Orlando Montano defendió a «La Tandona» hasta el último momento
Caso: Masacres Jesuitas
El miércoles 15 de julio concluyó la vista pública contra el ex general del ejército salvadoreño Inocente Orlando Montano, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras de los religiosos el 16 de noviembre de 1989.
El proceso cerró con los alegatos finales de todas las partes: fiscalía, acusación particular y defensa. Incluso Montano decidió ocupar su derecho de realizar una última declaración y lo hizo para defender a sus compañeros de armas agrupados en La Tandona, un grupo que durante el juicio fue acusado en múltiples ocasiones no solo de participar en el atendado contra los religiosos, sino de cometer muchos atropellos contra los derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña.
La Tandona fue el nombre que se le dio al grupo de oficiales graduados de la Escuela Militar en 1966, una generación que llegó a ocupar importantes cargos en el ejército y en el gobierno durante los años 80. Es decir, eran los militares más poderosos en pleno conflicto armado.
Montano fue parte de esa generación y en el juicio que se lleva a cabo en su contra quiso dejar en claro hasta el último momento que este grupo de militares no era el «monstruo» que señalan muchos informes de la época, como el de la Comisión de la Verdad.
«Ese informe de la Comisión de la Verdad lo escribieron en la UCA, los asesores políticos de la UCA, y ellos comprometían a toda la generación de 1966, La Tandona. Nos catalogaban como verdaderos delincuentes, secuestradores, ladrones, violadores, asesinos vulgares. Todo es falso», declaró Montano.
El ex general del ejército salvadoreño dijo incluso que La Tandona no ha desaparecido y que se mantiene vigente. «La organización no ha desaparecido, todavía estamos funcionando como promoción. Todos los años nos reunimos en diciembre para celebrar cumpleaños y hechos importantes», expuso. Luego sumó que La Tandona nunca fue una organización terrorista, sino una «organización social que se ganó un prestigio basado en la honestidad y el cumplimiento del deber».
En su intervención Montano señaló además que él era amigo de Ignacio Ellacuría y volvió a reiterar su inocencia. Dijo que nunca participó en una reunión donde se diera la orden de matarlo a él y a los otros sacerdotes en el campus de la UCA.
Finalmente, Montano pidió disculpas a su abogado, quien le había sugerido no hacer una declaración final, y aseguró que aceptaría la sentencia, sin importar lo que suceda. «Quiero que se cumpla con la justicia. Si realmente piensan que yo soy culpable pues ni modo, voy a aceptar la sentencia que el tribunal proporcione», añadió.
Solo falta la sentencia
A pesar que el 16 de noviembre de 1989 hubo ocho asesinatos, la Audiencia Nacional solo juzga a Montano por las causas de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes. Los asesinatos del cura salvadoreño Joaquín López y López; y también las salvadoreñas Elba y Celina Ramos, empleadas de los religiosos, no pueden ser vistas en este proceso por falta de jurisdicción.
Si es encontrado culpable Montano podría recibir hasta 150 años de prisión, aunque debido a su mal estado de salud y su avanzada edad recibiría otro tipo de pena.
Por ahora no hay una fecha definitiva para que los magistrados José Mora, Fernando Andréu y María García declararan que el juicio queda visto para sentencia.
Jorge Agüero Lafora, abogado de Montano, pidió a los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España que libere al ex general de toda culpa porque él no tenía «capacidad de decisión»en 1989.
«Parece que se quiere hacer parecer que él debe tener la culpa a toda costa, pero él no era parte del alto mando (del ejército), sino que como viceministro de justicia tenía un cargo administrativo», declaró el letrado, mientras se refería a que los verdaderos autores intelecturales no han sido llevados al banquillo de los acusados y que Montano únicamente controlaba a la policía nacional y de hacienda en esos momentos, no al batallón Atlacatl, que fue el brazo armado que cometió los asesinatos.
Durante las cuatro semanas que duró el juicio (dos en junio y dos en julio) los testigos de la parte acusadora aseguraron que Inocente Orlando Montano, quien en 1989 era viceministro de seguridad del gobierno del presidente Alfredo Cristiani, participó en la planificación y en la ejecución del asesinato de los sacerdotes españoles
«¿Era el señor Montano un ignorante absoluto? Montano tenía la obligación jurídica de obligar que sus subordinados no permitieran la acción que terminó en la masacre, pero sus tropas (policía) ni siquiera lo intentaron», dijo en la jornada final el abogado particular Manuel Ollé, en alusión a la coartada del ex general durante este proceso.
José Antonio Martín, representante legal de los hermanos del sacerdote Ignacio Martín-Baró, sumó que Montano era un coautor por omisión y dijo directamente al ex militar que «usted pudo dar una contraorden para que el atentado no se cometiera, pero no lo hizo», mientras que también envió un mensaje de sus representados: «le anticipo que tiene usted el perdón de los hermanos del padre Martín-Barón».
Ollé hizo incapíe además en la importancia internacional que tendrá la decisión del tribunal español y que la sentencia marcará un hito histórico a más de 30 años de cometidos los asesinatos. «Sin justicia no hay paz ni reconciliación. Hoy no estamos juzgando a un delincuente común, sino a un enemigo de la humanidad», dijo el abogado.
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