A 16 meses de terminar su gobierno, Arévalo no cumple su promesa de traer de vuelta a los exiliados de Guatemala

Cuando Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala en enero de 2024, prometió crear las condiciones para que los guatemaltecos exiliados por buscar la justicia, defender derechos o hacer periodismo pudieran regresar al país. Dos años y medio después, con apenas 16 meses restantes de gobierno, esta promesa sigue sin materializarse, de acuerdo con un informe presentado el 14 de agosto al propio presidente. 

Más de un centenar de personas —jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y estudiantes— han salido de Guatemala en los últimos 11 años huyendo de procesos judiciales espurios, según reveló el informe titulado “La verdad del exilio: ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala”.

El documento fue elaborado por un equipo independiente liderado por el investigador Carlos Martín Beristain junto a Sonja Perkič-Krempl, Kelsey Alford-Jones y Liliana Rincón, con el apoyo institucional de Casa Centroamérica. 

El informe cubre el periodo de 2014 a 2025, periodo en el que al menos 104 personas salieron forzosamente del país. El punto de partida es la salida al exilio de Claudia Paz y Paz, entonces fiscal general, en 2014; mientras que en 2019 se documentó un segundo quiebre: la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ocasionó la expulsión masiva de fiscales y trabajadores judiciales.

En 2023 se registró el mayor número de exilios: 40 personas vinculadas directamente con la cooptación institucional y el debilitamiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción y la impunidad. Al año siguiente, con la llegada de Arévalo al poder, la cifra bajó; pero los casos persistieron y ya no se limitaron a operadores de justicia. Alcanzaron también a periodistas, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas y estudiantes universitarios.

Una promesa que se queda sin tiempo

Al recibir el informe, Arévalo reconoció la deuda del Estado con quienes han sufrido persecución y exilio por defender la justicia y la democracia, y se refirió a sí mismo como “hijo del exilio”, en alusión a los cerca de 20 años que su familia vivió fuera de Guatemala por razones políticas. Además, anunció la creación de un mecanismo interinstitucional para dar atención y acompañamiento a las personas guatemaltecas en el exilio, y para establecer las condiciones de un eventual retorno seguro y digno. 

El plan que describió se organiza en tres líneas de trabajo: coordinar con el Ministerio Público y otras instituciones para reducir la instrumentalización de la justicia y garantizar información clara sobre la situación jurídica de cada persona exiliada; fortalecer los mecanismos de atención para prevenir nuevos casos de persecución; y construir el propio mecanismo de acompañamiento, coordinado desde la Presidencia.

Advirtió, sin embargo, que reconstruir la confianza en las instituciones de justicia tomará tiempo y requerirá acciones sostenidas más allá de su propio gobierno. 

Nada de esto se trata de una promesa nueva. Desde su campaña electoral, Arévalo ofreció apoyo a las personas exiliadas y, ya como presidente, reiteró desde el inicio de su mandato que su gobierno trabajaría para crear las condiciones que permitan a las personas exiliadas y criminalizadas retornar a Guatemala. Pero a 16 meses de terminar su gobierno, aún no hay garantías suficientes para el regreso, según voces retomadas por el informe y guatemaltecos en el exilio consultados por FOCOS.

El informe reconoce que ha habido gestos concretos para crear las condiciones de retorno: el nombramiento de una persona responsable de los asuntos del exilio, facilitación de trámites de documentación —como pasaportes— y atención de casos graves de salud a través de la Cancillería. También se aprobó una “Política Pública para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035”, que busca trascender los esfuerzos de la administración de Arévalo.

Sin embargo, los exiliados marcan la distancia entre estos gestos y una política real de retorno desde el Ejecutivo, y reclaman a Arévalo una postura más firme en contra de estructuras que sostienen la persecución.

“No nos han escuchado lo suficiente, a pesar de que el propio Bernardo (Arévalo) dijo que nos iba a apoyar cuando él estaba en campaña. Y entonces podría ser darnos un poco de visibilidad y que ellos tengan conciencia de que no estamos nosotros aquí exiliados en un exilio de oro, como dice mucha gente”, indica uno de los testimonios del informe.

Aunque el documento reconoce las limitaciones estructurales de Arévalo, las fuentes consultadas por el informe señalan que el principal obstáculo ya fue superado: Consuelo Porras, la exfiscal general señalada por decenas de casos de criminalización, finalmente salió del Ministerio Público (MP). 

