“Si Asfura radicaliza el modelo extractivista enfrentará una oposición feroz en los territorios”: Jennifer Ávila, periodista hondureña

El Partido Nacional recupera las riendas del poder en Honduras. La llegada de Nasry “Tito” Asfura a la presidencia ocurre en un contexto de fractura social y alta conflictividad política, un escenario que plantea desafíos inmediatos para la gobernabilidad del país. Uno de los retos más apremiantes para el nuevo mandatario será marcar una distancia real de la política represiva contra los movimientos indígenas y campesinos, un sello característico de las gestiones nacionalistas previas y, particularmente, del legado del expresidente Juan Orlando Hernández en favor de intereses corporativos.

Para entender este nuevo ciclo, FOCOS conversó con Jennifer Ávila, directora del medio de investigación Contracorriente y reconocida con el Premio Gabo a la Excelencia Periodística (2023). Ávila analiza la profundidad del desencanto popular tras cuatro años de administración de Xiomara Castro y el Partido Libre, y advierte sobre las señales de alerta que ya emite el Ejecutivo de Asfura a pocas horas de su investidura.

“Creo que serán momentos difíciles para las libertades sociales, la participación ciudadana y la prensa. En los últimos días vemos una militarización creciente y una respuesta represiva instantánea”, asegura Ávila, quien identifica que la verdadera oposición al mandatario no nacerá en los pasillos del Congreso, sino en los territorios. “Si Asfura radicaliza la agenda de beneficios corporativos y la protección a grupos extractivistas, enfrentará una gran resistencia de los movimientos afectados”, afirma.

Este balance de poder se vuelve crítico ante la presión de sectores empresariales que ven en el giro político y el alineamiento internacional con la administración de Donald Trump la oportunidad para reactivar negocios e incentivos, como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs). “Hay intereses muy fuertes en las ‘ciudades libres’, y empresas como Próspera, que mantienen demandas millonarias contra el Estado, ven ahora en Asfura a un aliado estratégico”, concluye la periodista.

P: El presidente Asfura ha tomado posesión en Honduras. Lo hace tras cuatro años de gobierno de Libre, bajo el mandato de Xiomara Castro. Fue un gobierno sobre el que existía una alta expectativa por su promesa progresista, pero que dejó muchas deudas. ¿Cuál es tu balance del paso de Xiomara Castro por la presidencia?

R: La llegada de Xiomara Castro a través de una alianza política generó enormes expectativas. Incluso en indicadores internacionales, como el Índice de Transformación del Bertelsmann Institute, se registró que Honduras dejó de ser considerada una autocracia después de las elecciones de 2021, gracias a una transición y participación cívica respetadas. Se prometía un gobierno de unificación que equilibrara la agenda socialista de Libre con el contrapeso de un aliado menos progresista.

Sin embargo, esa alianza se fracturó pronto. El Partido Libre comenzó a acaparar la gestión gubernamental, marcando el fin de la coalición. Uno de los pilares de esa unión era la lucha anticorrupción mediante la CICIH, pero tras la ruptura, Libre demostró que no era una prioridad. No estuvieron dispuestos a ceder poder ni a impulsar las reformas electorales necesarias para garantizar la independencia de dicho instrumento.

El desgaste del gobierno de Castro fue prematuro. Aunque cumplió promesas puntuales para las mujeres, como la aprobación de la PAE (píldora anticonceptiva de emergencia), el proceso tardó más de un año cuando pudo resolverse vía decreto ejecutivo. Mientras tanto, se tomaron otras decisiones «express» que generaron preocupación, como la implementación del estado de excepción y prolongar la lucha anticorrupción. Además, la estructura estatal creció desproporcionadamente: se crearon casi 30 ministerios y 60 direcciones, ampliando una burocracia que no se tradujo en resultados significativos.

A esto sumamos los escándalos de narcotráfico vinculados a su cuñado (Carlos Zelaya, entonces secretario del Congreso Nacional), la corrupción y el autoritarismo en el Legislativo, la prolongación del estado de excepción y medidas arbitrarias como la ley de amnistía para casos de corrupción. Todo esto provocó un retroceso democrático. El puntaje de aprobación ciudadana para Castro en su penúltimo año fue de 4.13 sobre 10, y en el año electoral decayó aún más debido al clientelismo, la corrupción revelada y un discurso altamente polarizante.

