“En ningún lugar del informe decimos que hay que liberar a 89,000 personas”: Santiago Cantón

“Lo que dice el gobierno es mentira”. Con esa firmeza responde Santiago Cantón, jurista y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las acusaciones del presidente Nayib Bukele contra el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), a quienes señala de querer liberar a 89,000 personas detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción.

Cantón es uno de los cinco expertos independientes que conforman el GIPES, un grupo de juristas expertos en derechos humanos que investigó el régimen de excepción durante dos años, y concluyó que existen indicios suficientes para considerar que el Estado salvadoreño ha cometido crímenes de lesa humanidad. 

El informe, presentado ante las Naciones Unidas y la CIDH entre el 10 y el 11 de marzo, documenta cientos de casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. Según los autores, estos hechos no son aislados, sino que responden a un ataque sistemático contra la población civil en el marco de la política de seguridad implementada por el Gobierno de Bukele desde marzo de 2022. 

Ninguno de los autores es ajeno al contexto salvadoreño. Entre los expertos del GIPES destaca Gino Costa, quien fue asesor de Naciones Unidas en el proceso de los Acuerdos de Paz de 1992; Susana SáCouto y Claudia Martin, quienes han dado seguimiento como amicus curiae en el juicio de la masacre de El Mozote y lugares aledaños; y el mismo Santiago Cantón, quien visitó El Salvador durante la crisis institucional de 2021, desatada por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. 

El informe contiene las acusaciones más graves hechas contra el Estado salvadoreño desde el final de la guerra civil. Su publicación y difusión internacional ha representado un quiebre en la controlada narrativa oficialista, lo que provocó una rápida reacción del oficialismo en contra de los autores. El presidente y los diputados oficialistas cuestionaron sus conclusiones, argumentando que los expertos buscan la liberación de todos los detenidos durante el régimen de excepción.

En una entrevista con FOCOS, Cantón desmiente categóricamente esta afirmación y reafirma que si bien las 89,000 capturas son arbitrarias, debe revisarse caso por caso para asegurarse de que no haya inocentes presos en las cárceles salvadoreñas. Señala, además, que el régimen de excepción como herramienta permanente en el combate contra el crimen organizado viola los estándares internacionales.

“Lo que dice el gobierno es mentira”

Cuatro días después de la presentación del informe, Bukele acudió a su cuenta de X para sumarse a los ataques contra los expertos del GIPES. «Me alegra que se hayan quitado la máscara, porque antes siempre intentaban matizar sus denuncias. Ahora lo han dicho con claridad: Quieren la liberación del 100% de los pandilleros y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes del Régimen de Excepción; es decir, al país más peligroso del mundo. Su objetivo es claro: quieren ver caos en nuestros países», publicó.

Al cuestionar sobre las reacciones a la réplica oficial, la respuesta de Cantón fue contundente: el gobierno de El Salvador miente. “En ningún lugar del informe decimos, y esto lo sabemos los cinco miembros del grupo, en ningún lugar del informe se dice que hay que dejar en libertad a 89,000 personas. En ningún lugar”, asegura.

Según lo registran diversas organizaciones de la sociedad civil a partir de información oficial, hasta finales de 2025 El Salvador había encarcelado a más de 89,000 personas en su guerra contra las pandillas. Esto significa que cerca del 1,4% del total de la población salvadoreña está tras las rejas. Hasta 2024, el país centroamericano registraba la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 1,824 prisioneros por cada 100,000 habitantes. 

En noviembre de 2024, durante una visita oficial a Costa Rica, el presidente Bukele admitió que su gobierno había liberado a 8,000 personas inocentes que habían sido capturadas en el régimen de excepción. 

“Obviamente las operaciones no son perfectas y, sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes son obviamente capturados de la misma manera que ocurre en Francia, Alemania y Japón y en todos los países del mundo. Ya estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8.000 personas y vamos a liberar al 100% de inocentes”, dijo el mandatario en esa ocasión.

Es precisamente a la luz de esa declaración que Cantón explica que lo que esperan, a partir de la publicación de este informe, es que el gobierno salvadoreño reconozca que hay aspectos que debe corregir en su política de seguridad. El grupo de expertos exhorta a las autoridades a revisar las características particulares de cada una de las detenciones realizadas con el fin de determinar si aplica o no la detención. 

«Habría que hacer una investigación de las personas que están siendo detenidas, caso por caso, porque no se puede hacer detenciones arbitrarias —porque las circunstancias de cada caso son siempre particulares—, y determinar muy precisamente cuál es la condición jurídica que tiene que tener esa persona que está siendo detenida. Y se puede concluir que tiene que seguir estando detenida», explicó a este medio el abogado.

