Ruth López, el gran error de cálculo del régimen

Ruth Eleonora López cumple hoy un año en prisión. Y con ello, el régimen de Nayib Bukele cumple un año de haber cometido uno de sus errores políticos más costosos: intentar borrar a una persona y conseguir lo opuesto. 

La noche del 18 de mayo de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a la casa de Ruth López para arrestarla con engaños, ella les dijo: «Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto”. En esa frase, Ruth condensó la dignidad de quien no se rinde, y la lucidez de quien sabe a lo que se enfrenta. Esto es algo que el régimen no puede confiscar.

Al momento de su captura arbitraria, Ruth López dirigía la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, y ya era una reconocida abogada y defensora de derechos humanos. Meses antes, en 2024, fue incluida en la lista de la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. 

El régimen la quería en silencio, pero no lo consiguió. A un año de su captura, Ruth ha recibido seis premios internacionales, fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, y organismos de Naciones Unidas han expresado formalmente su preocupación por su caso. La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la libertad de asociación lo hizo esta semana. 

El intento de supresión produjo exactamente lo contrario de lo que buscaba: su nombre ha llegado a Washington D.C., a Londres, a Toronto. Al encerrarla, Nayib Bukele quiso hacer de Ruth un ejemplo disciplinador, pero la convirtió en un símbolo. 

Esto no es un accidente ni un mérito exclusivo de la solidaridad internacional. Es la lógica interna del autoritarismo cuando se enfrenta a personas cuya legitimidad descansa en la defensa de derechos que el poder viola. Perseguirlas no las debilita: las valida. Encarcelarlas no las silencia: las amplifica. El cálculo represivo del régimen partió de una premisa falsa: que la visibilidad de Ruth dependía de su libertad. Y ese error tiene un costo reputacional para el régimen.

El contexto en el que opera ese cálculo fallido importa. Para mayo de 2026, El Salvador no es el país que mejor combate el analfabetismo en Centroamérica, ni el que garantiza cobertura universal de protección social, ni el menos pobre. La inversión extranjera directa cayó un 37,1 % en 2025 por segundo año consecutivo, según el Banco Central de Reserva. Lo que El Salvador tiene —y exhibe como trofeo político— es una mega cárcel. El CECOT es el ícono del proyecto Bukele: más de 91.500 personas detenidas bajo un régimen de excepción que cumple cuatro años y 49 prórrogas consecutivas; al menos 500 muertes bajo custodia estatal, documentadas por el Socorro Jurídico Humanitario. Esta arquitectura penal es electoralmente funcional en una sociedad cansada de la violencia. Pero revela, también, los límites de una gestión pública que ha confundido seguridad con poder ilimitado.

Tras su captura, el régimen definió el costo de alzar la voz de forma acelerada: la detención del constitucionalista Enrique Anaya, días después de haberla defendido públicamente; la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros con su impuesto del 30 % sobre fondos de cooperación internacional; el exilio forzado de más de un centenar de personas defensoras y periodistas entre mayo y septiembre de 2025, la mayor ola desde los Acuerdos de Paz; la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida. El miedo que el régimen buscaba instalar es real. Pero no ha sido inmovilizador.

Su detención arbitraria es el rostro represivo e indolente del régimen del presidente Nayib Bukele en El Salvador. A doce meses de su captura es importante recordar que toda persona tiene derecho a un debido proceso, particularmente quienes son reprimidas por sus ideas políticas o quienes, sin causa justificada, siguen privadas de libertad. Hoy y siempre reivindicamos nuestro derecho humano a la libertad de asociación, de expresión y de prensa. A pensar diferente.

Por eso la libertad de Ruth López no es solo una causa de justicia individual: es un cuestionamiento sobre hasta dónde puede llegar el control de un régimen que, a pesar de todo su aparato, no ha conseguido borrar a quien quiso borrar.

Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios que decidimos continuar contando El Salvador partimos de la premisa que Ruth dejó: si decidimos voltear la mirada, si reprimimos la denuncia, nada de esto va a acabar. Las causas estructurales de la violencia siguen allí, inalteradas, contenidas por la represión. La burbuja de los pocos convive con la realidad de las mayorías.

A un año de su captura, nos unimos a las voces que exigen al Estado salvadoreño el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares de la CIDH, el levantamiento de la reserva total que blinda este caso del escrutinio público, y la garantía de un juicio oral y público, tal como Ruth lo reclamó al ser conducida esposada a los tribunales.

El régimen quiso que Ruth fuera un ejemplo. Lo es. Pero no del modo en que calcularon.