Unos terroristas de cartón para Bukele

Por Andrés Dimas

El jueves 30 de mayo de 2024, la Policía Nacional Civil aseguró que había desbaratado una red de terroristas compuesta por adultos mayores. Hasta la casa de uno de estos hombres, uno que recién había dejado su empleado de décadas y aprovechaba su tiempo libre para descansar, los oficiales llegaron con gritos y profusamente armados. El hombre abrió la puerta y apenas había bajado un escalón cuando lo pararon en seco. “¡No se mueva, queda detenido!”, le dijeron. Así inició la carrera de 12 terroristas involuntarios. Unos terroristas que, según aquellos policías y un misterioso personaje con dones casi paranormales, eran parte de un complot para dentro de dos días dinamitar oficinas de gobierno, plazas públicas, supermercados y gasolineras y así aguar la fiesta de asunción del presidente de facto, Nayib Bukele.

A uno de los detenidos, los policías preguntaban a gritos sobre los presuntos planes y este respondía que no sabía nada. Pero la Policía no le creyó ni a él ni a ninguno porque la prueba que los movía venía del señalamiento de un presunto informante que horas antes les había relatado un supuesto plan terrorista y a quien las autoridades ni siquiera se molestaron en exigirle que se identificara. 

Ese informante sin rostro, sin nombre y que no tuvo necesidad de convencer a nadie de que sabía lo que decía, contó que a finales de mayo había vivido la asombrosa casualidad de haber escuchado lo mismo en dos localidades separadas por 3,000 kilómetros: explicó que un día en un billar en un pueblo al norte de San Salvador, y otro día en un bar en Sinaloa, México, en mesas vecinas algunos parroquianos hablaban de causar terror el 1 de junio de 2024 en la capital salvadoreña. 

Entre los organizadores, aseguró el informante, estaba una docena de hombres que la mayoría pasan los 60 años de edad. Los policías, crédulos, le escucharon y, diligentes, salieron a cazarlos a todos.

El testimonio después se complementó con una docena de versiones policiales adicionales llenas de contradicciones, inconsistencias y mentiras, que son la versión oficial que el sistema judicial aceptó para que de esas 12 personas, 11 cumplieran en junio de 2025 un año privadas de libertad. Si nos atenemos a la versión oficial que tejieron los policías, el relato del informante en realidad ni siquiera existía formalmente cuando la Policía había ordenado la primera operación de búsqueda de los complotistas. Y ese relato por el que se hizo la acusación de terrorismo era tan flojo que a uno de los detenidos, después de más de cinco horas de interrogatorio, los policías debieron liberarlo tras admitir que había sido un error lo que su fuente les había dicho. 

La versión oficial armada después por la Fiscalía para judicializar el caso es tan inconsistente que entre los conspiradores incluyó a un hombre que ya tenía cuatro meses de fallecido cuando según el testigo sin rostro de la Policía se planeaban los atentados.

Policía Nacional Fake News

En la noche del 30 de mayo, la Policía Nacional Civil tuiteó: “Esta noche hemos capturado a 7 dirigentes de veteranos de guerra, por planificar atentados con explosivos en varios puntos del país para el próximo 01 de junio”. 

Eran las vísperas del día cuando el presidente saliente, Nayib Armando Bukele Ortez, terminaría su quinquenio y torcería la Constitución para entregarse la banda presidencial él mismo gracias a un malabarismo interpretativo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que impuso su partido, y que en 2021 resolvió el equivalente a que alternancia y continuidad son sinónimos.

Aquel 30 de mayo, a las 10:19 de la noche, la Policía publicó ocho nombres de presuntos complotistas, todos supuestamente ya capturados. “La investigación ha identificado a José Santos Melara Yánez, exdiputado del FMLN, como el financista de estos planes”, informaba el tuit. “Estaban agrupados en la llamada ‘Brigada de Insurrección Salvadoreña’ y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas, (…) Los capturados han sido identificados como:

– Wilfredo Parada (durante la guerra fue explosivista y es el encargado de hacer funcionar los dispositivos).

– Eliseo Alvarado

– Orlando Cartagena

– Douglas Recinos

– Pedro Alfonso Mira

– José Ismael Santos

– Roberto Antonio Esquivel

Serán procesados con todo el peso de la ley”, decía la publicación.

La misma Policía que detuvo a uno que terminó liberando por falta de pruebas también capturó a los líderes más importantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, una agrupación social integrada por diferentes sectores, entre estos, veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, que había participado en la organización de la marcha del 15 de septiembre de 2021, la manifestación más numerosa contra el gobierno que ha visto El Salvador desde cuando Bukele gobierna, y que provocó que el gobernante advirtiera esa noche en cadena nacional que podría reprimir próximas manifestaciones.

A partir de aquel tuit, la PNC comenzó a construir una versión plagada de inconsistencias o mentiras. Por ejemplo, dijo que una de las personas capturadas fue “explosivista” de la guerrilla del FMLN, cuando en los mismos documentos oficiales del gobierno de Bukele, dicha persona no está registrada como excombatiente. Asimismo, en ese tuit mencionó como capturadas a dos personas a quienes nunca aprehendió. Otras dos no habían sido capturadas para entonces. La Policía tampoco contaba con pruebas de que el exdiputado que supuestamente financiaba el complot estuviera aportando fondos para el “plan terrorista”.

En este complot que narró el informante también aparece, de súbito, un presunto nexo de los militares retirados y exguerrilleros con jefes de la Mara Salvatrucha-13, cuyo papel como personajes nunca se describe. La respuesta de la PNC a este complot siguió un patrón para casi todas las capturas: los policías usaron engaños para atraer y capturar a las personas señaladas por el testigo invisible.

