Procuradora ignora los llamados de la CIDH para responder por el abandono a las víctimas del régimen
05 de noviembre de 2026
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Procuradora ignora los llamados de la CIDH para responder por el abandono a las víctimas del régimen
La procuradora Raquel Caballero de Guevara no llegó a la audiencia de la CIDH en la que debía dar cuentas sobre sus acciones por las denuncias de violaciones a derechos humanos del régimen. La institución dejó de responder llamados e invitaciones de la Comisión desde junio pasado, mientras ignora más de 2,000 denuncias de violaciones a derechos humanos que figuran en sus propios registros. Tampoco hay respuesta para trabajadores de salud despedidos, familias desalojadas ni defensores perseguidos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dejó de respaldar a las víctimas. Así lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá. La titular de la institución, Raquel Caballero de Guevara, fue señalada de abandonar a las víctimas del régimen de excepción, ignorar las violaciones cometidas en las cárceles y convertirse, por omisión, en cómplice de los abusos del Gobierno de Nayib Bukele.
La procuradora Raquel Caballero no se presentó a la audiencia convocada el 26 de octubre para examinar las acciones de la PDDH. Tampoco acudió ningún representante del Estado salvadoreño para responder a los señalamientos de violaciones a derechos humanos en ninguna de las dos audiencias programadas para ese día.
La ausencia del Estado salvadoreño y de la PDDH no pasó desapercibida por los relatores y secretarios de la CIDH. Andrea Pochak, relatora para la Memoria, Verdad y Justicia, dijo que la PDDH ha dejado de responder a invitaciones de la Comisión, como la audiencia pública celebrada en octubre y la reunión anual del 8 de junio de 2026.
La PDDH es el principal punto de contacto de la CIDH con El Salvador desde 2018, indicó. Ese año, la PDDH —bajo la primera gestión de Raquel Caballero— suscribió un Convenio de Cooperación con la CIDH para recibir asistencia técnica y promover los estándares del Sistema Interamericano en el territorio salvadoreño.
“Su cooperación había sido muy efectiva en este marco”, indicó Pochak. Hasta hoy.
La institución, que nació de los Acuerdos de Paz como un contrapeso frente a los abusos del poder estatal, tiene como función recibir denuncias, investigar violaciones a derechos humanos, acompañar a las víctimas y exigir responsabilidad a las autoridades. Sin embargo, organizaciones sostienen que la institución ha dejado de cumplir ese papel.
David Morales, abogado de Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos entre 2013 y 2016, aseguró que la institución “abandonó progresivamente su misión”. Esa renuncia, dijo, se hizo más evidente desde marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción.
«Lamentablemente desde hace algunos años la Procuraduría ha abandonado el ejercicio de su relevante misión. Justamente en el contexto de retrocesos democráticos, concentración de poder y consumación de violaciones masivas a derechos humanos en El Salvador», afirmó Morales ante los comisionados.
El último pronunciamiento de la institución fue en febrero del 2021, destacó. En ese entonces, la PDDH rechazó la incursión militar de Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados de oposición a aprobar un préstamo de $109 millones para su estrategia de seguridad.
Desde entonces, según el exprocurador, el silencio se ha extendido a las denuncias de capturas arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y muertes bajo custodia estatal. La Procuraduría no ha publicado informes de verificación penitenciaria, resoluciones definitivas sobre violaciones a derechos humanos ni medidas cautelares que permitan conocer qué ha hecho frente a las denuncias de las familias.
Tampoco ha intervenido públicamente ante la persecución de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entre 2022 y 2025, las organizaciones de sociedad civil registraron 1,400 agresiones contra personas defensoras. Las agresiones digitales, los ataques en redes sociales y las campañas de estigmatización dieron paso a detenciones arbitrarias, cierres de organizaciones y exilios, en un contexto marcado por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
La omisión, sostienen las organizaciones, también alcanza a las poblaciones LGBTIQ+, a las madres que buscan a sus familiares desaparecidos y a los salvadoreños deportados que enfrentan capturas al regresar al país. A esa lista añadió los casos de Ruth López, Enrique Anaya y Fidel Zavala, defensores y opositores criminalizados cuyo debido proceso la procuraduría no ha verificado.
Los registros que la procuradora niega
Raquel Caballero de Guevara ha negado públicamente que hayan denuncias de torturas en las cárceles de Bukele. Sin embargo, las cifras que contradicen el discurso oficial provienen de los propios registros de la PDDH.
