Aguirre llega a la contienda presidencial sin definir su postura sobre el régimen de excepción
El FMLN participará en una carrera presidencial con reglas electorales diseñadas para favorecer al oficialismo y con su nivel más bajo de simpatía política, situado en apenas un 1.3 % según el IUDOP. Su candidato inicia esta competencia frente a un movimiento social dividido y sin una postura clara sobre la continuidad del régimen de excepción, una política de Estado señalada por organismos internacionales de propiciar posibles crímenes de lesa humanidad.
Rafael Ernesto Aguirre Quintanilla se define como alguien “nuevo” en la política partidaria, pero es un rostro conocido en el movimiento social por su rol como secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS). Desde esa trinchera denunció en los últimos años la precarización de la salud pública y acompañó a cientos de trabajadores despedidos de la gestión de Nayib Bukele, lo que actualmente le ha costado —según afirma—, enfrentar un proceso de despido en su contra.
Fueron precisamente estas intimidaciones las que lo empujaron a aceptar la candidatura presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en alianza con el movimiento Poder Ciudadano. Con ello, asume una misión que bajo el clima político actual parece casi un imposible: disputarle el poder a Nayib Bukele, quien lleva siete años sentado en la silla presidencial —dos de ellos de forma inconstitucional—, sostenido por un amplio apoyo popular.
Aguirre defiende la vía electoral como la única herramienta pacífica que le resta al movimiento social para no limitarse a resistir mientras sus compañeros son acorralados o forzados al exilio. Sin embargo, en esta entrevista concedida a FOCOS un día después de su ratificación, el médico y líder sindical evita posicionarse claramente sobre qué hará con el régimen de excepción, la medida insignia del «modelo Bukele» que cuenta con el apoyo de más del 66 % de la población según IUDOP-UCA.
Aunque el régimen suma 53 prórrogas consecutivas desde marzo de 2022 y arrastra denuncias por detenciones arbitrarias, 540 desapariciones forzadas y más de 500 muertes bajo custodia del Estado; Aguirre insiste en que derogarla no depende solo de la voluntad del presidente. A solo siete meses de las urnas, escuda su indecisión en la necesidad de un estudio técnico-jurídico que ni él ni su partido poseen todavía.
Consciente de que su aspiración hacia 2027 no cuenta con el respaldo unánime de las izquierdas organizadas, el candidato asegura que buscará espacios de diálogo para convencer al movimiento social. En esa misma línea de aglutinar fuerzas, no descarta ir al encuentro de los partidos ARENA y Vamos para proponerles una candidatura única opositora que les permita competir en unidad.
Saúl Hernández Alfaro: En el último año, el oficialismo habilitó la reelección presidencial indefinida, modificó las circunscripciones electorales para restar escaños a la oposición, eliminó la segunda vuelta y suprimió el financiamiento público. Con esta cancha inclinada, ¿qué le garantiza que las elecciones de 2027 serán limpias y competitivas?
Rafael Aguirre: Los defensores de derechos humanos, periodistas y personas exiliadas han logrado que los ojos del mundo estén sobre nuestro país. Eso garantizará observación nacional e internacional, y obligará a que la institucionalidad funcione. Si hay indicios de fraude, será muy perceptible. Con el movimiento ciudadano y la militancia del FMLN seremos garantes de las urnas. Como hemos dicho: «voto masivo mata fraude».
S: A pesar de todas estas reformas constitucionales diseñadas a la medida de Nuevas Ideas y Nayib Bukele, ¿por qué decide competir por la presidencia?
R: Ellos saben que hay una posibilidad real de cambio; si no, no estarían haciendo ningún tipo de modificación. Entendemos esa parte, entendemos ese nerviosismo y esa tendencia, pero tampoco podemos quedarnos sin hacer nada.
Si no hubiera una posibilidad real de cambio, el oficialismo no estaría haciendo estas modificaciones. Entendemos ese nerviosismo y esa tendencia, pero no podemos quedarnos sin hacer nada. En 1972, a Napoleón Duarte le arrebataron el triunfo, pero quedó como un hecho histórico de que tuvieron que recurrir al fraude para quitarle el poder a la ciudadanía. ¿Sucederá lo mismo ahora? Estaremos pendientes. No podemos dejar de generar la alternativa que la gente necesita.
