“Tenemos miedo”: la incertidumbre del TPS golpea a los salvadoreños en EE. UU.
23 de septiembre de 2026
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“Tenemos miedo”: la incertidumbre del TPS golpea a los salvadoreños en EE. UU.
El plazo legal para que Estados Unidos decidiera sobre el futuro del TPS para El Salvador venció el 9 de septiembre sin una resolución. FOCOS conversó con beneficiarios del programa y con expertos que han documentado cómo la decisión de la administración Trump de dejar en suspenso el TPS para más de 170.000 salvadoreños ya provoca temor en las familias, despidos, documentos vencidos y el riesgo real de una detención.
Lucía llegó a Estados Unidos hace 24 años, meses después de que dos terremotos dejaran a El Salvador sumergido en una crisis social y económica, sin condiciones para imaginarse un futuro. Por eso llegó a trabajar sin parar. Conoció a su esposo, y juntos construyeron una vida juntos: consiguieron una casa, montaron un taller automotriz, y tuvieron dos hijos de 21 y 17 años, ambos nacidos en ese país que ahora llaman hogar. Todo esto, dice, se lo debe al Estatus de Protección Temporal (TPS). Desde el 9 de septiembre pasado, Lucía no sabe si va a poder seguir en Estados Unidos de manera legal. Lucía tampoco es su nombre: pidió anonimato por temor a ser identificada, arrestada y devuelta a El Salvador por agentes de inmigración.
Ese día venció la prórroga legal del TPS para cerca de 170,000 salvadoreños, y tanto Washington como el gobierno salvadoreño han guardado silencio. La Ley de Inmigración y Nacionalidad obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a evaluar, con al menos 60 días de anticipación, si debe prorrogar o cancelar el TPS de un país. Ese plazo se cumplió sin una resolución pública.
La incertidumbre sobre la continuidad del programa también ha generado confusión entre las agencias federales que proveen servicios públicos en Estados Unidos, y expone a los tepesianos al riesgo de ser arrestados y deportados. Así lo asegura Yanira Arias, organizadora comunitaria de Alianza Américas y ella misma beneficiaria del TPS desde hace 25 años. Es, asegura, la primera vez que ve algo así.
“Al no haber proveído esa información, la administración Trump ha causado una confusión grande (…) porque las agencias entienden que ahí dice que esta persona sigue protegida y su permiso de trabajo está vigente, pero no se provee una guía específica para asistirle”, explicó Arias en una entrevista para FOCOS.
El riesgo no es abstracto. Abel Núñez, del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), alerta que miles de familias con hijos nacidos en Estados Unidos hoy se enfrentan a la posibilidad de tener que dejarlos atrás. Según datos de la Alianza Nacional por el TPS, más de 150,000 niñas y niños ciudadanos estadounidenses dependen del trabajo de sus padres beneficiarios del TPS.
Lucía y su familia tienen miedo. De un momento a otro, sus hábitos de vida cambiaron: asesorías legales con abogados, comunicación constante entre ellos para reportarse en el grupo de WhatsApp de la familia, restricciones de gastos y prioridad en el ahorro, soluciones para trasladarse a su lugar de trabajo. De ser migrantes con plenos derechos, ahora se sienten ajenos y amenazados en ese mismo país que les ayudó a crecer. El más afectado, cuenta Lucía, es su hijo menor.
“Mis hijos se preocupan. El menor ha llegado a un punto en el que hasta ha llorado y me dice: ‘¿Qué voy a hacer si ustedes ya no están aquí? Acá están mis amigos, mi escuela.’ Ver la situación de nuestros hijos, particularmente la del menor, lo mueve a uno, como padre, a preguntarse: ¿qué está pasando? Esta incertidumbre sobre lo que pueda pasar ha afectado mucho a nuestros hijos», dice Lucía.
El TPS para El Salvador fue designado en marzo de 2001, bajo la administración del republicano George W. Bush, tras los terremotos que azotaron el país entre enero y febrero de ese año. Desde 2001 hasta 2018, el TPS fue renovado por gobiernos demócratas y republicanos de manera consecutiva, sin interrupción. Un intento de cancelarlo en 2018, durante el primer mandato de Trump, fue frenado por una medida cautelar judicial. La última prórroga, vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, se firmó en enero de 2025, tres días antes de que Biden dejara la Casa Blanca.
