Una Corte conservadora frente al reto de recuperar la justicia constitucional en Guatemala

Llamar «nueva» a la Corte de Constitucionalidad que tomó posesión este 14 de abril resulta pretencioso cuando cuatro de los diez magistrados repiten en el cargo. Esta es la continuidad de una magistratura que ha acompañado la cooptación del Estado por mafias incrustadas mediante la alianza criminal conocida como el «Pacto de Corruptos”, una coalición de poder fáctico que aglutina a funcionarios, políticos y empresarios, quienes luchan por mantener la captura de las instituciones públicas de Guatemala para ponerlas al servicio de sus intereses particulares.

Más que una renovación, lo que se instala es una correlación de fuerzas previsible. El Congreso de la República apostó por elegir perfiles cuestionados y con vínculos políticos claros, como Roberto Molina Barreto, quien participó como candidato a la vicepresidencia, y Luis Rosales, exdiputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). 

Tanto Barreto como Rosales se han caracterizado por fallos favorables al sector empresarial y contrarios a la justicia transicional. Ambos mantienen un vínculo con Zury Ríos y acompañaron su estrategia para intentar llegar a la presidencia en 2023. Ríos es la hija de Efraín Ríos Montt, el dictador guatemalteco que tomó el poder en 1982 mediante un golpe de Estado y fue condenado por genocidio contra la población indígena.

A esto se suma la presión internacional. Resulta grave para la soberanía nacional que incluso el presidente de la República, Bernardo Arévalo, denunciara presiones del encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. a favor de Molina Barreto.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia eligió a Dina Ochoa y Claudia Paniagua. La primera es cercana al sector más conservador del país, mientras que la segunda está vinculada al Partido Unionista, también de derechas. 

Estos cuatro personajes, electos por los organismos Legislativo y Judicial, garantizan la continuidad de un mandato plagado de tachas y cuestionamientos que fueron ignorados.

El Ejecutivo introdujo matices, pero no alteró el cuadro de fondo. Designó a Anabella Morfín, exprocuradora general y miembro del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon); y a la abogada maya Magdalena Jocholá. Si bien el presidente argumentó inclusión, habría sido un gesto de mayor peso designar a Jocholá como titular y no como suplente. 

Cabe destacar que la Presidencia también descartó la postulación del reconocido juez Miguel Ángel Gálvez, hoy en el exilio. Su nombramiento habría sido un reconocimiento a su valiente trayectoria en casos de alto impacto como «La Línea», una red de defraudación aduanera que involucró al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti; y el caso «Diario Militar», un registro en el que las propias fuerzas de seguridad documentaron la desaparición forzada y el asesinato de 183 personas, caso por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CCIDH) condenó al Estado guatemalteco.

En los dos casos anteriores el juez, Miguel Angel Gálvez, tuvo un papel relevante ya que nunca antes había juzgado a gobernantes a tan alto nivel. Esto le costó que esté actualmente en el exilio.

El papel de la Universidad de San Carlos (USAC) también confirma el deterioro de los contrapesos. Bajo el cuestionado mandato del rector Walter Mazariegos —señalado como actor corrupto por el Departamento de Estado de EE. UU. –, la USAC designó a Julia Rivera Aguilar y José Aguirre Pumay. Ambos poseen perfiles académicos escasos para el cargo; y resalta el vínculo de la titular como exesposa del secretario de la USAC Luis Fernando Cordón Lucero, mano derecha de Mazariegos. 

Finalmente, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) eligió a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo. En ambos casos, la mayoría de agremiados que los eligió los percibió como una opción diferente y decente en relación a los otros competidores que representaban continuidad del sistema. 

En este contexto, la ausencia de perfiles claramente independientes, progresistas o disruptivos es evidente. La tendencia será marcadamente conservadora, lo cual no es negativo per se, siempre que exista un balance ideológico y la ética prevalezca sobre las presiones externas.

Como exiliado, intento mantener el optimismo sin perder el realismo. Por ello, considero que el principal reto de esta Corte será demostrar, con resoluciones y no con discursos, que asumirá con seriedad la justicia constitucional objetiva. Debe cesar el uso del poder para encubrir la corrupción y la impunidad, práctica recurrente en el último lustro.

La CC no debe temer al ejercicio de su poder para restablecer el Estado de derecho, hoy pisoteado por un status quo que protege sus privilegios. Su primera «prueba de fuego» será el caso del fraude en la USAC: si resuelven conforme a derecho, deberían declarar nulo el proceso de Mazariegos. Asimismo, será crucial su papel en la elección del Fiscal General y del Contralor General de Cuentas, evitando que estas instituciones sigan siendo herramientas de venganza política.

Finalmente, en 2027, la Corte tendrá la responsabilidad de garantizar un proceso electoral legítimo. La democracia no es solo votar cada cuatro años; requiere que las instituciones cumplan su rol de contrapeso para evitar, de una vez por todas, el abuso de autoridad.

Hablar de Guatemala hoy es hablar de un referente regional en disputa. Si bien el país cuenta con un gobierno de perfil democrático liderado por Bernardo Arévalo, esto no garantiza por sí solo una democracia plena. 

Estoy convencido de que mientras existan guatemaltecos en el exilio, la democracia seguirá siendo una tarea pendiente. Para consolidarla, es urgente transitar hacia sociedades con menos desigualdad, ya que la brecha económica ha provocado una fragmentación social que debilita el tejido democrático en toda Centroamérica.

En este contexto, es imperativo dignificar a los millones de migrantes que sostienen nuestras economías. El envío de remesas es el motor que evita el colapso financiero de la región, pero no podemos seguir viendo al migrante únicamente como un ‘cajero automático’. Es hora de reconocerles como ciudadanos plenos, con derechos políticos y sociales, cuyo esfuerzo diario debe ser correspondido con políticas de inclusión y respeto.

Finalmente, dada la posición estratégica de Guatemala frente al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y su relevancia económica, el país tiene la oportunidad de liderar un cambio de paradigma. En una Centroamérica asediada por el autoritarismo, el restablecimiento del Estado de derecho en Guatemala debe ser el estímulo para que la región pase de una actitud reactiva a una estrategia articulada, propositiva y humana, que detenga el retroceso democrático y apueste por una verdadera cohesión centroamericana.