Retrasar y no litigar, la defensa en el caso El Mozote
La masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en El Salvador en diciembre de 1981, es la mayor matanza registrada en América Latina en el siglo XX. Este hecho atroz dejó un saldo preliminar de 978 personas asesinadas; 553 eran menores de edad, la mayoría menores de 12 años y 248 menores de seis años.
Aunque el Estado y el Ejército salvadoreño negaron la masacre durante años (hasta el 16 de enero de 2012, cuando el expresidente Mauricio Funes pidió perdón públicamente), el 26 de octubre de 1990, Pedro Chicas Romero, quien perdió a toda su familia en la matanza, presentó una denuncia para iniciar un proceso judicial. Sin embargo, este se cerró en 1993, por la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y, ese mismo año, el juez Jorge Guzmán reabrió el caso, que se ha mantenido activo desde entonces.
Representantes de las víctimas luchan activamente porque el caso llegue a juicio y, la defensa militar, intenta evitarlo utilizando estrategias como la figura de “recusación” del juez, por considerar que su imparcialidad está en duda. Actualmente, el juez tiene dos recusaciones en su contra, en análisis de la Cámara de Segunda Instancia de San Miguel.
Pero las estrategias legales no han sido el único mecanismo de ataque al juez. En 2019, cuando ordenó la apertura de archivos militares relacionados a la matanza, hubo un bloqueo de parte de la Fuerza Armada y, además, el presidente de la República, Nayib Bukele, le atacó directamente en una Cadena Nacional y le acusó de estar en campaña política.
A pesar de que, finalmente, el mandatario salvadoreño entregó documentos al juez, resultaron ser copias de informes enviados durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Organizaciones representantes de las víctimas consideran que, a casi cuatro décadas de ocurrida la matanza, continúan los intentos por mantener el caso en la impunidad. Es por ello que pidieron al órgano Judicial que garantice el acceso a la justicia y no se dilate más el proceso.
Esta semana se reanudó el proceso en el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán. En la diligencia, se presentaron informes y documentos probatorios, además de la exposición de la perita estadounidense, Terry Karl, quien habló de nuevos elementos incluidos en el peritaje, como haber conversado con agregados militares estadounidenses y jefes del Milgroup de la época en la que ocurrió la masacre, una sección de asesores militares estadounidenses.
La perita reforzó lo dicho durante décadas por los sobrevivientes, familiares y representantes de las víctimas: el Alto Mando Militar y el jefe del Estado Mayor de la época son los responsables de lo ocurrido a esa población civil, puesto que en la Operación Rescate participó un tercio del Ejército, algo que no podrían haber hecho sin un aval superior.
El martes 27 de abril, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote informó del fallecimiento de Matilde del Cid Membreño, víctima y sobreviviente de la masacre. Su nombre se suma ahora a todos aquellos nombres de quienes sólo conocieron impunidad en el caso.
