Alejandro y José Ángel salieron libres tras aceptar una condena por protestar

Cuando las puertas del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla se abrieron, Alejandro Henríquez respiró hondo. Habían pasado siete meses desde la última vez que caminó sin custodia, desde que su nombre quedó atado a un expediente judicial por acompañar a una comunidad que intentaba no perder su tierra. A su lado, el pastor José Ángel Pérez, buscaba con la mirada a su familia. Estar con ellos otra vez, diría minutos después, era “el deseo más grande” que había tenido en todo ese tiempo.

Este 17 de diciembre de 2025, ambos recuperaron la libertad después de 219 días presos. Pero no hubo absolución. Para salir de prisión, tuvieron que declararse culpables de dos delitos que no cometieron: resistencia agresiva y desórdenes públicos. 

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla los condenó a tres años de cárcel mediante un procedimiento judicial abreviado, autorizado por la Fiscalía General de la República (FGR): dos años por resistencia agresiva y uno por desórdenes públicos. 

La condena la cumplirán en libertad por una suspensión condicional de la ejecución de la pena, prevista en el artículo 77 del Código Penal y acompañada de reglas de conducta por un período determinado. La condición: no volver a protestar durante tres años.

La sentencia está vinculada a hechos ocurridos el 12 de mayo de 2025, durante una protesta pacífica de la Cooperativa El Bosque, integrada por unas 300 familias campesinas que enfrentaban una inminente amenaza de desalojo. 

“Voy a seguir en lo que siempre he hecho”, dijo Henríquez al salir del complejo judicial, rodeado de cámaras y micrófonos. La justicia le ha prohibido participar en manifestaciones durante tres años. Aun así, aseguró que continuará defendiendo derechos humanos y acompañando a comunidades afectadas por el despojo del agua y la tierra. “Hay medidas, sí, pero eso no implica que mis ideales y mi convicción hayan cambiado”.

José Ángel Pérez habló poco. Dijo gracias. Dijo Dios. Dijo familia. Agradeció a quienes los apoyaron durante los meses de encierro. La voz se le quebró apenas.

Para la defensa, la libertad tuvo un costo demasiado alto. Oswaldo Feusier, abogado defensor, explicó que el procedimiento abreviado fue una salida impuesta por el contexto. “La defensa tiene un profundo y claro sinsabor”, afirmó. 

Para salir de prisión, Henríquez y Pérez tuvieron que aceptar una condena y confesar hechos contenidos en el dictamen de acusación que los ratifica como culpables de una resistencia agresiva que no ocurrió, y un desorden público que no cometieron, solo por participar en una protesta pacífica. 

“Es una situación contra la que no podemos luchar y que tenemos que aceptar”, dijo. “Nos encontramos en un contexto que no ofrece garantías de cumplimiento para el Estado de Derecho”.

La salida de la cárcel tampoco cerró el caso. Para Amnistía Internacional, el uso del procedimiento abreviado —que condicionó la excarcelación a aceptar los hechos imputados— plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los estándares internacionales del debido proceso. La organización advirtió que este tipo de salidas judiciales, presentadas como beneficios, colocan a las personas detenidas ante una elección forzada: permanecer en prisión o admitir una culpa que niegan.

Aunque el tribunal concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, Amnistía subrayó que la medida no repara las violaciones a derechos humanos cometidas desde el inicio del proceso ni borra el carácter arbitrario de la detención. La libertad, en este caso, llegó sin restitución, sin garantías y sin reconocimiento del daño causado.

Amnistía Internacional nombró desde octubre pasado a José Ángel y Alejandro como “prisioneros de conciencia”, un término que se utiliza para las personas encarceladas injustamente por sus creencias o por defender derechos. Recordaron además que hay otras voces críticas encarceladas, como Ruth López, Fidel Zavala y Enrique Anaya, quienes siguen detenidos.

El Salvador criminaliza la protesta

Desde el 12 de mayo de 2025, El Salvador comenzó a criminalizar la protesta. Ese día, los cooperativistas realizaron una vigilia a unos 200 metros de la residencial Los Sueños, donde vive Nayib Bukele. 

Mujeres, ancianos y niños bajaron desde la cordillera del Bálsamo, a pie, para pedirle al presidente que intercediera. José Ángel Pérez, pastor de la Iglesia Elim y líder comunitario estaba ahí, acompañando a la comunidad. Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, también llegó para dar asesoría jurídica y apoyar su causa.

Durante de todo un día de protesta pacífica —sin interrupciones al tránsito ni manifestaciones de violencia—, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) trataron de disuadirlos para retirarse. 

Desde muy temprano, los despojaron del transporte para llegar a su destino; pero eso no impidió que protestaran. En la tarde, preguntaban insistentemente quiénes eran los líderes; pero los habitantes se negaban a identificarlos. “Todos somos líderes”. respondían.

Aún así, la Policía perfiló a cuatro personas que se acercaron a hablar con los agentes en nombre de la comunidad y, entrada la noche, trataron de aislarlos para capturarlos. “Con ellos queremos hablar nada más”, decían, pidiéndoles que se subieran a las patrullas. 

Cuando se negaron, la Policía Militar dispersó con violencia a los manifestantes y capturaron al pastor. A la mañana siguiente, también fue detenido al salir de su oficina Alejandro Henríquez.

Otros dos cooperativistas lograron escapar de la represión, pero ahora viven con miedo: han denunciado acoso policial en sus viviendas y advierten que, si algo les ocurre, es por represalia del Gobierno.

El conflicto por la tierra en la cooperativa El Bosque tiene raíces profundas en la historia agraria de El Salvador. Nacida en los años 80 al amparo de la reforma agraria, la cooperativa permitió a cientos de familias campesinas acceder a la tierra y organizar su vida productiva de forma colectiva. Sin embargo, tras la crisis del café en los años 90 y el endeudamiento con el sistema bancario, la cooperativa tuvo que aceptar a un administrador impuesto por el banco para pagar su deuda: Luis Palomo.

Pero después de seis años al frente de la cooperativa, no habían resultados. La cooperativa lo expulsó y, un año después de su salida, este los demandó por más de $131 mil. Aunque la cooperativa trató de contrademandar, el fallo judicial favoreció a Palomo. 

El desalojo de la comunidad estaba previsto el 22 de mayo; sin embargo, el Juzgado Laboral de Santa Tecla dejó sin efecto la orden judicial. Pero después de casi siete meses, las familias de El Bosque siguen sin una respuesta sobre la tenencia de la tierra.