Menstruar en las cárceles de Bukele

Menstruar en las cárceles de Bukele

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Menstruar en las cárceles de Bukele

Resumen de la nota

Menstruar en las cárceles de Bukele

Nayib Bukele logró que El Salvador sea el país número uno en el ranking mundial de encarcelamientos. La política de capturas masivas, llevadas a cabo sin una investigación previa, ha provocado el colapso del sistema penitenciario. Las personas menstruantes, además de sufrir el hacinamiento extremo, deben enfrentarse a la falta de toallas sanitarias, agua potable, medicamentos específicos para las infecciones vaginales recurrentes. Muchas se ven obligadas a improvisar con trapos y tampones caseros, lo que incrementa el riesgo de complicaciones de salud.

Fotografía: Alejandro Santos (montaje con fines ilustrativos)

Por Marcela Trejo, Daniel Reyes y Tania Ortiz

«Gracias a Dios, a mí la regla solo me vino un mes entero. No sé si fue Dios, quizás le dio lástima y dijo: ‘pobrecita, le voy a quitar la regla, o por lo menos en lo que está aquí adentro’”. Fernanda, cuyo nombre ha sido modificado por razones de seguridad, pasó 10 meses encarcelada en el penal de Apanteos, acusada de un delito que ni la policía ni la Fiscalía han logrado comprobar.

En las primeras semanas de su internamiento le llegó la menstruación, pero no de manera normal. Fernanda relata que su periodo le duró un mes entero, con un flujo abundante y unos cólicos tan intensos como los del parto. Ella lo expresa así porque había dado a luz siete años atrás. Las seis toallas sanitarias que le entregaron, de las 12 que debería haber recibido como parte del paquete mensual enviado por su familia, no fueron suficientes para cubrir todo el mes. Tuvo que recurrir a una práctica común entre las privadas de libertad: cortar una de sus dos mudadas de ropa blanca y usarla para detener el sangrado. Y para los cólicos, solo le quedó aguantar.

A pesar de que una menstruación sana no debería de durar más de una semana ni provocar cólicos severos, Fernanda agradece que haya sido así y que posteriormente se interrumpiera. Ella —junto a otras cuatro mujeres menstruantes exprivadas de libertad entrevistadas para este reportaje— describe con horror las condiciones en las que se vive el periodo de menstruación en las cárceles sobresaturadas por la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. 

Antes de la aprobación del régimen de excepción para combatir las pandillas, el 27 de marzo de 2022, el sistema penitenciario del país albergaba a más de 6,000 internas. La Dirección de Centros Penales gestionaba tres recintos destinados a ellas: Ilopango, Granja Izalco y el Centro de Detención Menor Izalco. La estrategia de capturas masivas sin orden judicial, que ha generado miles de violaciones a los derechos humanos, ha llevado a El Salvador a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: 1,176 personas por cada 100,000 habitantes.

Para Nayib Bukele, esas cifras son motivo de orgullo. Ante el cuestionamiento de que más de 1 % de la población está bajo las rejas él responde: “Nosotros no metimos preso al 1 % de la población, nosotros liberamos al 99 %”, señaló Bukele en un discurso que dio al visitar una cárcel en Costa Rica, en noviembre de 2024.

Acerca de los señalamientos sobre las miles de capturas de personas inocentes que no cometieron delitos ni tienen vínculos con las pandillas, el presidente inconstitucional de El Salvador —en una conferencia de prensa en Costa Rica en novembre de 2024— lo ha matizado así: “obviamente, las operaciones no son perfectas y pues, sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunas fueron capturadas de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo. Estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100 % de inocentes”, añadió Bukele, quien se presentó como un consejero en materia de seguridad y justicia.

El Censo de Población y Vivienda 2024 registró que la población femenina detenida ha más que duplicado su número en los últimos dos años, alcanzando un total de 12,943 mujeres privadas de libertad.

Menstruar dignamente, es decir, en condiciones de higiene y con acceso a insumos básicos como agua limpia, jabón, toallas sanitarias, tampones o copas menstruales, es un derecho que el sistema penitenciario les niega a sus privadas de libertad. Esto ocurre a pesar de que El Salvador ratificó las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen medidas para garantizar los derechos de salud física, mental y de rehabilitación de las mujeres en detención.

