El último árbitro: Nuevas Ideas se toma el Tribunal Supremo Electoral

El primer día que Roxana Seledonia Soriano de Viaud llegó a su oficina, el 27 de septiembre de 2024, decidió que el décimo piso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sería para ella sola. Las lujosas oficinas que antes ocupaban los cinco magistrados propietarios en el piso más alto del edificio –una suerte de penthouse institucional– quedaron reservadas para la nueva presidenta del TSE. Desde ese nivel, ahora custodiado por vigilantes armados, se han tomado las decisiones que dan forma a un tribunal distinto: uno que delegó el registro electoral a una pariente del exasesor jurídico de Casa Presidencial y que desarticuló las unidades técnicas responsables de hacer funcionar las elecciones.

Las elecciones presidenciales de 2027 –en las que Nayib Bukele busca su tercer período después de reformar ilegalmente la Constitución de la República– serán fiscalizadas por un árbitro bajo control total del partido oficialista. Las unidades a cargo del registro de votantes, la organización de elecciones en el territorio, la distribución paquetes electorales y el sistema de conteo y transmisión del voto, están encabezadas por empleados leales a la presidenta del TSE y perfiles afines a Casa Presidencial.

Roxana Soriano ha sido una de las piezas predilectas de Nuevas Ideas en la captura de instituciones fiscalizadoras del Estado. De las internas de ese partido oficial, donde participó como precandidata a diputada en 2020, Soriano pasó a presidir el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ese mismo año y la Corte de Cuentas de la República (CCR) en 2023. Renunció a este último cargo para asumir la presidencia del TSE a propuesta del oficialismo. 

Su nombramiento ya había sido cuestionado por los vínculos políticos y familiares documentados por FOCOS alrededor de su entorno. Soriano es la esposa de José Fernando Viaud Hidalgo, director suplente de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) y primo de la ministra de Vivienda, Michelle Sol. La ministra es, a su vez, esposa del presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro.

Sin embargo, su llegada no garantizaba por sí sola el control de Nuevas Ideas en la última trinchera institucional del país. Fueron los votos de las dos magistradas propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la magistrada propuesta por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) los que permitieron sus primeros pasos clave en el dominio absoluto del órgano electoral. El magistrado propuesto por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no logró hacer ningún contrapeso por sí solo y no denunció públicamente las decisiones del organismo colegiado.

Antes de una reforma exprés aprobada en abril de 2026 para eliminar la participación de partidos en el TSE, la Constitución y el Código Electoral establecían que el tribunal estaría integrado por cinco magistrados propietarios y cinco suplentes. El partido con mayor cantidad de votos en la última elección presidencial, Nuevas Ideas, tenía el derecho de proponer al presidente del organismo. Las otras cuatro magistraturas se distribuían entre el segundo y el tercer partido más votado y la Corte Suprema de Justicia. 

Esta arquitectura buscaba, en principio, que ninguna fuerza política controlara el árbitro electoral de manera unilateral. En la práctica, esa garantía dejó de funcionar mucho antes de la reforma constitucional.

Para las elecciones de 2024 se avaló la candidatura presidencial de Nayib Bukele aun cuando contravenía siete artículos de la Constitución. La decisión recayó en un TSE que todavía operaba bajo la estructura heredada de los Acuerdos de Paz: una presidencia a cargo de la magistrada propuesta por Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) —el vehículo que ocupó Bukele para llegar al Ejecutivo en 2019—, junto a dos magistrados provenientes de la CSJ y dos más impulsados por ARENA y el FMLN. Este último fue el único que votó en contra de la reelección.

Lo que cambió con la llegada de Nuevas Ideas al TSE, sin embargo, va más allá de la composición del organismo colegiado y de la correlación de votos al interior del pleno. Una decena de jefaturas y más de un centenar de técnicos, algunos con décadas de experiencia organizando elecciones, fueron despedidos y sustituidos por figuras que trabajaron para Roxana Soriano en su paso por la CCR y el IAIP —instituciones contraloras que terminaron siendo capturadas por el oficialismo bajo su mandato—, y personas vinculadas a Casa Presidencial.

El piso diez

La distancia física entre Roxana Soriano y el resto de los magistrados ilustra la forma en la cual opera hoy el TSE. La magistrada Cecilia Marroquín, propuesta por ARENA, y las magistradas Cecilia Guandique y Sofía Paniagua, llegadas como cuota de la CSJ, tienen sus despachos en el piso nueve, justo debajo de ella. El fallecido magistrado Rubén Alvarado, propuesto por el FMLN y el único que documentó su oposición al nuevo modelo de gestión, fue relegado a la planta baja: una habitación de aproximadamente seis por seis metros, donde trabajaba junto a su suplente, René Amílcar Claros. 

Una decena de trabajadores y exempleados que formaron parte del cuerpo técnico del TSE —y conocen su funcionamiento desde hace décadas— reconstruyeron para FOCOS cómo el organismo dejó de operar como un ente colegiado. Hablaron todos en condición de anonimato por temor a represalias. Sus relatos dan cuenta de cómo el tribunal se despojó de su personal más experimentado para abrir paso a empleados afines a Soriano, pero también de cómo se imponen las decisiones desde la presidencia de este ente.

Tres fuentes coincidieron en que Soriano convoca reuniones en el décimo piso a las que asiste únicamente la secretaria general y, en otras, las magistradas de la CSJ y ARENA. Los acuerdos llegan redactados al pleno y la sesión formal se convierte en un trámite de ratificación. La agenda de cada sesión dejó de comunicarse con antelación a todos los magistrados: las tres magistradas que votan con la presidenta la conocen de antemano; quienes se oponen se enteran el día de la sesión.

«Ahí lo que hay es un funcionamiento unipersonal de ese organismo colegiado, o sea, contra la naturaleza de lo que es un organismo colegiado. La señora (Soriano) se reúne en el piso diez, algunas veces solo con la secretaria general y en otras con las tres magistradas. Ahí acuerdan la agenda y hasta llevan acuerdos escritos, solo para llegar a votar», narró una fuente.

