Así ignoró el régimen de Bukele cada puerta que la ciudadanía tocó para salvar El Espino
22 de junio de 2026
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Así ignoró el régimen de Bukele cada puerta que la ciudadanía tocó para salvar El Espino
Durante casi un año, el movimiento ciudadano Todos Somos El Espino tocó diez puertas institucionales para detener la destrucción de uno de los últimos bosques urbanos del Área Metropolitana de San Salvador. Presentaron avisos penales, solicitaron estudios de impacto ambiental, entregaron más de 500,000 firmas y pidieron audiencias en la Presidencia, la Asamblea Legislativa y cuatro ministerios. Ninguna institución respondió. El MARN confirmó que no existe ningún estudio ambiental del proyecto. La ASA declaró que tampoco tiene evaluaciones hídricas. Sin esos documentos, y sin que ninguna entidad del Estado lo autorizara formalmente, las máquinas entraron al Espino antes de la medianoche del 27 de mayo.
Antes de la medianoche del 27 de mayo, las máquinas entraron a El Espino. Diana, una habitante de la finca, escuchó el ruido desde su casa. No hubo anuncio previo ni comunicado oficial del Gobierno alertando que la tala iniciaría ese día. Solo el sonido de motores trabajando en la oscuridad, en el mismo territorio donde años atrás ella misma fue desplazada.
Junto a más de 70 familias, Diana fue desalojada de la finca El Espino en mayo de 2018, tras una orden judicial que expulsó a los colonos que durante décadas cultivaron café en esa zona. Después de esa decisión judicial, vivió por más de tres años en un campamento “temporal” en medio de la calle y frente al edificio de la Cancillería.
Seis años después, se convirtió en testigo de cómo se destruye lo que queda de la finca, uno de los últimos pulmones del Área Metropolitana de San Salvador.
Diana firmó una petición junto a miles de salvadoreños que exigen al Gobierno de Nayib Bukele que detenga la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la finca El Espino. Participó en jornadas de recolección de firmas, manifestaciones pacíficas y vigilias, pero ni ella ni las casi medio millón de firmas que se oponían a la obra, fueron escuchadas.
A las 8:10 p.m., mientras las máquinas ya se encontraban en la zona, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó en sus redes sociales: «Falso. No se construirá CIFCO en El Espino.»
Pero al amanecer del 28 de mayo, no quedaba ningún árbol de pie en la zona intervenida.
En la calle La Cañada, a unos metros del área de construcción, un vecino grabó con su teléfono una imagen que se viralizó en redes sociales: mapaches moviéndose entre las casas, buscando refugio en un espacio urbano que no es el suyo. Los avistamientos no eran nuevos —llevaban meses ocurriendo desde que comenzaron los trabajos del estadio financiado también por China en la zona— pero se habían intensificado. El bosque se estaba achicando.
#ElEspino| Luego del inicio de la tala de árboles en la Finca El Espino para la construcción del nuevo CIFCO, habitantes reportaron la presencia de mapaches en colonias cercanas, tras huir de su hábitat.
— Red Informativa de Arpas (@arpassv) May 29, 2026
📹 Cortesía pic.twitter.com/rmSNrDfvku
Ese día fue la embajada de la República Popular China en El Salvador —no el gobierno salvadoreño— la que confirmó públicamente que había comenzado la obra.
«El área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida», publicó la representación diplomática en X, añadiendo que no se movería “ningún árbol más” en la zona. Ya se habían talado más de 55,000 metros cuadrados de bosque.
La campaña ciudadana fue ignorada, pero logró articular a un movimiento ciudadano incipiente. Todos Somos El Espino “ha logrado poner a prueba cómo funciona cada una de las instituciones del Estado y sus respuestas ante la depredación ambiental”, asegura Ana Cisneros, vocera y fundadora del movimiento.
Durante casi un año intentaron, por todas las vías institucionales disponibles, detener la destrucción de El Espino. Acudieron a la Presidencia de la República, a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), los ministerios de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Hacienda y Obras Públicas. Ninguna puerta se abrió.
