Trump “certifica” a Bukele en el cumplimiento de Derechos Humanos
Stephen E. Biegun, Subsecretario de Estado de Estados Unidos, firmó y envió al Congreso de su país el 27 de mayo la solicitud de certificación en la que reconoce que el Estado salvadoreño es un garante de los derechos humanos. Aunque el Departamento de Estado mostró su preocupación por diferentes acciones realizadas por el presidente Nayib Bukele que pusieron en riesgo la independencia de poderes del Estado, como los hechos del 9 de febrero; o las limitaciones impuestas a la libertad de prensa, información y de acceso a información pública, la institución adujo en su memorándum que se cumplían los nueve criterios iniciales para la certificación, que debe ser avalada por el Congreso.
El 6 de junio pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado de prensa, agradeció al gobierno de Estados Unidos por otorgar al país una “certificación que legitima la recepción de más cooperación para el bienestar de los salvadoreños” y afirmó que en este primer año de la gestión del presidente Bukele se reconstruyó “la histórica amistad” con Estados Unidos. Pero omitió que el memorándum no significa que exista una certificación ya aceptada por el país norteamericano.
El memorándum enviado destacó como principales logros de la presidencia de Nayib Bukele, la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (Cicies), creada con “el aporte de la ciudadanía” y sin mencionar las limitantes que la Comisión tiene; la membresía al grupo Egmont obtenida por la Unidad de Investigación Financiera (UFI) de la Fiscalía General de la República (FGR) y puso como ejemplo de lucha contra la corrupción los casos judiciales contra los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, casos que iniciaron antes de que Bukele asumiera la presidencia. Pero los grandes logros de la gestión Bukele están centrados en la reducción de homicidios y en la lucha contra la migración indocumentada, el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente sobre las pandillas.
En el documento existe un especial énfasis en aquellas medidas en las que existe una colaboración directa con las políticas del gobierno de Trump: La disminución de salvadoreños intentando cruzar la frontera sur estadounidense sin documentos; la creación de una patrulla fronteriza en El Salvador; la extensión del contrato de arrendamiento de la base de interdicción de drogas en Comalapa; y la “cooperación” para recibir a sus ciudadanos retornados, incluso durante la Pandemia de COVID19.
Las “preocupaciones” sobre la gestión Bukele
En el documento, el Departamento de Estado señala que existen “preocupaciones significativas” por el uso de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados armados para presionar e intimidar al Legislativo para aprobar fondos para su plan Control Territorial, el 9 de febrero de 2020. Y aunque justificó a Bukele, porque él seguía el consejo de su asesor legal y luego acató la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de prohibir esas acciones, Bukele sí “amenazó la independencia de la Asamblea Legislativa y potencialmente debilitó instituciones públicas”. Más allá, la institución afirma en el memorándum que los hechos del 9 de febrero sugieren que, “en ausencia de la decisión judicial, el presidente Bukele habría socavado aún más una institución pública.”
El Departamento de estado solicitó al Congreso la certificación de El Salvador, aun cuando no se veían avances reales en la Implementación de reformas, políticas y/o programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas o en la protección de los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la independencia de los medios.
Para saldar el primer punto, la institución destacó como logros en esta área el aumento de presupuesto del Instituto para el Acceso a la Información Pública (IAIP); y evitó mencionar los bloqueos al acceso a información pública de parte de la gestión Bukele. Para el segundo, el apoyo a grupos de la sociedad civil y víctimas de la guerra para darles voz en el proceso de creación de una ley de reconciliación nacional; pero no mencionó la negativa del Ejecutivo de abrir los archivos militares de la época del conflicto armado.
En el segundo punto, aunque muestra su preocupación por los continuos esfuerzos del gobierno “para silenciar a los medios de comunicación si no apoyan la narrativa oficial”, los ataques impulsados por “el trato que Bukele les da en las redes sociales” a periodistas y la elección selectiva de “retirar pauta publicitaria a los medios de comunicación críticos”, el departamento de Estado evaluamos que, “en general, el gobierno de El Salvador cumple con este criterio.”
En todos los criterios en los que no se podía destacar logros del gobierno de Bukele, la institución adujo que en ellas existió “un movimiento positivo limitado” que era “suficiente para considerar que el criterio se ha cumplido.”
El apoyo de la administración Trump también se vio reflejado en cómo se matizó la transparencia y la relación del Ejecutivo con el resto de órganos del Estado durante la crisis por la pandemia de COVID19. Para el Departamento de Estado, al inicio de la crisis, Bukele trabajó muy de cerca con la Asamblea para “garantizar que las medidas de emergencia que limitaban la libertad de movimiento, las cuarentenas y los poderes policiales se implementaran de acuerdo con la Constitución”. Además asegura que el gobierno central brindó “una transparencia ejemplar” en informes diarios y “explicaciones detalladas de políticas para prevenir futuras infecciones”; y que se mantuvo “un sitio web altamente transparente y continuamente actualizado con información relevante sobre la situación del COVID19”. Como muestra de esa transparencia mostraban, que las encuestas indicaron que más del 90% de aprobación a la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID19.
Del porqué de estos vacíos de información en la solicitud de certificación y preferencias para destacar solo lo positivo que ha hecho el gobierno de Bukele, ahondó Lisa Haugaard, Codirectora Latin American Working Group. “Me imagino que era muy difícil escribir esta certificación. La verdad es que la administración Trump no tiene mucho interés en los Derechos Humanos y en la lucha anticorrupción, porque en el mismo momento certificó, no solo a El Salvador sino también a Guatemala y Honduras, el mismo día (…), realmente no se pueden ver estas certificaciones con mucho respeto, son una cosa bastante política”, dijo a Focos.