“Si yo trabajara como ginecólogo en esas condiciones, yo renunciaría […] Esas condiciones no deberían ocurrir aquí ni en Auschwitz”, expresa Roberto Montoya al escuchar sobre la falta de agua y las soluciones improvisadas que las personas privadas de libertad adoptan para gestionar su menstruación. Montoya ha trabajado 45 años como ginecólogo y obstetra; gran parte de su carrera la ha ejercido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

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Esta investigación recopila los testimonios y vivencias de Fernanda, Miriam, Dolores, Gabriela y Yolanda, cinco mujeres que estuvieron detenidas por el régimen de excepción en la ex Cárcel de Mujeres, Ilopango, y en el Centro Penal de Apanteos, Santa Ana. Por razones de seguridad, sus identidades se mantienen bajo reserva. A petición de cada una, sus nombres han sido cambiados, con excepción de Dolores.

I. Sobrevivir a la escasez de toallas y la corrupción

Bajo el cargo de agrupaciones ilícitas y sin ninguna prueba en su contra, Fernanda relata que en julio de 2022 fue sacada de su casa por 10 policías y trasladada a una bartolina. En ese momento tenía 24 años y era madre de una niña. Al día siguiente, fue llevada al Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana, donde la ingresaron en un sector desbordado: 178 detenidas compartían un espacio diseñado para albergar a 40 personas. Según una resolución de información emitida en 2016 por el Ministerio de Seguridad y Justicia, esa es la capacidad de cada celda de Apanteos. Pero allí convivían 178 mujeres que, mes tras mes, enfrentaban su ciclo menstrual en condiciones de hacinamiento extremo. 

Solo para el 2018, Apanteos contaba con una población carcelaria de 4,707, a pesar de ser un penal diseñado con una capacidad instalada para albergar a 1,800 personas y no elaborado para mujeres.

Fernanda habría sido recluida en la ex Cárcel de Ilopango, un centro diseñado específicamente para mujeres. Sin embargo, esto no fue posible porque el gobierno cerró esa instalación sin ofrecer mayores explicaciones, transformándola en una bartolina temporal para atender la demanda de espacio generada durante los primeros meses de las capturas masivas.

Sofía es ginecóloga y obstetra en el sector público de salud. Su nombre ha sido modificado por temor a represalias. Ella explica que el periodo menstrual varía en cada persona y que es fundamental que cada mujer conozca las particularidades de su ciclo. No obstante, un periodo “saludable” debería ser regular, presentándose aproximadamente cada 28 días tras la maduración del óvulo, con un flujo cuya intensidad varía, pero que no debería requerir más de tres cambios de toallas sanitarias al día. Además, el color del sangrado debería oscilar entre tonos rojo, marrón o rosa.

Los testimonios de mujeres que estuvieron en Apanteos, la cárcel a la que han sido trasladadas algunas de las 12,943 mujeres privadas de libertad, revelan que muchas presentan sangrados vaginales irregulares, muy diferentes a lo descrito en la literatura médica. Las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene agravan aún más esta situación.

“Las personas que andaban con la menstruación andaban chorreadas. No es como que le dicen a uno ‘mire, aquí está una toallita’. Había gente que prácticamente no andaba con su periodo. Eso era ya hemorragia”, relata Fernanda, quien afirma que era raro ver a alguien a quien la menstruación le llegara de manera “normal”. “A todas nos venía horrible”, asegura. 

Y, por absurdo que parezca, Fernanda cuenta que los custodios, en ocasiones, entregaban solo una toalla sanitaria para toda la semana. Una sola, para flujos que podían durar hasta 25 días consecutivos, como en el caso de Miriam. “Yo tuve como 25 días de hemorragia. No me cesaba lo que era mi periodo menstrual, y era bien fuerte. Entonces pedí ayuda, pero nunca me la dieron. Cuando me llamaron para Medicina Legal, lo expuse. Me dijeron que sí, que me harían una citología ahí mismo. Pero bueno, eso nunca pasó”. De los seis meses que estuvo encarcelada bajo cargos sin pruebas por agrupaciones ilícitas, el primer mes en que Miriam vio su regla, cuenta que le duró 25 días seguidos. Los siguientes meses le duró 15 días.

