Asociaciones de abogados alineadas al bukelismo están detrás de candidatos a la CSJ por la FEDAES
El Consejo Nacional de la Judicatura entregó a la Asamblea Legislativa un listado de 30 candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La mitad de los nombres fueron elegidos por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, por medio de un proceso electoral que estuvo protagonizado por asociaciones de jueces y trabajadores judiciales que simpatizan con el proyecto político autoritario de Nayib Bukele y han respaldado los golpes a la independencia del Organismo Judicial.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) entregó este 2 de julio a la Asamblea Legislativa un listado de 30 candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de los cuales 15 fueron electos por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes). La otra mitad fue seleccionada por el Consejo, a través de un proceso de evaluación y entrevistas. Expertos consultados por Focos señalaron que ambos mecanismos de elección han fallado en aplicar criterios y filtros suficientes para garantizar que los mejores perfiles lleguen a la corte más importante del sistema de justicia salvadoreño.
Los 15 perfiles electos por el CNJ no han sido divulgados al público, pero entre los entrevistados durante este proceso se encuentran jueces, funcionarios y asesores cercanos al gobierno de Bukele, quienes han participado en la implementación del régimen de excepción, abrieron las puertas de la reelección presidencial inmediata y avalaron otras políticas violatorias a la Constitución de la República.
La Fedaes, en tanto, eligió a 15 candidatos menos conocidos, incluso dentro del mismo gremio de abogados; pero respaldados por organizaciones de jueces y trabajadores judiciales que se han mostrado cercanas al proyecto político de Nayib Bukele y han apoyado abiertamente las medidas de su Gobierno que han golpeado la independencia judicial, irrespetado la constitución y violado derechos humanos.
En este proceso, marcado por la falta de participación de las gremiales de abogados, dos asociaciones protagonizaron la elección: la Asociación Salvadoreña de Abogados Empleados Judiciales, de otras Instituciones del Estado y en el Ejercicio de la Profesión (ASAJELP) y la Asociación de Abogados Empleados del Organismo Judicial de El Salvador (ABOJES). Ambas han ganado poder e influencia en el Organismo Judicial durante este Gobierno.
La primera ha propuesto a 6 aspirantes y pertenece a Luis Enrique López Jerez, hermano del presidente de la CSJ y exasesor de Casa Presidencial. La segunda presentó 4 aspirantes y está liderada por Santos Guerra Grijalba, actual concejal del CNJ, que corre como candidato con el respaldo de otro magistrado de la corte, Ernesto Clímaco Valiente. Las organizaciones y sus candidatos han respaldado públicamente los golpes a la independencia judicial por parte del Ejecutivo y han emitido posturas favorables a medidas como el régimen de excepción y la reelección inconstitucional de Bukele.
Dos aliadas de ABOJES; la Sociedad de Abogados de Occidente (SAO) y la Asociación de Jueces de Paz (AJUPES) presentaron dos y una candidatura, respectivamente.
Las dos propuestas restantes son las de Reina Sigarán, representante del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños, apoyada por la Asociación de Abogados de Oriente, y la del abogado José Antonio Martinez, presentada por la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador.
La Junta Directiva de la Fedaes anunció los nombres de sus 15 candidatos a la CSJ el pasado 27 de junio. Foto: LPG Judicial.
ASAJELP y sus vínculos con el oficialismo
ASAJELP fue fundada en 2017 por el abogado Luis Enrique López Jerez, y ha ganado poder e influencia durante la administración de Bukele. De acuerdo con la revista Factum, López Jerez fue asesor de Casa Presidencial bajo la secretaría jurídica de Conan Castro, al menos desde el año 2020 a 2022. Además, el abogado es hermano del presidente de la CSJ, Óscar Alberto López Jeréz.
El magistrado de la CSJ fue impuesto como presidente el 1 de mayo de 2021, cuando los diputados de la bancada cyan destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel por habilitar la reelección presidencial de Bukele, a pesar de que la Carta Magna lo prohíbe; pero el pasado 27 de junio la Asamblea volvió a darle un voto de confianza al prorrogar su presidencia en la Corte hasta el 23 de septiembre.
Óscar López Jerez es aspirante a la reelección, pero decidió proponer su candidatura ante el CNJ que, mediante un procedimiento propio, seleccionó a otros 15 candidatos que no han sido revelados al público.