El Espino.
El Espino es una de las últimas zonas de recarga hídrica del Área Metropolitana de San Salvador. Desde 2019 el Gobierno firmó convenios y aprobó decretos para levantar ahí un nuevo CIFCO; la ciudadanía respondió con cartas, denuncias y manifestación pacífica. Esto es lo que ha pasado hasta hoy.
+39,000firmas entregadas a la Asamblea
0audiencias concedidas a la ciudadanía
Inexistentespermisos y estudios ambientales, según el MARN y la ASA
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- 2019
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Firma del convenio El Salvador–China
Bukele firma un Convenio de Cooperación Bilateral con China. Nunca se hizo público: fue declarado bajo reserva.
- 2021
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La Asamblea ratifica el convenio
La Asamblea Legislativa ratifica el convenio con China con 66 votos del oficialismo.
- 2025
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Se transfiere el terreno a CIFCO
La Asamblea aprueba el Decreto 361 con 56 votos y transfiere 55,711 m² de la finca El Espino a CIFCO.
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Nace el rechazo en Change.org
Surge una petición para detener la construcción de CIFCO en El Espino, en reacción inmediata al Decreto 361.
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Primera carta a Bukele
Una carta abierta pide al presidente suspender las obras y hacer un estudio de impacto ambiental independiente.
Sin respuesta -
Primera carta a China
Otra carta pide al embajador Zhang Yanhui que la cooperación china respete sus propias directrices ambientales.
Sin respuesta -
Manifestación ciudadana
La ciudadanía se manifiesta. FOCOS documenta presencia policial intimidatoria.
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Segunda carta a Bukele
Una segunda carta con 28,813 firmas exige detener la destrucción y pide una audiencia formal de diálogo.
Sin respuesta - 2026
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Aviso penal ante la FGR
Aviso por depredación de bosques, flora y fauna y construcciones no autorizadas. Piden medida cautelar urgente al Juzgado Ambiental de Santa Tecla.
Sin respuesta -
Denuncia ante la PDDH
Denuncia formal por la violación del derecho a vivir en un medio ambiente sano. La PDDH la recibe, pero no hay avances.
Sin avances -
Solicitud a Cancillería
El Movimiento Somos El Espino pide información sobre los convenios de cooperación con China vinculados al proyecto.
Sin respuesta -
Segunda carta a China
Intentan entregar una carta en la Embajada. Tocan el timbre cinco veces y no reciben el documento, alegando que está escrito en español.
Sin respuesta -
Piden audiencia a la Asamblea
Entregan a la junta directiva más de 39,000 firmas físicas pidiendo audiencia en el pleno. No reciben a la ciudadanía.
Sin audiencia -
Segunda solicitud a Cancillería
Acuden a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) para preguntar por las obras en la finca El Espino.
Sin respuesta -
Segunda solicitud a la FGR
Nueva solicitud para conocer los avances del aviso penal presentado en enero.
Sin respuesta -
Segunda petición a la Asamblea
La Asamblea Legislativa vuelve a ignorar la petición formal de audiencia.
Sin respuesta -
Medio Ambiente: no existe documentación
El MARN declara inexistente toda la documentación del proyecto: no existen permisos ni estudio de impacto ambiental.
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Tercera solicitud a la FGR
Otra solicitud para conocer los avances del aviso penal.
Sin respuesta -
Agua: sin estudios de recarga hídrica
La Autoridad Salvadoreña del Agua responde que no tiene evaluaciones, inspecciones ni conocimiento formal del proyecto. Los estudios de recarga hídrica son declarados inexistentes.
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Tercera petición a la Asamblea
Tercera solicitud formal de audiencia, amparada en el artículo 78 del Reglamento Interior de la Asamblea.
Sin respuesta -
Inicia la tala en El Espino
Mientras el Ministerio de Obras Públicas asegura que no se construirá el CIFCO en El Espino, inicia la tala en la finca.