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Wilfredo nació y creció en Guazapa, un pueblo al norte de San Salvador. Allí estudió escuela primaria, después se graduó de bachiller de un instituto de la capital y estudió periodismo en la Universidad de El Salvador. A finales de los 90 fue concejal en la alcaldía de Guazapa por el partido FMLN. Con 53 años y una diabetes avanzada a cuestas, cuando fue capturado administraba un depósito de cervezas y billar propiedad de un familiar, ubicado a media cuadra del parque central del pueblo. 

El apellido de Wilfredo no es “Parada” como la Policía dijo por error en el tuit, su nombre completo es José Wilfredo Paredes Morales y fue detenido en Guazapa la tarde del 30 de mayo de 2024. A la 1:00 p.m. unos agentes recibieron una orden verbal para ir a Guazapa a localizar a una persona. La orden la dio un oficial no identificado de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO), ubicada en San Salvador, “ya que se tenía información dada por una persona, que no se quiso identificar por temor a represalias”, de que Wilfredo estaba reunido con un grupo reconocido en Guazapa por formar parte de una asociación de veteranos militares y excombatientes del FMLN y que “planificaban atentados terroristas en contra de la vida de personas, daños a la propiedad pública y privada a nivel nacional, acciones delincuenciales que realizarían el día uno de junio de dos mil veinticuatro”. Esta persona incógnita añadió que Wilfredo vestía con camisa roja, un jeans azul y calzaba botas azules, y agregó que en la vivienda de Wilfredo hallarían artefactos que parecían explosivos.

A eso de las 3 de la tarde, al llegar a un sector no determinado de Guazapa, los agentes identificaron a su presa: “Observamos a un sujeto que se acoplaba con las características de la manera que andaba vestido, a quien se le mandaron los comandos verbales ‘ALTO POLICÍA’ y se le manifestó que se le realizaría un cacheo, obedeciendo dicha orden, no encontrándosele nada ilícito, solamente un teléfono celular en la bolsa delantera derecha”. Los policías identificaron a Wilfredo por su documento único de identidad. No había nadie más reunido con él.

Después de identificarlo, los agentes le hicieron dos preguntas, si pertenecía a algún grupo de veteranos de guerra, “respondiéndonos de una manera nerviosa que no”; y después, si tenía en su poder algún explosivo en su vivienda, “respondiendo que no”. Luego los agentes echaron mano de una razón que se ha vuelto clásica entre los policías durante el régimen de excepción para justificar innumerables capturas arbitrarias: “Notando al detenido que se puso nervioso”. Ponerse nervioso ante policías que te retienen en la calle es poco menos que un delito, y eso le sucedió a Wilfredo. “Se puso nervioso, alterándose, oponiendo resistencia e intentó darse a la fuga pero fue neutralizado, seguidamente de una manera molesta dijo que desconocía de lo que le estaban preguntando y que se iba a retirar del lugar, por tal razón se procede a la detención”. Los agentes registraron su arresto a las 3:20 p.m. y le incautaron su teléfono celular. Wilfredo fue el primero de 11 personas detenidas entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2024 y que en octubre de 2025 cumplieron 16 meses encarceladas y sin haber sido juzgadas.

Casi cuatro horas después de la captura, aproximadamente a las 7:00 de la noche, la Policía allanó la casa donde vivía Wilfredo y dice haber encontrado en ella unos cilindros de distinto tamaño -unos de cartón, otros de plástico PVC-, sellados con cemento en ambos extremos y con mechas pirotécnicas. El testimonio del ser invisible era la prueba 1 contra Wilfredo y los demás. La prueba 2 eran esas “bombas” halladas en la vivienda del señalado como “explosivista” del FMLN durante la guerra civil. Este explosivista tenía nueve años de edad cuando estalló la guerra salvadoreña, en 1980, y según los documentos oficiales en manos del gobierno de Bukele, este explosivista no fue parte de la guerrilla. Su nombre no está ni ha estado en la lista oficial de exmilitares y exguerrilleros combatientes que registra por ley el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE). Este registro absorbió el inventario de los excombatientes desmovilizados que levantó la Misión de Observadores de Naciones Unidas (ONUSAL) en 1992 al final de la guerra. El INAVBE custodia este registro porque administra un fondo para financiar pensiones y otros beneficios a quienes combatieron en la guerra civil.

La prueba 3 es producto de esa captura de Wilfredo. Cuando la PNC tuiteó sobre las capturas a las 10:19 de la noche del 30 de mayo, anexó un audio que presuntamente probaba que Wilfredo hablaba de colocar explosivos con temporizadores, pero la Policía nunca encontró temporizadores o dispositivos similares ni tampoco materiales para su fabricación, y lo que se escucha en el audio son declaraciones generales sobre planes para realizar actividades no especificadas.

En el tuit de las 10:19 p.m., además de mencionar a José Santos Melara Yanes como financista, la Policía listó como capturado a Wilfredo Paredes y a seis personas más, a quienes nombró así: “Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel”. Una lista llena de información falsa o errada.

El último hombre de la lista, Roberto Antonio Esquivel Moreno, aún cuidaba carros junto a su gata en la garita de una residencial en el distrito de Mejicanos, de San Salvador Centro, cuando la Policía tuiteó que estaba capturado. La PNC no lo tuvo bajo custodia hasta pasada la 1 de la madrugada del 31 de mayo.

El penúltimo de esa lista, el veterano del ejército José Ismael Santos, durmió libre esa noche y las tres siguientes también. Pasaron cuatro días hasta que fuera detenido a las 8:00 p.m. del 3 de junio, dos días después de que Bukele dejara el cargo y se convirtiera en presidente de facto. La Policía lo detuvo en el distrito de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán.

Una tercera persona de esa lista, Douglas Ernesto Recinos Magaña, nunca estuvo bajo arresto de la PNC. Recinos Magaña es un particular que coordina el Movimiento Auténtico Salvadoreño, y es imputado ausente.