P: Con estos elementos, ¿podríamos concluir que era esperable el retorno del Partido Nacional al poder, o existen otros factores más allá del fracaso de la gestión de Libre que explican este giro?

R: Era esperable que la población castigara a Libre. Desde 2021, el electorado hondureño mantiene una dinámica de voto de castigo más que de elección por una mejor opción. La consigna de «hay que sacar a estos» fue similar a la que enfrentó Juan Orlando Hernández (JOH). Las encuestas serias ya ubicaban a Libre en un tercer lugar.

Lo que no era tan previsible era el retorno contundente del Partido Nacional, ya que las encuestas mostraban un empate técnico con el Partido Liberal. El Partido Nacional arrastraba el desgaste reciente de JOH; sin embargo, el factor determinante fue el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dos días antes de la elección, ese respaldo selló el resultado. Fue un impacto mediático y político que definió la balanza en favor de Asfura frente a la opción liberal.

P: Antes de profundizar en la relación con Trump, hablemos de la gobernabilidad. El presidente Asfura asume en un contexto de cuestionamiento social por el proceso electoral, un resultado ajustado en las urnas y la necesidad de pactar con el Partido Liberal en el Congreso. ¿Cómo evalúas sus retos frente a la sociedad civil y la necesidad de tejer alianzas políticas?

R: Asfura tiene un desafío muy grande. Comparo su situación con la del expresidente Porfirio Lobo Sosa tras el golpe de Estado de 2009: una elección cuestionada, poca participación y la necesidad de reconocimiento internacional. Lobo apostó por un discurso de reconciliación y una burocracia inclusiva para lograr consensos. Asfura intenta replicar ese discurso de unidad, pero se enfrenta a una polarización nacional mucho más profunda.

El bipartidismo se está reconfigurando con caras nuevas en el Congreso. Aunque los números (45 diputados nacionales y 41 liberales) sugieren posibilidad de bloque, son cuadros jóvenes formados en una dinámica política violenta. El reto de Asfura es influir en estos nuevos funcionarios para lograr alianzas pacíficas. Aunque la inauguración de la legislatura fue normal, sin la violencia vista en 2022, el trasfondo es de una sociedad y partidos fracturados. Además, hereda un Estado con escándalos de corrupción y una administración pública sobredimensionada que no se ordena rápidamente.

P: ¿Existen incentivos reales para que el Partido Liberal apoye a Asfura? Salvador Nasralla ha señalado que el proceso fue viciado. ¿Ves voluntad de cogobierno o qué buscarían a cambio?

R: El caso de Nasralla es particular: es una figura popular pero carece de control real sobre la estructura del Partido Liberal. La dirigencia liberal, de hecho, lo abandonó en sus denuncias de fraude. Varios diputados liberales ya hablan abiertamente de hacer cogobierno para no ser una bancada obstructiva, a diferencia de Libre, que se ha cerrado a las alianzas y  negociaciones.

Los incentivos para los liberales pasan por las reformas electorales: la segunda vuelta en elección presidencial, la despartidización del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la ciudadanización de las mesas. Ellos se sienten los más afectados por el proceso actual. 

Veremos las negociaciones tradicionales del bipartidismo, con una oposición de Libre que intentará boicotear el proceso, aunque actualmente carece de fuerza institucional y en las calles.

P: Hablemos de la sombra de Juan Orlando Hernández. Tras el indulto otorgado por Trump, ¿identificas alguna incidencia real de JOH en este nuevo gobierno de Asfura?

R: Por ahora, no lo creo. El Partido Nacional está muy dividido respecto a su figura. Mientras unos lo culpan de la pérdida del poder en 2021, otros lo consideran el máximo líder. Antes del apoyo de Trump, un sector del nacionalismo ni siquiera apoyaba a Asfura.  Hay personajes leales a JOH que son vistos como «traidores» del entorno de Asfura. La esposa de JOH, Ana García, fue precandidata presidencial y tiene un movimiento interno activo dentro del partido, pero es prematuro saber si recuperarán poder político este año. 