En febrero de 2019, cuando el presidente Bukele convocó a una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa y la militarizó para forzar la aprobación de un préstamo para su política de seguridad, ASAJELP salió al paso en la defensa del Ejecutivo.
“La convocatoria del Consejo de Ministros o la presencia militar en cualquier parte de la República de El Salvador, no ha causado ninguna acción contraria a la Constitución (…) Exhortamos al Órgano Legislativo cumplir con el clamor de la población y sesionar para la aprobación de los fondos que darán continuidad al plan control territorial”, indicó en esa ocasión la gremial.
En diciembre de 2021, la asociación también fue clave para asegurar el control del Gobierno sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que desde entonces ha dejado de ser una garantía de este derecho para la población, resolviendo sólo 2 de cada 10 solicitudes en favor de ciudadanos, según informes de Acción Ciudana.
La ASAJELP propuso como comisionada del IAIP a Roxana Soriano como representante del sector profesional, a pesar de que había sido precandidata del partido Nuevas Ideas y la ley impide que personas con vínculos partidarios accedan al cargo. Actualmente, Soriano es magistrada presidenta de la Corte de Cuentas, nombrada por la Asamblea en 2023.
La asociación de Luis López Jerez también ha ganado voz dentro de la Asamblea dominada por Nuevas Ideas, según consta en actas y proyectos de decretos para los que ASAJELP ha sido consultada. Esta consideración no es menor, en un legislativo que ha cerrado el espacio cada vez más para la participación de expresiones de la sociedad civil.
Además, la institución posee una representación en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, nombrado por el presidente de la República.
En 2021, ASAJELP trabajó en alianza con ABOJES para presentar candidaturas a la CSJ, pero este año, la asociación propuso sus propias candidaturas con apoyo del Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS).
Luis López Jerez (al centro) posa junto a los candidatos a CSJ propuestos por su asociación. “Los hechos hablan: somos la asociación de abogados y ahogadas más representativa del país”, afirmó en una publicación en su página de Facebook. Foto: Facebook.
Su principal perfil es Juana Jeanneth Corvera de Meléndez, quien fue nombrada jueza de Instrucción de Suchitoto por la CSJ del hermano de López Jerez. Anteriormente, la funcionaria se desempeñó como docente universitaria y coordinadora de programas de formación para la Escuela de Capacitación Judicial del CNJ.
Corvera se ha pronunciado públicamente en favor de las políticas del Gobierno de Bukele que han sido señaladas por violar la independencia judicial, afectar el debido proceso y violentar derechos humanos.
En 2021, cuando buscaba una posición en el CNJ, Corvera calificó como positivas las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que ordenó Bukele para jubilar obligatoriamente a jueces mayores de 60 años o con 30 años de carrera.
“Los derechos colectivos deben de prevalecer sobre el individual (…) No fue injusta la reforma que se tomó. Tampoco fue injusta la jubilación que se ha hecho”, dijo Corvera ante la Comisión Política de la Asamblea. La funcionaria también señaló que la reforma a la ley permitiría el ingreso de más jóvenes a la carrera judicial.
Previamente, ASAJELP ya había emitido un comunicado apoyando las reformas. En referencia a las decenas de jueces removidos de sus puestos, indicó que, si bien la Constitución reconoce la carrera judicial, “no puede considerarse que sus nombramientos son a perpetuidad, pues deben generarse las condiciones para que existan oportunidades para los nuevos profesionales que permitan la dinamización y una evolución en la interpretación y en la interpretación del derecho”, señala el pronunciamiento.
Estos argumentos se alinearon con los de la bancada cyan, que aprobó la iniciativa de Casa Presidencial, argumentando que era necesaria una “depuración” del Organismo Judicial. Sin embargo, Organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) han señalado que la reforma a la Ley de la Carrera Judicial fue un golpe para la independencia de jueces y magistrados, y una violación a los derechos de los trabajadores destituidos de sus cargos forzosamente.
Una investigación periodística realizada por varios medios de comunicación salvadoreños reveló que la destitución de jueces permitió el nombramiento y el ascenso de jueces cercanos al bukelismo, quienes en algunos casos no cumplían los requisitos de ley o tienen señalamientos de corrupción. Por otro lado, funcionarios independientes o no alineados con el oficialismo fueron trasladados de sus posiciones o destituidos de sus cargos.