«Ahora que ya salió Consuelo Porras al frente del MP, no deberían existir excusas para el gobierno para incrementar sus fortalezas y planes para garantizar seguridad a las personas que tengan las condiciones de regresar», dijo a FOCOS el exfiscal y exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Para Sandoval, el problema no es solo la voluntad del nuevo fiscal, Gabriel García Luna, sino la ausencia de una política de Estado. «No debe abordarse solo caso por caso, sino que debe ser una medida más integral», señaló. 

Además, llamó al Ejecutivo a coordinar formalmente con el MP en materia de derechos humanos y compromisos internacionales. “Los casos han sido construidos bajo premisas falsas. Material probatorio falso, en ese sentido, la propia ley da salidas cuando no hay características de ilicitud”, dijo.

FOCOS buscó a la Presidencia de la República para conocer su versión sobre estos señalamientos, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

El costo de esperar

Mientras el gobierno posterga una política concreta de retorno, quienes siguen en el exilio enfrentan lo que el informe describe como “muerte civil”: la pérdida de círculos cercanos, trabajo, ingresos, reputación y años —a veces décadas— de trayectoria profesional construida en Guatemala.

Plutarco de León es uno de esos casos. Denunció el fraude en la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos y, como consecuencia, enfrenta una orden de captura en su contra. Desde el exilio, describe los acercamientos del Ejecutivo con la comunidad exiliada como “tardíos” e “insuficientes” frente al poco tiempo que le queda al gobierno. 

“Va muy lento. Eso no es alentador porque nos manda a pensar que se irán estos 15 meses sin lograr que quienes tenemos casos penales y órdenes de captura veamos aún lejos el retorno”, afirma. 

De León pide algo concreto: que el MP reconozca públicamente que el caso de la USAC en su contra no tiene sustento probatorio, y que esa declaración se extienda a otras personas señaladas en el mismo proceso. Con esta declaración, dice, se lograría presionar al sector justicia para dar por culminada la persecución penal en contra de él y otras personas procesadas en este caso. 

“El MP tiene un papel importante, también la Procuraduría General de la Nación. Deben tomar las acciones necesarias, no solo para dilucidar que el caso es espurio, sino para señalar a quienes nos persiguieron y buscaron callar nuestras voces. Eso incluye a Walter Mazariegos, quien me llevó a mí al exilio”, dijo. 

La espera para volver a Guatemala tiene un costo alto para las personas exiliadas. Más de la mitad de los casos analizados en el informe obtuvieron reconocimiento como refugiado o algún tipo de protección internacional, pero incluso en esos casos hubo personas que esperaron meses para conseguir permiso de trabajo, o enfrentaron complicaciones en trámites para homologar títulos y ejercer su profesión.

Todos estos aspectos llevaron a afectaciones psicológicas, a la pérdida de la identidad profesional y mantienen la incertidumbre sobre el retorno a Guatemala. 

“El coste físico y emocional del exilio puede verse en problemas de salud que muchas veces tenían anteriormente, agravados por las dificultades del exilio y el estrés de la persecución”, explicó Carlos Martín Beristain, autor del informe. 

La mayor parte de las personas entrevistadas dijeron haber sufrido un fuerte malestar emocional, “incluso episodios depresivos, problemas de insomnio, con fuertes reacciones de ansiedad, rabia o culpa, incluso en ocasiones ataques de pánico”, añadió.

Once años de exilio: el quiebre de la CICIG y el pico de 2023

La salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019 es uno de los eventos más relevantes para entender el exilio en Guatemala, según destaca el informe. Ese año se vio marcado por un aumento en la persecución, las detenciones y el exilio.

Tras la expulsión de la CICIG, durante el gobierno de Jimmy Morales, varios fiscales y trabajadores del sistema judicial guatemalteco —y del propio organismo internacional— fueron perseguidos por su participación en investigaciones de corrupción que involucraban a empresarios y políticos. Del total de 100 personas entrevistadas para el informe, un 31% trabajó en el MP y el sistema judicial, y un 10% estuvo vinculado a la CICIG.

Este evento, pese a ser un punto de quiebre institucional clave, no es el momento en que más personas salieron al exilio. El informe documenta que, antes de partir, quienes hoy están exiliados atravesaron criminalización, amenazas, detención arbitraria y otras formas de persecución, ejercidas tanto desde instituciones públicas como a través de redes sociales, medios de comunicación y otros espacios institucionales. 