Entre el 7 de octubre de 2024 y el 13 de febrero de 2025, el pleno del TSE aprobó más de una decena de acuerdos para avalar despidos, contrataciones y movimientos de personal dentro de la institución. La votación fue sistemáticamente la misma: cuatro votos a favor, uno en contra. El voto disidente era siempre el mismo: el magistrado Rubén Alvarado, propuesto por el FMLN.

Los acuerdos dieron el poder a Soriano para hacer contrataciones y despidos que afectaron al cuerpo técnico y operativo de áreas clave, a la directiva del Sindicato de Trabajadores del TSE (STRATSE) y, de manera especialmente grave, a la Dirección de Organización Electoral (DOE), la unidad encargada de planificar y ejecutar la logística electoral en territorio.

La posición de Alvarado tuvo consecuencias. Desde enero de 2025, los contratos de todo el personal asignado a su despacho y al de su suplente no fueron renovados. Fuentes internas del TSE describieron ese episodio como una represalia directa por sus votos en contra y señalaron que la amenaza de consecuencias similares opera como mecanismo de disciplina sobre quienes consideren disentir. 

El magistrado documentó este patrón en un voto razonado presentado ante el pleno el 13 de febrero de 2025, al que FOCOS tuvo acceso parcial. En ese escrito denunció “una progresiva eliminación de condiciones mínimas para ejercer sus funciones”, “la exclusión de la agenda” y el “vaciamiento” de su despacho.

Alvarado falleció el 14 de mayo de 2026, antes del cierre de esta investigación. Su suplente, Amílcar Claros, exdirector de Capacitación y Educación Cívica del TSE, asumió el cargo.

“Los dos magistrados han sido relegados al primer piso después de cuestionar la forma en que se toman acuerdos en el colegiado”, aseguró otra fuente, que pidió no ser nombrada como condición para dar su testimonio. Este medio constató con diversos empleados del TSE que el único magistrado que sigue en el primer nivel del edificio es Claros. 

Las limitaciones en el espacio también han sido una característica de la gestión de Soriano. Dos extrabajadores narraron cómo uno de los ascensores incluso dejó de funcionar para todos los empleados y se ocupaba exclusivamente para la presidencia. Otro trabajador aseguró que, antes de entregar su renuncia voluntaria, presenció cómo vigilantes armados comenzaron a impedir la libre circulación en el edificio. “Ella entraba al edificio con gente armada, como si fueran guardaespaldas”, dijo otro extrabajador. “Algo que no habíamos visto nunca aquí”.

«El Tribunal Supremo Electoral está cooptado por el partido de gobierno», afirmó Malcolm Cartagena, exempleado del área de Capacitación Electoral del TSE y reconocido experto electoral que vive en el exilio desde junio de 2025. 

Cartagena dirige actualmente el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, organización no gubernamental que fiscaliza al TSE y a otras instituciones del Estado. A su criterio, la cooptación del tribunal se manifiesta “en las decisiones, en la opacidad de la institución y en la información que se publica a medias”. 

“Esta elección carece de integridad electoral por todas las acciones que ha venido cometiendo este organismo colegiado: el despido de trabajadores, la reserva de información y la ausencia de opiniones disidentes de los magistrados de ARENA y el FMLN ante las reformas constitucionales que alterarán toda la elección”, aseguró. “Ninguno ha alzado la voz públicamente, ni por los trabajadores despedidos ni por las irregularidades que hay dentro”.

El mecanismo: una renuncia “voluntaria”

Los despidos de personal han sido una constante desde el día uno de la gestión de Soriano, según se consigna en varias notas periodísticas y testimonios de fuentes internas consultadas. 

Los nuevos magistrados tuvieron su primer pleno el 7 de octubre de 2024. Ese día, el director ejecutivo Luis Peralta Cerritos y la directora de Talento Humano, Claudia Luz Ramírez García, recibieron a los magistrados con una presentación sobre el estatus del tribunal. En esa misma reunión les pidieron su renuncia inmediata.

Los magistrados acordaron pedir la renuncia de nueve empleados en «cargos de confianza», directores y jefes de unidades, incluyendo a Peralta, Ramírez y al secretario general Erick Vides, nombrado durante el periodo de Dora Esmeralda Martínez de Barahona (2019-2024). El acuerdo se firmó con mayoría calificada: cuatro de cinco votos del pleno, a excepción del magistrado propuesto por el FMLN.

A partir de una reconstrucción con fuentes internas y exempleados, FOCOS logró identificar que entre los despedidos hay técnicos con décadas de experiencia en la organización de procesos electorales: el personal de capacitación, el equipo de cartografía, los responsables de registro, comunicaciones, tecnología y partidos políticos. Todas las direcciones fueron intervenidas. 

La siguiente semana, el 15 de octubre de 2024, el TSE acordó pedir la renuncia de la directora del Registro Electoral, Xiomara del Carmen Avilés Lizama, quien estuvo en ese cargo durante más de 26 años. 

El 11 de noviembre de 2024 se sumaron las solicitudes de renuncia de 29 técnicos de la institución. Al día siguiente, el STRATSE denunció en un comunicado que un grupo de trabajadores “con una larga trayectoria de servicio” fue despedido por decisión del organismo colegiado “irrespetando todos los procedimientos legales para dar por concluida cualquier relación laboral”. 

El grueso de los despidos, sin embargo, ocurrió el 6 de diciembre de 2024. La noche anterior, el STRATSE alertó a los empleados sobre los despidos masivos que se aproximaban. 

Malcolm Cartagena, quien se desempeñaba en ese momento como formador electoral, describió para FOCOS el principal mecanismo que utilizó el TSE para ejecutarlos: el artículo 30-A de la Ley del Servicio Civil, que regula la renuncia voluntaria. 