La Policía tampoco capturó a nadie llamado “Orlando Cartagena”. En el proceso sí se registra a un hombre con el que comparte apellido, el veterano y lisiado de guerra Óscar Saúl Alas Cartagena, pero este tampoco ha sido detenido.

En cambio, la Policía omitió el nombre de los veteranos Carlos Mejía y José Eliseo Segura Ramírez, quienes para esa hora ya habían sido arrestados, según los registros policiales.

Por último, identificó erróneamente como “Pedro” a Julio Alfonso Mira Dimas, excombatiente del FMLN y escribió que el segundo apellido de José Santos Melara era “Yánez” con zeta, cuando es “Yanes” con ese.

Estos yerros de la Policía los corrigió el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, 12 horas después del tuit, a las 10:32 a.m. del 31 de mayo, un día antes de la fiesta de Bukele.

“Para todos aquellos que se quedaron congelados en la época de izquierdas y derechas, sepan que con un Estado de Derecho fuerte no se juega. Tras la intervención de nuestra Policía Nacional Civil, hemos capturado a ocho sujetos de la ‘Brigada de Insurrección Salvadoreña’, que pretendían detonar objetos explosivos en diversos lugares e instituciones públicas de nuestro país…”, publicó Villatoro en su cuenta de Facebook. Luego enumeró los nombres correctos, incluyó a Eliseo Segura Ramírez y, además, ya apareció como detenido José Atilio Montalvo Cordero, un exjefe de la antigua guerrilla del FMLN.

La llamada “Brigada de Insurrección Salvadoreña” a la que la Policía presentó como “un ente organizado de carácter beligerante y opositor al gobierno” que agrupaba a veteranos y excombatientes, no existió en público hasta que la Policía dijo que existía. No se registran referencias previas al 30 de mayo sobre un grupo denominado así.

“Todos serán procesados por el delito de organizaciones terroristas y rebelión”, añadió el ministro. Para entonces, la Fiscalía, la institución que por norma tiene el monopolio de la acción penal, no decía nada en público. En silencio, el 13 de junio de 2024, acudió ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador y presentó la acusación por dos delitos: organizaciones terroristas y actos terroristas utilizando explosivos. Estos delitos contemplan penas de más de 80 años de prisión.

La improbable travesía del testigo invisible

La historia que puede construirse a partir de los documentos de la Policía está plagada no solo de datos falsos, de nombres errados, de acusaciones infundadas y de capturas equivocadas, sino también de distorsiones en el tiempo. Por ejemplo, cuando un jefe policial de la DECO ordenó a sus agentes ir a patrullar Guazapa para buscar al administrador del billar, Wilfredo Paredes, era la 1:00 de la tarde del 30 de mayo. Aún faltaban dos horas para que dos investigadores de la DECO entregaran firmado, a las 3:00 p.m., el relato que el presunto informante les acababa de hacer.

Y el testigo fantasma era en sí mismo asombrosamente afortunado, y en momentos diferentes supo estar, escuchar y ver en dos puntos del planeta distantes 3,000 kilómetros, que personas a las que casualmente supo reconocer, hablaban de los mismos planes. Ese personaje dijo a los agentes que en los últimos días de mayo, en un billar de Guazapa, se habían reunido veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes de la guerrilla del FMLN para planear los atentados. El informante invisible, citado por los policías, detalló uno por uno, con nombres completos, a los supuestos asistentes a estas reuniones: el exsargento Eliseo Alvarado Guevara, presidente de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Armada; junto a Orlando Cartagena, Wilfredo Paredes, Julio Alfonso Mira Dimas, José Ismael Santos; José Santos Melara Yanes, dirigente de la Asociación de Veteranos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Roberto Antonio Esquivel y Carlos Mejía, ambos miembros de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador (AVFAES). Los señaló, además, de mantener relación con Melara Yanes “alias Pepe, quien ha realizado coordinaciones para la obtención de los explosivos que se utilizarían para este momento”.

El testigo también mencionó a otro acusado como parte de la estructura, pero luego de ficharlo salir a cazarlo e interrogarlo por más de cinco horas, la Policía no tuvo más que liberarlo al verse imposibilitada de montar una acusación en su contra por falta de pruebas. Contra los otros capturados, no fue así. La acusación se mantuvo gracias al dicho del testigo fantasma.

A las 8:00 de la noche de ese mismo día, pocas horas después de que los investigadores habían hablado por primera vez con su testigo estrella, el relato había provocado ya seis detenciones. En ese momento, dice la versión policial, los investigadores volvieron a contactar al fantasma para  “dar seguimiento” a la historia. El informante anónimo recordó detalles importantes que había omitido en su primera declaración: señaló a cuatro personas más, con sus nombres y apellidos completos, quienes según él  “han realizado acciones de coordinación para la obtención de explosivos”. Una era el excomandante guerrillero José Atilio Montalvo Cordero, otra era el comunicador Luis Rolando Alberto Menjívar, una tercera persona era el ciudadano particular Douglas Ernesto Recinos Magaña -quien está prófugo- y la cuarta era el lisiado de guerra Óscar Saúl Alas Cartagena, en cuya vivienda la Policía dice haber encontrado una mira telescópica color negro, 252 cartuchos de arma de fuego, cuatro cargadores para arma de fuego y un carné de veterano de guerra. Alas Cartagena está prófugo.

Del informante lo único que se sabe es que es una persona del sexo masculino y tiene más de 18 años. «Un hombre mayor de edad, quien no quiso identificarse por temor a represalias, manifestando que poseía información de interés sobre atentados terroristas, por lo que le solicitamos que se identificara, explicándole el Régimen de Protección para Víctimas y Testigos y que bajo esa modalidad se mantendría en reserva la identidad, expresando que bajo esas condiciones no aportaría información, por lo que le solicitamos que brindara la información en las condiciones que él nos exponía…”, narran los agentes policiales en la versión oficial institucional sobre su primera conversación con su informante.

