Bukele plantea revertir la prohibición a la minería metálica en El Salvador 

El presidente Nayib Bukele aseguró que la extracción de oro, una “riqueza dada por Dios”, le valdría al país más de $131,565 millones y podría traer “un desarrollo económico y social sin precedentes” a las comunidades. Ambientalistas que denunciaron la intención del Gobierno de legalizar la minería, advierten que la extracción de oro es inviable en el país, y expone a la población a la contaminación masiva del agua y la pérdida de la biodiversidad.

Por Gabriela Villarroel.

El presidente Nayib Bukele reveló su interés en revivir la minería metálica en El Salvador, y calificó de “absurda” la prohibición a la explotación de las reservas naturales de oro, que según él, podría generar un “desarrollo económico y social sin precedentes” con una minería “moderna y sostenible”.

«Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!», escribió Bukele en X. Aseguró que el oro en El Salvador es una “riqueza dada por Dios” que puede ser “aprovechada de manera responsable”. 

Según Bukele, “estudios realizados” en el país indicaron que sólo en el 4 % del “área potencial” de explotación, se lograron detectar “50 millones de onzas de oro valoradas hoy en $131,565 millones», casi cuatro veces el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.

Toda la riqueza potencial en oro que existe en el país, agregó, podría superar los “3 billones de dólares”, lo que equivaldría, según sus cálculos, a 8.800% del PIB, que cerró en 2023 en $34.015 millones.

Según el presidente reelecto de manera inconstitucional, “esta riqueza podría transformar El Salvador”, con «miles de empleos de calidad» y el financiamiento de «infraestructura». Todo con una “minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente”.

La empresa estadounidense VanEck reveló este martes que, en conversaciones privadas, Bukele les expresó el interés de revertir la prohibición a la minería de oro para extraerlo de manera «responsable» en El Salvador, e invitó a los geólogos de la empresa a investigar los depósitos de oro.

Un “desastre ecológico” 

Para los ambientalistas, la “minería verde” o “minería sostenible” no existe, y no hay riqueza suficiente que compense el daño ambiental que produciría la extracción del oro en El Salvador. 

“Las empresas mineras causan daño, y aunque hay algunas que buscan mínimamente pagar impuestos o  respetar la ley, esto de la minería responsable que dañe el ambiente y lo repare no existe. No hay minería verde, es un truco publicitario”, dijo Luis González, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador.

Un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), de la que también es parte, señala que la minería es inviable en El Salvador, debido a las condiciones ambientales, riesgo sísmico y crisis hídrica que enfrenta el país.

González explicó que en la zona norte del país están las mayores concentraciones de oro en el territorio salvadoreño, que forma parte del “cinturón de oro” del Pacífico, una cadena montañosa que atraviesa toda la región Centroamericana. Sin embargo, la concentración de oro en el país no es en piezas naturales, si no en micropartículas, por lo que “el único método económicamente viable para poder explotarlo sea la lixiviación”, que consiste en “triturar la montaña”: sacar la roca, molerla y verterla en piscinas gigantescas de agua con cianuro y otros metales pesados.

“En ese proceso, se contamina el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad, se genera drenaje ácido de mina. Esto contamina las aguas subterráneas, lo que deja los suelos estériles e inadecuados para el cultivo de alimentos. Sería un desastre ecológico”, explicó el ambientalista.

Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, aseguró que debido a que la concentración del oro es bastante dispersa en el territorio, “se necesita mover unas tres toneladas de tierra para extraer una onza de oro”. 

“Estamos hablando de abrir un hoyo en las montañas de Chalatenango y Cabañas, y esto a costa de la vida de la gente”, agregó.

En un comunicado emitido ayer, la Mesa contra la Minería y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin) rechazaron la intención de Bukele para revertir la prohibición, y señalaron que ésta “no fue una decisión absurda, sino en defensa del agua y del ambiente”, producto de una “lucha social de 12 años de las comunidades”.

La lucha contra la minería

Desde el año pasado, el Gobierno instaló un cerco militar en Cabañas, —zona clave para la minería—, y arrestó a cinco defensores ambientales de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta, por un supuesto homicidio ocurrido durante el conflicto armado.

Para la Mesa contra la Minería, la persecución de estos líderes “es una estrategia para desarticular al movimiento de resistencia contra la minería metálica y el extractivismo”, y se trata de una “criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales”. 

Esta misma semana, a petición de la Fiscalía controlada por el oficialismo, la Cámara Penal de Cojutepeque revirtió el sobreseimiento definitivo que habían recibido los líderes de Santa Marta, quienes advirtieron desde 2021, junto a la Mesa contra la Minería, la intención del Gobierno para revertir la prohibición.

ADES denunció además la adhesión de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible en mayo de 2021; así como el alquiler de terrenos que pertenecieron a Pacific Rim, una minera canadiense que demandó a El Salvador en 2016, en un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). 

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