En lugar de una supresión de plazas –que habría otorgado una indemnización equivalente al sueldo mensual por cada año laborado–, el organismo colegiado envió a los empleados al Ministerio de Trabajo para que solicitaran el cálculo de su antigüedad, obtuvieran una hoja de liquidación y presentaran su renuncia voluntaria. A cambio, recibían medio salario mínimo por cada año laborado. 

La mayoría de estas renuncias, sin embargo, fueron forzosas. Quienes no se presentaban voluntariamente eran notificados personalmente del cese de sus funciones, con el bloqueo inmediato de sus equipos y accesos al sistema.

“Yo fui la primera persona que presentó su renuncia de los 150 que despidieron en el cuerpo técnico”, relató Cartagena, quien se adelantó al proceso al intuir que los despidos eran inminentes. «No me sentía cómodo trabajando en una institución donde no se respetaban las leyes”. 

Un miembro del STRATSE explicó a FOCOS que se trataba de personal con décadas de experiencia en la organización de elecciones, técnicos “del más alto nivel”. “Son gente que ha trabajado con todos los partidos sin ningún problema. Gente que seguía en el TSE llegara al partido que llegara. Que dirijan áreas clave no significa que los magistrados puedan disponer de ellas como quieran; debían seguirse los mecanismos de ley”, señaló otro exempleado.

A través de un comunicado publicado el 23 de diciembre, el STRATSE denunció el despido arbitrario de más de 150 trabajadores “por acuerdo de mayoría del organismo colegiado”. 

En esa ocasión, el sindicato denunció que el organismo colegiado interpretó de manera arbitraria las cláusulas del contrato colectivo del TSE. Las notificaciones enviadas a los empleados establecían como causal de no renovación de contratos que estos concluían “en la fecha en que termina el presupuesto para el periodo fiscal 2024″. El sindicato señaló que la Ley de Servicio Civil establece con claridad las causales para despedir o destituir a un empleado, y que ninguna de ellas contempla la no renovación de un contrato al vencimiento del presupuesto.

El comunicado también denunció que el 80 % de la junta directiva del STRATSE había sido afectada por la no renovación de contratos, lo que el sindicato calificó como una violación del artículo 47 de la Constitución, que prohíbe despedir, trasladar o desmejorar las condiciones laborales de los liderazgos sindicales sin causa calificada previamente por autoridad competente. 

El sindicato alertó, desde entonces, sobre las implicaciones que los despidos tendrán para la integridad del próximo proceso de elecciones de 2027.

Las piezas de Soriano

Para reemplazar a los directores y jefes de unidades, Soriano incorporó personal de su entorno más cercano: empleados con quienes trabajó durante su paso por la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). También sumó a exintegrantes del equipo que coordinó el vicepresidente Félix Ulloa para elaborar una fallida propuesta de reforma constitucional.

Según fuentes internas de la institución, las contrataciones fueron formalizadas mediante acuerdos redactados desde el despacho de la presidenta del TSE, y únicamente fueron sometidos al voto del pleno, sin ningún tipo de discusión. El resultado fue sistemáticamente el mismo: cuatro votos a favor de las magistradas de ARENA y CSJ, y Alvarado en contra. “Cuatro contra uno”, relató un empleado del TSE. “Muchas decisiones de esa época vienen en ese orden”, agregó.

Los nombramientos iniciales llegaron el 23 de octubre, en formato de listado para que el pleno pudiera avalar las contrataciones en conjunto. Una de las primeras designadas fue María Gabriela Ramos, quien asumió como secretaria general del TSE. 

Ramos se desempeñó como directora ejecutiva del IAIP durante la presidencia de Soriano en dicha entidad, pero su trayectoria también incluye vínculos previos con el Órgano Ejecutivo. En 2020 lideró la Oficina de Información y Respuesta (OIR) tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN).

En la misma sesión, las magistradas avalaron la contratación de José Rodrigo Orellana Tobar como director ejecutivo del TSE. Orellana trabajó como colaborador jurídico de la Segunda Magistratura de la CCR desde 2005 hasta 2024, año en que Soriano salió de la Corte de Cuentas. 

En ese momento, Orellana reemplazó en el cargo a Luis Peralta, quien coordinó técnica y operativamente los proyectos electorales del tribunal de manera ininterrumpida desde 2011, atravesando las presidencias de Eugenio Chicas, Julio Olivo y Dora Esmeralda Martínez. 

Orellana, sin embargo, fue reemplazado por Héctor Larios, quien se desempeñó como director de Talento Humano del TSE desde noviembre de 2024. Según consta en documentación interna a la que FOCOS tuvo acceso, Larios firma actualmente como director ejecutivo y el nuevo encargado de recursos humanos es Joaquín Ernesto Portillo Mayén.

Portillo Mayén, según su perfil de LinkedIn, se desempeñó como director de Recursos Humanos en la Corte Suprema de Justicia desde abril de 2023 y fue coordinador administrativo del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) en 2022.

Bajo la nueva administración, las magistradas también designaron a Karennine Posada de Rivas como jefa jurisdiccional y de procuración. Posada llega al cargo para sustituir a Óscar Antonio Rivera Morales, quien durante los comicios de 2024 fue el responsable de custodiar las llaves necesarias para la activación del sistema de votación desde el extranjero.

Posada de Rivas, además de haber laborado en la Corte de Cuentas de la República, estuvo entre los abogados que aceptaron formar parte del Equipo Ad Hoc para el Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución de la República, coordinado por la Vicepresidencia de la República. Este proyecto de reforma impulsado por Félix Ulloa no logró el apoyo del oficialismo, que había volcado sus esfuerzos en la reelección de Nayib Bukele en 2024.

La jurisdiccional del TSE tiene a su cargo la supervisión de los procesos legales, la aplicación de justicia electoral y las garantías de los derechos políticos de los salvadoreños. Aprovechando estas atribuciones, Posada ha viajado al exterior como parte de una campaña institucional que busca informar a los salvadoreños de la diáspora que votarán en las elecciones generales de 2027.  