Ese ser invisible también dijo a los investigadores de la DECO que por su trabajo él suele viajar a México, a los estados de Jalisco, Sinaloa y Juárez, y que en uno de esos viajes de los que no dio fecha, fue a un poblado del Estado de Sinaloa, y entró a un bar del que no aportó información, y que ahí vio a dos salvadoreños que platicaban. Le dio curiosidad, se quedó en el bar y puso atención a la conversación. El fantasma no detalló cuál es su trabajo, ni precisó cuál antro visitó primero, si el de Guazapa o el de Sinaloa, pero vaya sorpresa y casualidad: aquellos salvadoreños hablaban sobre los mismos atentados del 1 de junio de 2024. Y aquello no era todo: esos otros complotistas eran pandilleros de la Mara Salvatrucha-13, que no solo eran pandilleros, sino jefes de la estructura criminal, a quienes identificó con sus alias Greñas de Stoner y Donki de Stoner. Así quedaba armado aquel rompecabezas en el que ahora constituían una alianza perversa exmilitares, exguerrilleros y jefes pandilleros. 

El Greñas de Stoner es César Humbero López Larios, cabecilla histórico de la MS-13. En octubre de 2020, cuando el gobierno Bukele cumplía 16 meses, fue liberado del penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca por una orden judicial. El 11 de junio de 2024, apenas unos 13 días después de la apertura de este caso, fue capturado en Chiapas, México, a 2,000 kilómetros de Sinaloa, y luego extraditado a los Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial contra la jerarquía de la MS-13 en una corte de Nueva York.

Pero en 2025, su destino dio un giro de timón y Greñas terminó deportado a El Salvador el 17 de marzo, como parte de un intercambio político entre Bukele y el presidente estadounidense Donald Trump. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de Bukele recibía a migrantes venezolanos a cambio de que Estados Unidos desestimara cargos contra algunos de los máximos líderes de la MS y los entregara a Bukele. La participación del Greñas en el proceso judicial contra los acusados aún está por verse.

Sobre el Donki de Stoner hay información muy escasa. Se desconoce su nombre completo. Fuentes que conocen sobre la organización lo ubican como alguien de peso que operaba en Santa Ana, en el occidente de El Salvador. 

La versión de la alianza pandilleros-veteranos-excombatientes para causar terror aparece en cuatro ocasiones en el caso y ni el informante, ni la Policía ni la Fiscalía han adjuntado indicios que respalden este complot tripartito. Sin embargo, es la historia que hasta ahora han aceptado la Fiscalía y la jueza 3 del Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador que procesa la causa.

La técnica policial del engaño

“Si solo a hacerle unas preguntas vamos, y ya va a regresar. Salga, no pasa nada” 

“¿Es suyo el carro negro? Es que tenemos un reporte de un accidente…”

“No, no es el carro negro, es el carro blanco el del accidente, ¿está el dueño?”

 “¡Ha atropellado a un perro de la colonia!, ¿puede salir a ver?”

 “El señor ha tenido un accidente de carro y queremos saber dónde está. Llévennos con él”.

Con esas tretas y mentiras similares llegó la Policía a la casa de al menos nueve de las 11 personas detenidas entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2024. A lo largo de este reportaje veremos con detalle algunos de estos casos. A veces los agentes llegaban vestidos de civil. La Policía clasificó a todos como “veteranos y excombatientes de la guerra”, pero de los 11 capturados, cinco eran veteranos de la Fuerza Armada y tres excombatientes de la guerrilla. Los tres restantes no participaron en la guerra: un exconcejal devenido en administrador de un billar, un comunicador social y un maestro de obra.

Uno de los casos: todo estaba en silencio, todos dormían en las primeras horas del viernes 31 de mayo de 2024 en un pasaje de una colonia populosa del distrito de Mejicanos hasta que un ¡pum, pum, pum! insistente sacó a todo el vecindario del sueño a la 1:30 de la madrugada.

-¡Somos la Policía, abran la puerta! -Eran dos agentes mujeres y un hombre que aporreaban una puerta vecina. Buscaban a un hombre alto y corpulento que no solía dormir en su casa por la noche porque trabajaba como vigilante nocturno los siete días de la semana.

-Hemos recibido un reporte de que el señor Roberto Esquivel ha sufrido un accidente de auto, y se lo llevan para el hospital -gritó uno de los policías. 

-¿Un accidente de auto? ¡¿Pero cómo, si él no anda en carro?! -cuestionó uno de los vecinos de Esquivel que salió de su casa por el ruido.

Los agentes vacilaron, pero se recompusieron,

 -Ah, entonces accidente de moto -dijo uno más. 

-No, pero creo que se han equivocado, él tampoco anda en moto -replicó otra vecina.

-Miren es que no sabemos si él provocó el accidente o él lo sufrió -zanjaron los agentes. A los vecinos les entró la duda, pero era posible porque sabían que desde hace años Esquivel trabajaba como sereno cerca de una calle muy transitada no muy lejos de ahí-. Dígannos dónde se encuentra él para saber qué pasó en realidad. Llévennos con él -insistieron los policías.

Con temor, lo vecinos indicaron a los agentes que Esquivel trabajaba cuidando una veintena de vehículos en una colonia entre la 29 avenida norte y la calle Zacamil, en el distrito de Mejicanos y que ahí podían encontrarlo.

Pero cuando los policías llegaron al lugar se encontraron a Roberto Esquivel sano y salvo. 

Los agentes le pidieron que mostrara el documento de identidad y comenzaron a preguntarle si él era miembro de una asociación de veteranos de guerra. Esquivel, que no tenía razones para temer, respondió que sí y mostró su carné de socio. Dijo a los policías que apenas le quedaba tiempo de reunirse porque su trabajo de vigilante nocturno le consumía 12 horas todos los días y en el tiempo restante solo dormía y comía para volver al trabajo. Sus pies hinchados demostraban que pasaba mucho tiempo de pie.