Los tres especialistas en ginecología consultados coinciden en que la irregularidad en los periodos menstruales de las privadas de libertad puede deberse a diversas condiciones, incluso a factores presentes antes de sus detenciones. Sin embargo, las cinco mujeres entrevistadas aseguran que, antes de ser detenidas, no experimentaban las irregularidades que comenzaron a sufrir durante su reclusión.

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Los productos de higiene femenina no están garantizados por el Estado y se pueden acceder a toallas sanitarias solamente de tres formas: por medio de los paquetes que con regularidad envían sus familiares, a través de la compra en las tiendas internas del penal y por medio de trueques con otras compañeras de celda.

En el caso de las privadas de libertad que reciben paquetes, la corrupción interna y las arbitrariedades en la entrega de estos representan un obstáculo adicional para acceder a las toallas necesarias durante la menstruación. De las 60 toallas sanitarias que debería incluir un paquete, algunas internas denuncian que solo reciben tres. Tres toallas para todo un mes.

El papel higiénico, el jabón y otros insumos de limpieza personal también escasean. Por si fuera poco, las toallas sanitarias son manipuladas fuera de sus empaques esterilizados para colocarlas en los paquetes, lo cual no garantiza que no se contaminen. Es decir, las toallas se entregan sin ningún tipo de envoltorio.

Ante la escasez, muchas mujeres utilizan tampones improvisados, lo cual también las expone a posibles complicaciones obstétricas. Dolores Almendárez, una exprivada de libertad, cuenta que una práctica común era cortar una toalla sanitaria por la mitad, enrollarla, introducirla en la vagina y utilizarla como tampón. Luego, se pegaba otra toalla en la ropa interior para tratar de contener el flujo de sangre. Otras mujeres usan trozos cortados de sus camisas o calzonetas, las cuales lavan en condiciones antihigiénicas. A pesar de ello, los colocan en contacto directo con sus genitales.

“Un tampón que se usa más de cuatro horas puede provocar un shock séptico que, en el peor de los casos, puede provocar la muerte”, explica Marvin, un ginecólogo que ejerce en el sector privado y quien también pidió que no se le identifique con su nombre por temor a represalias. Marvin añade que una toalla sanitaria no debe de usarse por más de ocho horas y un tampón debe retirarse en máximo cuatro horas de uso. La acumulación de sangre en espacios cerrados son ambientes propicios para las infecciones bacterianas.

“La vagina es una cavidad abierta, a diferencia del pene” explica Roberto Montoya, el ginecólogo y obstetra con más de 45 años de experiencia. Los genitales femeninos tienen las características ideales para que patógenos como hongos y bacterias se reproduzcan con rapidez debido a la ausencia de luz y la abundante humedad. Además de la escasez de toallas sanitarias, el agua limpia no está garantizada en las cárceles salvadoreñas. “Si una mujer no cambia su toalla sanitaria con regularidad o no se limpia debidamente los restos de sangre del vello púbico durante la regla, puede desarrollar una infección bacteriana. La sangre es un medio de cultivo [de bacterias] fabuloso”. Según Montoya, una infección bacteriana no tratada puede causar una peritonitis, es decir, una infección de los tejidos de los órganos internos del cuerpo. La consecuencia última de este padecimiento es la muerte.

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No existe una política de control de salud ginecológica de las mujeres privadas de libertad, ni especialistas que atiendan infecciones o prevengan enfermedades. Los centros penales cuentan con clínicas y médicos, pero los relatos indican que no se garantiza un acceso a la salud especializada, salvo excepciones o en situaciones de emergencia.

Además, la ropa interior incluida en los paquetes que reciben las privadas de libertad —cuando los reciben, ya que algunas no tienen acceso a ellos— está confeccionada con poliéster. “La ropa interior ideal para una mujer debe ser de algodón, porque es un material que absorbe la humedad y la seca rápido. Otros materiales, como la licra o el poliéster, retienen la humedad y favorecen las infecciones”, explica Marvin, ginecólogo y obstetra. Esto podría justificar las palabras de Miriam: “ahí nadie estuvo sin tener ninguna infección vaginal. Todas”.

