ALAC: Reformas a LAIP permitirán reservar información al antojo de los funcionarios

El pasado 7 de julio, el gobierno de Nayib Bukele, a través del Ministerio de Gobernación, presentó a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Desde la lectura de los especialistas, estas modificaciones tienen la intención de impedir el acceso ciudadano a toda aquella información que puede resultar incómoda para los funcionarios públicos.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, capítulo nacional de Transparencia Internacional, dijo a Focos que las reformas no van orientadas a respetar el Derecho de Acceso a la Información Pública sino todo lo contrario. “Nos parece que lo que busca es otra cuestión de fondo, reservar información que pueda ser incómoda”, señaló.

La propuesta de reformas presentada por el gobierno de Bukele solicita cambiar el artículo 16 de la LAIP en el sentido de declarar como reservada toda aquella información hasta ahora considerada como oficiosa, incluidas las auditorías de la Corte de Cuentas de la República y la información sobre viajes, contrataciones y compras realizadas por las instituciones públicas y sus funcionarios.

La información reservada es toda aquella cuyo acceso se restringe a la población de manera expresa, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas.

Sandoval considera que esta reforma impulsada por el Ejecutivo le cierra paso al esfuerzo que hicieron organizaciones sociales por promover la necesidad de adoptar criterios objetivos para la reserva de información, como la temporalidad y la razonabilidad.

“Lo que hoy parece es que configuran la ley para cuajar su intención de reservar información de manera discrecional. Pasa a ser un tema casi antojadizo”, puntualiza.

A dos años de gobierno, los retrocesos impulsados por la administración Bukele en materia de transparencia y acceso a la información pública forman ya parte de su estilo de gestión.

En un informe presentado por la organización Acción Ciudadana se reportó que, en lo que va del 2021, las posibilidades para que los ciudadanos accedan a información pública a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) han descendido en un 80% respecto al 2020.

Sin embargo, uno de los grandes desafíos que persisten en El Salvador es generar conciencia sobre los impactos de estos retrocesos en las vidas cotidianas de las personas.

El representante de ALAC considera que, sin transparencia ni rendición de cuentas, el camino para conocer sobre casos de corrupción se hace ahora más complicado.

“La información que se puede limitar para el conocimiento de los ciudadanos con estas reformas fue la misma que nos permitió procesar a Mauricio Funes, Antonio Saca y Sigfrido Reyes. Le quitan a las autoridades competentes conocer esta información. No conocerla es permitir que pase nuevamente lo de Saca o Funes”, indicó Sandoval.

Las alternativas para frenar la deriva de opacidad y resistencia a la transparencia de este gobierno parecen ser cada vez más escasas desde la toma del poder judicial el pasado 1° de mayo. Sandoval apunta que la única vía para resistir a estas reformas es a través de las instancias regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Una de las principales formas para frenar los retrocesos era acudir a la Sala Constitucional. Si hoy vas, encontrarás magistrados impuestos que responden al presidente de la República, quien manejó los hilos para desarticular la Sala (de lo Constitucional) a través de la Asamblea”, reflexiona Sandoval.

Para el especialista en transparencia y anticorrupción, las reformas se convierten en una oportunidad única para que los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos y los de la Sala de lo Contencioso Administrativo demuestren su independencia y resuelvan a favor del acceso a la información pública. “Si estos jueces están con la población van a responder a los intereses de la población, que es acabar contra la corrupción”, señala.

Las reformas orientadas a mutilar la Ley de Acceso a la Información también contemplan la consolidación del poder del comisionado presidente del IAIP, desnaturalizando el carácter colegiado del organismo.

Sandoval señala que la equidad en las funciones del pleno es necesaria para evitar criterios unilaterales.  Pero la pluralidad de visiones es aniquilada con la reforma del artículo 57 de la ley,  que anula la participación de los sectores representativos del IAIP, compuesto por los delegados de gremios de universidades, sindicatos, empresariales, profesionales y periodistas.

Sandoval considera que, ante los  embates al Derecho de Acceso a la Información Pública, las organizaciones sociales tienen la tarea de seguir promoviendo sus garantías, recordando que es un derecho ciudadano que debe ser defendido.

 “En la edad media los reyes eran los dueños de la información y si ellos querían te la daban o no, porque estábamos en una  monarquía. Hoy que estamos en democracia la información nos pertenece a todos”, apunta.

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