Fiscalía pide recapturar a los cinco de Santa Marta, líderes de la lucha antiminera en El Salvador
28 de febrero de 2025
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Fiscalía pide recapturar a los cinco de Santa Marta, líderes de la lucha antiminera en El Salvador
En El Salvador, donde persiste la represión contra voces disidentes, la Fiscalía oficialista ha solicitado la recaptura y que se “declare en rebeldía” a los cinco líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, quienes han pasado más de 25 meses bajo acoso judicial, en el contexto del retorno de la minería metálica al país.
Créditos: Alianza de Medios Independientes de El Salvador
Un mes después de que Nayib Bukele sancionara la Ley que reactivó la minería metálica en El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR), alineada con el oficialismo, ha solicitado que se declare en rebeldía a los cinco ambientalistas de Santa Marta, la comunidad símbolo de la resistencia contra la minería en el país. Según las notificaciones judiciales entregadas el 11 de febrero en los domicilios de los cinco, la solicitud de la Fiscalía es que se “giren las correspondientes órdenes de captura” en su contra.
Los escritos fueron emitidos por el Tribunal de Sentencia del Distrito de San Vicente, según pudo confirmar esta alianza de medios independientes salvadoreños. La orden judicial detalla que los cinco defensores ambientales no se presentaron a la vista pública convocada el 3 de febrero, y que tenían hasta el 25 de febrero para justificar su ausencia ante el tribunal. Si en ese plazo no presentaban sus argumentos, el tribunal cumpliría lo solicitado por la Fiscalía: declararlos en rebeldía y emitir las órdenes de captura.
El documento con la solicitud del Tribunal y la petición de la Fiscalía llegó ocho días después de la suspensión de la audiencia pública, ahora reprogramada para el 11 de abril. Todo el proceso judicial, que empezó en enero de 2023 y continúa hasta febrero de 2025, es irregular de acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos Front Line Defenders, Alianza Centroamericana frente a la Minería, Mesa Nacional Contra la Minería Metálica, entre otras locales e internacionales.
En noviembre de 2024, la Fiscalía logró revertir un fallo absolutorio a favor de los ambientalistas, emitido en octubre por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque. Lo hizo a través de una apelación ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que ordenó repetir el juicio.
De acuerdo con estas organizaciones de derechos humanos, la Cámara argumentó que los jueces que los absolvieron no analizaron el fondo de las pruebas sino que aplicaron la prescripción del delito imputado: la desaparición y asesinato de una habitante de la comunidad en los años ochenta, durante la guerra civil salvadoreña. En noviembre, estas organizaciones señalaron que ese argumento carecía de sustento y que la orden de repetir el juicio obedecía a una “criminalización” de los ambientalistas “cumpliendo los deseos de la Fiscalía”.
El 3 de febrero pasado, los cinco defensores ambientales firmaron y enviaron una carta abierta en la que comunicaron su decisión de no presentarse, argumentando que “no existen garantías de un juicio justo y legal”.
“Esta es una acción de resistencia contra los abusos y arbitrariedad judicial”, escribieron en la carta, firmada por los cinco, en la que también hicieron un llamado a la población para mantenerse “firmes” en la lucha antiminera.
La Alianza de medios pidió una entrevista a la Fiscalía, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, para conocer por qué solicitó una nueva orden de captura en contra de los cinco de Santa Marta, y por qué, a pesar del fallo que los absolvía de los delitos que les acusaron, han decidido continuar con la acción penal. También se preguntó si la decisión está relacionada con la lucha antiminera de la comunidad organizada en Santa Marta y si existen garantías para un juicio justo. Al cierre de esta publicación, la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía no respondió a ninguna de estas consultas.
Familiares de los acusados y dirigentes de Santa Marta señalan que agentes policiales custodiaban la vivienda de uno de los ambientalistas el miércoles 26, un día después de vencido el plazo emitido por el tribunal. Hasta el momento, estas fuentes dicen no haber tenido reportes de acciones similares en las viviendas de los otros líderes comunitarios. Se intentó, además, obtener una declaración de sus abogados defensores para conocer el estado en el que se encuentran, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El juez a cargo del Tribunal de Sentencia de San Vicente se negó a brindar una entrevista para aclarar si cumplirá o no lo solicitado por la Fiscalía y si declarará en rebeldía a los cinco ambientalistas. A través de su despacho pidió dirigir cualquier consulta a la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, que no respondió a ninguna de las llamadas, correos y mensajes enviados por esta Alianza.
