Nepotismo teje redes clientelares en la función pública

Investigaciones periodísticas revelaron esta semana que el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, tiene 11 parientes contratados en la institución.

El periódico digital El Faro reportó que 4 cuñados del legislador de Gana y 7 parientes de su esposa, incluida una nuera, fueron contratados por la Asamblea entre 2006 y 2018, periodos en los que Gallegos ostentó cargos de poder.

La Ley de Ética Gubernamental se aprobó en 2006 y en el artículo 6 prohíbe el nepotismo. 

La normativa dice que un funcionario no puede nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, primos, suegros, yernos, nueras o cuñados. Tampoco puede beneficiar a sus socios en empresas.

No obstante, para el abogado especialista en ética gubernamental, Gerardo Rodríguez, la ley es poco punitiva porque solo contempla sanciones patrimoniales para el funcionario infractor.

En el artículo 42 se establece que el responsable de prácticas antiéticas deberá pagar una multa de entre uno y 40 salarios mínimos mensuales del sector comercio, es decir, entre 300 y 12 mil dólares.

Pero casos como el del diputado Guillermo Gallegos y sus 11 parientes, contratados por Asamblea Legislativa cuando el legislador ostentó cargos de poder, son reincidentes en la función pública. 

En 2015, el Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a la diputada de Arena, Mayteé Iraheta, por incidir directamente en la contratación de su hermana.

Entre junio de 2014 y abril de 2019 se impusieron 21 sanciones relacionadas con nepotismo, indica información de ese Tribunal.

Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de la oenegé Acción Ciudadana, estos casos demuestran que en el país no se aplican la leyes y normas para la selección y contratación de empleados públicos.

Escobar considera importante crear una nueva ley de la función pública, con candados efectivos contra estas prácticas, pero reitera que primero debe cumplirse el marco legal vigente.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana destacó que un nuevo marco legal debe sancionar también el nepotismo cruzado, es decir, cuando funcionarios pactan la contratación de sus allegados en la institución donde labora el otro.

Además, alertó que el nepotismo lleva a la construcción de redes que financian o sostienen políticamente a los partidos.

Esto ocurre en el caso del diputado Gallegos. Al menos cuatro de sus 11 parientes contratados donaron al partido GANA entre 900 y mil 942.50 dólares, entre 2014 y 2018.

Escobar asegura que debe darse al nepotismo el peso correspondiente y contemplar la inhabilitación política del funcionario infractor.

En los últimos años han llegado a manos de la Asamblea Legislativa varios anteproyectos de ley para transformar el servicio público, pero hasta ahora no han logrado apoyo.

En 2018, ARENA presentó una propuesta de ley contra el nepotismo y una reforma al código penal en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que incluía penas de cárcel para los responsables de estas prácticas.

El proyecto buscaba ampliar la prohibición de contratación a socios comerciales que sean parte de una misma asociación o fundación sin fines de lucro, o correligionarios de un mismo partido. También contemplaba castigar el nepotismo cruzado.

La discusión de la ley se suspendió en marzo de 2019. Al consultar al diputado arenero René Portillo Cuadra, quien integra la Comisión de Legislación, por qué no continuó el análisis del proyecto, se limitó a decir que a los diputados “no les conviene” aprobarlo.


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