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Vigilia en El Espino
El Movimiento Somos El Espino y ambientalistas hacen una vigilia contra la deforestación, en la zona del bulevar Cancillería.
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Petición a la Corte Suprema
El movimiento pide a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional el Decreto 361. El documento fue recibido.
Sin respuesta
Fuente: FOCOS · Movimiento Somos El Espino
Actualizado a junio de 2026
Nace el movimiento
El 15 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó el Decreto 361 con 56 votos del oficialismo y sus aliados, para transferir parte del terreno de la finca al CIFCO para la construcción del nuevo centro de convenciones.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró en declaraciones públicas que el terreno no pertenece al bosque El Espino, pero de acuerdo con una verificación de Voz Pública, la ley que su propio gobierno impulsó dice lo contrario: en sus considerandos, el decreto describe el terreno como el «resto de un inmueble que forma parte de la Finca El Espino». El artículo 1 también lo identifica como «resto de la Finca El Espino, ubicado en el distrito de Antiguo Cuscatlán».
Incluso el Centro Nacional de Registros (CNR) registra ese fragmento del bosque como «resto de finca El Espino, Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, La Libertad».
Nueve días después de que se aprobara esta disposición, el 24 de julio, una petición para detener la construcción y salvar el bosque comenzó a circular en Change.org. Así nació el Movimiento Todos Somos El Espino.
Lo que empezó como una convocatoria en redes sociales se convirtió en algo que el Gobierno no logró anticipar: una campaña de resistencia ciudadana sostenida, metódica y dispuesta a poner a prueba toda la institucionalidad del Estado.
Para el 21 de diciembre de 2025, el movimiento ya había reunido 28,800 firmas. Para el 4 de febrero de 2026, cuando intentaron entregarlas físicamente ante la Asamblea Legislativa, ya sumaban más de 39,000 en papel. Hoy, a casi un año de su fundación, la cifra acumulada supera las 528,843 — entre firmas digitales y físicas recolectadas en iglesias y parques de todo el país, con el respaldo de comunidades católicas.
Ana Cisneros, vocera del movimiento, ha repetido la misma postura desde el principio: que no están en contra del desarrollo. «Lo que buscamos son alternativas autosostenibles que beneficien a todos los salvadoreños», asegura. La propuesta del movimiento no era detener el CIFCO — era reubicarlo. Construirlo en otro lugar que no fuera una zona de recarga hídrica catalogada por el propio Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El Gobierno nunca respondió a esa propuesta. Lo que hizo, en cambio, fue guardar silencio. Y cuando el silencio no fue suficiente, cerrar puertas.
Diez puertas cerradas
Desde su fundación en julio de 2025, el Movimiento Todos Somos El Espino inició una ronda sistemática de gestiones directas con la presidencia, la embajada de China e instituciones del Estado para detener la construcción antes de que comenzara. Cada carta, cada solicitud, cada comparecencia quedó registrada. Lo que también quedó registrado fue lo que ocurrió después: el silencio del Estado.
El 18 de agosto de 2025, el movimiento dirigió dos cartas abiertas simultáneas al presidente Nayib Bukele y al embajador de la República Popular China, Zhang Yanhui. A Bukele le solicitaron “la suspensión precautoria de toda tala y obra hasta contar con un estudio de impacto ambiental independiente, consulta pública efectiva y dictámenes técnicos interinstitucionales”.
Al embajador le pidieron que la cooperación china se alineara “con sus propias directrices ambientales para inversión en el exterior” —las que contemplan cumplimiento de la ley local, evaluaciones independientes y participación comunitaria.
La respuesta fue el silencio, pero también represión. Trece días después, el 31 de agosto, miembros del movimiento y de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios realizaron una manifestación pacífica frente al Ecoparque El Espino. Ciudadanos documentaron en video la presencia de agentes policiales en la zona. El movimiento denunció que su objetivo era intimidar a los manifestantes.
«Corregir errores no debilita a un gobierno, lo fortalece», recordaron los ambientalistas en la carta. Le pedía a Bukele solo una audiencia para revisar las decisiones tomadas y escuchar a la academia, la ciencia y las comunidades. Le dejaron dos correos electrónicos para que respondiera. Una vez más, Bukele ignoró el llamado.