Expertas consultadas sostienen que el “desmantelamiento del Estado de Derecho” y la “neutralización del principio de separación de poderes” hacen que en El Salvador no existan garantías legales del debido proceso. Algo que han denunciado al unísono organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este caso, además, hay otros dos imputados ausentes que nunca fueron ubicados por la Fiscalía. Según las expertas, el proceso judicial puede continuar pese a la ausencia de los acusados, de quienes se desconoce el paradero. Mientras tanto, en la comunidad y en los caseríos aledaños, donde el gobierno de Bukele ha definido intereses mineros, persiste el temor a nuevas persecuciones y más capturas.
El régimen merodea en Santa Marta
Los escritos del Tribunal de Sentencia llegaron a los domicilios de los cinco ambientalistas en la segunda semana de febrero. Uno de ellos estaba dirigido a Antonio Pacheco, fundador de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta.
Pacheco hizo una de sus últimas apariciones públicas el 23 de diciembre de 2024, cuando, en libertad, protestó contra la minería metálica afuera de la Asamblea Legislativa, mientras los diputados oficialistas se preparaban para revertir la prohibición minera vigente desde 2017. Él alzaba su voz en defensa del territorio, una lucha histórica de las comunidades del norte de Cabañas.
Entre el 11 de enero y 23 de agosto de 2023, Pacheco estuvo detenido, sin acceso a sus familiares ni abogados, según denunciaron organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Junto a él también fueron arrestados Pedro Rivas, Miguel Gámez, Alejandro Laínez y Saúl Rivas, los otros cuatro líderes comunitarios de Santa Marta.
Alfredo Leiva, vocero de ADES y habitante de la comunidad, califica las acciones de la Fiscalía como “drásticas”. Esta nueva “excusa”, explica, servirá para presionar a las familias de los criminalizados. “Ni Santa Marta ni las familias son responsables de la decisión que los compañeros han tomado”, afirma, en referencia a la protesta contra esta nueva audiencia.
Leiva también teme una nueva ola de capturas y persecución contra otros liderazgos de Santa Marta. Recuerda que el 11 de agosto de 2023, bajo el gobierno de Bukele, la comunidad fue militarizada. Además, denuncia que personal de la Fiscalía, agentes de inteligencia del Estado y vehículos sin placas merodean con frecuencia en la zona, incluso durante la noche y la madrugada.
Actualmente, el Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador registra la captura de 34 personas defensoras de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, creado con el argumento de perseguir a las pandillas, pero que, según denuncias, está siendo utilizado contra voces disidentes.
“Ahora mismo no hay garantías de nada. Los jueces están como pasapapeles”, señala Ingrid Escobar, directora de la organización. Para ella, en este momento, defender los derechos humanos implica un riesgo tanto para las personas como para sus familias.
Escobar reconoce un patrón en los casos de persecución a personas inocentes: muchas optan por irse del país porque no tienen garantías de un debido proceso.»Se van para no morir en prisión y no sumarse a las más de 370 víctimas (personas muertas dentro de las cárceles desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que inició el régimen de excepción)”, sentencia.
Sonia Rubio, abogada, investigadora y académica, coincide con Escobar en que las garantías legales se anulan frente al “desmantelamiento del Estado de Derecho” y la “neutralización del principio de separación de poderes». Explica que la criminalización es el uso indebido del poder punitivo del Estado mediante la “manipulación del derecho penal”, con el fin de neutralizar la acción de las personas defensoras ambientales, enviar un mensaje de advertencia a quienes defienden derechos o disienten políticamente y estigmatizar a los defensores de derechos humanos, despolitizando su lucha y equiparándolos con delincuentes.
