FGR solicita separar al juez del caso El Mozote
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió separar al juez Jorge Guzmán, juez segundo de instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, quien reabrió hace cuatro años el juicio por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, presentando una solicitud de recusación en su contra, lo que podría representar un atraso en el proceso judicial.
Según la fiscalía, el juez está aplicando el Código Penal vigente desde 2011 por encima del promulgado en 1973 y que, según el artículo 15 de la Constitución de la República, “nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho del que se trate y por los tribunales que previamente haya establecido la ley.”
Para David Morales, abogado y representante legal de las víctimas en le caso, afirmó que la petición presentada por la FGR tiene inconsistencias e incoherencias de legalidad. “Nos parece contradictorio que una Fiscalía que ha tenido participación en los actos procesales de instrucción y que con su presencia y sus acciones ha validado los diferentes actos procesales, en los últimos cuatro años, ahora adopte una posición de cuestionar al juez”, afirmó Morales.
Pero, a juicio de la FGR, el juez violó los principios de imparcialidad, igualdad, legalidad y al debido proceso, al aceptar la petición de uno de los abogados representante de las víctimas, David Morales, para integrar a la española Paloma Soria Montañez como perita en el caso, el 22 de diciembre de 2020.
El 26 de enero de este año, el fiscal Luis Alberto Amaya García solicitó impedir la juramentación de la perita argumentando que el Código Penal de 1973 obliga a los peritos a tener un título sobre “la materia objeto del dictamen”, que en este caso es para probar la existencia del crimen de violación agravada durante el juicio. Según el requerimiento fiscal, el peritaje idóneo debería ser un especialista en sociología y por ello, en su lugar, solicitaban el nombramiento de un perito nacional del Instituto de Medicina Legal (IML).
Soria Montañez es especialista en crímenes de violencia sexual y crímenes de género. Participó como perita en el juicio que enfrentó el expresidente guatemalteco José Efraín Ríos Montt, en los casos del Genocidio Ixil y la masacre de Sepur Zarco.
Además, para la FGR: Morales no cumplió con los requerimientos que le demanda el Código Penal de 1973, que obligan la presentación de toda la documentación que acredita la capacidad de la especialista. Toda esta papelería debería ser autenticada y en el caso de la abogada española solo se presentó una copia simple de su pasaporte. Guzmán no aceptó la petición fiscal y determinó que, el próximo 26 de marzo, Montañez sería juramentada como perita para el juicio.
Una sorpresa por partida doble
En su recusación al juez Guzmán, lo fiscales incluyen una nueva solicitud de revocar la juramentación de Soria Montañez. “Hay ocasiones en que las partes piden, y piden mal; y la Fiscalía tiene que corregirles la plana. Uno de esos casos es el que los querellantes están pidiendo”, dijo Raúl Melara, Fiscal General de la República, al ser cuestionado sobre la petición hecha por la Fiscalía y afirmó que se daría más información en un comunicado oficial por la tarde.
Sin embargo, Melara si adelantó que toda actuación de la FGR, en este u otros casos, “va encaminada a llevarle justicia a las víctimas”. Pero Morales, en conferencia de prensa, organizada por la Asociación Promotora de Derechos Humanos Cristosal, afirmó que las víctimas no fueron notificadas de este proceso lo que atenta contra su derecho de tutela legal efectiva y es un atentado a la independencia judicial.
Al final de la tarde, la FGR envió un comunicado de dos párrafos en los que reafirmaban que la FGR, como “garante de la legalidad y comprometida con la protección de los derechos de las víctimas” del caso reiteraba que era legal la petición de revocatoria de la perita española porque no se acreditó legalmente su idoneidad requerida para el cargo, “lo que pone en riesgo el valor probatorio del peritaje” que ella pudiera realizar.
Sobre la recusación del juez Guzmán, la FGR aseguró que debido a que la Unidad fiscal de Delitos cometidos durante el conflicto armado, encargada del caso de El Mozote, no informó previamente de que solicitaría esta acción “se ha abierto un proceso de auditoria con el fin de investigar la actuación de los fiscales que la realizaron.
La Fiscalía y Morales no fueron los únicos sorprendidos. El juez Guzmán, en una entrevista telefónica con Focos, afirmó que la petición también le tomó por sorpresa. “No sé cuál será la intención o el objetivo”, dijo. pero reconoció que mientras se resuelva su recusación no podría hacer ningún trámite del juicio.
Guzmán dijo que después de revisar la recusación, tiene que llevarla a la Cámara de Segunda Instancia en San Miguel, quien será el responsable de resolver la validez de los argumentos y motivos de esta.
* Con reportes de Andrés Dimas.