La primera gestión institucional llegó el 15 de enero de 2026. El movimiento presentó un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible cometimiento de delitos ambientales: depredación de bosques, construcciones no autorizadas, y depredación de flora y fauna en perjuicio de la naturaleza y el medio ambiente. Solicitaron que la FGR pidiera al Juzgado Ambiental de Santa Tecla la suspensión inmediata de las obras como medida cautelar urgente. La Fiscalía no respondió. Tampoco informó si abrió una investigación. La institución está bajo control oficialista desde mayo de 2021.
Una semana después, el 22 de enero, presentaron un nuevo escrito, esta vez ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para intervenir y abrir un posible expediente por la violación al derecho humano de un ambiente sano. Sin respuesta.
El 3 de febrero tocaron la puerta de la Cancillería con una solicitud de información sobre los convenios de cooperación suscritos entre El Salvador y China vinculados al proyecto. Tuvieron que reiterarla el 11 de febrero.
El 17 de febrero presentaron una nueva solicitud ante la Oficina de Información y Respuesta de la propia Fiscalía. El 19 de febrero se dirigieron formalmente a la Asamblea Legislativa. El 3 de marzo volvieron a la Fiscalía. El 13 de marzo, a la PDDH otra vez.
Paralelamente, el movimiento buscó respuestas técnicas. El 13 de febrero solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el estudio de impacto ambiental del proyecto. El 2 de marzo, el MARN respondió: no existía ninguno.
La institución declaró inexistente toda la documentación relacionada con la construcción del nuevo CIFCO en la porción segregada de la finca El Espino — incluyendo el estudio de impacto ambiental y los permisos correspondientes.
El 18 de marzo, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) respondió en el mismo sentido: no contaba con evaluaciones técnicas, inspecciones registradas ni conocimiento formal del proyecto. Los estudios de recarga hídrica para esa zona, declaró la institución, eran inexistentes.
El proyecto avanzaba sin que ninguna institución del Estado hubiera autorizado formalmente su impacto ambiental, o hubiese evaluado su efecto en los mantos acuíferos que abastecen a la capital.
En ese mismo período, el movimiento intentó también la vía diplomática directa. El 3 de febrero de 2026, integrantes del movimiento se presentaron frente a la sede de la embajada china en San Salvador con una carta en mano.
Ana Cisneros lo relató ante los medios presentes: «Hemos tocado cinco veces el timbre para que nos atienda el staff de la embajada de China. Esta embajada está dando mucho dinero para destruir nuestros bosques. Es importante que nos escuchen, es importante que esta embajada sepa dialogar con las organizaciones interesadas en que nos vaya mejor, tanto a China como a El Salvador.»
El personal de la sede diplomática se negó a aceptar la carta. Gabriela Capacho, miembro del movimiento, explicó que no hubo una justificación de peso para el rechazo. “Nos dijeron que nadie hablaba el idioma (español)”, dijo.
El 4 de febrero, el movimiento intentó entregar físicamente más de 39,000 firmas ante la Asamblea Legislativa. La propia Cisneros lo describió en un video grabado frente al edificio legislativo: «Ha sido satisfactoriamente entregada la carta de parte del movimiento Todos Somos El Espino a la junta directiva de la Asamblea Legislativa. Esperamos que la respuesta sea positiva para que en la próxima plenaria nos puedan permitir la participación ciudadana.»
La respuesta no fue positiva. En abril, el movimiento solicitó formalmente una audiencia amparado en el artículo 78 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que establece el derecho ciudadano a ser escuchado. La junta directiva no los recibió.
