Bukele se expone a sanciones por apoyar a Trump en deportaciones ilegales 

El gobierno de Nayib Bukele podría enfrentarse a sanciones políticas y económicas de distintos estados y hasta del Congreso de los Estados Unidos, que van desde el congelamiento de bienes de funcionarios y fondos de cooperación, hasta medidas comerciales, debido a la decisión del gobierno salvadoreño de apoyar las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump.

El excongresista demócrata y subsecretario de Estado durante la administración de Barack Obama, Tom Malinowski, publicó un artículo en The Bulwark en el que presenta una propuesta para imponer sanciones económicas y políticas si El Salvador no coopera con las órdenes judiciales de Estados Unidos relacionadas a migrantes. 

Expertos consultados por FOCOS advierten que esta propuesta es una “ofensiva legislativa” del partido Demócrata, después que congresistas visitaran el país para pedir que se cumpla  la orden judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado por error al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La propuesta, además, llega después que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció que evaluará sanciones contra el gobierno salvadoreño por contribuir a violar los derechos constitucionales de personas migrantes, al poner a disposición el CECOT para recibir las deportaciones masivas de Trump. 

Malinowski recomendó que, además de este tipo de medidas, sea el Congreso quien impulse una ley que congele los bienes de Bukele y de todos los miembros de su gobierno, además de imponer aranceles punitivos a las exportaciones salvadoreñas. 

Esta ley, dijo, también debería exigir la devolución inmediata de Abrego García y “el cumplimiento de todas las sentencias de tribunales estadounidenses sobre migrantes enviados a El Salvador”; así como la creación de una comisión especial que investigue los pactos de Nayib Bukele con la MS-13. 

El ex funcionario reconoce que una ley con estas características “difícilmente prosperaría en un Congreso controlado por los republicanos”; pero señaló que su propósito es enviar un mensaje claro al presidente salvadoreño: “el péndulo político en Estados Unidos volverá a inclinarse, y su futuro dependerá de las decisiones que tome hoy”.

En un comunicado oficial difundido el miércoles, el gobernador de Illinois también acusó al gobierno salvadoreño de “ayudar activamente” a la administración Trump a desafiar órdenes judiciales y violar el debido proceso garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

El gobernador de Illinois indicó que, hasta que El Salvador cumpla la ley, tomará una serie de “medidas” que, según expertos, podrían ser replicadas por otros estados como California y Maryland, y hasta elevadas al Congreso de los Estados Unidos. 

Las posibles sanciones

Ricardo Valencia, profesor asistente de Comunicaciones en Fullerton, la universidad estatal de California, consideró que esta medida busca “cortar cualquier producto de El Salvador que el gobierno estatal compra”, y “explorar si algún fondo de inversión de trabajadores públicos tiene lazos con bonos salvadoreños”.

Sin embargo, el impacto puede ser mayor, advirtió, citando la propuesta de Malinowski, que a su juicio, “es una ofensiva legislativa del Partido Demócrata en contra del presidente Nayib Bukele”.

Para el especialista salvadoreño en relaciones internacionales, Napoleón Campos, la cooperación de Bukele con la administración Trump no solo ha golpeado la imagen del país a nivel internacional, si no que ha expuesto a El Salvador a violar el derecho internacional y recibir sanciones económicas y políticas. 

El caso Kilmar Ábrego García, dijo, está movilizando a congresistas demócratas y republicanos al CECOT, que bajo el contrato con Trump, se está financiando con fondos de los contribuyentes estadounidenses. Para Campos, “es cuestión de tiempo para que el Congreso de Estados Unidos evalúe un congelamiento de los fondos destinados a El Salvador”.

No descartó, además, que otros estados y el mismo congreso de Estados Unidos se sumen a estas sanciones, especialmente California, que alberga a más de 570,000 salvadoreños. 

“Se está oyendo fuertemente que podría unirse a estas medidas el gobernador de California (Gavin Newsom, demócrata). Si bien Illinois es la quinta economía de Estados Unidos, si el gobernador de California lo secunda, vamos a hablar de la primera economía, y el estado con la mayor cantidad de salvadoreños”, aseguró. 

Entre las medidas anunciadas por el gobernador de Illinois está la revisión de inversiones estatales de fondos de pensiones, para identificar si estos se destinan a empresas controladas o vinculadas al gobierno salvadoreño. «(Los fondos) tienen un total de $200 mil millones en activos e inversiones», aseguró el alto funcionario estadounidense.

Además, se ordenó al Departamento de Servicios de Gestión Central de Illinois, una revisión de todos los contratos actuales con compañías salvadoreñas o con sede en El Salvador; así como un estudio del comercio bilateral por parte de la Oficina de Comercio y Oportunidades Económicas. 

«Esperamos que otros estados que consideren acciones similares se intensifiquen y se unan para presionar a Trump y El Salvador a seguir la ley. Necesitamos más voces para hacer sonar la alarma y aplicar presión», dijo Pritzker.

FOCOS consultó con la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) sobre cuál podría ser el impacto de estas sanciones en las empresas salvadoreñas; pero no respondieron a solicitudes de entrevistas.

Hasta el momento, el gobierno de El Salvador tampoco ha emitido una respuesta oficial por estas medidas. 

Caso Kilmar Ábrego, el detonante

El caso que detonó las medidas anunciadas por el gobernador de Illinois es el de Kilmar Abrego García, un migrante que residía legalmente en Estados Unidos y fue deportado sin audiencia, pese a tener una orden de retención emitida en 2019.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló de manera unánime a favor del regreso de Abrego, pero, según el comunicado, El Salvador mantiene al migrante en una “reclusión ilegal” y se niega a cumplir con el fallo.

Sin embargo, Campos aseguró que el caso Kilmar Abrego no es el único que impulsó al estado a tomar las medidas, si no “la sistemática violación al debido proceso”.

“Esta es una respuesta a la disposición del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de ayudar a Trump a negar el debido proceso a cientos de migrantes deportados a El Salvador y ahora recluidos en una prisión de máxima seguridad notoriamente peligrosa sin potencial de liberación», indicó Pritzker.

La deportación Ábrego García, reconocida como un “error administrativo” por el propio gobierno federal, se realizó sin que el afectado pudiera ejercer su derecho al debido proceso, en violación de las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución estadounidense, agregó Campos.

Aunque la administración Trump admite que Abrego García fue deportado por error a El Salvador, sostiene que era miembro de la MS-13, aunque su esposa y abogado lo niegan. La Casa Blanca también afirma que, dado que Abrego García está bajo custodia de El Salvador, no pueden regresarlo a Estados Unidos. Bukele se ha negado a liberar a Abrego García.

“Por supuesto que no lo voy a hacer”, dijo Bukele a periodistas durante una reunión con Trump en el Despacho Oval este mes. “La pregunta es absurda”.