Los policías le pidieron que les acompañara a las instalaciones policiales para allí dejar sentado que él no estaba involucrado en accidente alguno. Esquivel protestó:

-¡No, ¿y a mí por qué me van a llevar si yo aquí estoy trabajando? No puedo ir y dejar abandonado mi trabajo -dijo.

-Cálmese, señor, porque si no, por resistencia me lo llevo -le advirtió uno de los agentes.

-Entonces, no era por un accidente que me buscaban -se atrevió a decir Esquivel-. Me llevan por ser de una asociación de veteranos -dijo, mientras era raptado en un automóvil policial.

Las “bombas”

La Policía también mintió al caracterizar a Wilfredo Paredes Morales como explosivista de la guerrilla y no pudo sustentar su afirmación inicial de que las “bombas” se activarían con temporizadores: el acta de registro del allanamiento realizado el 31 de mayo a la vivienda donde vivía Paredes da cuenta de todo lo encontrado, y no se menciona ningún dispositivo temporizador o partes que pudieran usarse para construir uno.

En la mañana del 31 de mayo, la Policía presentó públicamente ocho fotografías de artefactos “explosivos” en tres tamaños diferentes, que según la versión oficial fueron encontrados en la vivienda de Paredes.

La lista resume que fueron encontrados ocho cilindros de cartón comprimido de aproximadamente 15 centímetros, sellados con cemento y con mecha pirotécnica; otros 10 de dos pulgadas de largo (5 centímetros), con mecha y revestimiento de papel de empaque; y ocho más en tubos de plástico PVC de una pulgada (2.5 centímetros), con mecha, sellados con cemento en sus extremos. También dijo haber hallado sulfato de amonio y una mezcla de clorato de potasio, azufre y carbón vegetal, que es pólvora corriente, además de “insumos y materiales que servirían para la fabricación artesanal de los explosivos”.

La Policía presentó un informe pericial elaborado por un cabo de la División de Armas y Explosivos de la PNC.

Aunque en su publicación en X, la Policía dijo que la evidencia número 8 era “un explosivo preparado en un tubo de 15 cm que al estallar lanzaría esquirlas metálicas similar a una granada”, en el acta de allanamiento se describe solo “un tubo galvanizado tipo niple, de uno punto cinco pulgadas de diámetro, por ocho pulgadas de largo”. Sobre la evidencia 6, los “nueve tubos de plástico PVC de dos punto cinco por seis pulgadas”, la Policía y el ministro Gustavo Villatoro insistieron en que serían rellenados con químicos y con trozos de hierro que servirían de metralla al estallar pero no contaban con pruebas para sostener lo que decían, según el examen técnico policial.

Sobre las 28 “bombas pirotécnicas” de entre una y dos pulgadas, la PNC y Villatoro aseguraron que se colocarían “en racimo para provocar múltiples detonaciones en un solo espacio”, y “en batería para estallar al mismo tiempo y causar mayor onda expansiva”. El informe pericial anexado no hace referencia a estos dispositivos. 

En cuanto a los ocho tubos de 15 centímetros de cartón, el informe pericial estableció que “no necesitan metralla porque el cuerpo del cilindro hace esa función”. El análisis añade que “la lámina y el mismo contenedor (de cartón) y los trozos de pasta de cemento serían la metralla utilizada en este tipo de artefacto” y que están hechos como una muñeca rusa, es decir un explosivo pequeño dentro del cilindro más grande. “En la parte media contienen una bomba de trueno de 2.5 pulgadas” compuesta por pólvora elaborada con clorato de potasio, azufre y carbón vegetal, y el resto del tubo de cartón es rellenado con sulfato de amonio, un fertilizante común de uso agrícola. El informe concluye que los artefactos estaban listos para usarse y que tenían el potencial de causar daños materiales, lesiones o muerte en un radio de 10 a 15 metros. “Es decir que los artefactos explosivos con los que esta organización contaba eran letales y suficientes para incluso quitar la vida de las personas que pudieran estar a su alrededor del lugar en donde esta organización terrorista los colocara”, dijo la Policía en el informe técnico.

Hasta septiembre de 2025, este análisis de la parte acusadora no ha sido puesto a prueba por especialistas independientes.

Un muerto que conspira

“(…) pretenden sembrar terror y dar a conocer la fuerza nacional de la oposición salvadoreña quien no está de acuerdo con la reelección del presidente y aprovechar los periodistas que vendrán de todas las partes del mundo y empañar la imagen del presidente y el plan de seguridad y combate frontal con las Maras o Pandillas”. La Policía repitió esta hipótesis al menos cuatro veces en la versión enviada a los tribunales.

El cuento completo que la Policía Nacional Civil elaboró y que la Fiscalía llevó a la justicia es que unos veteranos y excombatientes, de entre 43 a 76 años, con el apoyo y la bendición de líderes de la MS-13, causarían terror el 1 de junio de 2024.

Después de las 11 capturas iniciales y cuando la Fiscalía retomó el caso para presentarlo a tribunales, la acusación incluyó a cuatro personas más: dos veteranos de la Fuerza Armada y un ciudadano particular vinculado a organizaciones sociales, quienes no fueron capturados y fueron clasificados como “imputados ausentes” del proceso. Asimismo, se acusó a otra persona, Juan Enrrique Siguachi, quien también fue declarado imputado ausente. Y Siguachi tenía una buena razón para justificar su ausencia: estaba muerto.