Fue hasta 2023 cuando se registró el mayor número de exilios, según el informe. Al menos 40 personas fueron vinculadas directamente con casos espurios y tuvieron que salir al exilio, en medio de una creciente cooptación institucional y el debilitamiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción y la impunidad. 

Aunque en 2024 la cifra bajó, las causas penales y amenazas persistieron, y ya no se limitaron a operadores de justicia. El exilio alcanzó a periodistas, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios. 

Así se construyó la criminalización

El informe documenta seis patrones que se repiten en los procesos de criminalización contra las personas ahora exiliadas, concentrados especialmente durante los ocho años en que Consuelo Porras encabezó el MP.

Todo comenzaba con denuncias penales por hechos que no constituían delito, muchas veces varias denuncias distintas contra una misma persona, que luego eran judicializadas con rapidez inusual por fiscales cercanos a Porras asignados para agilizar los procesos. A la par, se restringía el acceso a los expedientes y se recurría a figuras jurídicas como asociación ilícita o terrorismo, o a acusaciones genéricas de abuso de autoridad, mientras los procesos avanzaban bajo reserva y con audiencias suspendidas o reprogramadas una y otra vez. La prisión preventiva también se usó de forma extensiva como mecanismo de presión, y en paralelo —según los testimonios recogidos— hubo ciberacoso, amenazas y filtraciones, en algunos casos coordinados con actores del propio sistema de justicia.

Uno de los casos más citados es el del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien pasó más de mil días en prisión preventiva tras ser involucrado en un proceso judicial impulsado por el MP de Consuelo Porras. 

Zamora permanece a la espera del avance de los procesos en tribunales y, aunque está fuera de prisión, denuncia constantemente el ataque a su integridad por la lentitud de los casos y porque el sistema judicial aún vulnera sus derechos humanos. 

Tras su captura, elPeriódico cerró por asfixia económica y varios de sus periodistas y columnistas salieron también al exilio, al quedar ellos mismos señalados por el MP.

La exfiscal general Claudia Paz y Paz, exiliada desde 2014, aseguró que la revisión de casos espurios debe ir acompañada de medidas de seguridad para las víctimas de criminalización; pero advierte que el problema no se limita al MP: hay jueces que participaron en procesos de criminalización y que, dice, no deberían seguir conociendo esos mismos casos. 

Para la exfiscal, corresponde a la Corte Suprema de Justicia garantizar que jueces independientes los revisen. «El sistema de justicia en su conjunto tiene que trabajar para cerrar todos estos casos espurios», afirmó.

Cinco pasos para el retorno seguro

El informe plantea que un retorno voluntario, seguro y digno solo es posible si se desmantela la maquinaria de persecución que obligó a salir a estas personas, y propone una estrategia que combina varios frentes. 

El primero es la descriminalización legal: crear una unidad o fiscalía especial dentro del MP para revisar expedientes y desestimar denuncias infundadas, anular órdenes de captura y estados de rebeldía, levantar la reserva judicial y gestionar la suspensión de alertas rojas de Interpol y alertas migratorias derivadas de la persecución política. A eso se suma un eje de reconocimiento público y dignificación, que incluiría un acto oficial de desagravio del Estado y un cambio de narrativa institucional que revierta el estigma de «criminales» sobre quienes fueron perseguidos.

El informe también recomienda que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) cree un mecanismo de atención específico, con un protocolo de retorno seguro que contemple análisis de riesgo individual antes del viaje y monitoreo de organismos como ACNUR y la CIDH. 

En materia de reinserción y reparación, plantea reincorporación laboral en el sector público, un fondo de compensación por los años laborales perdidos, continuidad de aportes a la pensión y al Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), y acceso a salud mental y becas de estudio para los exiliados y sus familias. Y como cierre, propone reformas estructurales de no repetición: depurar a los funcionarios responsables de fabricar casos y avanzar en una reforma judicial que impida que el sistema vuelva a usarse contra voces críticas.

Para Gabriel Wer, director de Casa Centroamérica, la responsabilidad de traducir este diagnóstico en resultados recae no solo en el Ejecutivo. “Corresponde ahora al Estado, a sus tres poderes y a todas sus instituciones, traducir sus hallazgos en acciones: avanzar en la descriminalización, garantizar derechos, reconstruir la confianza y crear las condiciones para que nadie tenga que abandonar Guatemala por defender la justicia y la democracia, y para que quienes deseen regresar puedan hacerlo con libertad, dignidad y seguridad”, dijo.