus críticas al Gobierno. “Por su labor de derechos humanos y exigir que estos se respeten, esto es lo que le ha traído, que llegaran y la capturaran. Ha sido una crueldad lo que han cometido con mi hija y eso no se puede permitir, una madre no puede callar”, aseguró Eleonora Alfaro, madre de López, en declaraciones a la prensa.

López ha presentado demandas de inconstitucionalidad ante los abusos de poder del Gobierno de Bukele, y numerosos avisos de denuncias que exponen graves casos de corrupción del Ejecutivo, como la venta de paquetes alimenticios del Programa de Emergencia Sanitaria (PES); el uso de fondos públicos para espiar con el software Pegasus a periodistas y críticos del Gobierno; denunció 755 casos de fraude en la Chivo Wallet, la billetera oficial de Bitcoin en El Salvador; y presentó demandas de inconstitucionalidad a la reforma promovida por Bukele para cambiar la Constitución en una sola legislatura, y en contra de la nueva Ley de Minería Metálica. También ha sido crítica del uso del régimen de excepción y las violaciones a derechos humanos alrededor de los megaproyectos de infraestructura del Gobierno.

“Mi hija presentó una demanda contra la Ley de Minería. No olviden que ella se pronunció por esto”, dijo la madre de la defensora a la prensa. “Yo exijo la libertad de Ruth y se la exijo a 

Nayib Bukele porque él es el causante de esto, él es el promotor de esto”.

Decenas de organizaciones locales y organismos internacionales se han pronunciado sobre la detención de Ruth López. A través de un comunicado conjunto, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones han condenado la captura de la defensora de derechos humanos y exigen su inmediata liberación. También urgieron a la comunidad diplomática a que «inste al presidente Bukele a cesar todos los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador».

Denuncian engaños y captura arbitraria

El director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, aseguró que Ruth López fue capturada con engaños de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). “Dijeron que había un accidente de tránsito para que saliera Ruth a recibirlos, y ahí la capturaron y le aplicaron la detención administrativa (…) no dejaron que ni siquiera se cambiara en su casa, y ella no mostró resistencia. Tuvo que cambiarse en la calle”, aseguró.

Ábrego denunció, además, que las autoridades han mantenido a López en constante movilidad durante las primeras horas de su captura, sin brindar información verificable a sus familiares y representantes legales. “El no dar información sobre el paradero de una persona detenida a sus familiares y abogados, es una desaparición forzada por parte del Estado”, aseguró. 

FOCOS constató que el esposo y la madre de Ruth López llegaron a tempranas horas de este lunes al Penalito de la calle Concepción, en San Salvador, para intentar obtener información sobre su estado de salud y el proceso legal que enfrentará, pero ninguno de los policías respondió si se encontraba en ese lugar. Luego, se conoció que López sería trasladada a la Dirección Central de Investigaciones (DCI), pero las autoridades negaron informar a familiares, abogados y medios de comunicación si la defensora se encontraba en ese lugar. Esto a pesar que el vehículo de placas particulares que la movilizó se encontraba en dicha delegación. Horas después, una patrulla con logos de la Unidad de Técnicas Especiales de Investigación de la PNC trasladó a la defensora, sin informar dónde la llevaría.

La captura de López ocurrió a las once de la noche del domingo en su vivienda. Un audio al que tuvo acceso El Diario de Hoy revela las últimas palabras que Ruth López dio a su familia en libertad: «Tengan decencia, esto un día se va a acabar. No se pueden prestar a esto», dijo a los policías que llegaron a capturarla. 

Cuando le dijeron que luego explicarían por qué estaba siendo detenida, ella respondió: «No, si ya lo sé. Aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una oenegé incómoda al Gobierno, ese es el único problema. Aquí no hay nada que explicar: eso de peculado, de corrupción, si aquí la que investiga corrupción soy yo».

El arresto de López coincide con una embestida del Gobierno de Bukele contra activistas ambientales  y defensores de derechos humanos. Fidel Zavala, quien denunció públicamente y ante instancias internacionales haber sido testigo de torturas dentro de las cárceles de Bukele, fue recapturado en febrero pasado, y ahora se encuentra en la misma prisión donde están los verdugos que señaló.

Más recientemente, el 12 de mayo, fueron arrestados el presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel López, y el activista ambiental Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua, por el supuesto delito de “desórdenes públicos y resistencia”, después de apoyar una manifestación pacífica en las cercanías de la casa del presidente Nayib Bukele, en la que un grupo de campesinos pedía no ser desalojado de sus tierras. En represalia, Bukele dijo que enviará a la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Agentes Extranjeros que gravará el 30 % de los ingresos de las organizaciones. Esta medida es similar a la ley adoptada por el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, que se ha usado para expulsar a cientos de defensores y organizaciones de la sociedad civil.