Archivos militares de El Mozote: 30 años de negativas

La negativa del presidente Nayib Bukele a abrir los archivos militares para la búsqueda de información sobre la masacre de El Mozote no es un obstáculo nuevo para la búsqueda de justicia en este caso. Por años, las víctimas han recibido la misma excusa de parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) para impedir el acceso a documentación sobre las operaciones militares durante las cuales se ejecutó la masacre: Les han asegurado una y otra vez que la información no existe, pero hasta ahora, a nadie se le ha permitido su verificación.

La primera negativa que recibieron las víctimas de El Mozote data de hace casi 30 años, luego de que el caso llegara a los tribunales el 26 de octubre de 1990, por una denuncia del Pedro Chicas Romero, sobreviviente de la masacre, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera.

Fue en seguimiento a ese proceso que en 1992 el juzgado hizo las primeras solicitudes al entonces presidente de la república, Alfredo Cristiani, para entregar la información sobre los operativos militares llevados a cabo en diciembre de 1981 en el cantón El Mozote. El 19 de mayo de 1992 el Ministro de la Presidencia, Óscar Alfredo Santamaría, informó al juzgado que “no habían encontrado antecedentes de ninguna clase que se relacionen con una supuesta operación militar realizada el día 10 de diciembre de 1981”, en la población de Meanguera, Departamento de Morazán”.

Posteriormente, el 21 de julio de ese año el Ministro de la Presidencia reiteró que “al revisar el libro de registro de operaciones militares que lleva el Ministerio de Defensa, no se encontró orden militar alguna para realizar operativos militares durante el mes de diciembre de 1981 en la zona de Meanguera, Departamento de Morazán, ni antecedentes de ninguna clase que se relacionen con la supuesta operación militar”.

En esa ocasión el juez no ordenó ninguna inspección para buscar los archivos militares, pero tampoco hubo tiempo. Esa primera etapa del proceso judicial se paró en seco en 1993, tras la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz por la Asamblea Legislativa. El 27 de septiembre de ese año, el juzgado emitió una resolución de sobreseimiento y el caso permaneció en la impunidad por 23 años más, hasta que la Sala de lo Constitucional derogó la amnistía y el juez Jorge Guzmán Urquilla decidió reabrir el caso por el que actualmente se procesa a 13 miembros de la Fuerza Armada, entre ellos cinco miembros del Alto Mando que comandaban la guerra en 1981.

Una nueva etapa

A través de sus abogados representantes, las víctimas solicitaron en 2016 al juzgado de San Francisco Gotera, que inaplicara la Ley de Amnistía y continuara con el proceso penal, así como que se solicitara al Presidente de la República información en manos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y autorización para realizar inspecciones en los archivos del mismo cuerpo castrense.

Durante todos los años de Amnistía, tanto los gobiernos de Arena como del FMLN, negaron la existencia de esa documentación, pero no dieron pruebas de ello.

El 25 de octubre de 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado salvadoreño reabrir los procesos de investigación de la masacre, el presidente Mauricio Funes pidió perdón por los hechos y asumió la responsabilidad del Estado en la masacre, pero no obedeció las medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional, entre las cuales está dar acceso libre a la documentación en manos del Gobierno que pueda abonar a esclarecer las violaciones a derechos humanos.

El 31 de mayo de 2019, en el último día de su mandato, el presidente Salvador Sánchez Cerén decretó la creación de una Comisión Revisora de Archivos Militares relacionados al conflicto armado de El Salvador, la cual tenía por objetivo cumplir con las medida dictaminadas por la Corte IDH en ese sentido. Así, el Gobierno de Nayib Bukele heredó esa obligación de su antecesor, pero hasta la fecha no ha cumplido con la integración de la comisión.

El no definitivo de Bukele

El 24 de octubre de 2019, el juez Guzmán, responsable de la reapertura del caso, solicitó al presidente Nayib Bukele entregar la información en manos de las Fuerzas Armadas sobre los planes militares ejecutados entre 1980 y 1982. La resolución judicial advirtió entonces que, de no localizarse esta información, se permitiera el ingreso de un equipo de peritos especializados para buscar documentación en el Archivo General de la Fuerza Armada y el Archivo General de la Nación.

«Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la ‘A’ a la ‘Z’. Es más, si el juez nos pide de la ‘A’ a la ‘F’, nosotros vamos a hacer hasta la Z'»
Presidente Nayib Bukele,
en conferencia de prensa el 1 de noviembre de 2019.

Sin embargo, contradiciendo su propio compromiso de abrir los archivos militares y colaborar con la investigación del caso El Mozote, el 24 de septiembre Bukele desconoció la autoridad del juez Guzmán para ordenar a la Fuerza Armada entregar la documentación. Al juez ya se le había denegado hacer la inspección judicial, tres días atrás. Además, aseguró en cadena nacional que no permitirá su búsqueda en instalaciones militares, pues el juez responde a intereses políticos del partido FMLN y la verdadera intención detrás de las diligencias de inspección ordenadas era tener acceso a planes militares actuales.

La organización Cristosal, que representa a las víctimas en el proceso judicial, desmintió estas afirmaciones señalando que las inspecciones se notificaron al Ejecutivo por parte del juez desde el 15 de junio de este año y que para realizarlas se juramentó a un equipo de peritos que entregó una propuesta de metodología y un cronograma. De todos estos detalles tienen conocimiento las defensas de los acusados, quienes además tienen el derecho a acompañar las diligencias en las instalaciones de la Fuerza Armada. La investigación, señalaron, pretende únicamente conocer planes militares y documentación de la época en que se cometió la masacre.

Pese a la negativa del presidente Bukele, el juez Guzmán convocó a una nueva diligencia para el próximo lunes 5 de octubre. David Morales, abogado de Cristosal, dijo que incluso si se deniega nuevamente el acceso al Archivo General, las víctimas continuarán insistiendo para que se lleven a cabo las inspecciones ordenadas en otras instalaciones militares, a modo de despejar de una vez por todas las dudas sobre la existencia de los archivos que por 20 años se han negado a la justicia.