La paradoja del régimen de Bukele: Víctimas de las pandillas perseguidas por el Estado

A siete meses de su implementación, el régimen de excepción de Nayib Bukele sigue sumando denuncias de personas inocentes capturadas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad, entre ellas familias que fueron víctimas de las pandillas en el pasado y que ahora son señaladas de colaborar con ellas por las autoridades.

Edgar

“Abandone su casa y váyase”. Esa fue la solución que la Fiscalía y la Policía le dieron a Edgar Amaya después que denunció que un grupo de pandilleros estaba amenazando a su familia.

Esta mañana de finales de septiembre, Edgar reclama furiosamente a un grupo de policías antidisturbios, que bloquean el ingreso a la Asamblea Legislativa, la falta de acción de las fuerzas de seguridad cuando su familia necesitó de ellas. 

Mientras con una mano sostiene el micrófono en el que vierte su rabia desesperada, con la otra agita dos hojas de papel bond impresas, en las que se puede ver un camión lleno de muebles, ropa y utensilios de casa. En esa foto se resumen 30 años de trabajo y esfuerzo venidos abajo de la noche a la mañana. 

Ningún policía se acercó a su familia para dar seguimiento a la denuncia por extorsión, dice. Y cuando finalmente se acercaron, hace más o menos cinco meses, cuando el régimen de excepción para combatir a las maras se desplegó por las comunidades más pobres del país con operativos masivos de captura, los agentes policiales llegaron solo para llevarse a sus dos hijos, tras señalarlos de ser pandilleros. 

Edwin y René Mauricio Amaya, los hijos de Edgar, se dedicaban a la venta ambulante y fueron capturados en San Lorenzo, Ahuachapán, mientras trabajaban. Edwin, quien padece de discapacidad auditiva, fue liberado tres meses después,  luego de que se hiciera viral un video de su padre suplicando misericordia al presidente Nayib Bukele. 

Edgar dice que cuando le entregaron a su primer hijo debido a que no existían pruebas contra él, le indicaron que en unas semanas también saldría el segundo, pero eso no ha ocurrido. Y esa es la razón por la cual esta mañana ha asistido a la protesta organizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) para exigir la liberación de los inocentes. 

Edgar Amaya muestra dos fotografías del camión en que tuvo que desplazarse forzosamente debido a las amenazas de pandillas. En su camiseta, la imagen de su hijo René, capturado por el régimen de excepción. FOTO: FOCOS

María

“Si ellos no fueran inocentes, no estaríamos aquí dando la cara por ellos”, dice María, otra madre que ha asistido esta mañana a la manifestación del MOVIR. 

La protesta de María suena diferente a la de Edgar. Mientras la voz de él retumba furiosa en los parlantes, la de ella parece ahogada por la tristeza. 

María ya perdió dos hijas en su vida, y ahora, se rehúsa a perder un tercero a manos del régimen de excepción.

 En 2008, Silvia, una de sus hijas fue desaparecida por las pandillas. Su cuerpo calcinado fue encontrado en un terreno baldío. Tenía 16 años y estaba embarazada. 

En el 2016, Karla, su otra hija, fue asesinada por un hombre conocido por la familia. Tenía 22 años. “Yo fui a la Policía a denunciar. Déjelo, me dijeron, ya lo conocemos; al rato va a caer”, cuenta María que le prometieron, pero hasta la fecha el responsable sigue libre.

A Kevin, el tercero de sus hijos, los policías que lo capturaron no le dieron tanto tiempo. Según María, lo detuvieron en el depósito de granos básicos donde trabajaba. La madre desconoce las razones por las cuales se lo llevaron, pero insiste en su inocencia.  

“Si él fuera delincuente, a saber adónde estaría escondido; pero él estaba trabajando. En cambio, los que mataron a mis hijas, esos están a saber a dónde”, reclama. 

María sostiene un cartel con la foto de su hijo, detenido arbitrarimenente durante el régimen de excepción. FOTO: FOCOS

“Penélope”

Penélope no participa en las manifestaciones que convocan familiares de privados de libertad capturados arbitrariamente, quienes se han denominado a sí mismos “víctimas del régimen de excepción”. 

No sale a manifestarse, aunque asegura que su hijo y su esposo fueron detenidos injustamente. Tampoco ha hecho público su caso en redes sociales, para que se viralice y fuerce a las autoridades a reconsiderar su captura, como han hecho otros tantos. 

Aunque quisiera denunciar por todos los medios la tragedia de su familia no puede, porque desde hace un año debe mantener el perfil bajo.

En 2021, ella, su esposo y sus dos hijos fueron desplazados forzosamente, luego de que un grupo de pandilleros quiso secuestrar a su hija menor.  Desde esa noche en que salieron huyendo de su casa han tenido que esconderse lejos de quienes querían lastimarlos.

El Estado les otorgó un régimen de protección de víctimas, debido a que sus vidas se encontraban en peligro. Sin embargo, y a pesar de contar con este mecanismo de protección, el padre y el hijo mayor, de 16 años, fueron capturados a finales de abril y acusados de ser pandilleros.

Para Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista en El Salvador (SSPAS), el programa de protección de víctimas debería garantizar la protección integral de las personas, más allá de proteger sus datos. Sin embargo, asegura que el régimen de excepción ha dejado de lado la situación de vulnerabilidad de víctimas de la violencia.

“Al ser detenidos y estar detenidos con personas pertenecientes a estructuras criminales; pues, su seguridad e integridad también se ha puesto en peligro. En el marco de estas detenciones, no ha habido una separación de, por ejemplo, quiénes son personas vinculadas a las pandillas y quiénes no”, dijo.

Ramírez también señaló que el Estado debe buscar mecanismos y estrategias efectivas de prevención de la violencia, que sean integrales e inclusivas, y no abordar la problemática con medidas superficiales como la del régimen de excepción. 

Penélope sigue sin entender por qué capturaron a su esposo y a su hijo y no es la única con esa pregunta.

Hasta el pasado 7 de octubre de 2022, las autoridades de Seguridad reportaban a más de 54,518 personas detenidas durante este régimen. La mayoría han sido enviadas a prisión en procesos exprés que no garantizan el derecho a defensa. 

Sólo entre el 27 de marzo y el 28 de agosto, ALAC registró al menos 1,824 habeas corpus presentados a la CSJ y en algunas Cámaras por personas que denuncian que sus familiares fueron detenidos de forma arbitraria. Más del 80 % de estas no han sido resueltas.

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