Para Zaira Navas, abogada especializada en derechos humanos de la oenegé Cristosal, esto se debe a que, desde un inicio, los centros penitenciarios para mujeres nunca fueron diseñados para atender las necesidades específicas de las personas menstruantes. En otras palabras, existe una carencia casi absoluta de un enfoque de género.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a cargo de Raquel Caballero, dejó de emitir informes sobre violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción desde enero de 2023. Al consultar a la institución sobre la situación específica de las cárceles y las mujeres privadas de libertad, remitieron al último informe publicado en 2009.

Según Amnistía Internacional, para garantizar una menstruación digna se requiere, al menos, acceso a agua segura, saneamiento e infraestructura sanitaria adecuada, como baños o letrinas en condiciones apropiadas.

Además, El Salvador ratificó las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, conocidas como las Reglas de Bangkok, desde su creación en 2010. La regla número 5 establece que “[…] los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación”.

II. La “mafia carcelaria” que controla los paquetes

Las toallas sanitarias que Fernanda recibió en el paquete no fueron suficientes para los 30 días que menstruó. “Con la ropa hacíamos trapitos. El pedacito que ocupaba lo iba botando, porque, ¿y cómo lo volvía a lavar si no había agua?”, recuerda. Su realidad no es distinta a la del resto de privadas de libertad, quienes recurren a esta práctica debido a la falta de insumos.

A Miriam tampoco le alcanzaron. “Nadie tenía toallas sanitarias. A mí me tocó romper una camisa y poder hacer trapos para ponérmelos, porque no tenía toallas sanitarias”, dice. Tanto Fernanda como Miriam, al igual que el resto de detenidas, dependen de sus familiares para abastecerse de ciertos alimentos, vestimentas y productos de higiene, entre ellos, los que utilizan en el periodo menstrual.

En El Salvador, la falta de políticas públicas con enfoque de género en las cárceles es uno de los factores que impide el acceso gratuito a productos como toallas sanitarias, tampones o copas menstruales en los penales, según Zaira Navas, Jefa de Estado de Derecho de la organización Cristosal. La Ley Penitenciaria, aprobada en 1997, no contempló esta obligación. “Era la familia, y siguen siendo las familias, las que proveen a las privadas de libertad”, señala Navas, especialista en materia penal.

Un paquete con productos de higiene y comida para una persona capturada tiene un costo aproximado de $150 mensuales. Sin embargo, los familiares —en su mayoría mujeres— no siempre logran reunir el dinero necesario. Un paquete que incluye solo comida puede costar alrededor de $60 dólares. En los alrededores de Apanteos, los precios varían desde $40 para los insumos básicos hasta $270 dólares por lo que los mismos comerciantes llaman un “paquete completo”.

En las paredes de las afueras de los penales suelen colocar el listado de insumos permitidos para ingresar en los paquetes. Los artículos autorizados están organizados en lo que denominan “kits”: kit higiénico, kit de suplementos alimenticios, kit de ropa y kit de medicamentos. Según una empleada del Centro Penal de Apanteos, no existe un límite en la cantidad de productos permitidos. En el caso de las toallas sanitarias, los familiares pueden enviar la cantidad que deseen, de acuerdo con la trabajadora.

Sin embargo, los paquetes no siempre llegan completos a las personas capturadas, como sucede con las toallas sanitarias. Así lo denuncian las entrevistadas. Aunque el robo constante de paquetes alimenticios y de higiene suele ser atribuido a quienes administran los penales, para algunas exprivadas de libertad, entre ellas Yolanda, estos robos son permitidos por las autoridades y los cometen “las penadas”, nombre con el que internamente se conoce a las privadas de libertad que ya habían sido condenadas antes del régimen de excepción.

En los casi dos años que estuvo detenida en Apanteos, Yolanda trabajó en la planta de comida de Food Tech, S.A. de C.V. (empresa contratada para abastecer de alimentos a las reclusas) y como paquetera (es decir, recibiendo los paquetes enviados a las personas privadas de libertad). Según relata, eran las penadas quienes revisaban y sacaban artículos de los paquetes enviados por los familiares. “Primero pasa por las mesas de custodios, donde ellos ven y revisan que nada vaya adentro. Después pasa a la bodega, donde están las penadas. Luego pasa al escáner, donde imprimen todo lo que quedará en el registro de lo que ha entrado, y ya después las mismas penadas lo llevan hasta el sector”, explica. A Yolanda la detuvieron a mediados de 2022, cuando regresaba de trabajar. Relata que, al mostrarle al policía el carnet que acreditaba su empleo en una institución pública, él lo rompió y le dijo que “el trabajo nada más era una fachada”.