El TSE también nombró como director administrativo a Mario César Doratt Artero, quien trabajó en la Corte de Cuentas como coordinador administrativo en el periodo de Roxana Soriano. Según su perfil de LinkedIn, también se desempeñó desde 2003 como encargado de registro de establecimientos en el Centro Nacional de Registro (CNR), mientras fungió como técnico asesor de registro de empresas en el Ministerio de Trabajo. 

Desde su nueva posición en el TSE, ha estado encargado de verificar documentos para licitaciones y procesos de contratación institucional, en reemplazo de Jaime Alfonso Canizales Ramos, quien ostentaba ese cargo desde 2021 y fue degradado a subdirector administrativo.

La Contraloría General, además, fue asumida por César Augusto Peña Menjívar, un exempleado de la Corte de Cuentas hasta junio de 2024. También fue gerente de Auditoría Interna y jefe de Contabilidad del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) entre 2003 y 2012. En documentación interna reciente, Peña Menjivar firma como jefe de la Dirección Financiera del TSE. 

Al ingresar a la institución, Peña sustituyó al contralor Alfonso Bonilla, quien denunció las fallas en las elecciones generales de 2024. En ese momento, a través de un informe exhaustivo, reveló los errores en la divulgación de datos y la puesta a cero del sistema de escrutinio, y cómo el Organismo Colegiado del TSE restringió el acceso a sus propios auditores internos al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados (CNPRE) durante los comicios de ese año. 

Otro cargo que aparece en circulares de la institución es el de la actual directora de Compras Públicas, Lila Margarita Rosa de Lemus, quien también proviene de la CCR.

Rosa de Lemus participó en el proceso de elección para la Corte de Cuentas en noviembre de 2024 —debido a la vacante que dejó Roxana Soriano al renunciar para asumir como presidenta del TSE— y declaró ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que laboraba como directora de Asuntos Jurídicos de la CCR desde hacía 11 meses. Es decir, fue nombrada en ese cargo durante el periodo de Roxana Soriano.

Esta contratación del TSE se realizó después de que Gema Lucrecia Padilla, exjefa de la Unidad de Compras Públicas, presentara su renuncia de manera voluntaria —sin la solicitud de los magistrados del TSE— el 2 de diciembre de 2024.

El exdirector de Comunicaciones de la CCR, Óscar René Silva —nombrado en ese cargo en el periodo de Soriano—, también fue contratado por el organismo colegiado. Funge, nuevamente, como director de Comunicaciones, esta vez del ente electoral.

FOCOS intentó documentar el alcance exacto de los cambios de personal a través de los mecanismos formales de transparencia. El 21 de octubre de 2025, este medio presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del TSE dos solicitudes: una para obtener las actas del pleno, los votos razonados de los magistrados y el detalle de despidos, renuncias y nuevas contrataciones ocurridos desde septiembre de 2024; y otra para conocer la nómina de titulares por dependencia, sus currículos y el número de trabajadores asignados a cada unidad, incluyendo la Dirección de Organización Electoral, el Registro Electoral y los despachos de cada magistrado. No se entregó ninguna información.

El TSE respondió nueve días después con dos resoluciones. Para las actas del pleno y los votos razonados, la institución dijo que “se están elaborando las versiones públicas”, sin comprometerse con una fecha de entrega. El TSE no ha publicado las actas de las reuniones de los magistrados desde diciembre de 2017. Para el detalle de despidos, contrataciones y estructura de personal —la información que habría permitido verificar de manera independiente la escala de los cambios—, el tribunal invocó la Ley para la Protección de Datos Personales y denegó el acceso.

A pesar de que el TSE se negó a informar sobre los despidos y contrataciones de personal, el presupuesto general del Estado deja un registro parcial de estos datos. Las plazas asignadas al tribunal año con año muestran una caída sostenida: de 604 plazas presupuestadas en 2023, el TSE pasó a 490 en 2024 —año en que Soriano asumió en septiembre, con un presupuesto ya aprobado que no era de su autoría— y a 324 en 2025, el primer ejercicio fiscal diseñado y ejecutado bajo su administración. Esto representa una reducción del 46 % respecto al pico de 2023. 

En 2026, el número subió a 413 plazas, lo que refleja el proceso de recontratación iniciado de cara a las elecciones de 2027. Aun así, la plantilla actual es 32 % menor que la de 2023 y está integrada en su mayoría por personal de reciente incorporación, sin la experiencia acumulada por quienes fueron desvinculados.

FOCOS buscó la versión del TSE y de cada empleado del TSE mencionado en esta investigación. Los descargos fueron enviados por correo electrónico al jefe de comunicaciones de la institución, a los correos de los cinco magistrados propietarios y a la Secretaría General. Ninguno respondió.

Al presentarse en las oficinas del tribunal para entregar los documentos a cada jefe de unidad señalado, la institución se negó a recibirlos. Primero argumentó que se requería copia ampliada del Documento Único de Identidad y teléfono de la persona solicitante; luego, cuando los documentos se presentaron en la ventanilla de la Secretaría General con esos requisitos, la encargada indicó que ninguno de los jefes de área podía bajar a recibirlos porque se encontraban en reuniones. La carta dirigida al organismo colegiado tampoco fue recibida.

Las piezas de Casa Presidencial

No todos los cambios respondieron a la voluntad de Soriano. Algunos ya estaban en el tablero antes de que ella llegara y permanecen en él a pesar de sus intentos de moverlos, relataron extrabajadores del TSE que laboraban en estas dependencias.