Recientemente, durante un evento de campaña organizado por las asociaciones de jueces, Corvera también se pronunció en favor del régimen de excepción y aprobó los juicios masivos que los jueces especializados deberán conducir y que han sido criticados por organizaciones por no garantizar el debido proceso.
Jesús Ulises García, otro de los candidatos de ASAJELP en el listado de la Fedaes, también ha emitido comentarios que justifican la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele. García, quien es presidente del tribunal quinto de sentencia de San Salvador, dijo a Voz Pública que no estaba en contra de la reelección presidencial, y que el cambio se debe a otra manera de hacer política. “Quisiera pensar que estamos pasando a otra época (…) pienso que no estoy tan en contra, porque las personas, la ciudadanía eso es lo que quiere, y ahí está la legitimidad”, afirmó.
Otros candidatos de ASAJELP son José Mauricio Cardoza Hernández, registrador jefe del Registro de la Propiedad; Jesús Ulises García, juez quinto de sentencia; Marta María Iglesias Majano, abogada de la Universidad de Oriente, y Joaquín Oscar Vallejos Díaz, abogado litigante y fundador de la asociación.
En 2021, Vallejos Díaz, junto a Luis López Jerez y otros miembros de la asociación, pidieron al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del FMLN y ARENA, por “negociar con grupos terroristas”.
ABOJES busca otro asiento en la CSJ
La ABOJES es una organización que nació en 2010, y que ha ido ganando influencia dentro del Organismo Judicial, al lograr posicionar a sus perfiles en puestos de poder e ir sumando más trabajadores judiciales a sus filas. Actualmente se precia de ser la asociación con mayor representación a nivel nacional.
En junio de 2021, la ABOJES logró el apoyo de la bancada de Nuevas Ideas para que votara a favor de una de sus propuestas para magistrado de la CSJ, José Ernesto Clímaco Valiente, quien entonces era subdirector de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. En septiembre, uno de los fundadores de la organización y el principal candidato a la CSJ en esta elección, Santos Guerra Grijalba, fue nombrado por los diputados oficialistas como concejal propietario del CNJ para el periodo de 2021 a 2026.
A inicios de septiembre, antes de que Guerra Grijalba fuera elegido, la ABOJES emitió un comunicado para respaldar las reformas a la ley de la carrera judicial. Señaló que la reforma significaba un “verdadero cambio de timón” a la administración del Órgano Judicial, “tratando de Ilevarla a la modernización y convertirla en una institución renovada”. Además aseguró que “las condiciones intelectuales, físicas y aun emocionales del adulto mayor aminoran o se reducen, en natural detrimento del servicio”.
Santos Grijalba ahora lidera el listado de la Fedaes para la CSJ. En la votación del pasado 22 de junio, obtuvo 1,422 votos, posicionándose así en el primer lugar del listado.
El magistrado Ernesto Clímaco, propuesto por ABOJES y electo por la bancada cyan en el 2021, ha expresado su apoyo al candidato Santos Guerra. “Será un honor tenerte como compañero si el gremio así lo decide”, expresó en una publicación en su Facebook del 28 de mayo. Foto: Facebook.
Junto a Santos Guerra también se postuló otro fundador de ABOJES, Raymundo Alirio Carballo, segundo magistrado propietario de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente de Santa Ana.
En un evento de campaña, Carballo Mejía defendió el régimen de excepción, otra política del Ejecutivo cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que dan cuenta de asesinatos y torturas por parte de agentes de seguridad en las cárceles salvadoreñas.
“Sobre el régimen de excepción ustedes también han sentido la violencia y la violencia se debe atajar con medidas extremas; ante una sociedad violenta, los Estados se deben defender”, dijo ante la pregunta de la Revista Gato Encerrado.
Sobre las denuncias por detenciones arbitrarias ocurridas durante el régimen de excepción, el candidato dijo que «siempre han existido circunstancias que pueden parecer violaciones a derechos humanos sin pensarlo. No toda aprehensión tiene que ver con violaciones a derechos humanos”.
Los otros dos candidatos propuestos por ABOJES son Alexander Efraín Ticas Navarro, asesor institucional de la Corte de Cuentas de la República (CCR), y Karen Yasmín Hernández Salmerón, coordinadora del Área Penal del Departamento de Documentación de la CSJ.
