Sidney Blanco sospecha que Sala de lo Constitucional de 2004 validó la partida secreta influenciada por Casa Presidencial de Saca

¿Una Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hecha a la medida de los intereses de Casa Presidencial? Pero entonces ¿dónde está la independencia de poderes que promulga la Constitución?

Por lo que asegura el magistrado de la actual Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, quien termina período (2009-2018) en pocas semanas, ese fue el tipo de actuación de la Sala de lo Constitucional en 2004, presidida por Agustín García Calderón, procesado actualmente por enriquecimiento ilícito en una Cámara de lo Civil.

Estas y otras declaraciones, compartió Blanco este domingo en el programa FOCOS, que se transmite los domingos a las 8:00 de la noche y miércoles a las 6:00 de la tarde por Canal 33.

El magistrado Sidney Blanco recordó que en 2004, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró constitucional el traslado de fondos de ministerios a una partida de gastos reservados de Casa Presidencial.

“En esa oportunidad, en 2004, la entonces Sala de lo Constitucional validó esta forma de actuar y el manejo de los fondos públicos, yo creo que este es el origen de lo que hemos visto, de lo que estamos viendo en los últimos meses, acerca de las enormes cantidades de dinero de las que ha dispuesto Casa Presidencial para usos discrecionales y que ahora vemos van a parar a manos privadas, a través de posibles enriquecimientos ilícitos y esta misma dinámica la siguió el presidente Funes, cuando llegó al poder en  2009, consignó en las leyes de presupuesto exactamente en los mismos parámetros”, dijo Blanco.

En esa oportunidad, Blanco, que era magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, presidida por García Calderón, participó del análisis de la sentencia de la partida de gastos reservados de la presidencia de Antonio Saca y no estuvo de acuerdo con validar la constitucionalidad y emitió su voto razonado en contra.

Según Blanco, “el proyecto de sentencia era jurídicamente insostenible… me daba la impresión – lo digo en el voto – que los magistrados de la época estaban influenciados por Casa Presidencial, para emitir una sentencia en ese sentido y les dije que no estaba de acuerdo, que estoy sorprendido por lo que están haciendo y alerté que la actitud de los entonces magistrados no me pareció correcta y cuando me preguntan cuál ha sido su peor frustración en los 22 años de carrera judicial, pongo ese día de octubre de 2004, donde la entonces Sala de lo Constitucional, presidida por Agustín García Calderón, no se tomaba las cosas en serio y si desde entonces se hubiera puesto freno no hubiera ocurrido lo que vemos probablemente ocurrió (con el proceso del expresidente Mauricio Funes)”.

Años después, para 2010, reseñó Blanco, los mismos que creían que el procedimiento era constitucional presentaron una demanda de inconstitucionalidad, cuando llega el FMLN al poder, impugnan las leyes de presupuesto de Casa Presidencial que asignan el traslado de fondos de ministerios a una partida de gastos reservados de Casa Presidencial y argumentan que ahora sí es inconstitucional. Ese mismo año, en 2010, la entonces Sala, ya integrada por Blanco como magistrado titular, declaró inconstitucional dicho procedimiento, que en 2004 había sido avalado como constitucional.

Sobre las irregularidades que investiga la Fiscalía y que señala un desvío ilegal de la partida de gastos reservados de alrededor de $351 millones, en la gestión del presidente Mauricio Funes (2009-2014), violando la sentencia de la Sala de lo Constitucional, al obviar la aprobación de la Asamblea Legislativa, el funcionario admitió que no se da seguimiento de cumplimiento absolutamente a todas las sentencias (con audiencias de seguimiento), aparte que son leyes de duración limitada, rigen los presupuestos para un año y los tiempos no alcanzan para fiscalizar el cumplimiento de estas sentencias.

“Partimos de la lealtad institucional, pues esperamos que las instituciones cumplan el sentido de las sentencias”, expresó

En relación a las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios públicos que impulsa actualmente la Corte Suprema de Justicia, el magistrado se refirió al caso del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. En ese sentido, Blanco y cinco magistrados más en Corte Plena, consideraron que si procedía investigación por enriquecimiento ilícito, porque no reportó los ingresos en carácter de donación de la empresa Obermet, tampoco pagó los impuestos y, además, se detectó que Bukele era el representante de Obermet, de 2004 a 2012, y por ley se prohíbe ofertar a los miembros de los concejos municipales en licitaciones de la administración pública, y de 2012 a 2016 esta empresa de publicidad ganó 38 licitaciones, pero él traspasó las acciones de la representación a su hermano, por lo que, según Blanco, hay, probablemente, indicios de fraude; sin embargo los nueve magistrados restantes (como mayoría) desestimaron la investigación para que pasara a un tribunal de lo Civil.