¿Qué hay detrás de la exclusión económica y política de las mujeres?
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemoran más de 100 años de lucha de las mujeres por el respeto a sus derechos y la igualdad de género.
A pesar de los avances de El Salvador en esa materia, todavía son amplias las brechas entre la participación económica y social de mujeres y hombres.
Las leyes garantizan igualdad de oportunidades, pero en la práctica las mujeres aún enfrentan desafíos relacionados a los estereotipos y los roles sociales asignados al género.
La brecha en la participación económica de hombres y mujeres ha permanecido sin cambios en los últimos 20 años.
A pesar de que en ese tiempo, el número de mujeres con estudios universitarios ha superado al de hombres, ellas tienen menos oportunidades de obtener un trabajo.
Las estadísticas oficiales señalan que solo 5 de cada 10 mujeres están activas en el mercado laboral y en el caso de los hombres es 8 de cada 10.
La brecha de participación económica se agrava con la desigualdad en los salarios. En 2018, el salario promedio mensual de las mujeres fue $293.05, es decir, menor al salario mínimo vigente. En cambio, el de los hombres llegó a $352.54.
Los trabajos que ejercen las mujeres, además, son más precarios que los de los hombres. La mayoría de ellas trabaja en el mercado informal, donde no tienen acceso a prestaciones ni seguridad social.
¿Qué condiciones evitan que las mujeres participen de igual manera que los hombres en el ámbito económico?
Margarita Beneke de Sanfeliú, directora del centro de investigación y estadísticas de Fusades, señala que detrás de esto están los roles de cuidado que la sociedad impone en las mujeres.
Siete de cada 10 mujeres desempleadas señalan que no buscaron trabajo porque tenían que dedicarse a los quehaceres del hogar, los cuales no son remunerados. En el caso de los hombres, la principal razón por la cual no trabajan es que están estudiando.
De acuerdo con el estudio “Tiempo para el cuidado” de Oxfam, el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de 15 o más años asciende al menos a 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología.
En ese sentido, solucionar la brecha de género en la participación económica pasa por redistribuir las tareas domésticas y de cuido.
Otra dificultad en la participación laboral de las mujeres es que suelen desarrollarse en carreras menos rentables, como aquellas relacionadas a las ciencias sociales y el comercio.
En tanto, los hombres prefieren aquellas vinculadas a la ciencia y tecnología.
Además, las mujeres tienen menores oportunidades de ocupar puestos de decisión en sus trabajos.
De acuerdo con los datos disponibles en las páginas web de las gremiales empresariales, el 77 por ciento de los miembros de sus juntas directivas son hombres y el 23 por ciento son mujeres.
La elección de una carrera menos rentable y la desigualdad en los puestos de decisión no está relacionada con la capacidad de las mujeres, sino con estereotipos de género que llevan a la discriminación. Estas limitaciones se conocen como techos de cristal.
La brecha de género en la participación económica lleva a muchas mujeres a vivir en pobreza. De acuerdo con la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples, las familias con mujeres como jefas de hogar son más pobres que aquellos donde un hombre ocupa esa posición.
Además, debido a que las mujeres tienen menos acceso al trabajo, y este usualmente es de peor calidad que el de los hombres, al jubilarse ellas reciben, en promedio, pensiones 10 por ciento más bajas que las de ellos.
La igualdad de género, además de ser un derecho humano, es necesaria para lograr sociedades pacíficas, con potencial humano y desarrollo sostenible.
De acuerdo con las Naciones Unidas, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico.
Las mujeres constituyen más de la mitad de la población salvadoreña. Sin embargo, son hombres quienes ocupan la mayoría de cargos de representación política y puestos de toma de decisión en el Estado.
La paridad en la participación política es otra de las deudas de la sociedad salvadoreña con las mujeres.
Veamos cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres en este ámbito y cuánto pierde la democracia al marginarlas de esta esfera.
En 1930, Prudencia Ayala se postuló como candidata la Presidencia de la República de El Salvador e impulsó el movimiento que logró el derecho al voto de las mujeres en 1939.
Han pasado 90 años desde entonces y el país no ha vuelto a ver a otra mujer postulándose al cargo, no porque ninguna lo haya intentado, sino porque las barreras dentro de los partidos políticos les han impedido ser electas como candidatas.
Además, de las cuatro mujeres que han buscado la vicepresidencia en ese periodo, solo una la ha alcanzado. Ana Vilma de Escobar ocupó ese puesto entre 2004 y 2009.
En toda la historia de la Asamblea Legislativa solo 3 mujeres han logrado llegar a la presidencia de ese organismo. La primera fue María Julia Castillo Rodas que llegó a ese cargo hasta 1983.
La participación política de las mujeres es el indicador de igualdad de género peor evaluado en El Salvador. En esta materia, el Foro Económico Mundial le dio al país una calificación de 0.21, de un punto posible.
Aunque actualmente hay más mujeres participando en política y en cargos de decisión que nunca, los avances son lentos y ningún órgano del Estado ha alcanzado la paridad.
El presidente Nayib Bukele asumió el poder prometiendo el primer gabinete paritario de la historia. Si solo se toman los ministerios, efectivamente hay paridad porque 8 de 15 carteras de Estado están dirigidas por mujeres.
Pero si se toma en cuenta el resto de posiciones directivas nombradas por el presidente, es decir, viceministerios, secretarías e instituciones autónomas, solo el 22 por ciento de esos puestos son ocupados por mujeres.
En 2013 se modificó la Ley de Partidos Políticos y se estableció una cuota mínima del 30 por ciento de participación de mujeres en las candidaturas para el Órgano Legislativo y los Consejos Municipales, pero esta medida no ha generado un cambio acelerado en la representación de género.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa solo 26 de 85 diputados son mujeres, es decir, el 31 por ciento.
En los Gobiernos Locales, la participación de mujeres es de solo 11 por ciento, un punto porcentual por debajo de la representación alcanzada en 1994.
En el Órgano Judicial casi se alcanza la paridad entre los jueces de paz, pero a medida los funcionarios judiciales van subiendo de posición, la brecha se va ampliando, de modo que solo el 33 por ciento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son mujeres.
Los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar cargos políticos y de toma de decisiones están relacionados con las limitaciones que la sociedad impone a las mujeres, las jerarquías de los partidos políticos usualmente dominadas por hombres y la violencia política.
¿A quién beneficia que las mujeres participen en la política? ¿Por qué los Estados deben procurar la paridad en la representación de género en los puestos de poder?
La diputada Martha Evelyn Batres, presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, cree que este cambio ayudaría a las mujeres, pero también a la sociedad en general.
La inclusión de las mujeres en la política es un eje fundamental para garantizar sus derechos y combatir la violencia de género.
Garantizar la participación política no se reduce a poder votar y ser electas. Implica también solucionar las barreras estructurales que impide la plena participación y representación de las mujeres.