S: El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular calificó las elecciones de 2027 como una «farsa electoral» para afianzar al régimen y anunció que no apoyará a ningún partido. ¿Por qué considera usted que este era el momento adecuado para lanzarse?
R: No hay un buen o mal momento, solo el momento en el que se debe actuar. Tenemos en ciernes despidos masivos en salud, problemas con el magisterio y los vendedores ambulantes. La resistencia es correcta, pero, ¿qué más haremos aparte de resistir y ver cómo exilian a nuestros compañeros? Debemos ofrecer algo a esa población vulnerable, y optamos por la vía electoral porque es la herramienta constitucional y pacífica que tenemos.
S: Además del derecho político que usted tiene como ciudadano para presentarse a un cargo de elección popular, ¿qué otra condición está viendo en el país para pensar que este es el momento adecuado para competir por la presidencia?
R: Lo que hemos visto es una cantidad importante de personas rechazando las diferentes actitudes y actividades del gobierno hacia ellas. Vimos a comunidades como Valle Verde 1 y 2 en Apopa que se manifestaron por no tener agua potable, vimos la manifestación enorme en repudio a la deforestación de la Finca El Espino, y hemos visto cómo transportistas se han manifestado sobre la necesidad de presentar alternativas para el transporte público que beneficien tanto a la población como a los empresarios. Son diferentes expresiones del movimiento ciudadano y de la ciudadanía que dicen: «No está bien el camino por el que vamos». Entonces se les ofrece una alternativa a eso.
S: Quiero saber qué opina de la manera en la que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular está calificando el proceso electoral de 2027. Nuevamente, lo llaman «una farsa» y dicen que solo servirá para afianzar al régimen.
R: Ellos tendrán sus razones para mencionarlo y para considerar que es así. En ese punto, aunque tenemos formas de pensar distintas, no voy a descalificar a nuestros hermanos. Hemos estado hombro a hombro combatiendo diferentes situaciones en el movimiento ciudadano y civil, y no es mi naturaleza descalificarlos. Yo entiendo su posición y el escepticismo que tienen, pero eso no me debe privar de hacer algo más.
Dentro de las herramientas que tengo, es lo más factible en este momento preciso; es coyuntural. Si lo has visto, ha habido una reacción positiva por parte de la gente y también una reacción por parte del gobierno. Por ejemplo, habían negado completamente pagar la indemnización a los trabajadores del Hospital Nacional Rosales, y hoy, en cuestión de menos de dos semanas, empiezan a pagarles la indemnización. Era una petición válida que teníamos desde el movimiento social. Así que, sea el Movimiento de la Clase Trabajadora (MDCT), el Bloque o las demás organizaciones, entendemos su escepticismo, pero no lo compartimos, aunque sí compartimos el hecho de que tenemos que luchar.
S: Ante el escepticismo de movimientos como el Bloque, que ven en su participación una legitimación del autoritarismo, ¿cómo pretende establecer puentes de diálogo?
R: Dentro del movimiento social que todavía queda en la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), estamos formando diferentes brigadas que van a ir a hablar con ellos para sostener reuniones y definir qué más se puede incorporar a un plan de nación. Como te digo, entendemos el escepticismo, pero yo no me puedo privar de ir a platicar con ellos. ¿Abrirán nuevamente las puertas? No lo sé, tenemos que buscarlos para eso. Nuestras puertas van a quedar abiertas en el momento necesario.
Esta propuesta desde la ciudadanía para que haya una alternativa por la cual votar ha generado bastante expectativa y ánimo en diferentes partes de la sociedad, y eso debe valorarse. Vimos que las diferentes organizaciones sacaron comunicados, pero no tuvieron impacto en la psiquis de la población; la gente mantiene el entusiasmo de que algo diferente puede hacerse. Sacaron sus comunicados en un momento en que esto había tomado mucha efervescencia y estaba muy viral la presentación de un precandidato que viene de la sociedad civil y que no es parte de una cúpula partidaria. Creemos que debería entenderse el mensaje de las personas que han reaccionado y que quieren una alternativa a lo que están viendo hoy en día.
S: ¿No le parece que está iniciando esta carrera sin contar con los aliados necesarios para tener mayor músculo? Es decir, la ausencia de este bloque de colectivos y expresiones sociales, al negarle el apoyo, ¿no hace que su candidatura inicie débil?