Sí, la acusación de la Fiscalía presentada a tribunales el 13 de junio de 2024 y que ya incorporaba alguna información distinta a la que el presunto informante dio a la PNC, mencionaba a Siguachi como parte de la conspiración. Su participación no encajaba en el relato elaborado por la Policía, pues el informante anónimo había dicho que los planes para estallar bombas el 1 de junio de 2024 se habían discutido a finales de mayo, y para entonces Siguachi, vinculado a los veteranos de la Fuerza Armada y originario de Izalco, Sonsonate, tenía cuatro meses de fallecido. 

La historia de la Fiscalía aseguraba que el plan venía fraguándose desde finales de 2023, unos seis meses antes de las capturas. En esta versión, sustentada a partir de alguna comunicación que uno de los acusados tuvo en 2023 con Siguachi, sí podría entrar este como protagonista. Siguachi moriría el 29 de enero de 2024 y más adelante la Fiscalía pediría la extinción de la acusación contra él.

Según la acusación de la Fiscalía, Siguachi y el administrador del billar, Wilfredo Paredes Morales, conversaban en Whatsapp sobre un intento de comprar granadas. Para diciembre de 2023, “ambos sujetos intercambiaban mensajes e imágenes en las que se compartían que ya tenían en su poder explosivos similares a los que se encontraran en la vivienda del señor PAREDES”.

Y hubo otra versión que miembros de la Policía dejaron registrada, que plantea un final alternativo para la historia: “Son veteranos de guerra y dirigentes del FMLN e integrantes de Mara Salvatrucha, los cuales tenían listo un atentado con explosivos para el día que el presidente realizaría la toma de posesión del segundo mandato presidencial, entendiendo la fuente humana de información, que se referían al Presidente Bukele, refiriéndose para el día uno de junio de dos mil veinticuatro”, escribieron los policías en el acta de detención de Julio Alfonso Mira Dimas. Añadieron que una vez listos los artefactos explosivos, el plan era utilizar a miembros del partido FMLN para atentar contra el mismo Bukele en el día de su toma de posesión. “Tenían listos unos artefactos explosivos que gente del FMLN los había preparado y que utilizarían a miembros de ese partido que estaban cerca al mandatario salvadoreño para realizar un atentado”, dijeron los policías. Esta versión, que solo consta en un acta policial, sugiere que el plan era atentar contra Bukele. La versión de los atentados en estaciones de combustible, supermercados y hasta oficinas de gobierno, en cambio, se repite en una docena de las actas policiales.

Un carro camaleón

Esa mañana de sábado, 1 de junio de 2024, “el ingeniero” hizo lo que siempre hacía. A sus 76 años seguía muy activo y se levantó temprano. Se tomó sus pastillas, se puso ropa cómoda y sacó a pasear a su perro por el vecindario. La visita que había recibido la noche anterior de la Policía preguntando sobre la camioneta negra que suele conducir ya había quedado en anécdota.

Regresó a casa. Se lavó las manos, encendió la televisión y se dispuso a desayunar y a ver en la televisión la ceremonia en la que Bukele saliente dejaría la presidencia para que asumiera su sucesor, Bukele entrante. Sonaba la marcha granadera, pasaban unos minutos de las 9:00 de la mañana cuando sonó el timbre de su casa. El ingeniero es Raúl Gavidia Fajardo y no es ingeniero, salvo para sus amigos y conocidos, quienes le llaman así debido a su talento para el diseño de construcciones. Quienes lo conocen lo describen como un hombre altruista y de rápida iniciativa. Siempre fue un hombre de derechas, conservador, pensamiento que lo llevó a afiliarse por un tiempo en el partido Arena donde incluso buscó participar en política al inscribirse a las elecciones internas en 2012, sin embargo la idea se esfumó en los primeros filtros. Pero la política nunca abandonó su mesa, por eso cuando escuchó en las noticias que la Policía había anunciado la captura de un grupo de hombres que rondaban los 60 años de edad y que pretendían atentar con explosivos el día de la toma de posesión se rio. “Esos viejitos totolocos no podrían ser terroristas”, pensó. Y ahora la Policía volvía a su puerta.

-Buenos días. Queremos hablar con el dueño del carro blanco porque tenemos un reporte de accidente de tránsito -dijo uno de los uniformados.

La noche anterior, el 31 de mayo, los agentes habían llegado a su casa preguntando por el conductor de un vehículo negro. 

-Bueno, ayer fue el negro y hoy es el blanco, ¿cuál es entonces? -preguntó el ingeniero.

-No, es que en la patrulla está la persona ofendida, salga a hablar con ella. Queremos hablar con el dueño del carro -insistió el policía.

-No tiene sentido, ayer vinieron por el carro negro y ahora por el carro blanco. Los carros ni se parecen. Si ahí está la persona ofendida que salga y aquí arreglamos -respondió Gavidia, ya un tanto alerta.

Habían pasado ya varios minutos y en ese ir y venir estaban cuando apareció frente a la casa un pickup azul, doble cabina, sin placas y se bajó una persona vestida de civil. Pasó en medio del grupo de policías como si nada, nadie lo detuvo, nadie le preguntó quién era. “Parecía Jesús en Domingo de Ramos”, ironizó en su mente el ingeniero.

-Buenos días, ingeniero, soy abogado me mandan de la asociación de veteranos de guerra, usted ya sabe quién, dijo el sujeto del pickup azul.

-No, yo no sé quién -le respondió, sorprendido.

-Ingeniero, si nosotros estamos aquí para ayudarle -volvió a decir el supuesto abogado.

-¿Qué es lo que pasa, pues? No entiendo -insistió Gavidia.

Uno de los uniformados volvió a tomar la palabra.

-Es que ha pasado una cosa, con un atentado. Solo queremos que nos acompañe a hacer unas preguntas.

-¿Y yo que tengo que ver con eso? -se rehusó Gavidia.

-Es que hemos recibido una información.

-Mire, pero si ustedes tienen una información, ¿no deberían haber traído una orden?