A Gabriela también le llegaban menos toallas sanitarias de las que enviaba su familia. “A veces mi mamá me ponía hasta tres paquetes, y solo me entraban ocho toallas”, relata. Sin embargo, se las regalaba a alguien más, a quien no recibiera paquetes, ya que Gabriela solo tuvo su periodo dos veces en los casi dos años que estuvo encarcelada.

La escasez de productos de higiene, agravada por los hurtos dentro del penal junto al abundante flujo menstrual que experimentan las detenidas hacía que, según las entrevistadas, fuera común ver a las mujeres con la ropa manchada de sangre. “Si no le meten paquetes a las personas, sufre más todavía”, comenta Fernanda, destacando la dependencia de los paquetes enviados por familiares. Esta situación afecta de forma más severa a “las rusas”, como llaman comúnmente a las personas que no reciben este tipo de apoyo externo.

Algunas privadas de libertad se ven obligadas a tener relaciones sexuales para obtener algún beneficio básico como comida, ropa o productos de higiene, quedando expuestas a actos de violencia, violación y abusos, de acuerdo a las investigaciones de Cristosal. “Nosotros hemos registrado casos de mujeres que se ven obligadas a tener relaciones sexuales ya sea para obtener papel higiénico, toallas sanitarias, blumers, ropa, con sus compañeras; esa es una forzada, esta relación. O se ven expuestas a actos de violencia sexual por parte de agentes custodios. Muchas de ellas no son conscientes de esta violencia sexual”, señala Navas.

Otra forma de obtener toallas sanitarias, artículos de higiene o alimentos es a través de las tiendas penitenciarias. Sin embargo, acceder a estas tiendas requiere que los familiares de las detenidas estén afiliados y conozcan el número asignado a la privada de libertad por el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE). Este número es necesario para depositar dinero en la cuenta conocida como Fondo Único de Tiendas, gestionada por las oficinas de Antecedentes Penales.

Una vez realizado el depósito, la interna es notificada que tiene fondos disponibles, los cuales solo puede gastar en las tiendas penitenciarias. Este sistema es controlado y administrado bajo la responsabilidad de Centros Penales y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El paquete de 12 toallas sanitarias cuesta alrededor de $2.50 en la tienda del penal, según Yolanda.  

La dinámica de trueques

Los trueques son otra forma de obtener insumos básicos para subsistir dentro de Apanteos. Los intercambios internos se dan a partir de las negociaciones de distintos servicios o productos. De esta forma, reclusas que no reciben paquetes o no les alcanza lo que reciben de sus familiares pueden acceder a productos como toallas sanitarias. Así lo hacen las rusas.

Cada producto tiene un valor en dólares establecido por las detenidas; sin embargo, ante la falta de dinero en físico los intercambios se realizan por comida, productos de higiene o incluso de trabajo. A la gente que ya está en las celdas se le da el triple de lo que vale. Las que no tienen pin le compran a las que sí tienen en tienda. Digamos un ejemplo: yo tengo pin, pero usted no. Entonces yo la [Coca Cola] la saco a $3, porque es lo que cuesta en la tienda. Y, para mi ganancia, yo la vendo a $6”, explica Yolanda.

Es decir, cada artículo tiene un valor estándar en dólares que puede ser intercambiado por uno o más artículos, dependiendo del valor del objeto. Por ejemplo: un vaso 16 onzas de avena de sabor, con  un valor establecido de $2, puede ser intercambiado por un vaso de 8 onzas de leche y un vaso de 16 onzas de avena simple —ambos valorados con $1 cada uno—, o por cualquier otro producto que ya sea individualmente o sumado dé un total de $2. En el caso de las toallas sanitarias, las 10 unidades de toallas pequeñas valen $1 y las 5 toallas grandes también.