Desde su regreso al poder, Donald Trump ha impulsado una cruzada contra la población migrante en Estados Unidos. Diversas organizaciones como Human Rights Watch, documentan que las redadas masivas y el uso desmedido de la fuerza por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han perpetrado violaciones de derechos humanos. En este contexto hostil contra los migrantes, se han revocado de manera efectiva el TPS en 11 de los 17 países beneficiarios de esta protección, incluidos Honduras, Nicaragua y Venezuela.
El caso salvadoreño quedó como una excepción sin resolver. Hasta ahora, la administración Trump ha evitado publicar una postura formal y vinculante sobre el TPS para El Salvador, limitándose a aclaraciones informales de USCIS que no garantizan la extensión o la terminación del estatus.
Horas antes de que venciera la prórroga, Tom Homan, uno de los funcionarios de mayor rango en la política migratoria de Trump y conocido como el “zar de la frontera”, aseguró que las condiciones de vida en El Salvador son mejores desde que Bukele está en el poder.
«El TPS, el estatus de protección temporal, significa que es temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá», aseguró en una rueda de prensa. Más de 270 organizaciones sociales y líderes religiosos han matizado esa afirmación, señalando que en El Salvador persisten condiciones de inestabilidad que no garantizan seguridad para el retorno de los migrantes.
De migrantes protegidos al riesgo de ser deportados
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) actualizó una alerta breve en su sitio web que prolonga el suspenso sobre el estatus migratorio de miles de familias: “Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga ese anuncio, las personas salvadoreñas presentes en los Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo.»
Desde que USCIS actualizó su alerta, muchos tepesianos han descubierto que ese documento no les sirve para nada en lo práctico. Lucía lo intentó. Fue a renovar su licencia de conducir con la alerta de USCIS como respaldo. No fue suficiente. «Esperan otra prueba», dice.
«Si no tienes el TPS vigente, no te pueden renovar la licencia. El problema es que si te encuentran manejando sin tu documento, te puedes meter en problemas legales. Es un asunto muy grave lo que estamos pasando en este momento», dice Lucía, que ya tuvo que rediseñar cómo su familia se mueve por la ciudad. No es un temor hipotético. Asegura que dos empleados de su taller automotriz fueron detenidos recientemente por conducir sin ese mismo documento que hoy a ella también le niegan.
Especialistas aseguran que este anuncio no es una comunicación oficial sobre la continuidad del programa y, por el contrario, abre un vacío legal que ya está provocando afectaciones directas en la vida de los beneficiarios salvadoreños en Estados Unidos.
Arias confirma que el patrón se repite en todo el país, y ya han registrado denuncias de salvadoreños que se han visto con el problema de que las oficinas a cargo de emitir sus permisos de conducir no reconocen como oficial la alerta del USCIS, privando a los migrantes de su derecho a un documento de identidad oficial.
Para un migrante en Estados Unidos, conducir con una licencia vencida es motivo suficiente para que un agente de tránsito lo detenga y lo entregue a una autoridad migratoria. “No solo por manejar con una licencia vencida, sino porque la principal estrategia de arrestos de personas inmigrantes en este momento es por el incumplimiento de las normas de tránsito”, advierte Arias.
En la casa de Lucía, este ha sido un tema de conversación recurrente con sus hijos. La estrategia es contención. “Mantenernos unidos, en comunicación y saber dónde estamos. Que no nos tome por sorpresa. Es una situación bastante difícil, la verdad”, asegura.
Pero la incertidumbre para los tepesianos no es reciente. Arias asegura que desde marzo de 2026, seis meses antes de que venciera la prórroga vigente del TPS, los migrantes ya enfrentaban dificultades que ponían en riesgo su estabilidad y calidad de vida en Estados Unidos, en particular en sus finanzas.
La vocera de Alianza Américas explica que la falta de claridad sobre la vigencia del TPS en los últimos meses provocó precariedad laboral para muchos tepesianos. Algunos, comenta, perdieron su empleo y volvieron a encontrar trabajo meses después. Esto generó inestabilidad en sus ingresos y en sus proyectos de vida en EE. UU.
“Muchas personas terminaron viviendo en sus vehículos, porque no lograron mantener un ingreso que les permitiera pagar la renta —para quienes no son dueños de vivienda, que es la mayoría”, explica Arias.
El aporte económico de los tepesianos no es menor: según la Alianza Nacional por el TPS, más de 152,000 beneficiarios aportan $5,400 millones al año a la economía estadounidense, de los cuales se estima que $1,500 millones vuelven al fisco en impuestos federales, estatales y locales.