Verónica Reyna, del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, denunció que Caballero negó públicamente haber recibido denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, pese a que los archivos de la institución muestran otra realidad.
Citó una investigación de la Alianza Periodística Intermedios (API) que documentó esa contradicción a partir de registros oficiales y públicos de la PDDH. Los documentos revelan 2,094 denuncias relacionadas con el régimen de excepción. De estas, 1,672 corresponden a detenciones arbitrarias; 201 a muertes bajo custodia estatal y posibles ejecuciones extrajudiciales; 48 a desapariciones forzadas; y 22 a hechos de tortura. También hay dos casos en los que la agresión sexual antecedió a la muerte de las víctimas mujeres.
«Preocupa profundamente la negación pública de denuncias por parte de la titular registradas por la institución que preside», señaló Reyna.
Las cifras de la Procuraduría, sin embargo, representan solo una parte de lo documentado por las organizaciones. La defensora aseguró que la sociedad civil ha registrado cerca de 7,000 denuncias de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Entre ellas hay aproximadamente 540 casos de desaparición forzada, 900 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes —incluyendo casos de tortura— y al menos 454 muertes bajo custodia estatal.
Las organizaciones advierten que la PDDH, que tiene el mandato de investigar las violaciones a derechos humanos sin la necesidad de recibir denuncias de los afectados, ni siquiera ha empezado con las que han llegado hasta las puertas de su institución.
Una muerte del régimen llegó hasta la CIDH
Para Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la discusión sobre las omisiones institucionales tiene un rostro familiar. Su hermano, Humberto Adonay Escobar Mónico, regresaba a El Salvador desde Guatemala el 22 de mayo de 2025, junto a su compañera de vida. Ambos transportaban unos $900 en productos cosméticos que habían comprado para un emprendimiento. Habían pasado los controles migratorios y policiales cuando, unos kilómetros después, militares interceptaron el vehículo y detuvieron a Humberto.
Ingrid Escobar permanece en el exilio desde junio de 2025, tras meses de acoso policial. Ante la CIDH, aseguró que las acusaciones que motivaron la captura de su hermano eran falsas. Cuarenta y cinco días después, Humberto estaba muerto.
El cuerpo fue reconocido en el parqueo del Hospital Nacional Zacamil a las 11:35 de la noche del 6 de julio de 2025. El dictamen forense que recibió la familia consignó un edema pulmonar como causa de muerte. Sin embargo, durante los preparativos para la velación, sus familiares encontraron hematomas y contusiones en el rostro y el tórax.
Escobar denunció que el Instituto de Medicina Legal (IML) se negó a entregar los resultados de la autopsia y que la Fiscalía General de la República no ha respondido a las exigencias de investigación.
Ante los comisionados de la CIDH, la defensora vinculó la muerte de su hermano con el trabajo del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) para documentar las violaciones cometidas en las cárceles salvadoreñas.
«El dolor más profundo cruza por mi propia sangre cuando escucho, recopilo y documento estas historias de horror (…) ¿Acaso nuestro trabajo documentando e investigando estos casos a lo largo de estos cuatro años y medio hizo que, en venganza, agentes del Estado decidieran matar a golpes en la cabeza y en las costillas a mi hermano Humberto Escobar?», preguntó.
Su testimonio se sumó al de otras familias que denunciaron ante la CIDH las consecuencias de la falta de atención médica y de garantías dentro de las cárceles.
Pedro López Castellón relató el caso de su hermano Rafael, un comerciante y molinero de 53 años que padecía insuficiencia renal y cardíaca crónica. El 8 de abril de 2022, agentes de seguridad allanaron sin orden judicial su vivienda y las instalaciones de su molino en Jucuapa, Usulután. Lo detuvieron bajo la acusación de pertenecer a pandillas.
Rafael murió el 1 de junio de ese año, después de permanecer aproximadamente un mes y medio en prisión sin recibir los tratamientos médicos que necesitaba.
Pero su familia no supo de inmediato que había fallecido. Durante semanas continuó llevando medicamentos, alimentos y artículos de higiene a la cárcel. Los custodios recibían los paquetes y aseguraban que serían entregados, sin informar que Rafael ya no estaba vivo.
La familia descubrió la muerte 68 días después, cuando solicitó una constancia de antecedentes penales. Fue entonces cuando supo que el cuerpo había sido enterrado en una fosa común del cementerio La Bermeja, en San Salvador. Tras realizar varios trámites, consiguió exhumarlo el 18 de septiembre de 2022 y darle una sepultura digna.
Escobar también denunció las muertes del sindicalista José Leonidas Bonilla, trabajador de la entonces alcaldía de Mejicanos, y de Santos Navarro, comerciante de frutas y verduras. Ambos fueron detenidos durante el régimen de excepción y fallecieron bajo custodia estatal.
Los testimonios forman parte de un conjunto de denuncias que Cristosal ha documentado sobre las condiciones penitenciarias. La organización registra al menos 454 muertes bajo custodia del Estado, entre ellas las de 33 mujeres y cuatro menores de edad. En 87 casos ha identificado evidencia de violencia física y, en al menos 31, cuenta con dictámenes forenses emitidos por instituciones estatales que certifican traumas y asfixias mecánicas.
También ha identificado signos de desnutrición severa en 42 cuerpos examinados de manera independiente. En el 78 % de los casos documentados, las víctimas no tenían vínculos con pandillas, según la organización.
A más una semana de haberse hecho públicas las denuncias ante la CIDH, la PDDH tampoco se ha pronunciado. FOCOS consultó a la institución si iniciaría investigaciones de oficio para procesar estas denuncias de graves violaciones a derechos humanos. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Una PDDH ausente también fuera de la cárcel
La denuncia de las organizaciones ante la CIDH no se limitó a las condiciones en las cárceles del régimen. Otros sectores expusieron cómo la falta de acompañamiento de la PDDH alcanza a trabajadores de la salud y comunidades rurales que enfrentan desalojos y procesos de criminalización.
Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, denunció una política de despidos masivos en el sector público de salud que comenzó a mediados de 2024 y que ha afectado a trabajadores del Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).
De acuerdo con los registros presentados por las organizaciones, hasta mediados de 2026 alrededor de 7,700 trabajadores de la salud habían sido despedidos. Entre los casos señalados está el de 1,800 trabajadores del antiguo Hospital Rosales, despedidos el 23 de diciembre de 2025.
Solano Leiva cuestionó que los extrabajadores que han acudido a la Procuraduría en busca de asistencia jurídica no hayan conseguido respuestas satisfactorias ni una audiencia con la procuradora. Relató que algunos fueron atendidos por delegados de la institución, quienes les dijeron: «Nosotros somos parte del Estado y no podemos atacar al Estado, tenemos que defenderlo».
Para Ángel Flores, representante del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), esa respuesta resume el abandono institucional que enfrentan las comunidades que defienden sus territorios.
Flores denunció que más de 64 comunidades rurales y unas 12,000 familias enfrentan procesos judiciales de desalojo y criminalización. Señaló que, mientras avanzan proyectos inmobiliarios, turísticos, energéticos y de centros de datos en zonas de importancia ambiental, la Procuraduría ignora las solicitudes de intervención urgente de las comunidades.
También denunció desalojos en la franja costera marina del oriente del país, destrucción de bienes naturales comunes y uso del régimen de excepción para perseguir a liderazgos comunitarios que defienden la tierra y el medio ambiente.
«Una institución nacional de derechos humanos que no cuestiona las expropiaciones forzadas, que ignora la destrucción de sitios sagrados indígenas y que tolera la persecución de quienes defienden el agua, no es una oficina pasiva, es un mecanismo de impunidad estatal que desprotege activamente a las víctimas», aseguró.
El vacío institucional
Al cierre de las intervenciones, las organizaciones pidieron a la CIDH que recuerde al Estado salvadoreño la obligación de garantizar que la PDDH ejerza sus funciones con independencia. También solicitaron que los mecanismos internacionales de protección vigilen el desempeño de la institución y exijan respuestas frente a las denuncias.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, lamentó que el Estado salvadoreño no participara en las audiencias y advirtió que el problema trasciende la falta de representación en un espacio internacional.
«Que no esté aquí es muy grave, pero que no esté presencialmente en los territorios, que no esté atendiendo a las personas con las problemáticas más complejas de El Salvador, es aún más grave, porque deja un vacío institucional que será difícil remontar», señaló.
Verónica Reyna, del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, planteó que el problema es todavía más profundo. En El Salvador, sostuvo, ya no existe una institución pública que proteja efectivamente a las víctimas frente al poder del Estado.
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