Este intercambio se realiza también a partir de negociaciones como el lavado de ropa o por porciones del plato de comida que les distribuyen dentro del penal. “Cambiaban 10 o 20 toallas pequeñas por tres plátanos fritos”, recuerda Yolanda. Sin embargo, agrega: “no podía estar cambiando la comida por toallas, porque necesitaba la comida para cambiarla por papel. Entonces prefería papel y no toallas”. Tanto Yolanda como Dolores coinciden en que un plato con pollo y arroz tiene un valor establecido de aproximadamente $5.

Por su parte, Centros Penales de Apanteos distribuye tres platos de comida al día a cada privada de libertad. Según un contrato de suministro del servicio de alimentación para jóvenes internos en los Centros Intermedios y otras actividades de la Dirección General de estos centros atribuido en el 2022, la empresa contratada para abastecer de alimentos a las reclusas, Food Tech, S.A de C.V., recibió un monto de $943,800.00 dólares. El precio diario por interno, incluyendo los tres tiempos de comida, sería de $4.29, según el documento. Esto se traduce a $1.43 por cada tiempo; Sin embargo, el Portal de Transparencia no proporciona información sobre el monto asignado para el suministro de alimentos destinado a la población reclusa del Sistema Penitenciario, que incluye centros como Apanteos. Solo están disponibles los contratos de establecimientos destinados previo al régimen de excepción a jóvenes que requerían tratamientos especializados o cuya permanencia en los centro penal afectaban a otros menores.

Los alimentos son preparados por algunas detenidas designadas a trabajar en la planta de comida de Food Tech, S.A de C.V., situada dentro del mismo reclusorio, según Yolanda. Ella trabajó en la planta durante seis meses. Todos los días, a las 2:30 a.m., esperaba que el custodio abriera el portón y mencionara su nombre para irse a la planta.

En la planta trabajan exclusivamente internas y los “jefes de blanco”, como Yolanda y el resto de detenidas llaman a las personas externas que son cocineras o laboran directamente para la empresa. Los trabajos dentro de Food Tech incluyen la preparación de alimentos y bebidas, así como la repartición de los mismos en las celdas.

Por trabajar en la planta, las reclusas reciben el “beneficio” de comer “comida frita”, preparada exclusivamente para los custodios, el director u otro tipo de personal del penal, según los testimonios. Sin embargo, este tipo de comida no está disponible para el resto de privadas de libertad que no trabajan en la planta. 

La comida distribuida a las miles de detenidas es conocida como “comida de rancho”. Según los testimonios recabados para este reportaje y múltiples denuncias de personas detenidas durante el régimen, suele estar en malas condiciones y no siempre es apta para el consumo. “Comida de rancho, como dicen allá, la comida de pobre para la población”, dice Yolanda. 

Fernanda asegura que la comida llevaba gusanos. Su testimonio coincide con el de  Miriam, quien agrega que los macarrones solían llegar en mal estado. “A mí, de hecho, no había día que no me saliera una cuca, una mosca, pelos. Eso era todo el tiempo, todos los días en la comida ya las cosas ya por arruinarse”, cuenta. 

Sin embargo, la comida distribuida por el penal no es suficiente ni contiene los nutrientes necesarios. Cuatro de las entrevistadas reportaron que, al momento de recuperar su libertad, estaban en estado de desnutrición. De acuerdo a la ginecóloga Sofia, la alimentación es especialmente importante para las personas menstruantes. “Ocupamos mucho más hierro, mucho más nutrientes que un hombre. Por lo tanto, la alimentación tiene que ser balanceada”, explica la experta. También añade que la desnutrición provoca periodos menstruales irregulares que podrían generar daños a largo plazo.

Gabriela agrega que, además de estar en mal estado, la comida de rancho contenía yodo. Según el testimonio de Yolanda, en la planta tenían la orden de agregar cierta cantidad de este químico a algunos alimentos, aunque desconoce si se añadía a todos, ya que no trabajaba en el área donde se preparaban los alimentos, pero sí donde estaban las bebidas. “En la planta está cabalito cuánto es el porcentaje de químico que se les tiene que poner a los basculantes de café, a los basculantes de los frijoles”, relata Yolanda. Los basculantes son ollas grandes donde se preparan los alimentos o bebidas.

