El caso Santa Marta: una justicia deslegitimada quiere juzgar un crimen de guerra

Seis excombatientes del FMLN, entre ellos cinco líderes de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas, están en prisión preventiva tras ser acusados por la Fiscalía de asesinar a una mujer durante la guerra. 

Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Rivas Laínez, líderes comunitarios e históricos de la comunidad; Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, director ejecutivo y asesor legal de ADES, una organización ambientalista y antiminera, fueron capturados en la madrugada del 11 de enero señalados como responsables de privar de libertad y luego asesinar a María Inés Alvarenga, una vecina de la comunidad, entre agosto y septiembre de 1989.

La Fiscalía les imputa también el delito de asociaciones ilícitas, según el Código Penal de 1973-74 (derogado pero vigente para el caso), por ser miembros de la Resistencia Nacional (RN), uno de los cinco grupos insurgentes que conformó a la guerrilla del FMLN.

El caso ha despertado al movimiento social porque toca a una comunidad reconocida internacionalmente por su modelo de organización y también por la lucha contra la minería metálica. Su incidencia sirvió para la aprobación de la prohibición total de la actividad en 2017.

A tres semanas de las capturas, esto es lo que sabemos del caso:

El caso es de conocimiento de las autoridades desde 1989. El hecho fue denunciado el mismo año de la desaparición por los hijos de la víctima, indicó a Focos una fuente que tuvo conocimiento directo de ese primer expediente.

Sin embargo, el proceso que actualmente sigue la Fiscalía está basado en una denuncia reciente, interpuesta hace nueve meses por otra hija de la víctima. El documento se presentó ante la sede fiscal en Ilobasco, Cabañas, el 5 de abril de 2022, según documentos judiciales a los que Focos tuvo acceso. 

Hasta la fecha, ningún miembro de la familia se ha pronunciado con respecto al caso.

FOCOS tuvo acceso al requerimiento fiscal y este se basa, por el momento, en prueba testimonial. Primero, en la declaración de dos de los hijos de la víctima, testigos directos del secuestro de su madre,  quienes aseguraron que vieron cuando la mujer fue sacada de su casa en horas de la noche por miembros de la guerrilla, y nunca más volvieron a verla. Entre las personas y nombres que afirman que lograron reconocer, se encuentran algunos de los acusados por la Fiscalía.

El segundo testimonio es el más extenso, la exposición del testigo protegido clave “Soriano”, quien dijo que vio a la víctima en cautiverio dentro de un campamento guerrillero, cercano a Santa Marta, donde fue torturada y acusada de colaborar con el enemigo, y que luego de quince días, la mujer desapareció. Tiempo después supo que había sido asesinada. El testimonio también menciona a algunos de los acusados. 

Los hijos dicen que buscaron su cuerpo o sus restos por años pero no encontraron nada. Posteriormente, en 1996, decidieron asentar su fallecimiento en el Juzgado de Familia de Sensuntepeque para que extendiera un acta de defunción por fallecimiento judicial subsidiario, documento que la Fiscalía utiliza como prueba para certificar la muerte de la víctima.

“Contamos con prueba testimonial. En este momento, en la etapa inicial solamente nos basta con tener algunos indicios de la participación y comisión de hechos delictivos”, dijo uno de los fiscales al presentar el requerimiento el 16 de enero pasado, cinco días después de la captura.

La Fiscalía no cumplió con el plazo de 72 horas para presentar la acusación contra los líderes comunitarios ante un juzgado, como lo establece la Constitución y justificó la demora amparándose en el Régimen de Excepción vigente que suspende ese derecho. Sin embargo, el caso no tiene vinculación con la medida.

Las sospechas de la defensa y la comunidad

El abogado defensor de los cinco líderes detenidos, Denis Muñoz, ha criticado que la acusación no tiene un base sólida porque no existe prueba científica como una autopsia, el análisis de restos u osamenta que certifiquen la muerte violenta de la víctima. El jurista asegura que la prueba testimonial es débil y que la declaración de clave “Soriano” deja muchas dudas.

“El relato del testigo protegido tiene muchas contradicciones. Él dice que se enteró de la muerte de la víctima por terceros. En la audiencia, dijo primero que sí le constaba el asesinato de la señora y luego dijo que no. Nos decepcionó la decisión de la jueza”, dijo Muñoz, en conferencia de prensa el día después de la primera audiencia.