Rubio también identifica otros patrones en la judicialización de personas defensoras de derechos humanos, como “la reversión de los procesos sin argumentos por parte de las cámaras penales”. Este es uno de los puntos que los cinco ambientalistas recalcan en su carta abierta: la decisión de los magistrados de anular el fallo absolutorio y ordenar un nuevo juicio “constituye una decisión política, no jurídica”.
El abogado Héctor Berríos, parte del movimiento antiminero en Cabañas desde 2004, sostiene que la resistencia vuelve a enfrentar “violencia institucional”, como en el pasado. Señala que la Fiscalía juega un rol clave en esta persecución. “Nosotros sabemos quién es Rodolfo Delgado y lo perverso qué es. Un mal manejo de este tema, para nosotros, trae consecuencias bastante graves”, afirma el también defensor ambiental.
Delgado fue impuesto como fiscal general por la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, luego de la destitución irregular de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del entonces fiscal general en mayo de 2021. Desde entonces, ha sido ratificado dos veces más en el cargo: en diciembre de 2021 y diciembre de 2024.
Hace más de 16 años, Delgado dirigió la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía entre 2004 y 2014. En 2009, cuando era jefe fiscal, atribuyó los homicidios de tres líderes comunitarios de Cabañas a rencillas con pandillas. Se trata de los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, ocurridos en el contexto de la lucha contra la minería y las exploraciones de la canadiense Pacific Rim.
El 11 de enero de 2023, 14 años después de estos asesinatos, Santa Marta volvió a ser el epicentro de la criminalización del ambientalismo. “Después de décadas, nosotros estamos logrando una verdadera JUSTICIA. No nos vamos a detener”, publicó Rodolfo Delgado en su cuenta de X.
Una acusación que se repite
Antes de que se ordenara un nuevo juicio, los cinco defensores ambientalistas de Santa Marta estuvieron ocho meses en prisión. La Fiscalía los acusó en enero de 2023 de delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y les imputó cargos de asesinato, privación de libertad y asociaciones ilícitas.
Tras un largo proceso judicial, el 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque declaró el sobreseimiento definitivo para los cinco líderes antimineros.
El tribunal desestimó la acusación de “lesa humanidad” al considerar que no cumplía con los criterios establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que El Salvador es firmante. Según el fallo, los hechos imputados no constituían “ataques generalizados” ni “sistemáticos”, requisitos fundamentales para este tipo de delitos. Con base en esto, el tribunal declaró “extinguida” la acción penal y decretó el sobreseimiento definitivo.
Sin embargo, la absolución duró poco. El 22 de noviembre de 2024, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque anuló el fallo y ordenó repetir el juicio en otro tribunal.
La decisión de la Cámara ocurrió en paralelo a la nueva apuesta prominería de Nayib Bukele, durante el primer semestre de su segundo mandato, al que accedió tras una reelección inconstitucional, dado que al menos seis artículos de la Constitución prohíben la reelección inmediata o consecutiva.
El 17 de noviembre, en una conferencia de prensa, Saúl Rivas, directivo de ADES Santa Marta y uno de los cinco criminalizados, acusó a la Fiscalía de montar un “hecho que no existió” para “obedecer la agenda gubernamental” y sacarlos del camino de la minería. “Somos un estorbo en Cabañas”, sostuvo frente a los medios de comunicación.
Un mes más tarde, Bukele anunció en su cuenta de X la intención de su gobierno de reactivar la minería metálica. Desde entonces, cuentas oficiales del gobierno, incluida la del propio Bukele, junto con otros funcionarios y diputados oficialistas, han impulsado una campaña a favor de la minería.
En el terreno, MalaYerba documentó que se realizan obras con maquinaria pesada en la mina San Sebastián, en el oriente del país. FOCOS y Revista Elementos constataron la militarización de la zona.
Santa Marta, la comunidad siempre perseguida
La persecución no es un concepto ajeno para quienes habitan Santa Marta y sus alrededores. Las comunidades de Cabañas han vivido masacres, exilios y, actualmente, acoso judicial. A inicios de la guerra civil salvadoreña, bajo el pretexto de perseguir una célula guerrillera, el Ejército masacró a civiles en la zona. Ahora, la persecución se dirige a quienes defienden la tierra y el agua.