En el caso del café y atol tenían la orden de agregar un 5 % de yodo a cada basculante que alcanzaba para cinco barriles de café, según Yolanda. En cuanto a los refrescos,un 10 % de yodo. Yolanda asegura que esto le empañaba la vista y le causaba brotes de manchas en la piel, por ello no lo tomaba. “Usted recibía el fresco en un vaso de Food Tech de ocho onzas, y abajo se miraba como que eran pastillas desechas”, cuenta.

Intentamos cuestionar sobre el uso adicional de yodo en la alimentación, así como las deficientes condiciones de acceso a agua e insumos de higiene personal con el director Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Apanteos, pero la secretaria del funcionario derivó a la oficina de comunicaciones donde nunca respondieron. También se envió un correo electrónico, pero hasta el momento de publicación de esta investigación no se ha recibido contestación.

Según Zaira Navas, las denuncias sobre el suministro de yodo en la alimentación de las personas privadas de libertad no son nuevas. “Hace muchos años en una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, en la que yo participé estando en esa institución, verificamos que efectivamente había yodo en la comida en Zacatecoluca —Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca—”, explica.

Internamente, se comenta que el uso de yodo tiene el objetivo de reducir el deseo sexual. Médicos consultados para esta investigación comentaron que el exceso de yodo puede derivar en complicaciones en la tiroides, una glándula que regula el funcionamiento de otros órganos y tejidos del cuerpo.

III. Escasez de agua en medio de un manantial 

Sumadas a las pésimas condiciones y falta de recursos en los centros penitenciarios, las personas privadas de libertad narran haber estado expuestas a torturas, maltrato físico, maltrato psicológico y reiteradas restricciones en su alimentación y acceso al agua, tanto para consumo como para el aseo cotidiano. Esta situación no solo resulta alarmante desde la perspectiva de la dignidad humana como derecho fundamental, sino en contraste a las condiciones mínimas de higiene que debe tener una persona que menstrúa.

Bukele mantiene un discurso crítico hacia los derechos de las personas privadas de libertad. Ese enfoque, según los testimonios recabados para esta investigación, también se reproduce de manera expresa entre el personal de las cárceles: ahí nos dicen claramente ellos de que usted no tiene derecho a absolutamente nada. Usted ya perdió su derecho desde el momento que ingresó por un régimen. Entonces, o sea, usted prácticamente se mentaliza ahí adentro de que usted no tiene derecho a absolutamente nada”, narra Fernanda, quien estuvo dos veces detenida en distintos centros penitenciarios.

El suministro de agua para las privadas de libertad es un recurso restringido, cuya cantidad, aunque puede variar, se establece en cantidad de guacaladas para el baño y en onzas para su consumo diario. Según Gabriela, el agua era limitada y “la daban medida”. A veces solo les proporcionaban 4 onzas para beber al día; mientras que para el baño la cantidad también era restringida: “en cárcel de mujeres te daban cuatro (guacaladas)”, relata.

Lo irónico es que el penal Apanteos está contiguo al balneario que lleva el mismo nombre y que es conocido por contar con abundantes nacimientos de agua.

La Ley general de recursos hídricos de El Salvador, vigente desde el 13 de julio de 2022, reconoce el derecho humano al agua, definido como el derecho de todas las personas, a disponer agua de calidad, suficiente, segura, accesible y asequible.

Fachada, piscina y lavadero al interior del balneario Apanteos. Fotografías: Marcela Trejo, Daniel Reyes y Tania Ortiz.

Asimismo, también reconoce el derecho humano al saneamiento, siendo este el derecho que tienen las personas sin discriminación alguna: a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y que garantice la dignidad.

Fernanda cuenta un episodio en el que sufrió una infección en las vías urinarias, según ella, como resultado de aguantarse las ganas de orinar debido a las largas filas para poder acceder al servicio sanitario. Después de varios días de restringirse, Fernanda no podía orinar y fue llevada a la clínica del centro penal. La doctora le recetó consumir mucha agua: “te vamos a dar más, y si aún así no te dan ganas de hacer pipí, te vamos a tener que poner sonda”. A Fernanda la hicieron tomar tanta agua que tuvo que vomitar. Como consecuencia, fue castigada y obligada a empezar de nuevo a tomar más agua.

