Testigos reafirman que FAES intervino para no investigar masacre de jesuitas
Presión al jurado, pactos de silencio y obstaculización de las diligencias fueron algunas de las estrategias que la Fuerza Armada de El Salvador utilizó para entorpecer la investigación del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, según dos testigos que declararon este jueves 11 de junio durante el juicio contra el exgeneral Orlando Montano.
El exgeneral Montano es el único salvadoreño que enfrenta a la justicia española en un juicio oral que inició esta semana y que ha entrado en receso hasta el 8 de julio, cuando se retomarán el resto de testimonios y se presentarán más pruebas para determinar o no sí el exmilitar fue autor material de los hechos.
Este 11 de junio declararon los abogados españoles José Luis Navarro Pinar y Enrique Arnaldo Cubillo, quienes visitaron El Salvador entre 1990 y 1991 y conocieron de primera mano el avance de las investigaciones sobre la masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Navarro Pinar fue parte de una delegación de congresistas españoles que llegaron a El Salvador en noviembre de 1990, cuando se conmemoraba el primer año del asesinato. De esa visita a suelo salvadoreño surgió un informe en el que se revelan algunas inquietudes que existían alrededor del hecho.
«El objetivo de la delegación que viajó aquel año (1990) no era específicamente investigar los hechos. No era esa la misión del congreso. Íbamos para apoyar el proceso de paz que se buscaba en ese entonces, pero tuvimos conocimiento de cosas que pasaron antes del atentado y las dejamos planteadas en el informe», declaró Navarro ante las preguntas de la fiscalía y los abogados particulares.
Entre los señalamientos más destacados del informe se destaca que en aquel momento, un año después de los asesinatos, ya se hablaba de «autores intelectuales», que no eran precisamente los que estaban siendo acusados ante la justicia salvadoreña.
«En El Salvador en aquel entonces no existía policía judicial (o civil), sino que la policía dependía del ejército y eso hacía difícil el tema (investigación de los jesuitas)», añadió hoy Navarro, quien reafirmó ante los miembros del tribunal de la Audiencia Nacional de España que mantiene todo lo dicho en su informe.
Pacto de silencio y acoso a investigadores
José Luis Navarro Pinar realizó su declaración mientras Orlando Montano estaba a sus espaldas y escuchaba la versión del testigo. Por eso oyó bien cuando el abogado sugirió que varios mandos militares de la Fuerza Armada confabularon para que las investigaciones de la masacre no dieran fruto.
«Había una especie de ‘pacto de silencio’ en el interior de la Fuerza Armada para que la investigación no siguiera», reafirmó.
Incluso sostiene que ese año, en 1990, la delegación de diputados españoles se reunió con el presidente Alfredo Cristiani, con el cual hablaron de todo, menos de los asesinatos.
El segundo en declarar fue el también abogado Enrique Arnaldo Cubillo, quien elaboró un informe de una visita que realizaron representantes del parlamento español en septiembre de 1991, para presenciar los avances en el juicio contra los supuestos autores materiales de los asesinatos en la UCA.
Cubillo recreó en la audiencia la forma en la que se desarrolló el juicio. «El jurado estaba en un cajón, lejos de la vista de todos los demás presentes. Eso incluso hacía difícil que ellos escucharan lo que se hablaba durante la audiencia, que básicamente solo era una lectura de documentos con textos largos, pero que nadie al parecer había constatado», recordó.
También recordó que durante los días del juicio había una presión de la Fuerza Armada para, aparentemente, incidir en la decisión del jurado. «Pasaban helicópteros volando bien bajo y cerca del lugar donde se realizaba (la audiencia). Sonaban sirenas. Nosotros lo vivimos porque estábamos ahí y no creemos que todo eso fuera sin causa», narró.
El abogado particular Manuel Ollé hizo alusión a la página 28 del informe de Cubillo sobre la visita a El Salvador y destacó que en aquel entonces la delegación española concluyó que «la Fuerza Armada se vuelve dueña del proceso penal cuando afecta a sus miembros (acusados)», en relación a la presión que existía sobre la causa.
Ambos testigos también confirmaron la presión que existía sobre el juez Ricardo Zamora y los fiscales Sidney Blanco y Henry Campos en el juicio contra los supuestos autores materiales. Algo que, según ellos, también incidió en el resultado y en la dificultad que se tuvo para llevar al banquillo de acusados a los que habían dado las órdenes.
Con estos dos testimonios terminó la primera semana del juicio contra el exgeneral Orlando Montano. El proceso queda en receso hasta el 8 de julio, cuando se tome el testimonio del exteniente René Mendoza, quien el lunes pasó de ser acusado a testigo clave para resolver el caso.