-Bueno, si quiere vamos a traer una orden de captura y la cosa va a ser peor para usted -amenazó el policía.

Gavidia se sintió acorralado y temía que se complicara su situación si se seguía resistiendo a acompañar a aquella comitiva. Logró negociar: les seguiría en su carro particular hacia la delegación. Así se hizo. Llegaron a las 11:30 a.m. a la delegación policial ubicada en la calle El Progreso, de San Salvador, sede de la Subdirección de Investigaciones. Lo recibieron dos investigadores de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) quienes le dijeron por qué lo buscaban.

-Fíjese don Raúl que nosotros hemos tenido información de que usted ha tenido nexos con un grupo terrorista.

-¡¿Perdón?! -dijo Gavidia, que no podía creer lo que le decían.

-No lo estamos acusando. Solo estamos investigando. Necesitamos que nos entregue su teléfono desbloqueado, por favor.

El ingeniero entregó su celular y a continuación empezó a responder a un interrogatorio. Contestó que no era veterano, que no había sido guerrillero, que nunca había sido parte de algún cuerpo de seguridad, que tampoco había sido defensa civil, que su único vínculo con militares era que pasaba consulta en el Hospital Militar Central como beneficiario de su esposa, quien había sido secretaria en la Radio Cuscatlán, la emisora de la Fuerza Armada.

Casi tres horas más tarde, el investigador que le había pedido el celular regresó. Y Gavidia alcanzó a escuchar lo que hablaba con el otro investigador.

-No encontré nada. No hay nada en el teléfono.

-Es que el perfil de él no concuerda con el de los demás, él es bien distinto -respondió el agente que había hecho el interrogatorio. 

Gavidia sintió alivio y entonces los dos investigadores caminaron hacia él:

-Mire, va a quedar detenido, va a quedar detenido bajo investigación -le dijo uno de ellos.

-Pero si usted mismo acaba de decir que no ha encontrado nada, que mi perfil no concuerda, ¿por qué voy a quedar detenido? -protestó.

-Órdenes son órdenes.

Gavidia es la persona de mayor edad que fue detenida. Cumplió los 77 años en prisión en noviembre de 2024. En pocas semanas cumplirá 78. Es el único de los capturados que no fue señalado directamente por el informante invisible de la Policía. Gavidia no conoce al resto de personas con las que comparte acusación. Su vivienda ni siquiera fue registrada en un allanamiento por la Policía, como sí ocurrió con las del resto. Lo que encontraron en el examen a su celular no es mencionado en la acusación que sirvió para enviarlo a la cárcel preventiva. Quienes lo conocen no se explican por qué lo vinculan con este caso.

La “prueba” 4

La colección de pruebas contra las 11 personas detenidas a mediados de 2024 son el relato del fantasma, las “bombas” decomisadas y la información recabada de los celulares de los acusados. Aparte del audio en el que se habla de preparar una actividad no precisada, la Policía coloca como prueba un “análisis de bitácoras telefónicas” realizado por un agente del Departamento de Análisis y Tratamiento de la Información de la DECO, que concluye únicamente que alguna vez existieron llamadas telefónicas entre las personas detenidas; y que unas se llamaron más con unas que con otras; lo que únicamente prueba es que mantenían comunicación. Una conclusión que no es ningún descubrimiento, porque la mayoría estaban organizados en la Alianza Nacional El Salvador en Paz y en agrupaciones de veteranos y excombatientes desde hacía años, y solían preparar manifestaciones públicas para reclamar por sus intereses.

Hay también un informe de extracción de información que rescata un puñado de mensajes de Whatsapp entre dos de las personas procesadas. El intercambio es entre el administrador del billar de Guazapa, Wilfredo Paredes Morales, quien guarda prisión, y el veterano del ejército y lisiado de guerra Óscar Alas Cartagena, residente en el mismo distrito, quien está acusado en el caso pero no ha sido detenido.

“Ya casi tengo todo, solo me falta hacer pruebas”, escribió en un mensaje Paredes Morales a Alas Cartagena, según la Policía. 

“Ya mandé a hacer las piñatas”, le dice en otro, y los policías interpretan que es un “nombre en clave, que se infiere se refiera a los explosivos incautados en el lugar de residencia” de Paredes Morales.

“Oime por lo menos veamos si podemos hablar con los de San Salvador para lo que vamos a hacer ahí el primero puede que la gente de chalate solo suba como para ir a la actividad grande pero nosotros siempre salgamos con la actividad que habíamos planificado pues para que todo salga bien cómo te digo este necesitamos principalmente los de San Salvador o sea el Tigre si le va a entrar Mejía y va a estar Alas el otro amigo El Chelito el que quedó encargado de la plata veamos si ellos porque con ellos es con quienes tendríamos que contar para lo del primero”, es el mensaje que la Policía atribuye a Paredes y que dice que “se refiere a los atentados que tenían planificado para el día 1 de junio 2024, confirmando lo dicho por el informante de la reunión de sujetos que iban hacer los atentados”.

Por último, reflejan un audio obtenido del teléfono celular de Atilio Montalvo, otra de las personas capturadas, en el que Ramón Cardona, un miembro de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, exmilitante del FMLN, habla de “haber tenido acuerdo de manera conjunta con el bloque y la Coordinadora Sindical salvadoreña para el 01 de junio una cantidad de actividades descentralizadas de presencia e incidencia a nivel nacional”. Todo esto, a juicio de la Policía, permite acreditar el atentado con explosivos. “Lo que deja por establecida la planificación y ejecución de Actos de Terrorismo que habían programado para el día 01 de junio del 2024”, concluye el informe policial.

Esas son las pruebas por las cuales hasta inicios de octubre de 2025 seguían detenidas 10 de las 11 personas capturadas originalmente, sin contar el arresto equivocado. Para el 1 de junio de 2024, la Alianza El Salvador en Paz y otras organizaciones sociales habían planeado realizar protestas pacíficas contra el acto de investidura inconstitucional de Bukele. 