Algunos sectores del partido afirman que JOH es un capítulo cerrado; otros esperan que actúe como asesor. Traer a un personaje tan divisivo contradiría el discurso de reconciliación de Asfura, pero las lealtades e impunidades partidarias siempre son un factor de riesgo. De momento, entendemos que JOH no puede salir de EE. UU. y él no ha manifestado interés explícito en un cargo público.

P: Sobre Asfura también pesa un proceso penal reactivado por su gestión como alcalde del Distrito Central en el que se le acusa del desvío de fondos públicos. ¿Crees que esto complicará su gobierno en el futuro?

R: No lo creo. Es un caso largo con muchos altibajos jurídicos. El punto clave aquí es el Fiscal General. Existe un interés del bipartidismo por negociar su remoción o continuidad, dado que el actual fiscal fue muy leal a Libre. Del desenlace de esa negociación dependerá no solo el caso de Asfura, sino las prioridades del sistema de justicia en general.

P: Pasemos a la relación con Donald Trump. Asfura le debe, en parte, la presidencia. ¿Cuál es la agenda de interés de Trump en Honduras y cómo visualizas esa relación en los próximos cuatro años?

R: Tras ser electo, Asfura visitó al Secretario de Estado Marco Rubio en EE. UU. y al presidente Benjamin Netanyahu en Israel. Esto último fue controversial dado el origen palestino de Asfura, pero no extraña en Latinoamérica en donde hay una fuerte participación de familias palestinas en las elites políticas y económicas.

Fue controversial que fuera los primeros destinos como presidente electo. Es un mensaje político para saber a dónde girará la agenda después de un gobierno, digamos “progresista”. La agenda de Asfura será de populismo de derecha y reducción del Estado, orientada a mejorar las condiciones para la empresa privada. 

Hay intereses muy fuertes en las ZEDEs (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) o «ciudades libres». Empresas como Próspera, que tienen demandas millonarias contra el Estado por la inconstitucionalidad declarada en el gobierno anterior, ven en Asfura un aliado. Una de las primeras medidas de esta nueva legislatura fue renovar por 5 años el régimen de importación temporal que es un régimen de exoneraciones fiscales que Castro pretendía eliminar por completo con una ley de justicia tributaria.

En lo ideológico, el símbolo es claro: tanto la inauguración de la legislatura y la juramentación de posesión del presidente en el Congreso se hizo con la bandera pro-vida a sus espaldas. Es una retribución a las iglesias por su apoyo y un retorno a la agenda fundamentalista que compartieron JOH y Trump en sus mandatos anteriores.

P: En seguridad, Trump ha apoyado a Arévalo en Guatemala con la captura de pandillas. En Honduras, con el fin del régimen de excepción, ¿cómo crees que intervendrá EE. UU.?

R: La agenda de EE. UU. será la de siempre: control migratorio, aceptación masiva de personas deportadas y lucha contra el narcotráfico. Nunca dejaron de apoyar a la Policía Nacional y al sector judicial, incluso bajo el gobierno de Castro. 

Con Asfura, hay una expectativa de que se reanuden programas de ayuda al desarrollo que fueron cortados. El interés principal sigue siendo beneficiar a las corporaciones transnacionales y mantener presencia militar y policial para el control de fronteras y drogas.

P: Finalmente, tras las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el asesinato de Berta Cáceres y la complicidad entre el Estado y el sector empresarial, ¿qué retos ves para Asfura en materia medioambiental y de derechos humanos?

R: Si Asfura radicaliza la agenda de beneficios corporativos y protección a grupos extractivistas, enfrentará mucha oposición de los movimientos indígenas, garífunas y campesinos. JOH ya sufrió ese desgaste por su respuesta represiva ante la protesta. Sin diálogo con estos sectores el nuevo presidente encontrará resistencia. 

Yo creo que serán momentos difíciles para las libertades sociales, de participación ciudadana y de prensa. En los últimos días vemos una militarización creciente y una respuesta represiva instantánea, como ocurrió recientemente en una protesta de mujeres. La verdadera oposición no vendrá de Libre, sino de los movimientos y territorios afectados por corporaciones como Próspera o de los conflictos de tierras en el Bajo Aguán. 

Son problemas reales (homicidios, desapariciones, control criminal) que el gobierno anterior no resolvió y que ahora chocan con los intereses de los grupos de poder que respaldan a este nuevo gobierno.