Ese es el caso de Ignacio Villagrán, jefe de la Unidad de Servicios Informáticos (USI) del TSE. Aunque Soriano solicitó su renuncia —como lo hizo con el resto de jefes de unidad al inicio de su gestión—, Villagrán no se fue. Fuentes internas del TSE indicaron que fue reubicado tras una reestructuración de la USI, ahora denominada Dirección de Tecnología e Innovación. Ahora funge como subdirector de la misma unidad, una degradación que le permitió mantenerse dentro de la institución.

Villagrán no es un funcionario técnico cualquiera. Antes de llegar al TSE, trabajó en la Secretaría de Innovación de Casa Presidencial desde noviembre de 2019 hasta enero de 2023, vínculo que omitió de su hoja de vida oficial, según documentos a los que FOCOS tuvo acceso en una investigación publicada en febrero de 2024. 

FOCOS documentó que Villagrán llegó al cargo de jefe de la USI a solo cinco meses de las elecciones generales de 2024, y que el equipo técnico que construyó bajo su dirección el sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales estaba integrado en su mayoría por exempleados de la misma Secretaría de Innovación de la Presidencia.

El resultado fue el colapso del sistema la noche del 4 de febrero de 2024. Esa noche, Villagrán salió en cadena junto a la magistrada presidenta a declarar que todo marchaba bien. Minutos después, el portal de resultados comenzó a arrojar cifras imposibles: con el 22 % de actas procesadas, los votos contabilizados proyectaban un universo de 5.9 millones de votantes, una cifra superior al padrón nacional completo. El sistema de transmisión falló. El de contingencia también. El país estuvo cuatro días sin resultados electorales oficiales para la presidencia y más de doce para la Asamblea Legislativa, lo que obligó al reconteo manual voto por voto de las papeletas legislativas.

Villagrán no volvió a dar la cara hasta una semana después del colapso, custodiado por policías y sin aceptar preguntas. 

La entonces magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez, sugirió en ese período que podría haber existido un «boicot interno», pero ni ella ni el TSE han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la República. Hasta la fecha, el tribunal no ha explicado qué falló y por qué.

Que Villagrán permanezca en su cargo, a pesar de la voluntad de la nueva presidenta del TSE de removerlo, es un dato que múltiples fuentes internas interpretan como señal de que su permanencia responde a una decisión tomada desde fuera del organismo electoral.

La pieza más valiosa: el registro de votantes

Si la trayectoria de Villagrán describe la puerta de entrada de CAPRES al corazón técnico del TSE, el perfil de Athalia Elizabeth Ganz Argueta plantea preguntas similares sobre el registro electoral: la nueva subdirectora de esa unidad es sobrina de Javier Argueta Gómez, quien fue asesor jurídico de Casa Presidencial y figura central en la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021.

Ganz Argueta, quien laboraba como técnica informática del Registro Electoral desde 2021, fue ascendida a subdirectora de esa unidad tras la renuncia de Xiomara del Carmen Avilés Lizama, quien se mantuvo en ese cargo durante al menos 26 años y lideró la organización de 14 jornadas electorales, desde 1996. 

La salida de Avilés, sin embargo, no fue voluntaria. El 15 de octubre de 2024, a las 5:00 de la tarde, personal del TSE se presentó en la Dirección de Registro Electoral con la instrucción de realizar un «inventario de auditoría de la Corte de Cuentas». Abrieron gavetas, retiraron documentos, decomisaron equipos y levantaron un acta de entrega. 

Avilés salió de la oficina que había ocupado por más de dos décadas escoltada por vigilantes, según extrabajadores del TSE. “La sacaron de su oficina y ellos mismos levantaron un acta de entrega”, comentó una de las fuentes.

Según publicó Diario El Mundo, la presidenta del TSE pidió al pleno que Ganz Argueta fuera nombrada como directora de Registro Electoral; sin embargo, su experiencia laboral y credenciales únicamente le permitieron alcanzar el cargo de subjefa, aclaró una fuente interna del tribunal a FOCOS. 

Ganz Argueta comenzó a trabajar en el TSE el 7 de junio de 2021 como técnica informática del Registro Electoral por parte del despacho del exmagistrado Rubén Meléndez.

FOCOS estableció, a través de documentos del registro civil, que Athalia Elizabeth Ganz Argueta es hija de Ana Elizabeth Argueta de Ganz, hermana de Francisco Javier Argueta Gómez, el exasesor jurídico de Nayib Bukele.

Javier Argueta fue uno de los principales arquitectos del desmontaje institucional en El Salvador. Diseñó la estrategia de Casa Presidencial para la destitución de la Sala de lo Constitucional en 2021 y el nombramiento de magistrados afines que, ese mismo año, dieron luz verde a la reelección de Bukele, en contra de lo que establece la Constitución.

El 3 de septiembre de 2021, la Sala ordenó al TSE permitir la postulación de un presidente para un segundo mandato consecutivo, cambiando la interpretación del artículo 152 que exigía dejar transcurrir un periodo de 10 años antes de volver a competir. 

Argueta se aseguró de que el tribunal cumpliría con esta resolución incluso antes de que fuera pública, según reveló la revista GatoEncerrado. 

Horas antes de que se publicara la resolución, el asesor de Nayib Bukele convocó a cuatro de los cinco magistrados propietarios del TSE a una reunión en Casa Presidencial para conocer qué pensaban los funcionarios sobre la resolución que la Sala recién impuesta acababa de emitir para habilitar la reelección, un fallo que aún no era público, pero que la Presidencia ya conocía. 

Cinco años después, su sobrina trabaja como subjefa del Registro Electoral, la columna vertebral de cualquier proceso electoral. Esta es la unidad encargada de depurar y auditar, con información del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y de las alcaldías, el padrón de ciudadanos habilitados para votar en cada circunscripción. 

Como subjefa de esta unidad, Ganz Argueta puede supervisar la actualización y depuración del registro electoral –el cual define quiénes podrán votar y dónde podrán hacerlo– y colaborar en otras áreas estratégicas, como la elaboración de listados para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

«Tener el control de estos datos es tener el control de la elección», señaló un técnico del TSE que fue desvinculado a finales de 2024.