Fue la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien llevó el caso al pleno el 9 de abril. Pidió a la junta directiva que activara el mecanismo de participación ciudadana y sometiera a votación «poder dar una respuesta y proponer un tiempo de intervención para escuchar a este grupo de ciudadanos». Señaló que para la construcción del CIFCO no se conocían los estudios de impacto ambiental, e invocó el artículo 78 de la Constitución, que establece que la Asamblea podrá acordar oír a cualquier ciudadano si lo estima conveniente.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, respaldó la moción. «Esta es la casa del pueblo», argumentó. «Lo que ellos quieren es buscar una solución para encontrar un mejor lugar donde construirla”.
La iniciativa obtuvo tres votos. Solo los de Arena y Vamos. Los diputados de Nuevas Ideas no votaron a favor de escuchar al movimiento.
Ortiz insistió: pidió a la junta directiva que en su próxima reunión incluyera el tema como punto de agenda. Argumentó que la construcción del CIFCO afectaría principalmente a la población de San Salvador y La Libertad — y que la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas son electos precisamente por esa población. «Sería una buena señal que el tema se analice», les dijo.
La vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, que dirigía la sesión, le respondió con cuatro palabras: «Se toma nota, diputada.»
Para ese momento, el movimiento llevaba diez meses intentando ser escuchado por todas las vías disponibles. Las máquinas entrarían al bosque siete semanas después.
El 11 de junio, dos semanas después de la tala, organizaciones de sociedad civil y movimientos ambientalistas escalaron la disputa a la vía constitucional: presentaron una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se analice la legalidad del Decreto 361, la disposición que en julio de 2025 autorizó la donación de la porción de El Espino donde hoy avanzan las obras.
Los demandantes argumentan que el decreto vulnera el artículo 117 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger los recursos naturales y la integridad del medioambiente para garantizar el desarrollo sostenible. «Existen dudas sobre su compatibilidad con la Constitución y con los principios que deben orientar la protección del medioambiente», señalaron en un comunicado. La Sala no se ha pronunciado.
Lo que se pierde
El Salvador recibe lluvia de sobra. Ese es el punto de partida que Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CENTA), repite como un diagnóstico: entre 1980 y 2010, el país recibió en promedio 1,867 milímetros de lluvia al año. El promedio planetario es de 970 milímetros. El Salvador recibe el doble de agua que cae en cualquier otro lugar del mundo en promedio, y aun así tiene escasez.
«Porque hemos destruido el territorio», dice Navarro. «Porque no le damos al agua la oportunidad para que se filtre.»
Alberto González Leiva, hidrólogo y coordinador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador (UES), lo explica en términos simples: un bosque es una esponja. Las hojas, las ramas, el suelo orgánico retienen el agua cuando llueve y la filtran lentamente hacia los mantos acuíferos. Cuando se tala el bosque y se impermeabiliza el suelo, el agua no entra. Busca el camino más fácil cuesta abajo. Inunda las partes bajas de la ciudad. Y no llega a los pozos.
Las consecuencias no son hipotéticas. En 2024, el entonces presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, confirmó públicamente que diez pozos que abastecen al Gran San Salvador se habían secado. El 19.2% de los hogares salvadoreños no tiene acceso a agua potable en sus hogares, según datos del propio gobierno publicados en abril de 2026. Cerca del 80% del territorio nacional sufre estrés hídrico.
La finca El Espino era una de las pocas zonas que todavía podía amortiguar ese deterioro. Un estudio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realizado en 1999 la identificó como una de las zonas de recarga acuífera más estratégicas del Gran San Salvador, con una capacidad de infiltración estimada en 32 millones de metros cúbicos de agua al año, según señaló en entrevista el biólogo Rafael Vela, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CENTA). El Ministerio de Medio Ambiente la tiene catalogada como zona de recarga hídrica. Geomorfológicamente, explica González Leiva, su ubicación en el valle del volcán de San Salvador le confiere características únicas de absorción que no pueden replicarse artificialmente.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció públicamente un programa de siembra de árboles como medida de reparación ambiental. Al menos 20 mil árboles serían sembrados en las inmediaciones del Parque Bicentenario.
