Bukele congela bienes de socios de El Faro y escala su persecución contra el periodismo independiente

El medio digital salvadoreño El Faro denunció este jueves que el gobierno de Nayib Bukele congeló los bienes personales de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora del periódico en El Salvador, como parte de una escalada en la persecución fiscal que mantiene contra el medio desde 2020. La acción se enmarca además en un contexto de amenazas, persecución y asfixia legal y financiera en contra de la prensa salvadoreña, y que ha dejado en el exilio a medios de comunicación y a medio centenar de periodistas.

Según un comunicado difundido por El Faro, entre febrero y abril de 2026 el Ministerio de Hacienda ejecutó “anotaciones preventivas” sobre una cuenta bancaria y un inmueble pertenecientes a dos accionistas de la empresa fundadora de El Faro, bajo el argumento de garantizar el pago de supuestas deudas tributarias aún no resueltas judicialmente.

El director de El Faro, Carlos Dada, explicó que esta confiscación de bienes obedece a un “larguísimo proceso de auditorías fiscales que inició en 2020”, después que el presidente Nayib Bukele, en cadena nacional, acusara a El Faro y a su director de “lavado de dinero”. 

“Ordenó básicamente en cadena nacional a sus auditores que encontraran lavado de dinero. Y supimos de las auditorías del Ministerio de Hacienda de inmediato”, señaló. 

Dada agregó que la intervención de bienes, además, se da sin la notificación formal de las autoridades salvadoreñas. “Sabemos que han procedido con anotaciones preventivas, que han congelado bienes, porque lo informó el banco de una de las cuentas congeladas y el registro de la propiedad en cuestión que fuimos a ver después de enterarnos del congelamiento de la cuenta bancaria”, informó.

En el comunicado, el medio calificó la medida como “otra línea roja” en el ataque del gobierno contra el periodismo independiente y sostuvo que se trata de una utilización del aparato estatal para silenciar voces críticas.

Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), aseguró durante la conferencia que “el Estado de El Salvador está utilizando estos procesos fiscales como una retaliación frente al periódico a El Faro por sus investigaciones, por el ejercicio de la libertad de expresión, es un intento de disciplinamiento para callar las voces de periodistas que están haciendo su obligación».

En 2021, a petición de CEJIL y la Fundación para el Debido Proceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 34 miembros de la redacción, citando amenazas graves a su seguridad. Ese mismo año, el medio reveló que al menos 22 de sus periodistas habían sido espiados con el software israelí Pegasus.

El Faro vinculó la última escalada represiva con el estreno del documental The Deal –que expone la investigación del gobierno estadounidense sobre el pacto de Bukele con las pandillas—; las denuncias del subjefe de redacción de El Faro, Sergio Arauz, ante el Congreso de Estados Unidos, y las investigaciones internacionales sobre abusos bajo el régimen de excepción.

“Seguiremos haciendo periodismo con el compromiso y rigurosidad que nos caracteriza (…) Pero también con la certeza de que, mientras no paremos, ellos no van a parar”, concluyó el medio.

Seis años de persecución fiscal

La persecución fiscal contra El Faro no comenzó en 2026. En julio de 2020 Hacienda inició cuatro auditorías en contra de Trípode S.A. de C.V., la sociedad fundadora de El Faro, y al no poder sustentar la acusación sobre lavado de dinero, cambió su acusación a evasión de impuestos, determinando responsabilidad en cuatro ejercicios fiscales: dos de manera intencional y dos de manera no intencional.

“Nosotros que no hemos evadido impuestos hemos apelado en todas las instancias posibles y seguimos litigando estas conclusiones del Ministerio de Hacienda, lo cual convierte aún en más sorpresivo el hecho de que hayan procedido a un congelamiento de bienes de manera preventiva”, indicó Dada. 

En las conclusiones preliminares de sus auditorías, según indicó Dada, Hacienda acusa al periódico de una supuesta evasión intencional de impuestos. Esta acusación fue refutada por el equipo de El Faro, el cual señaló que se trataba de impuestos ya pagados o de ingresos inexistentes inventados por los auditores.

La acusación de los auditores se basa en una supuesta evasión de impuestos por fondos provenientes de fundaciones que no aparecen declarados en el año en que se firmó el contrato. El Faro sostiene, sin embargo, que “los impuestos fueron pagados puntualmente en los años en que esos fondos ingresaron a las cuentas del medio”. 

El Faro elevó acudió ante la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional encontró elementos suficientes para admitir un amparo a su favor y dictar medidas cautelares que impedían a Hacienda solicitar información de carácter no tributario, como los datos de sus suscriptores o las actas completas de su Junta Directiva. El medio señaló que la solicitud de ese tipo de información evidenciaba intenciones que iban más allá de una auditoría fiscal ordinaria.

Dada explicó que las auditorías de Hacienda iniciaron apenas dos meses antes que El Faro publicara una investigación inédita del pacto del Gobierno de Bukele con las pandillas MS-13 y el Barrio 18. El director de El Faro considera que el oficialismo sabía que revelarían esta información debido al espionaje en contra de sus periodistas; y por eso, “comenzó una campaña de ataques contra el medio”.

En 2023, el medio tomó la decisión de trasladar su sede administrativa a Costa Rica. El Faro señaló que las condiciones legales y fiscales en El Salvador impedían su funcionamiento. 

El detonante de 2025 y el éxodo de la prensa

La intervención de bienes a El Faro ocurre a un año del mayo más represivo en la historia del bukelismo. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó el 2025 como el peor año para la libertad de prensa desde los Acuerdos de Paz.

El 3 de mayo de 2025, El Faro denunció que la Fiscalía General de la República estaría preparando órdenes de captura contra al menos siete de sus periodistas, tras la publicación de una investigación en la que dos exlíderes pandilleros revelaron los pactos de las principales pandillas del país con el gobierno del presidente Bukele.

Lo que siguió fue una ola represiva sin precedentes en el país. El 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a individuos y organizaciones que reciben financiamiento del extranjero a registrarse ante el gobierno y pagar un impuesto del 30% sobre dichas donaciones, otorgando además amplios poderes al Ministerio de Gobernación para suspender o disolver organizaciones y medios de comunicación.

La mayor parte del equipo de El Faro quedó varado fuera de El Salvador tras recibir alertas sobre una inminente operación policial en su contra. La represión también se manifestó a través de una estrategia de asfixia financiera, que empujó al exilio las redacciones de FOCOS y la Revista GatoEncerrado.

Según la APES, al menos 53 periodistas se exiliaron en 2025 por temor a ser capturados. 

Al interior del país, las agresiones contra periodistas comunitarios aumentaron un 342 % entre 2023 y 2025, y 9 de cada 10 periodistas aseguraron ejercer su trabajo con temor por la vigencia del Régimen de Excepción.