Una de las fuentes internas del TSE consultadas por FOCOS advirtió, sin embargo, que el riesgo de manipulación del registro no proviene únicamente de la subdirección. El control más amplio sobre el organismo electoral, señalaron, se ejerce hoy desde la Asamblea Legislativa —dominada por Nuevas Ideas— incluso más que desde Casa Presidencial.

El Código Electoral no prohíbe la contratación de familiares de operadores políticos en el registro electoral; pero sí la de “cónyuges o parientes por adopción o dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con ninguno de los magistrados del TSE, presidente y vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea Legislativa”, así como titulares de la CSJ, FGR y procuradurías.

FOCOS buscó la versión de Argueta Gómez sobre los hechos descritos en esta investigación: su rol en la reunión del 3 de septiembre de 2021 con magistrados del TSE y su vínculo familiar con la actual subdirectora del Registro Electoral. Los cuestionarios fueron enviados mediante mensajes directos a su cuenta de X y a su teléfono personal. Argueta Gómez no respondió al cierre de esta publicación.

También se envió un cuestionario a la subjefa del registro a su correo institucional en el TSE para conocer su versión sobre su proceso de designación, su trayectoria profesional y su vínculo familiar con el exasesor jurídico de Casa Presidencial. No hubo respuesta.

El costo del vaciamiento técnico

El segundo gran pilar afectado por los cambios en el TSE es la Dirección de Organización Electoral (DOE), la unidad técnica responsable de la logística de los comicios: centros de votación, materiales, personal temporal y la capacitación de las Juntas Receptoras de Votos. 

Si bien la unidad existe aún en la jerarquía del TSE, su operatividad fue reducida al mínimo a finales de 2024, según múltiples fuentes internas del tribunal, tras la renuncia forzada del ingeniero José Roberto Gómez Cruz, uno de los técnicos más experimentados del ente. Gómez Cruz acumuló más de dos décadas de trayectoria en el TSE, según memorias de labores publicadas por el organismo. Lideró la planificación técnica e institucional del tribunal entre 1990 y 2011, año en que fue nombrado director de la DOE, y estuvo de forma continua al frente de la logística, distribución de paquetes, cartografía electoral y adecuación de centros de votación durante 13 años.

La decisión, nuevamente, fue tomada de facto por la presidenta Soriano con el apoyo de las magistradas Marroquín, Guandique y Paniagua. 

La DOE quedó vacía. Una fuente que pidió anonimato señaló que la mayoría de técnicos se acogieron a un retiro voluntario para lograr “llevarse algo” después de décadas de trabajo. Llegó un punto en diciembre de 2024 en el que solo dos personas llegaban a la sede de la Dirección de Organización Electoral, ubicada en el distrito de San Marcos, al sureste de San Salvador. 

La negativa del TSE a entregar información sobre la estructura de personal de la DOE impidió a este medio verificar de manera independiente el número exacto de trabajadores activos en cada dependencia. Las cifras que aparecen en esta investigación provienen de fuentes internas del tribunal que pidieron no ser identificadas.

De cara a las elecciones de 2027, la DOE está volviendo a reactivarse. El TSE ha incorporado personal en distintas áreas, principalmente mediante contratos temporales, y continúa publicando concursos públicos para buscar colaboradores administrativos, encargados de logística, auxiliares de actualización cartográfica, auxiliares de distrito, electricistas y técnicos informáticos. Estas contrataciones se hacen de forma unánime, ante la necesidad urgente de personal. 

Fuentes internas del tribunal describieron a este medio una situación que consideran de alto riesgo: las personas que sabían cómo hacer funcionar una elección —no solo lo que decían los manuales, sino la práctica acumulada en cada detalle logístico— se fueron con los despidos. “Lo que quedó escrito puede copiarse, pero lo que estaba en la cabeza de los técnicos, no. Ellos se lo llevan cuando se van”, aseguró un trabajador que continúa dentro del TSE, pero pidió no ser identificado para evitar represalias.

La misma preocupación alcanza al Registro Electoral y al área de capacitación, dos de las unidades que, según fuentes internas, quedaron más disminuidas en personal técnico con experiencia y que están incorporando nuevos empleados con el calendario electoral ya en marcha.

«Las áreas fundamentales para organizar una elección son la Unidad de Servicios Informáticos, la DOE y Capacitación Electoral», afirmó Malcolm Cartagena, exempleado del área de Capacitación Electoral del TSE y coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana.

 «La USI es trascendental porque diseña todo el sistema de transmisión de resultados. Capacitación porque es la que forma a las 80,000 o 90,000 juntas receptoras de voto: si no hay experiencia en la elaboración de materiales, en la pedagogía, en cómo dar las charlas, se va a capacitar mal a la gente. Y la DOE porque ahí se definen las rutas de entrega y recepción del paquete electoral, todo el armado, el traslado de materiales y la adecuación de los centros de votación. Todo esto falló en 2024 con gente con experiencia. No digamos ahora con gente sin experiencia al frente.»

La DOE también cuenta con un nuevo delegado: Romeo Auerbach. En mayo de 2026, La Prensa Gráfica reveló que el TSE acordó incorporar al exdiputado de GANA, partido que en 2019 prestó su estructura para que Nayib Bukele llegara a la presidencia. 

Auerbach ejerció como subdirector de Logística Electoral en el propio TSE antes de asumir su curul legislativa. Su contratación, sin embargo, presenta al menos dos problemas legales documentados. 

El primero: en 2022, Auerbach se acogió al decreto de retiro voluntario del TSE, norma que establece una prohibición de cinco años para reingresar a laborar en la institución —plazo que no se cumplirá hasta febrero de 2027, es decir, después de las elecciones generales. El segundo: el artículo 184 del Código Electoral prohíbe a los funcionarios y empleados públicos hacer propaganda política partidista o prevalerse de su cargo para ello. Auerbach, sin embargo, se ha desempeñado simultáneamente como comentador político en medios de comunicación y redes sociales, con posicionamientos sistemáticamente favorables a Nuevas Ideas.

