Las dudas sobre los $2,000 millones de deuda para la crisis por covid-19
La Asamblea Legislativa, por unanimidad, autorizó esta semana al Gobierno adquirir hasta 2,000 millones de dólares en deuda.
Con este monto se pretende financiar un fondo especial de emergencia, recuperación y rescate económico por los efectos de la Covid-19 en el país.
Sin embargo, el Gobierno no ha especificado en qué gastará esta deuda ni cómo gestionará los abultados intereses que generará.
Este jueves, la Asamblea autorizó al Ejecutivo buscar hasta 2,000 millones de dólares en deuda para atender la emergencia provocada por la covid-19 y la recuperación económica que necesitará El Salvador una vez se controle la crisis de salud.
Los recursos adquiridos irán a un fondo especial que será administrado por un comité, de mayoría gubernamental, con la participación de la empresa privada, centros de pensamiento y universidades.
Pero, ¿por qué el país necesita endeudarse para atender la emergencia? ¿Se justifica una deuda equivalente a la tercera parte del presupuesto nacional?
El ministro de Hacienda Nelson Fuentes dijo que el Gobierno necesita deuda porque no tiene dinero suficiente para atender la emergencia.
El funcionario calcula que la crisis generará un agujero de $500 millones, ocasionado por una caída en la recaudación de impuestos.
El economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales – el Icefi – coincide en que el país necesita endeudarse para atender la emergencia sanitaria.
Sin embargo, plantea que es importante saber cuánto debe pedir prestado el Gobierno y cuánto se necesita. Esto lo determina un plan de gastos preciso.
El Gobierno no presentó un plan de gastos ni justificó por qué necesitaba 2,000 millones de dólares y no otra cifra.
Para el jueves 26 de marzo, la petición del Gobierno tuvo el apoyo de los 84 diputados y de todas las fracciones legislativas.
Tras la votación, el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, no supo identificar en qué se gastarán los $2,000 millones aprobados por la Asamblea.
Por su parte, Donato Vaquerano, diputado del opositor ARENA y veterano miembro de la Comisión de Hacienda, reconoció que aprobaron la deuda sin un plan específico.
Según el decreto aprobado, los 2,000 millones podrán adquirirse a través de préstamos, emisión de bonos o una mezcla de ambos.
El centro de pensamiento Fusades calificó como drástica y apresurada la emisión de los $2,000 millones en deuda. Según sus cálculos, en tres años, la deuda pública representaría la totalidad de la actividad productiva que se desarrolla dentro del país: de 10 dólares producidos, 10 estarían comprometidos en deuda.
En ese mismo sentido, el Icefi dijo que el Gobierno debe priorizar los créditos con organismos multilaterales, porque emitir bonos implicará más intereres, ya que el mismo coronavirus ha inyectado temor en las bolsas de valores del mundo.
De acuerdo con cálculos del economista Andrés Oliva, de Fusades, si El Salvador colocara los 2,000 millones en bonos, tendría que pagar una tasa de interés del 10.5 %. Eso significa 210 millones de dólares solo en intereses.
Si a estos 210 millones se le agregan los 990 millones de dólares en intereses por deudas pasadas, El Salvador acumularía 1,200 millones de dólares solo en servicio de deuda.
Esto equivale a 17 veces el costo del hospital provisional que se construye en Cifco, anunciado por el Gobierno para atender la emergencia.
En este escenario de altas tasas de interés, ¿qué mecanismo de financiamiento priorizará el Gobierno? El secretario privado Ernesto Castro dijo que la prioridad es obtener dinero rápido.
Las finanzas públicas salvadoreñas han sido frágiles desde antes de la pandemia.
Según datos del Banco Central de Reserva, solo en 2019 el sector público gastó 824.7 millones más de lo que percibió en ingresos. Buena parte de ese monto se originó entre junio y diciembre, es decir, en los primeros 6 meses de la gestión de Nayib Bukele.
Para cubrir esos agujeros, el Gobierno pide dinero prestado y esa dinámica ha llevado a que el sector público acumule 18,957.9 millones de dólares de deuda.
Con la suspensión temporal de la ley de responsabilidad fiscal, el Ejecutivo no tiene límite para endeudarse durante tres meses.
Los centros de pensamiento reiteraron al Gobierno que esto no significa una carta blanca para obtener recursos, pues desde antes del coronavirus las finanzas públicas no estaban en condiciones de soportar más endeudamiento.