R: No inicia débil, pero sé que es importante buscar ese acompañamiento por parte de los compañeros, porque hay más movimiento social. Estamos acuerpados por diferentes sectores. El movimiento Poder Ciudadano consta de varias organizaciones con sus representantes, como se vio en la conferencia de prensa.
Además, es de recordar que las bases de cada uno de estos grupos también nos apoyan. Aunque las dirigencias hayan decidido no darnos un acompañamiento como tal, sus bases sí nos están acompañando. Son personas despedidas que entienden que hay que ofrecer una alternativa y dar un combate ante esta situación, y fueron personas que nos acompañaron en la conferencia de prensa.
S: Según el IUDOP, 4 de cada 10 encuestados reprueba el trabajo de los diputados pero respalda ampliamente al Ejecutivo. ¿No era más estratégico competir por una diputación para hacer contrapeso en la Asamblea, en lugar de enfrentar a un presidente tan popular?
R: Es una propuesta que se me hizo en su momento. Aquí no se trata de salvarle el pellejo a una persona; se trata de salvarnos en colectivo. Presentarme como candidato a diputado solo le garantiza al diputado una viabilidad económica, seguridad y cuidado, pero no al colectivo. El punto no es cómo me salvo yo, sino cómo salvamos a la colectividad.
Se está llegando a un punto en el movimiento social en el que las alternativas de resistencia son muy pocas. Has escuchado a analistas de la oposición y a periodistas decir que después de marzo de 2027 viene una «limpieza de mesa», lo que significa persecución, exilio o muerte. Esas son las variables que debemos ubicar. Yo les digo a los compañeros: en junio del próximo año, podría estar detrás de una reja preguntándome qué hubiera sucedido si hubiese intentado este proceso y si me hubiese lanzado a la presidencia. No quiero quedarme con ese arrepentimiento. Tengo que ir más allá y ofrecer una alternativa para todos los sectores.
S: La Asamblea Legislativa es el principal control institucional ante un Ejecutivo concentrado. Tener una Asamblea Legislativa que pueda generar contrapeso al presidente, ¿no era una mejor vía para detener el avance autoritario, más allá de disputarle la presidencia a un personaje con una popularidad tan alta?
R: No, porque el punto es cómo empujar hacia adelante todo el proyecto. Enfocarse únicamente en la Asamblea Legislativa o en las elecciones municipales no iba a traer mayor beneficio. Con una candidatura presidencial podemos empujar en las tres vías: a nivel municipal, legislativo y ejecutivo.
S: ¿Por qué una diputación no traería grandes beneficios en este contexto?
R: Porque no tiene el mismo impacto que cuando lanzas una candidatura presidencial.
S: Pero es más viable políticamente…
R: Sería solo para salvarme a mí mismo, y aquí el punto es salvarnos en colectivo. ¿De qué me sirve llegar a la Asamblea Legislativa? Mucha gente decía que ahí ya tenía todo garantizado, pero el punto es qué podemos hacer por todos los demás para establecer una garantía o una posibilidad real de empujar a una negociación o diálogo, que es lo que hace falta por parte del Ejecutivo.
S: La misma encuesta del IUDOP señala que el FMLN apenas alcanza un 1.3 % de simpatía. ¿No habría sido más viable competir en una coalición opositora única?
R: Que fuera lo más viable, claro. Hubo un esfuerzo en ese sentido hace dos años, pero no dio fruto. Vemos que no hay suficiente acercamiento o madurez política para ello. Sin embargo, a mí como movimiento social me toca intentarlo. No me puedo quedar sin hacer nada. Todo sale mejor en unidad, ese siempre ha sido mi lema; pero si las personas no quieren por X o Y motivo, yo tengo que moverme. En el camino, ojalá puedan recapacitar y unirse a este esfuerzo.
S: ¿Ha descartado un acercamiento con las otras fuerzas de oposición o es algo que todavía está en proceso de definirse?
R: Todavía está en proceso. Hay partidos que ya establecieron una fórmula presidencial y habría que ver hasta qué punto quisieran dialogar; y están los que no han establecido candidaturas, con quienes se puede platicar. Si no le dan el respaldo a una figura presidencial de otro partido, al menos podrían dar la posibilidad a sus bases de hacerlo.
S: ¿A usted le interesa asumir el llamado a la unidad de los partidos opositores o no está en su estrategia?
