Abogado Anaya denuncia “represión judicial” por la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió un expediente sancionatorio contra el abogado constitucionalista Enrique Anaya, crítico de las destituciones y elecciones irregulares de los magistrados de ese organismo, realizadas por la alianza oficialista en la Asamblea Legislativa.
Anaya informó en una conferencia de prensa que la Sala de lo Constitucional, electa irregularmente el 1 de mayo, alega que incurrió en un acto de mala fe, negligencia evidente e incapacidad para ejercer la abogacía, en un proceso de Amparo interpuesto en noviembre de 2020. Por esta razón, pidió a la Sección de Investigación Profesional que abra un procedimiento sancionador en su contra por mala conducta profesional.
La notificación ocurre luego de que Anaya publicó una columna de opinión en la que califica como ilegal la reelección del magistrado de facto, Óscar López Jérez, porque contraviene sentencias constitucionales.
López Jerez fue nombrado presidente de la CSJ y la Sala de lo Constitucional, por la Asamblea Legislativa, luego de la destitución ilegal de cinco magistrados propietarios. Este evento, ocurrido el 1 de mayo, ha sido considerado por expertos y organizaciones a nivel nacional e internacional como un golpe al poder judicial por parte de la Asamblea Legislativa dominada por el partido del presidente Nayib Bukele.
El pasado 30 de junio la bancada oficialista y sus aliados decretó la reelección de López Jeréz por 3 años más, pese a que su nombre no estaba contemplado en los listados de candidatos enviados por el Consejo Nacional de la Judicatura.
En su columna, Anaya afirma que el magistrado “ocupa ilegítimamente el despacho de la Presidencia de la CSJ” y cuestiona su capacidad para ejercer el cargo. A criterio del abogado, ese es el verdadero motivo del proceso sancionador en su contra.
“‘¿Qué persigue ese procedimiento sancionatorio? Cuatro cosas: uno, que me calle con mis críticas; dos, que no ejerza mi profesión, me quitan mi herramienta de trabajo; tres, desprestigiarme como abogado para que aparezca como sancionado; y cuatro, desprestigiarme en los foros internacionales”, declaró Anaya.
Para Anaya esto es el inicio de la “represión judicial” y “un paso más del régimen a la que la Corte Suprema se está incorporando”. A juicio del abogado, estos actos de hostigamiento continuarán contra periodistas, líderes de organizaciones de la sociedad y cualquier voz crítica a las actuaciones del Ejecutivo de Nayib Bukele y el resto de Órganos e Instituciones que controla.
El abogado dijo que la Sección de Investigación Profesional le dio 10 días hábiles para que se pronuncie en el caso; después, habrá una fase de prueba y, luego, otra de alegatos. Finalmente, será la Corte Suprema en pleno la que decidirá si se aplica la sanción.
En la corte plena bastan 8 votos de los 15 magistrados para tomar una decisión. La Asamblea dominada por el oficialismo ya ha nombrado a 10 jueces de la Corte. Pese a ello, Anaya sostuvo que se defenderá y realizará las denuncias correspondientes.
De ratificarse los señalamientos en su contra, Anaya podría enfrentarse a una sanción que le inhabilite ejercer la abogacía por un plazo determinado por la ley.