Para las organizaciones sociales y ambientalistas, la captura de estos líderes comunitarios responde a una estrategia política desde el Ejecutivo, quien controla los poderes del Estado, y que busca revertir la prohibición de la minería.

“Estamos convencidos y convencidas que este caso responde a una estrategia de parte del gobierno para revivir la minería metálica. Cuando hablamos de ADES y de Santa Marta, no hablamos de cualquier organización sino de la columna territorial de la lucha antiminera”, dijo Dalia González, representante del movimiento político ecologista Reverdes.

Para González, la adhesión de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, que promueve la minería, en mayo de 2021, y la creación de una nueva Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas que “no distingue entre minería metálica y no metálica” son pruebas de que el Gobierno quiere revivir la explotación minera en el país.

“Es una persecución política para que las empresas mineras no tengan oposición en los territorios”, agregó la activista.

La comunidad también reclama que la Fiscalía haya actuado con diligencia en un caso individual, mientras tiene 10 años de retraso en la investigación de las masacres del Río Lempa y Santa Cruz perpetradas por el Ejército en 1981, y por las cuales las víctimas presentaron una denuncia en 2012. Ambos sucesos costaron la vida de cientos de personas de la zona y obligaron a otras tantas a refugiarse en Honduras.

En junio del año pasado, investigadores del ministerio público llegaron al cantón para conversar con varios líderes comunitarios y les dijeron que buscaban recabar información que les sirviera para investigar las masacres. Sin embargo, no volvieron a tener comunicación sobre el tema.

En un comunicado, más de 250 organizaciones internacionales de 29 países instaron al gobierno salvadoreño para que retire los cargos contra los líderes comunitarios.

Por el caso están procesadas tres personas más: Fidel Recinos Alas, excomandante de zona y exdiputado del FMLN, quien también fue enviado a prisión provisional; Eduardo Sancho, excomandante general de la RN y firmante de los Acuerdos de Paz; y Arturo Serrano Ascencio, excombatiente que reside en EE.UU. Todos son acusados ausentes.

Alerta sobre las garantías del proceso

El pasado 27 de enero, la Universidad Centroamericana (UCA) emitió un pronunciamiento donde cuestionó la falta de garantías en el proceso.

“El caso que ha abierto la Fiscalía (…) revela que las heridas de la guerra siguen abiertas. Al no haber sido atendidas desde un proceso de justicia transicional que permitiese la reparación de los daños y la reconciliación, han vuelto a sangrar. Y ese sufrimiento se topa con un sistema de justicia que en la actualidad no da garantías de debido proceso ni a las víctimas, ni a los victimarios.”, recoge el comunicado.

La UCA también cuestionó la decisión de la jueza encargada del caso de reservar el proceso penal y decretar prisión preventiva para los líderes comunitarios. 

Por su parte, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la universidad jesuita, Idhuca, dijo a FOCOS que “no se debe buscar justicia con pinzas o seleccionada a dedo” sino buscar justicia en todos los casos respetando el debido proceso.

“Llama la atención porque todas las demás investigaciones se han dejado de lado y se centran en un caso específico y esto da indicios a que puede existir una justicia parcializada, interesada, que va a mantener en la impunidad muchos otros casos”, agregó Santos.

En El Salvador, la justicia para crímenes de guerra ha avanzado muy poco, tras el desbloqueo de la amnistía en 2016. A la fecha, ningún caso grave ha sido llevado a la etapa de sentencia en un juicio. Uno de los casos que comenzó a moverse es el de la masacre de El Mozote y lugares aledaños; sin embargo, el Ministerio de Defensa, negó nuevamente el acceso a archivos militares. Luego en 2021,  el despido obligado del juez del caso, Jorge Guzmán, por un decreto legislativo solicitado por Casa Presidencial, estancó el proceso de instrucción. La nueva jueza decidió cambiar las reglas del proceso y empezar de cero.

El proceso ocurre cuando el Ejecutivo de Nayib Bukele controla el aparato de justicia (Órgano Judicial) y también la Fiscalía, encargada de investigar y acusar ante la justicia. Al mismo tiempo, mantiene un régimen de excepción cuestionado por violar derechos humanos.

Por ahora, los líderes permanecerán en prisión provisional por al menos seis meses, mientras la Fiscalía continúa investigando el caso.