R: No solo a los partidos políticos; en diferentes participaciones he llamado a la unidad al movimiento social en general. Por eso mencionaba que hay equipos formados para buscar nuevamente estos movimientos. Ahora, hay que entender algo: si yo me acerco a Bases Magisteriales, a SIMEDUCO u otras organizaciones, ¿qué tanto respaldo público en medios nos pueden dar sin verse perjudicados? Como vimos en octubre de 2024, cuando 80 empleados del Ministerio de Salud fueron despedidos por ir a una marcha en un día no laboral.
S: Lo que nos dice es que si hacen público el respaldo a su candidatura, podrían sufrir despidos o persecución…
R: Es algo que ya sucedió, no hablamos de una probabilidad. Eso significaría el despido o exilio de muchas personas por darle respaldo a una fórmula. Si por respaldar una marcha de reivindicación de derechos laborales los despidieron, imagínate por un respaldo político a alguien diferente que no está en el poder.
S: ¿Buscaría a ARENA y a Vamos para proponerles una sola candidatura de cara a 2027 o no le interesa?
R: Claro que sí. Siempre han sido mi interés la unidad y la articulación, no solo con los partidos políticos, sino también con las fuerzas del movimiento social.
S: Usted mencionó que su propuesta de gobierno estará conformada por cinco ejes (economía, salud, educación, agricultura y una combinación de cultura, turismo y juventud), pero no vimos la seguridad. ¿Por qué?
R: La seguridad es una parte importante, pero sabemos que actualmente hay una tendencia a establecer que aparentemente hay una «seguridad plena», lo cual requiere análisis. El concepto de seguridad es muy amplio: la falta de violencia pandilleril es un tipo de seguridad, pero también debe existir seguridad jurídica, soberanía para garantizar la seguridad alimentaria, seguridad social y atención a la salud mental del pueblo salvadoreño. Por lo tanto, la seguridad no es únicamente la ausencia de violencia de pandillas, sino todos estos elementos.
S: Me refiero puntualmente a la delincuencia de las pandillas. ¿Habrá un enfoque específico sobre cómo atender la delincuencia o dan por sentado que es un aspecto que ya no hay que debatir?
R: Claro que hay que continuar debatiéndolo. Ahora bien, hablando de las encuestas, el 70% ve el problema económico como lo primordial a atender. Si la mayoría de la población quiere resolver su día a día y llevar alimento a la mesa, ese debe ser el enfoque principal. En las prioridades de la gente, la seguridad aparece en cuarto, quinto o sexto lugar después de economía, salud y educación.
S: Siete de cada diez encuestados ven que lo mejor que ocurre en el país es la seguridad. Al diseñar sus propuestas de campaña, ¿qué acciones de la política de seguridad pública de Bukele le parecen replicables y cuáles descartaría?
R: Hay que analizar qué de lo actual se puede replicar y qué cosas nuevas podemos crear. ¿Será el régimen de excepción la herramienta constitucional que debemos seguir utilizando? Es una pregunta que debemos hacernos. Lo comparo con la medicina: el régimen de excepción es una herramienta constitucional para problemas de seguridad pública, pero ¿es la única? Es un análisis que deben hacer los expertos.
Pongo el ejemplo del cáncer: genera dolor y se usa morfina para calmarlo mientras la quimioterapia hace efecto o se realiza la cirugía; una vez reducido el tumor, la morfina se retira. El régimen de excepción se utilizó para controlar la violencia pandilleril, pero ¿es necesario mantenerlo sabiendo que las causas de fondo —pobreza, falta de oportunidades— no se han resuelto para evitar que los jóvenes vean atractivo unirse a maras en lugar de buscar empleo o un oficio? Estas decisiones no dependen solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial.
S: De forma concreta: ¿su propuesta como candidato presidencial es mantener el régimen de excepción o solicitar su derogación a la Asamblea Legislativa?
R: Es que no depende exclusivamente del presidente.
S: Pero usted, como candidato a la presidencia, tiene una postura clara respecto a las políticas de seguridad que ejecuta el poder ejecutivo. La presidencia ejecuta un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa. Mi pregunta es: ¿usted lo va a mantener vigente si llegara a ser presidente o va a solicitar la derogación del mismo?
R: Debemos hacer un análisis del régimen de excepción, cuáles son sus alcances, ventajas y desventajas.