“Cuatro años no es excepción…”

Este 27 de marzo de 2026 el régimen de excepción cumple cuatro años de vigencia en El Salvador. La medida, que inició como una solución extraordinaria, ha sido renovada 48 veces por la Asamblea Legislativa controlada por Bukele. Una de las críticas centrales del informe de los expertos es que luego de este tiempo, lejos de servir a la seguridad ciudadana, este régimen ha sido la vía para legalizar la represión de las voces críticas.

La investigación de los juristas concluye que la prórroga indefinida del régimen de excepción incumple los requisitos de excepcionalidad, temporalidad, legalidad y proporcionalidad que exige el derecho internacional. Además, los juristas señalan que el régimen se ha transformado en un «mecanismo permanente de gobernanza», con un impacto particular en presos políticos y personas forzadas al exilio.

En su análisis, Cantón agrega una condición adicional que problematiza aún más la vigencia del régimen: la ausencia de garantías para una independencia judicial. “El estado de excepción debe ser en un Estado democrático, según la Convención Americana. Y eso es lo que yo hoy en día no veo en El Salvador”. 

Por ello, Cantón y el resto de expertos concluyen que el gobierno salvadoreño debe poner fin al régimen, restaurando plenamente las garantías constitucionales restringidas, como la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la defensa y la detención administrativa de 72 horas.

Hasta diciembre de 2025, el oficialismo justificaba la renovación indefinida del régimen de excepción como una respuesta a la “persistencia de vínculos transnacionales, intentos de reorganización y actividades delictivas remanentes…con el objetivo de preservar los avances alcanzados”. Cantón asegura que estos resultados podrían ser logrados sin la necesidad de suspender garantías constitucionales a todo el conjunto de la población y en el marco del estado de derecho.

“¿Por qué le tienen miedo a una justicia independiente?”

En su informe, los expertos recomiendan al Estado salvadoreño crear una comisión independiente con el apoyo internacional para que, junto al sistema de justicia, revise los procesos para darle una salida legal y humanitaria a casos de detenciones injustificadas.

«Hay experiencias en otros países. Perú tuvo una hace muchos años, en la época de Fujimori, de crear comisiones independientes o con participación internacional también, para evaluar las personas que quedan detenidas y ver las condiciones en que estaban, y en algunos casos ver si estaban justificadas esas detenciones o no. Y en caso de no estar justificadas, que se dejen en libertad las personas» explica Cantón.

El abogado reprocha que la administración Bukele haya orientado sus esfuerzos en “acusaciones falsas” en lugar de solicitar apoyo al grupo de expertos y constituir una comisión que revise lo actuado hasta ahora en materia de seguridad y determine si hubo alguna irregularidad que corregir.

«No veo por qué se oponen a hacer eso en El Salvador. No hay ningún motivo. ¿Por qué le tienen miedo a una justicia independiente?. No lo entiendo», concluye.

“No tenemos absolutamente un centavo de Soros”

Uno de los ejes de desinformación que el gobierno salvadoreño activó a pocas horas de la publicación del informe fue el argumento de que detrás de este trabajo estaba el financiamiento de George Soros, el filántropo húngaro y presidente de la Open Society Foundations. 

«Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada. Me preocuparía si no fuera así. Significa que vamos por el camino correcto. Gracias a Dios» publicó Bukele en su cuenta en X.

Cantón considera que la respuesta gubernamental a esta investigación no solo ha sido una reacción “populista”, sino que además no corresponde con la realidad. “Durante dos años, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios trabajos aparte, profesores de universidad, como secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, otros son consultores. Esto se ha hecho completamente ad honorem. No tenemos absolutamente un centavo de Soros o de cualquiera de sus fundaciones, cero centavos”, aseguró el abogado en esta entrevista a FOCOS.

«El Salvador tiene la oportunidad de solicitar más información o solicitar una reunión para que se pueda plantear de qué manera se puede avanzar en resolver estos crímenes en lugar de descalificar de la forma que lo están haciendo”, concluyó. 

Las recomendaciones de este grupo de expertos internacionales vuelve a poner el foco de atención del mundo sobre El Salvador y la situación de los derechos humanos, en un momento en el que diversos gobiernos de América Latina ven a Bukele como un referente para el impulso de sus políticas de seguridad ante el clamor de sus ciudadanos por una mano dura contra el crimen.

Mirá la entrevista completa con Santiago Cantón en nuestro canal de YouTube FOCOSTV.