El poco consumo de agua puede generar múltiples padecimientos, como dolores de cabeza, estreñimientos, o cansancio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas establece que “[…] toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley”.

La restricción al agua, además de ser una falta grave a la dignidad humana, es un patrón de ejecución en las cárceles del régimen como una medida de tortura y condicionamiento para las privadas de libertad. “Nos daban cuatro onzas de agua en la mañana, en el mediodía y en la tarde o en la noche”, reitera Fernanda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había solicitado a El Salvador, en 2022, cumplir sus obligaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Los argumentos expuestos por la CIDH fueron constatados en el marco de la visita in loco realizada en El Salvador en el año 2019, argumentando que las carencias señaladas no solo en la infraestructura, sino también en las condiciones de insalubridad, la falta de higiene y la atención médica insuficiente era una situación que se habría agravado en el marco del régimen de excepción.

Dolores, de 47 años, estuvo privada de libertad durante los primeros días del régimen de excepción. Pasó cuatro meses en el penal de Ilopango y tres más en Apanteos, donde experimentó un agravamiento de las deficiencias en las condiciones de reclusión. Narra cómo el acceso al agua no solo era una restricción para su higiene y consumo, sino también un privilegio reservado para “las penadas”.

Según los tres ginecólogos consultados, el acceso al agua es esencial para garantizar una salud menstrual adecuada. La falta de agua para el aseo incrementa significativamente el riesgo de proliferación de bacterias, lo que puede derivar en diversas enfermedades, como la vulvovaginitis, una infección común causada por la proliferación de hongos y asociada a la falta de higiene.

Sofía, ginecóloga y obstetra del sistema público, afirma que las situaciones como la depresión, el estrés causado por el hacinamiento, la incertidumbre de sus procesos judiciales, la violencia interna y la desnutrición provocan periodos menstruales irregulares y podrían derivar en otras afecciones. “La menstruación es, antes que nada, sangre, y la sangre es un líquido, un líquido compuesto en una buena parte por agua. Si hablamos que las privadas de libertad solo consumen 12 onzas de agua diarias y no ingieren lípidos ni grasas, es esperable que presenten amenorrea, es decir, ausencia de regla”, explica Sofía.

La ausencia de regla no es un problema en sí mismo. Las atletas de alto rendimiento, por sus estrictas dietas y largos periodos de ejercicio físico, también la experimentan. Sin embargo, la ausencia de sangrado podría ser una señal de desnutrición y anemia, condiciones que sí pueden representar daños a largo plazo en la salud.

Dos de los testimonios aseguran haber convivido con personas que presentaban flujos de color verde: “vaya, en Apanteos es horroroso, o sea, allá es andar sucio, manchado, o sea, apestoso, prácticamente. Yo nunca había visto flujos verdes, o sea, esos tufos como como animal muerto”, recuerda Fernanda. Miriam cuenta que algunos flujos incluso eran de color completamente negro.

Según Montoya, las variantes en el color de los flujos vaginales representa una alerta que debe ser tratada por personal de salud calificado: “si vamos a hablar de verde, ya no hay sangre, sino que ahí hay otra cosa, será una infección que está saliendo desde la parte interna de la matriz que es el endometrio. Si el endometrio está infectado, eso debe tratarse prontamente, porque puede llevar después a una peritonitis, es decir, complicaciones muy serias para las usuarias”.

En otras situaciones graves la restricción de antibióticos para una mujer podría llevarle a padecer a partir de distintas infecciones no tratadas en endometritis, que afecta a la parte interna del útero en donde deja de responder a las hormonas de manera normal y en esta situación podría incluso llevar a infertilidad.

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⁠Investigación:

Marcela Trejo, Daniel Reyes y Tania Ortiz

Guiones y producción audiovisual:

Marcela Trejo, Alejandro Santos, Daniel Reyes, Rosa Salguero y Tania Ortiz

Fotografía y video:

Alejandro Santos

Edición de video:

Marcela Trejo y Alejandro Santos

Dirección creativa:

Rosa Salguero

Asistencia técnica y transcripciones:

Glenda González

Edición:

Cecibel Romero

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Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina. 

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