S: ¿No tiene ese análisis todavía usted?
R: Tenemos únicamente el análisis político del régimen, no tenemos el análisis técnico jurídico.
S: ¿Cómo va a estructurar ese análisis técnico?
R: Debemos convocar a constitucionalistas y expertos para ver si podemos ofrecer a la población una herramienta nueva que brinde la misma seguridad que el régimen de excepción. Y esa es una respuesta política al tema de seguridad.
S: Las denuncias de organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad, ¿no le parecen un argumento suficiente para decidir la derogación del régimen?
R: Ese es un análisis que se ha hecho técnico de lo que es el régimen de excepción. Ahora, cuáles son las consecuencias qué ha provocado, por qué las ha provocado. Como hemos mencionado, no tiene una válvula de escape para algunos casos. Por ejemplo, hay personas con cartas de libertad judicial que siguen encarceladas porque el sistema no las libera. Desde el Ejecutivo corresponde hacer valer la orden del juez y liberar a quien corresponda. Por eso se requiere una mesa técnica.
S: A finales de julio de 2026, ¿es correcto concluir que el candidato presidencial del FMLN no tiene una postura clara sobre si derogar o no el régimen de excepción, pese a las denuncias de posibles crímenes de lesa humanidad?
R: Hay una postura clara sobre eso. Hacer el análisis técnico y el análisis político del régimen.
S: Por eso, le reitero: ¿no hay una postura clara sobre si se mantiene o se deroga?
R: Eso no depende de nosotros; eso va a depender también del análisis que se haga a nivel legislativo y judicial.
S: Y le he planteado que con la observación internacional y nacional sobre las violaciones a los derechos humanos a usted le parece que ese no es un argumento técnico, como lo mencionó, suficiente para poder derogar el régimen.
R: Vaya, me estás hablando de derechos humanos. Cuando ya nos ponemos a hablar de derechos humanos, ¿qué derechos humanos se han violentado en ese sentido del régimen de excepción?
S: Hay informes completos de Amnistía Internacional y de expertos internacionales en derechos humanos que destacan casos de tortura en cárceles, muertes bajo custodia estatal, detenciones arbitrarias. Hay un amplio número de ciudadanos —más allá de criminales— que han sido afectados.
R: ¿Y quién tiene que hacer la investigación del delito? Es la fiscalía. Me refiero a que esto no es una decisión de sí o no. El régimen de excepción no se estableció por un «sí» o un «no», sino por una emergencia ante una ola de violencia pandilleril y tenía que controlarse.
Ahora, hay mucho análisis hecho detrás de ello, de por qué se generó tanta violencia, de qué generó esa violencia. Son temas que tienen que analizarse. Esto no es un tema de decir nada más que si continúa o no continúa el régimen, sino cuál ha sido realmente el impacto que ha tenido, qué es lo que podemos hacer nosotros en el análisis técnico jurídico, en el análisis político de este tipo de herramientas y si hay necesidad de dar a la población otra herramienta que no se llame régimen de excepción, pues entonces es primordial hacerlo.
S: Entonces, ¿es posible equilibrar derechos humanos y combate a la delincuencia?
R: Claro que sí, es necesario que ocurra ese equilibrio. La garantía que debemos dar a la sociedad es que las órdenes judiciales y el debido proceso se cumplan. Hay situaciones legales que deben analizarse, pero eso ya no corresponde al Ejecutivo; tiene que hacerse desde el Legislativo o desde el Judicial. Entonces hay que aclarar cuándo una ley está beneficiando o no a la población y cuándo la está perjudicando.
S: Desde el Poder Ejecutivo, ¿qué activaría usted que no ha activado esta gestión para poder llevar un equilibrio entre el combate a la delincuencia y el equilibrio con los derechos humanos?
R: Ese es el punto que yo he mencionado: acompañar a la población. Que se haga la adecuada investigación del delito en primer lugar. Desde el Ejecutivo se debe establecer el orden en el momento en que hay un caos, pero no le corresponde a la PNC la investigación del delito. Tiene que haber un trabajo en conjunto con la Fiscalía para poder terminar todos estos aspectos.
Esta es la primera parte de la entrevista de FOCOS con el candidato presidencial del FMLN, Rafael Aguirre. Seguí las redes de FOCOS para enterarte cuándo estará disponible la segunda parte.