Un proceso dominado desde el Órgano Judicial
El proceso para elegir a los jueces más importantes del país, los magistrados de CSJ, genera apatía entre la gran mayoría de abogados y trabajadores judiciales en el país, . “No tengo conocimiento de los candidatos que van a participar, pero sí han venido a dejar tazas, calendarios y lapiceros de la campaña”, dijo una colaboradora judicial que habló bajo condición de anonimato.
El proceso de elección de los perfiles propuestos a la Asamblea Legislativa por parte del sector de abogados ha estado marcado por la falta de participación del gremio, sobre todo de los profesionales en el libre ejercicio. La ausencia de candidaturas por parte de las asociaciones obligó a la Fedaes a ampliar el plazo de inscripción inicial, tras el cual solo una persona se había postulado.
Finalmente, la inscripción cerró con 20 candidaturas y los niveles de participación en la votación también fueron bajos. De los 38,000 abogados habilitados para votar, solo 3,632 ejercieron su derecho, un 9.56 % del padrón.
Juntas electorales de Fedaes entregan papeletas de votación a abogados. Foto: CNJ
Ignacio Guerrero, representante del Centro de Estudios Jurídicos, una de las organizaciones que integra la Fedaes, dijo a Focos que en elecciones anteriores se ha observado mayor diversidad de propuestas, tanto de asociaciones federadas como no federadas. “Antes había distintos bandos. Los trabajadores judiciales ponían a sus candidatos, los jueces ponían a sus candidatos y han habido candidatos que han desarrollado la profesión en el libre ejercicio. En este caso, prácticamente no hay candidatos del libre ejercicio; casi todos vienen de la administración de justicia o son jueces”, explicó.
Para Guerrero, la falta de participación del gremio se debe al temor y la inconformidad de los abogados por los golpes a la democracia dirigidos por el Ejecutivo, la pérdida del balance de poderes y el irrespeto a los derechos humanos. “Esto es desgastante, el gremio de abogados se ha desmotivado bastante. Tal vez los candidatos no estaban acorde con su visión y por eso no participaron”, dijo.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya coincidió con este análisis y añadió que existe un proceso de “desnaturalización de la elección”, en el cual las asociaciones de trabajadores judiciales han tomado el control, en detrimento de la representación de los abogados .
“La idea original era que votaran los abogados en el libre ejercicio, no que votaran empleados y funcionarios judiciales. ¿Cómo se ha venido deformado esto? Que ahora hay múltiples asociaciones de trabajadores judiciales y jueces que se han creado única y exclusivamente para postular candidatos (…) Y el absurdo es que ahora resulta que los empleados del Órgano Judicial están viendo cómo nombran a sus jefes”, señaló Anaya.
La elección de la Fedaes ha sido ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil, debido a que no ha logrado implementar filtros adecuados que permitan asegurar que las personas gocen de moralidad y honorabilidad notoria, ni capacidad técnica. En ese sentido, el proceso recueda a una campaña política, en la que las asociaciones juegan el papel de organizaciones partidarias.
Los expertos consultados coincidieron en señalar que las asociaciones de abogados funcionan como meros vehículos para que sus asociados puedan llegar a cargos públicos. “La elección de los abogados es un proceso más político, porque se basa en el voto y no tanto en la idoneidad y las cualidades de la persona que se postula”, señala Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana.
La otra mitad de la lista
El CNJ ha mantenido oculto su proceso de elección. Aunque las entrevistas a los aspirantes se realizaron de manera pública, el consejo no ha explicado qué criterios y herramientas de evaluación utilizó para la depuración de sus perfiles. Además, obvió el proceso de deliberación y la votación pública que ordena la sentencia de inconstitucionalidad 94-2014, para la elección final de los 15 candidatos.
Desde 2015, el Consejo había convocado a una sesión para cumplir con este requisito, pero este año entregó el listado a la Asamblea sin dar a conocer los nombres electos ni las razones de su decisión.
Para los expertos consultados, esto implica un retroceso con respecto a la tecnificación y la transparencia que se había impulsado durante los procesos de 2018 y 2021, gracias a la presión de la sociedad civil.
Entre los candidatos está Óscar López Jerez, actual presidente de la CSJ; Noel Orellana, magistrado propietario del TSE, quien dio su voto para avalar la inscripción de la candidatura de Nayib Bukele a la reelección inconstitucional; Raquel Caballero de Guevara, actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y José Apolonio Tobar, exprocurador de Derechos Humanos; ambos señalados por su inacción frente a las violaciones de derechos humanos durante la vigencia del régimen de excepción.