Los registros públicos de sus cuentas en redes sociales y sus transmisiones en YouTube muestran que Auerbach ha continuado ejerciendo ese rol de forma activa ya como empleado del TSE. El 19 de junio de 2026, desde su cuenta de X, respondió a quienes denuncian condiciones desiguales para las próximas elecciones: “Dejen de andar chillando y hablando de que les van a hacer fraude. Mejor busquen con tiempo a los nueve mil vigilantes para las mesas”, escribió, refiriéndose a los partidos de oposición como “chiquitinada”. 

Mensaje a la Chiquitinada:

Dejen de andar chillando y hablando de que les van a hacer fraude

Mejor busquen con tiempo los nueve mil vigilantes para las mesas#Entrevista @LasCosaComoSon_ pic.twitter.com/xRTkWbRw4T

— Romeo Auerbach (@romeoauerbach) June 19, 2026

Cuatro días después, en una transmisión en vivo en su canal de YouTube, dedicó media hora a defender la gestión del Gobierno y a sugerir que los votos que aún obtienen ARENA y el FMLN provienen en su mayoría de familiares de pandilleros. “Entre pandilleros, colaboradores y familiares se calcula que hay 500,000 personas (…). Entre ARENA y FMLN sacaron 423,277 votos. Qué casualidad…”, afirmó. Auerbach no aclaró de dónde obtuvo el número de pandilleros activos e ignoró que, según la propaganda gubernamental, más de 92,000 personas han sido capturadas por supuestos vínculos con pandillas durante el régimen de excepción.

Fuentes internas del TSE confirmaron a FOCOS la contratación de Auerbach. El TSE también publicó una fotografía oficial del organismo en la que el exdiputado aparece participando en una prueba interna del sistema de transmisión de Juntas Receptoras de Votos, realizada el 25 de mayo de 2026 de cara a los comicios. 

La contratación de Auerbach no pasó inadvertida dentro de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE). Directores de varios partidos con representación en ese organismo cuestionaron formalmente su incorporación en una reunión con la magistrada presidenta. La respuesta de Soriano fue que Auerbach no ocupa un cargo directivo en la DOE y que fue contratado “por sus méritos”. Al cierre de esta investigación, Auerbach continúa en funciones.

FOCOS intentó contactar a Romeo Auerbach a través de mensajes a su teléfono personal para que explicara bajo qué fundamento legal fue autorizada su contratación y si considera que sus posturas políticas no afectan su investidura como funcionario del TSE. No se obtuvo respuesta.

Controlar a quienes fiscalizan: la JVE

El intento de Nuevas Ideas por controlar el proceso electoral no se limita al personal interno del TSE: también alcanzó a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), el organismo integrado por representantes de todos los partidos políticos activos, encargado de supervisar todas las actividades del tribunal, el registro electoral y la contratación de tecnología para la elección.

Según fuentes que conversaron con FOCOS, las decisiones al interior de la JVE se toman en bloque a favor de Nuevas Ideas, con el apoyo del Partido de Conciliación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fuerza Solidaria y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). 

Los principales partidos de oposición, ARENA y FMLN, tampoco tienen una postura que cuestione abiertamente al oficialismo, afirmaron.

En declaraciones previas a Diario El Salvador, el director propietario del FMLN en la JVE, Irvin Sorto, aseguró que existe “accesibilidad” en el organismo colegiado, y especialmente desde el despacho de Soriano. “La señora presidenta nos ha dado un trato muy especial y está respetando todo lo que la ley dice, y nos está dando participación para hacer la fiscalización en el país y afuera (…). Cuando usted deja los colores a un lado, todo sale súper bien”, indicó Sorto.

En la misma publicación del medio de Casa Presidencial, el director de la JVE por ARENA, Selim Alabi, afirmó que la JVE desarrolla un trabajo “coordinado y articulado” con la presidencia del TSE. 

Consultado al respecto por FOCOS, Alabi matizó esa valoración: reconoció que la JVE ha recibido equipo informático y que existe disposición del tribunal para reunirse, pero admitió que “actualmente la Junta de Vigilancia Electoral no cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros suficientes para desarrollar plenamente la función fiscalización que le asigna la ley”.

La principal limitación, dijo, es la falta de recursos para contratar personal especializado y realizar “auditorías informáticas independientes sobre los diferentes componentes del proceso electoral”.

Dos fuentes de la JVE coincidieron en que el organismo colegiado no garantiza todas las condiciones para que los partidos puedan ejercer su fiscalización. “Hay equipo informático para la JVE que está desde 2002. Desde esas computadoras no puede hacerse nada”, indicó una fuente que pidió anonimato por temor a represalias.

Para mejorar sus condiciones, la JVE pidió al pleno un refuerzo presupuestario de $633,172.69, según publicó La Prensa Gráfica. Sin embargo, el organismo colegiado le solicitó disminuir el requerimiento a cambio de otorgar equipos que el TSE ya no utilizará en otras dependencias, puesto que la institución planea renovar todo su inventario. A cambio, la JVE pedirá solo $531,805 adicionales para llevar a cabo sus operaciones hasta diciembre.

El organismo colegiado también ha tratado de intervenir en la contratación de los delegados partidarios de la JVE, según relataron fuentes internas de la junta.

El 20 de febrero de 2026, la JVE fue convocada a una reunión donde la presidenta Soriano expuso un acuerdo —ya firmado con el resto de magistradas— para que fuera el organismo quien contratara directamente a los delegados electorales de cada partido. Esos delegados son, por definición, personas de confianza de cada organización política, designadas para fiscalizar el proceso desde adentro. 