En 1981, Santa Marta fue escenario de una de las primeras grandes masacres de la guerra, ignoradas por el Estado salvadoreño y aún impunes. En un operativo militar que diezmó a cientos de civiles, incluidas personas adultas mayores, mujeres, niñas y niños, Digna Recinos perdió a dos hermanas y una tía. Ella fue compañera de vida de Alejando Laínez, uno de los líderes criminalizados.
Recinos ha testificado la impunidad que ha rodeado los crímenes ocurridos durante la guerra civil salvadoreña. A casi 45 años del asesinato de sus familiares, en junio de 1980, la Fiscalía ha “botado” su caso, explica indignada. Estos son casos reales, repite, “son casos que uno vide (sic), porque yo vi cuando las estaban matando y sé dónde están enterradas”, agrega con firmeza.
Para ella, que conoce bien la impunidad y la indiferencia de la Fiscalía frente a los crímenes de la guerra, el caso de los cinco de Santa Marta tiene como trasfondo la minería y no la búsqueda de justicia por los crímenes del pasado, como sostiene la Fiscalía. “Desde que se lo llevaron, yo estaba consciente que no era por la muerte de esa señora. Desde que se lo llevaron, yo estaba consciente que eso era por la minería”, aseguras.
Tras los Acuerdos de Paz, la comunidad guerrillera de Santa Marta orientó su lucha hacia la defensa ambiental. Ahí, Alejandro Laínez, explica Recinos, jugó un papel crucial como coordinador de la memoria histórica.
El vacío dejado por los ambientalistas se percibe con más fuerza en Santa Marta, San Isidro y otros lugares de interés minero, donde la población prefiere callar antes que ser procesada injustamente.
Regresa la división, regresa el miedo
En San Isidro, ahora distrito del nuevo municipio Cabañas Este, se perciben división y miedo debido a la minería metálica. Esta situación no es nueva: en 2002, habitantes de las comunidades comenzaron a luchar contra el proyecto de exploración de la minera canadiense Pacific Rim en El Dorado, una mina de oro y plata ubicada a menos de cinco kilómetros del casco urbano.
Durante casi una década, la población de Cabañas resistió a las presiones de Pacific Rim, que generó conflictos, divisiones y represalias contra habitantes que se oponían a la minería. Uno de los casos más significativo fue el secuestro y asesinato de Marcelo Rivera, un reconocido educador, líder comunitario y ambientalistas antiminero, ocurrido en junio de 2009.
En diciembre de ese mismo año, además de Rivera, también fueron asesinados Ramiro Rivera, su pareja, Felicita Echeverría, y Dora Sorto, integrante del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), una organización comunitaria que realiza actividades de sensibilización y educación sobre los impactos negativos de la explotación minera. Dora tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada. En 2011, se sumó el asesinato del ambientalista Juan Francisco Durán Atala.
Con el regreso de la minería metálica, la división y el miedo han vuelto a apoderarse de quienes habitan en San Isidro. Jacinto González, párroco de la iglesia católica de ese distrito, relató que la población tiene opiniones encontradas sobre la reactivación de la minería: algunas personas están a favor, otras en contra, hay quienes son indiferentes, y un sector no expresa su posición por miedo. “El tema es bastante hermético por parte de la gente. Hay mucha división en el tema”, dijo González a esta alianza de medios.
En enero de este año, la Iglesia Católica inició una campaña de recolección de firmas para presentar ante la Asamblea Legislativa y pedir la derogación de la nueva ley. Esta campaña, además de la recolección de firmas, se extenderá hasta el 15 de abril, con un recordatorio al cierre de cada celebración dominical para ‘defender’ el medio ambiente a través de una oración en la que se pide que, con la ayuda de Dios, “se pueda evitar la minería” en El Salvador. La parroquia de San Isidro participa en la recolección de firmas, pero el párroco reconoce que el miedo ha impedido que muchas personas participen y proporcionen su número de documento de identidad.
El párroco considera que el distrito está en riesgo por los daños que la minería podría causar en el medioambiente y en las comunidades: desplazamiento forzado, confrontación y división entre quienes habitan San Isidro.
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