Desde junio de 2024, cuando el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador envió a prisión a las 11 personas, hasta enero de 2025, la evidencia aportada por Fiscalía era únicamente la descrita en este reportaje. Un mes antes, el 2 diciembre de 2024, los fiscales pidieron se les ampliara el plazo de investigación por seis meses más porque la extracción de la información del resto de dispositivos celulares, memorias y computadoras portátiles tenía un avance del 40 % y el análisis de bitácoras, un 55 %. Un día después, la jueza del caso avaló la prórroga pero recordó a Fiscalía “que independientemente de la complejidad que tenga el presente caso o de las múltiples actividades pendientes a realizar, es necesario cumplir con el Debido Proceso a la mayor brevedad posible, (…) pues al incurrir en demoras no justificadas, le impedirá a los imputados obtener un pronunciamiento que defina su posición frente al ordenamiento jurídico y a la sociedad, y a que ponga término, dentro de un plazo razonable, a la situación de incertidumbre y de restricción de libertad ocasionada por el enjuiciamiento penal”.

Vencidos los seis meses, el 6 de junio de 2025, los fiscales solicitaron una nueva extensión de seis meses del plazo de instrucción bajo el argumento que debían investigar el envío de remesas desde el exterior que habían recibido los acusados. La jueza volvió a avalar la prórroga y volvió a recordarles lo mismo.

Sin embargo, esta solicitud de la Fiscalía sirve para exponer la última falsedad que la Policía lanzó en el tuit del 30 de mayo de 2024 cuando señaló como “financista” de los planes terroristas al exdiputado del FMLN por Morazán, líder excombatiente y coordinador de la Alianza El Salvador en Paz, José Santos Melara Yanes, conocido como “Pepe”.

Fue el 13 de junio de 2024, 14 días después del tuit que anunció las capturas, cuando la Fiscalía informó al juzgado que solicitaría informes bancarios de los imputados a la Superintendencia del Sistema Financiero e informes sobre bienes a los registros públicos de la propiedad y de vehículos para analizar los estados financieros de los procesados. Para cuando publicó la noticia, la Policía no contaba con pruebas para acusar a Melara como financista de un atentado terrorista.

Pero hubo quienes creyeron desde el principio en el caso construido por la Policía. El mismo Bukele, por ejemplo, la tarde del 1 de junio, después de sucederse a sí mismo en la presidencia salvadoreña, recibió en Casa Presidencial al presidente argentino Javier Milei, a quien le comentó que le contaría un secreto y, en broma, pidió que nadie fuera a divulgarlo. “Ayer encontramos un intento de acto de terrorismo, la idea era poner unas bombas en unas gasolineras, por suerte, se detuvo, pues. Pero cuando está el policía… me enviaron el audio del interrogatorio a unos de los terroristas y el policía le dice: ¿y por qué, decime la verdad, por qué lo hiciste? No me digas que es por ideología porque ya Milei les ha dicho lo que su ideología es…Lo dice un policía, un policía interrogador a un terrorista. Ya Milei les explicó lo que es su ideología…”, contó Bukele, mientras reía con su invitado.

La Policía de la que Bukele obtuvo el audio tenía fichado desde tres años antes a los dos perfiles más prominentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Santos Melara, “Pepe”, y Atilio Montalvo. Según el reportaje “En el país de Bukele hay presos políticos”, publicado por El Faro, la inteligencia de la PNC elaboró perfiles que caracterizaban a Melara y a Montalvo como “líderes de manifestaciones” y de actividades de “desestabilización social”. El reportaje establece que “los documentos policiales no hablan de ningún delito y describen seguimientos eminentemente políticos”.

Esta alianza periodística envió el 22 de agosto de 2025 dos mensajes a las cuentas de redes sociales del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y a las de la Policía Nacional Civil, para gestionar una entrevista con el funcionario de Bukele. El 3 de octubre, llamó vía telefónica a las oficinas de comunicaciones del Ministerio de Seguridad, Policía Nacional Civil y Fiscalía. Ese día, también envió mensajes y correos electrónicos solicitando la entrevista. Se buscaba preguntar por qué dieron credibilidad a un informante cuya identidad ni siquiera conocen. O por qué mienten en varias ocasiones en la versión oficial, como cuando aseguran que uno de los capturados fue el explosivista del FMLN, si ni siquiera fue combatiente de la guerrilla. También debería responder cómo dan credibilidad a un testimonio que probó su debilidad desde la captura equivocada. Y por qué acusaron a un fallecido que contradice la versión de ese informante. Al cierre de este reportaje no había respuesta alguna. 

Hasta inicios de octubre todas las personas presas, menos una -liberada por una emergencia de salud- rebasaron los 16 meses privadas de libertad a la espera de que la Fiscalía de Bukele algún día presente sus investigaciones. Mientras tanto, Bukele ya tiene un caso específico que apuntale su narrativa del “enemigo interno”, a la que aludió el 7 de mayo de 2021, cuando agradeció a la Fuerza Armada por salvar a la patria tanto de enemigos externos como internos. Aunque en esa ocasión Bukele no precisó quiénes eran el enemigo interno, lleva siete años atacando a toda persona u organización nacional o internacional que ponga en duda el respeto de su gobierno a la democracia, a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la transparencia o a la probidad. 

El 7 de julio de 2025, el juzgado resolvió arresto domiciliario para el excomandante guerrillero José Atilio Montalvo Cordero, luego de que casi muriera en prisión por falta de atención médica. Las 10 personas restantes continúan en la cárcel, en la Penitenciaría Occidental, en Santa Ana.

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Este reportaje contó con la colaboración de la Asociación Periodística Intermedios (API), el respaldo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP).