El dogma de la propiedad: Desalojos y derecho a la tierra en El Salvador

En los últimos años, el problema de los desalojos en el área rural de El Salvador se ha agudizado considerablemente. Cada vez más comunidades se encuentran en peligro de ser expulsadas por actores interesados en apropiarse de tierras para sacar provecho de los altos precios del mercado inmobiliario. Aunque el tema ha entrado en el debate público, hay un aspecto poco abordado que merece particular atención: la tendencia de un sector de la sociedad a culpar a las propias comunidades rurales de su situación bajo el viejo dogma de la propiedad privada. 

Para abordar este tema, vale la pena analizar un caso reciente ocurrido en la comunidad La Lima del caserío La Agencia, distrito de Intipucá, La Unión. Con más de 40 años de existencia, los primeros habitantes de La Lima llegaron en las décadas de 1970 y 1980, en medio de la expansión algodonera y el inicio del conflicto armado salvadoreño (1980-1992). En el 2024, siete familias de la comunidad fueron demandadas por una supuesta “usurpación de tierras”. El demandante, un abogado residente en Santa Tecla, alegaba ser dueño de las tierras y que las personas de la comunidad estaban invadiendo su propiedad. 

Ante la amenaza, la comunidad decidió organizarse bajo la bandera del Movimiento Indígena para la Articulación de los Pueblos Ancestrales (MILPA). Luego de una ardua lucha en los juzgados, en la calle y en los medios, en septiembre de 2025, la comunidad obtuvo dos fallos a su favor por parte del Juzgado de Paz de Intipucá y la Cámara de lo Civil de la Primera sección de Oriente, quienes desestimaron la demanda del abogado. 

Pero la victoria judicial no frenó los ataques en la opinión pública. La Lima ha sido blanco de calumnias por parte de un sector de la opinión pública que califica de usurpadora a toda comunidad que lucha por su derecho a la tierra, independientemente de cuál sea su situación. 

Pero este fenómeno no es exclusivo del caso de La Lima. No importa el contexto: basta con que exista un conflicto de tierras para que aparezcan frases como “¿y las escrituras?” o “todo lo quieren gratis”. 

Estas reacciones revelan dos problemas en la manera en que se aborda el tema de la tenencia de la tierra en El Salvador. 

El primero es la deslegitimación automática de las demandas y afirmaciones de las comunidades rurales. El segundo aspecto tiene que ver con una idea errónea pero profundamente arraigada en la cultura salvadoreña: que la propiedad privada está por encima de cualquier otro derecho, inclusive el derecho humano a la vivienda. 

Esta idea no es neutral ni reciente. Tiene su origen en la introducción del sistema de propiedad durante la colonia, pero se consolidó a partir de las reformas liberales del siglo XIX que facilitaron la privatización y el despojo de tierras ejidales y tierras comunales indígenas para impulsar la industria del café. Desde entonces, esta noción de propiedad se ha utilizado de forma arbitraria y principalmente para justificar la concentración de la tierra por parte de las élites económicas.  

El problema de este enfoque es que borra la historia. Invisibiliza la experiencia de la población rural frente a los procesos de despojo e invalida la existencia de otros derechos que regulan la tenencia de la tierra, como, por ejemplo, la “prescripción adquisitiva”. Este recurso legal contemplado en el Código Civil permite a personas que han habitado un inmueble de manera pacífica e ininterrumpida por más de treinta años adquirir derechos de propiedad. 

Muchas personas ven con desdén este recurso legal porque lo ven como una forma de adquirir cosas gratis. Esta apreciación, sin embargo, omite que la inseguridad jurídica en la que habitan miles de comunidades rurales en El Salvador no se debe a la búsqueda de una ganga, sino a procesos de despojo y desplazamiento ampliamente documentados en los libros de historia. 

En ese sentido, la deuda no es de las comunidades, sino del Estado y de las élites que han sostenido un orden socioeconómico injusto e impuesto desde arriba.

Garantizar el derecho a la tierra a la población rural más empobrecida no es una concesión, es la base fundamental sobre la que se obtienen otros derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al descanso y al esparcimiento. Lo anterior es un principio reconocido a nivel mundial. 

Hace dos meses tuve la oportunidad de asistir a la conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural (ICARRD+20) organizada por la FAO en Cartagena, Colombia. Ahí, organizaciones campesinas, académicos y representantes de gobiernos de todo el mundo se juntaron para discutir sobre el tema y la necesidad de una nueva agenda de reforma agraria en vista de las múltiples crisis que atraviesan al mundo rural. 

Una de las conclusiones de la conferencia fue que, para llevar a cabo una nueva reforma agraria, no bastaba con entregar escrituras de propiedad o casas. Antes que ello, había que reconocer las historias de conquista, colonización, conflictos armados y formas contemporáneas de despojo que habían llevado a la situación actual. 

La reforma debe reconocer también las formas diversidad en que las comunidades habitan y defienden sus territorios en respuesta a esos procesos de despojo, aun cuando estas no encajan en los esquemas de la propiedad privada. 

En un contexto donde la especulación inmobiliaria avanza sobre el campo salvadoreño, es necesario tener en cuenta estos aspectos del derecho a la tierra. Insistir en la propiedad privada como un dogma no solo es insuficiente: es parte del problema.