Ese mismo dinero, cuando cruza la frontera hacia El Salvador, también se está reduciendo. Lucía y su esposo tuvieron que despedir personal del taller y recortar en un 40% las remesas mensuales que envían a su familia en El Salvador. “Conversamos con nuestros hijos y les hemos dicho que estamos en modo ahorro. Antes salíamos de vacaciones; ahora ya no. Podíamos darnos algún gustito, ahora ya no. Tratar de ser conscientes del lugar en el que estamos. Somos gente que no va a caer. Vamos a buscar alternativas”, afirma.
Pero este no es un caso aislado: El Salvador recibió $5,060 millones en remesas durante el primer semestre de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR), pero solo en junio el monto cayó $72 millones respecto al mes anterior.
A esa presión se suma otra, reportada por Telemundo 44 a mediados de septiembre: salvadoreños beneficiarios del TPS en el área de Washington, DC recibieron notificaciones de la Administración del Seguro Social sobre la posible suspensión de sus pagos. El argumento de la entidad federal, según lo comunicó el medio, es que “para recibir beneficios, debes ser ciudadano de los Estados Unidos o estar presente legalmente en el país”.
El silencio de Bukele con los tepesianos
El 16 de julio, tres días después de que Nayib Bukele hiciera pública su intención de buscar un tercer mandato presidencial inconstitucional en El Salvador — y ya vencido el plazo de 60 días para que la administración Trump confirmara la continuidad o cancelación del TPS—, ambos presidentes se reunieron por segunda vez en el Despacho Oval. Ninguno de los dos gobiernos informó sobre qué se habló.
Ese silencio se ha prolongado durante meses, hasta hoy, alimentando la incertidumbre de los beneficiarios del TPS sobre su futuro y sobre las acciones diplomáticas que impulsa el gobierno de su país para garantizar su protección en EE. UU.
El 9 de septiembre, ni Bukele ni la embajadora en Washington, Milena Mayorga, ni la canciller, Alexandra Hill, publicaron un comunicado de apoyo o palabras de aliento en sus canales oficiales que permitiera reducir la incertidumbre de los más de 170.000 beneficiarios del TPS y sus familias. Por el contrario, en los días siguientes al vencimiento oficial del Estatus de Protección, la conversación promovida por estos funcionarios omitió completamente el tema de su agenda pública. A pesar de ser, en principio, un tema prioritario de la política exterior con Washington.
En mayo de 2026, la Asamblea Legislativa dominada por Bukele ratificó una reforma constitucional exprés que creó una circunscripción electoral especial para los salvadoreños residentes en el exterior. A partir de esta enmienda, se eliminaron cinco diputados a San Salvador y uno a La Libertad para trasladarlos a la nueva unidad electoral para la diáspora. Esta nueva regla, aprobada a pocos meses de la próxima elección general, fue justificada por los diputados de Nuevas Ideas como un acto que daba “representación a la diáspora salvadoreña”, “devolvía la voz a quienes nunca debieron perderla” y “corregía una omisión histórica respecto a los derechos políticos de la diáspora”.
Pero a pesar de toda esa proyección, hasta este momento, no ha habido un pronunciamiento oficial conjunto de los diputados oficialistas exigiendo certidumbre al gobierno estadounidense para los cientos de miles de migrantes con TPS.
La única voz oficialista sobre el tema fue la del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, consultado por La Prensa Gráfica: “La mayoría de los salvadoreños acompañamos (sic) la alegría que seguramente tienen los tepesianos en estos momentos. Ese permiso temporal que el gobierno de los Estados Unidos les ha dado, hoy por hoy, les permite contar con más tiempo para que nuestros hermanos tepesianos logren ver qué pueden lograr para regularizar ese estatus que tienen”.
Lucía no lo ve como acompañamiento. «Me parece que hizo falta. Pudieron haber hecho algo más porque somos el grupo de salvadoreños que levanta de alguna manera la economía de nuestro país con las remesas familiares. Pienso que se pudo haber hecho más durante la visita de las autoridades salvadoreñas aquí, en Estados Unidos», dice, sin ocultar su resignación.
Yanira y Lucía, como otros miles de tepesianos salvadoreños, ven una historia diferente a la expresada en San Salvador. Coinciden en que, en los 25 años del TPS, la ley siempre garantizó que un beneficiario no puede ser detenido ni deportado mientras mantuviera su estatus vigente. El 9 de septiembre esto terminó. Y mientras el DHS decide en qué momento considera «oportuno» anunciar la decisión, Lucía sigue viviendo con la maleta hecha en la cabeza. Aunque nadie en Washington y en El Salvador lo llame por su nombre.
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