Sin embargo, lo que el gobierno prometió como compensación no resuelve el problema. González Leiva es categórico: «Una vez usted le cambia el uso natural de ese suelo, ya no lo puede restaurar.» El movimiento lo dice con otras palabras pero el mismo argumento: no es lo mismo un bosque centenario que ya sirve a las especies que nuevos árboles sembrados a los que además hay que cuidar.
El bosque también albergaba vida que no tiene adónde más ir. González Leiva identificó en entrevista con FOCOS especies de iguanas, garrobos, mamíferos medianos y pequeños, y flora maderable de alto valor ecológico. El Ministerio de Medio Ambiente mantiene un listado oficial de especies amenazadas o en peligro de extinción — y dentro del ecosistema de El Espino hay especies que figuran en esa categoría.
Entre 2019 y 2025, bajo la administración de Nayib Bukele, El Salvador perdió 13,000 hectáreas de cobertura arbórea, según datos de Global Forest Watch. En total, entre 2001 y 2025, el país perdió 87,000 hectáreas — el 9% de su superficie forestal del año 2000, de acuerdo con información de la Mesa para la Gestión de Riesgos. El Espino era uno de los últimos reductos boscosos dentro del Área Metropolitana de San Salvador.
«El problema es que ya no tenemos muchos reductos boscosos aquí en San Salvador», dice Navarro. «Lo poco que tenemos hay que protegerlo, porque de eso depende la vida nuestra».
Navarro tiene una forma de describir lo que está en juego que no requiere traducción: a corto plazo, más inundaciones en las partes bajas de la ciudad. A mediano plazo, menos agua en los pozos. Y los más afectados, como siempre, serán los que menos tienen. «Si uno vive en una zona con cierto margen de seguridad, le puede hacer frente a una tormenta. Pero si uno tiene una casita en una zona peligrosa, sufre más».
FOCOS envió un cuestionario escrito a la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República antes del cierre de esta edición, para cuestionar sobre la postura del Gobierno ante la falta de estudios ambientales, las medidas que contemplan para frenar esta vulnerabilidad y las solicitudes ciudadanas sin responder; pero tampoco hubo respuestas.
Distinto territorio, el mismo patrón
El 5 de junio de 2026, una semana después de la tala, miles de personas salieron a caminar por San Salvador. La Caminata Ecológica es una tradición anual. Este año, el movimiento Todos Somos El Espino la convirtió en algo más: una demostración de que diez meses de silencio institucional no habían agotado la resistencia. Las 528,843 firmas acumuladas —recolectadas en iglesias, parques y plataformas digitales desde julio de 2025— seguían creciendo.
Ana Cisneros y los voceros del movimiento salieron de la marcha con una hoja de ruta clara. Seguirán presentando las firmas para exigir la detención de la construcción. Vigilarán que el Ministerio de Obras Públicas cumpla su promesa de siembra de árboles —aunque dejan sentada su postura: la reforestación no es equivalente a lo que se destruyó. Y continuarán exigiendo los estudios que nunca existieron: el impacto ambiental, la factibilidad hídrica, el estudio hidrológico que calcule cuánto le costará a la capital perder una de sus últimas zonas de absorción.
Pero lo que ocurrió en El Espino está sucediendo en todo El Salvador. Gabriela Capacho, ambientalista y miembro del Movimiento, señala un patrón que se repite en otras zonas del país: la degradación ambiental en la costa de Surf City, la presión sobre el lago de Coatepeque, la deforestación en San Francisco Angulo para construir un relleno sanitario, el impacto del Aeropuerto del Pacífico en el oriente.
En todos los casos, el denominador común es el mismo: proyectos de gran escala que avanzan sin transparencia ambiental y con silencio institucional ante las denuncias ciudadanas.
Diana no necesitó que nadie le explicara lo que habían perdido. Lo escuchó primero, en la oscuridad del 27 de mayo, y lo vio al amanecer siguiente: el mismo territorio donde vivió durante décadas, donde fue expulsada, donde regresó a manifestarse.
«No importa cómo le llamen, al final es parte del bosque, son árboles, son animales los que están sacando», dijo. “Aunque el Gobierno diga que no es El Espino”.
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