Con el “modelo Bukele” en el horizonte, Costa Rica persigue su refundación institucional

Laura Fernández, politóloga y mano derecha del presidente saliente Rodrigo Chaves, asumirá el poder en Costa Rica con la promesa de dar continuidad al proyecto político del oficialismo, incluida la propuesta de una reforma institucional profunda. Horas después de confirmarse los resultados electorales que la consolidan como la ganadora en las urnas en primera vuelta, afirmó: “nos toca a nosotros edificar la Tercera República, por eso y para eso se instalará el nuevo gobierno».

Fernández obtuvo el 48,5% de los votos válidos, consolidando al oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) como la principal fuerza electoral. Analistas atribuyen este desempeño al creciente descontento popular en las regiones periféricas del país, donde sectores sociales perciben un deterioro del Estado de Bienestar costarricense, que muestra grietas y ha dejado de repartir beneficios por igual.

Según Eduardo Núñez, especialista electoral y de partidos políticos en Centroamérica, el triunfo del oficialismo refleja una Costa Rica fragmentada en dos, en términos socioeconómicos. Por un lado, aquellas personas con un mejor nivel de vida, ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM) vinculadas a la política tradicional; y por otro, a un creciente segmento en las periferias costeras y rurales que no percibe beneficios concretos y que ven en el proyecto político de Chaves y Fernández una oportunidad para el cambio. 

Es precisamente en el plano económico donde el oficialismo presume sus indicadores más favorables: un crecimiento que ronda el 4,6 % y una tasa de desempleo por debajo del 7 %, con una inflación negativa. Sin embargo, la oposición ha cuestionado el costo de estos resultados, debido a los recortes en el gasto destinado a políticas sociales.

Para los analistas consultados por FOCOS, esta condición de desigualdad en la sociedad se origina en decisiones políticas que han golpeado a los más vulnerables y han deteriorado el Estado de Bienestar, una bandera del modelo costarricense.

La ineludible negociación política

Para buena parte del electorado que apoyó al oficialismo, la propuesta de refundación institucional se presenta como una respuesta necesaria al desgaste del modelo político tradicional. Pero a pesar de ser una apuesta respaldada por la voluntad popular, la ausencia de un proyecto detallado genera incertidumbre sobre sus implicaciones democráticas.

«Hay que decir con franqueza que no hay un documento, no hay un proyecto estructurado que te diga qué es la ‘tercera república’ o cuál es la reforma constitucional que se quiere y para qué se quiere esa reforma constitucional.», advierte Núñez.

Para el politólogo y director de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica, Alberto Cortés, la idea de una ‘Tercera República’ forma parte de un discurso político polarizante que integra componentes de una ruptura radical, confrontación y refundación institucional, pero que para concretarse requerirá de acuerdos mínimos entre el nuevo gobierno y la oposición política. 

Sin embargo, «la novedad discursiva de la ‘Tercera República’ como proyecto refundacional, combinada con una mayor capacidad legislativa respecto a los 10 diputados con que contó Chaves en 2022, configura un riesgo incrementado de erosión institucional acelerada», señaló.

La Asamblea Legislativa en Costa Rica está conformada por 57 escaños. Para reformar la Constitución, elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, suspender garantías constitucionales o convocar a un referéndum, la ley exige una mayoría calificada de 38 votos, un número insuficiente para los 31 diputados del arco oficialista del PPSO. Esta realidad exige que el nuevo gobierno negocie los siete votos adicionales si quiere cumplir con su promesa de reformas.

¿Imposición “a lo Bukele” o búsqueda de consensos?

La aritmética legislativa es, en este momento, el contrapeso institucional clave que frena un proceso de refundación sin límites del proyecto chavista en Costa Rica. Obtener una mayoría calificada plantea diversos escenarios para la administración de Fernández, quien se enfrenta ante la decisión de imponer por la fuerza su agenda o buscar alianzas y tejer consensos con el arco opositor.

Chaves aseguró que el oficialismo «buscará diputados buenos» dentro de la fracción opositora del Partido Liberación Nacional (PLN) para alcanzar los 38 votos necesarios que permitan aprobar «reformas profundas», incluidas eventuales reformas constitucionales.

Sin embargo, desde el análisis de Cortés, el primer muro de resistencia lo encontrarán en el bloque legislativo del PLN. «La probabilidad de una alianza es baja, porque aunque históricamente el PLN ha demostrado pragmatismo en negociaciones puntuales, su base electoral es profundamente anti-Chaves y la presión desde la militancia contra cualquier colaboración será considerable», advierte.

Esto deja como alternativas, por un lado, el transfuguismo de diputados que le permitan al oficialismo obtener entre siete y 10 votos adicionales; o negociar y persuadir a las fuerzas opositoras minoritarias en el Congreso. «Los mecanismos de cooptación incluyen la asignación selectiva de recursos de patronazgo, la presión mediática y judicial sobre diputados específicos para erosionar su resistencia, y la seducción mediante ofertas de carrera política de largo plazo» agrega el politólogo.

Para Eduardo Núñez, este escenario plantea el riesgo de una imposición de la mayoría en nombre de la “representación del pueblo”, alineando las instituciones no a los intereses de la Nación sino a los de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

El analista advierte desde ya los signos de una apuesta confrontativa y autoritaria. A pocas horas de haber sido investida como presidenta electa, Fernández exigió la renuncia de la contralora general de la República, Marta Acosta. “¿Quieren cambiar el modelo institucional de la contraloría… o quieren quitar a doña Marta? Eso es lo que no está claro», agregó.

Para Cortés, independientemente de la vía para obtener los votos necesarios, el peligro inminente es la captura de la Sala Constitucional. Si el oficialismo impone magistrados afines, podría «legitimar constitucionalmente reformas autoritarias… como ya ocurrió en El Salvador en 2021”.

El “modelo Bukele” al que aspira Fernández se instaló después que el partido oficialista Nuevas Ideas obtuviera una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, tras las elecciones de 2021. Esto permitió que en su primera plenaria, los diputados de Bukele destituyeran a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, y nombrar sustitutos afines. Esa mayoría legislativa abrió la puerta a reformas legales y constitucionales, y la anulación completa de los contrapesos institucionales, alterando las reglas del sistema político sin necesidad de negociar con la oposición. 

Mientras en El Salvador la concentración legislativa permitió cambios inmediatos, en Costa Rica la fragmentación parlamentaria y los procedimientos constitucionales actúan, por ahora, como frenos estructurales. Los analistas se preguntan, sin embargo, si esos candados institucionales serán suficientes frente a una narrativa política que plantea una refundación del Estado y una ciudadanía que lo exige.