“Lo que nos dijeron fue que se hará a través de una plataforma pública, para garantizar transparencia. Lo pintaron como un avance tecnológico, algo muy bonito y novedoso; pero en el fondo, busca quitar la atribución para contratar a personal de confianza de todos los partidos”, aseguró una fuente, en condición de anonimato.

Otra fuente agregó que la contratación de delegados de la JVE, quienes tienen a su cargo apoyar las labores de fiscalización de los partidos, “siempre ha sido directamente desde los partidos políticos”. “Es para asegurarse de tener ojos en todo el proceso”, explicó.

El representante de ARENA ante la JVE confirmó la presentación de una plataforma administrada por el tribunal para contratar a delegados de partidos desde el organismo colegiado. “Manifesté de forma expresa que el personal técnico que realiza funciones de fiscalización para la Junta debe ser seleccionado por la propia Junta”, dijo. Según Alabi, su posición –respaldada el del resto de partidos opositores– fue acatada y los delegados de la JVE quedaron excluidos del sistema del TSE.

Sin embargo, el propio Alabi reconoció que el organismo colegiado delegó en la presidenta Soriano la facultad de efectuar contrataciones institucionales, y que “existen comentarios y percepciones dentro del ámbito político y del propio Tribunal respecto de que el personal contratado mantiene vínculos o afinidad con el partido oficialista”.

“Si esas percepciones llegaran a confirmarse”, advirtió, “ello podría debilitar el principio de control interpartidario que caracteriza nuestro sistema electoral”.

FOCOS buscó la postura de los representantes de los principales partidos de oposición, ARENA y FMLN, sobre los hechos documentados en esta sección. Ninguno respondió. Una solicitud de entrevista enviada a Manuel Flores, secretario general del FMLN, fue recibida por la unidad de comunicaciones del partido, pero se aclaró que no habría postura oficial debido a que se encontraba enfermo. Al solicitar una declaración de la Comisión Política del partido, la respuesta fue que el único habilitado para sentar postura es Flores. 

Carlos García Saade, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), tampoco respondió. A través de su asistente, indicó que no tenía disponibilidad para atender entrevistas debido a que se encuentra de lleno en la organización de las elecciones internas del partido.

El TSE que viene: sin partidos y sin control

Lo que está en juego en 2027 no es una elección ordinaria. El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas constitucionales que rediseñan las reglas del juego electoral a medida del partido en el poder. 

Las reformas habilitaron la reelección presidencial consecutiva e indefinida, ampliaron el mandato presidencial de cinco a seis años, unificaron el calendario electoral para que los comicios presidenciales, legislativos y municipales coincidan desde 2027, y eliminaron el requisito de segunda vuelta, permitiendo ganar la presidencia con mayoría simple.

El efecto combinado es claro: Nayib Bukele puede competir en febrero de 2027, ganar con pluralidad de votos sin necesidad de segunda vuelta y mantenerse en el poder hasta 2033. Si compite de nuevo en 2033 y gana, podría continuar hasta 2039. No hay techo constitucional.

Ese es el proceso que supervisará el TSE que hoy gobierna Roxana Soriano, un organismo en el que las decisiones se toman en el décimo piso antes de bajar al pleno, en el que la unidad que organiza las elecciones ha sido vaciada y en el que el registro de votantes quedó bajo el control de alguien del entorno directo del ex asesor jurídico de Casa Presidencial.

Es, además, la última elección que hará un TSE conformado según el diseño constitucional que dejaron los Acuerdos de Paz. 

El 30 de abril de 2026, la Asamblea Legislativa reformó de manera exprés el artículo 208 de la Constitución, el que define cómo se elige a los magistrados del organismo electoral. La iniciativa la presentó Ernesto Castro, presidente del Legislativo, con el argumento de «homologar» la elección del TSE con la de otras instituciones de segundo grado, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.

Lo que la reforma hace en la práctica es distinto: elimina el derecho de los partidos políticos a proponer tres de los cinco magistrados del TSE. Hasta ahora, esa facultad garantizaba que las fuerzas en competencia tuvieran voz en la composición del árbitro que las iba a juzgar. 

Con el nuevo texto constitucional, los tres magistrados que antes proponían los partidos serán elegidos directamente por la Asamblea Legislativa a partir de candidatos que presenten sus atestados ante ese mismo órgano. Los dos restantes seguirán siendo propuestos por la Corte Suprema de Justicia, también intervenida desde el 1 de mayo de 2021.

Durante la plenaria, el diputado de Nuevas Ideas Caleb Navarro defendió la reforma argumentando que el sistema anterior era un «reparto de cuotas» en el que los partidos podían imponer a candidatos que «ni siquiera conocían la ley electoral». El argumento omite lo evidente: que la participación de los partidos en la composición del árbitro no era una anomalía del sistema sino su razón de ser.

Malcolm Cartagena, quien desde organizaciones de la sociedad civil ha promovido durante años la despartidización del TSE, estableció una distinción que el argumento oficialista no hace: «Lo que se ha promovido es que el tribunal no responda a intereses de un partido político, no que los partidos no puedan tener representantes en la institución”, señaló.

Hay ejemplos en América Latina de organismos electorales integrados por personeros propuestos por los partidos que funcionan con independencia y buena calificación, como en Uruguay, indicó. Pero lo que está ocurriendo en El Salvador “no es una despartidización, es una partidización a un solo lado”. 

“En un contexto en que el Ejecutivo controla todas las entidades del Estado y no hay balance de poder, quitarles a los partidos la opción de participar en el TSE simplemente refuerza el autoritarismo”, aseguró.

La reforma aplica a partir de 2027, cuando concluyen las funciones de los magistrados actuales, entre ellos Soriano, cuyo periodo fue recortado por las mismas reformas constitucionales de julio de 2025 que adelantaron las elecciones presidenciales y ampliaron el mandato a seis años. 

El TSE que organice las elecciones en las que Bukele busque su siguiente mandato será elegido por la misma Asamblea que aprobó su reelección indefinida.