Crisis electoral en Honduras: ¿Por qué no hay ganador a casi 20 días de las elecciones?
19 de diciembre de 2025
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Crisis electoral en Honduras: ¿Por qué no hay ganador a casi 20 días de las elecciones?
A 19 días de las elecciones generales, Honduras sigue sin conocer quién será su próximo presidente. El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el escrutinio especial que debe definir el ganador de la elección presidencial, en medio de una crisis por la presión de Estados Unidos, pugnas internas y denuncias de fraude que involucran manipulación tecnológica y amenazas de las pandillas. Hoy, partidos y consejeros electorales se enfrentan en un conteo voto por voto mientras la desconfianza ciudadana se dispara.
Tegucigalpa, Honduras. – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras puso en marcha el escrutinio especial que definirá al ganador de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, después de casi 20 días de incertidumbre, denuncias de fraude y presión del gobierno de Donald Trump; todo mientras la violencia política en protestas y enfrentamientos ya ha dejado una veintena de heridos.
Al escrutinio ingresarán 2,792 actas de la elección presidencial que presentan inconsistencias y errores, que deberán ser subsanados para tener un dato exacto del número de votos que recibió cada candidato y definir la presidencia. No está claro cuánto tiempo tomará esto, aunque consejeros del CNE estiman que serán varios días de conteo. El límite legal es el próximo 30 de diciembre.
El proceso inició con importantes retrasos debido a la tensión política, recursos de nulidad, pugnas internas dentro de la autoridad electoral y acusaciones de fraude desde el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), que desconoció los resultados al considerar que estos “conllevan el germen de la intromisión e injerencia de Estados Unidos y de la clase oligárquica”.
La Embajada de Estados Unidos en Honduras instó públicamente al CNE a iniciar “de inmediato” el proceso de escrutinio especial para concluir los resultados oficiales. Advirtió que “cualquier llamado a alterar el orden público u obstaculizar la labor del CNE tendrá consecuencias”, y subrayó que “las voces de 3.4 millones de hondureños deben ser respetadas y defendidas”, en un mensaje que fue interpretado por distintos actores políticos como una nueva señal de presión internacional sobre el proceso electoral.
En medio de la crisis electoral, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que respetará el resultado que proclame el CNE, y reconocerá al ganador que surja del escrutinio voto por voto de las 19,167 actas presidenciales. “Aun en estas difíciles circunstancias he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República”, declaró.
En paralelo, más de 60 diputados y diputadas de la oposición celebraron una sesión extraordinaria del Congreso Alterno, en la que aprobaron un decreto orientado a la protección de los resultados electorales que emita el CNE.
El dictamen exhorta a “garantizar la declaratoria de elecciones en los tiempos establecidos” y llama a los actores políticos a abstenerse de “alterar el orden público”, en un contexto marcado por la confrontación partidaria y el riesgo de desestabilización.
El partido oficialista sostiene que, según su propio conteo, su candidata Rixi Moncada quedaría fuera de la contienda. El ganador, afirman, sería Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal—quien también expresó sus dudas sobre la transparencia del proceso, después que una caída del sistema le arrebatara la delantera. Mientras, el conteo oficial del CNE le otorga una victoria estrecha a Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional y favorito de Donald Trump.
Con corte a la tarde del 19 de diciembre, el CNE reportó 19,132 de las 19,167 actas escrutadas. Según esos datos, Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza la votación con 1,328,380 votos (40.33%), seguido por Salvador Nasralla del Partido Liberal con 1,301,464 (39.51%), mientras que Rixi Moncada, de Libre, se ubica en un distante tercer lugar con 631,595 votos (19.17%).
La actual incertidumbre, sin embargo, arrancó mucho antes del cierre de las urnas y las constantes caídas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP). El conflicto electoral de Honduras deviene de una serie de irregularidades que han marcado el proceso desde la planificación logística, las acusaciones mutuas de fraude y la desconfianza ciudadana en las instituciones hondureñas.
A este escenario se sumó la intromisión de Donald Trump, quien anunció a horas de la elección el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos ligados al narcotráfico— y expresó su respaldo explícito a la candidatura de Asfura, acompañado de asesores vinculados a la extrema derecha.
Estas son las razones por las que aún no hay claridad sobre quién asumirá la presidencia de Honduras:
- Polarización política: el preludio del conflicto
Desde las primeras etapas del proceso, los partidos tradicionales de derecha que hoy se disputan la presidencia —el Partido Nacional y el Partido Liberal— denunciaron un presunto fraude orquestado por Libre, actualmente en el poder. Ese mismo discurso fue posteriormente adoptado por el oficialismo, generando un clima de confrontación que derivó en retrasos y tensiones dentro del calendario electoral.
Fue en medio de estas tensiones que los hondureños acudieron a las elecciones internas y primarias del 9 de marzo, una jornada marcada por irregularidades en la logística electoral. Entre ellas destacó el desvío de maletas electorales hacia destinos que no correspondían a los centros de votación asignados, lo que provocó retrasos de hasta 12 horas en la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En dos centros de votación de la capital, las anomalías obligaron a repetir el proceso una semana después, alimentando la desconfianza ciudadana que persiste hasta hoy.
Más allá de la separación del cargo del coordinador de transporte del CNE, Johel Ramos, y del anuncio de acusaciones contra otras cinco personas, las responsabilidades detrás de estas irregularidades nunca fueron esclarecidas. El episodio derivó en acusaciones cruzadas entre Cossette López —entonces consejera presidenta del CNE y representante del Partido Nacional— y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, institución encargada de la custodia del material electoral. Mientras López se posicionó públicamente como defensora del proceso, Hernández quedó bajo cuestionamientos debido a su cercanía con el discurso del partido oficialista.
PIE DE FOTO: El Consejo Nacional Electoral está conformado por Ana Paola Hall, consejera presidente y representante del Partido Liberal; Cossette López consejera por el Partido Nacional; y Marlon Ochoa, del Partido Libre. USAR ESTA FOTO: https://x.com/APHall_CNE/status/1993726051579531521
- Retrasos y disputas: El CNE y la adjudicación tardía del TREP
Aunque el CNE aseguró que adoptaría medidas correctivas para evitar nuevas irregularidades en las elecciones generales, analistas y observadores hondureños advirtieron que los consejeros actuaban más como representantes partidarios que como autoridades electorales imparciales, debilitando la credibilidad institucional del organismo.
En ese escenario se produjo la disputa por la adjudicación del TREP, el sistema encargado de transmitir y divulgar los resultados preliminares. El contrato debió otorgarse al menos cuatro meses antes de las elecciones; sin embargo, no fue sino hasta el 29 de agosto, a dos meses del sufragio, cuando se adjudicó a la empresa colombiana Grupo ASD.
La firma se encuentra actualmente bajo la lupa por las constantes caídas del sistema, atribuidas oficialmente a labores de “mantenimiento”. Una de las interrupciones ocurrió precisamente cuando Nasralla lideraba el conteo; y tras el restablecimiento, Asfura pasó a encabezar la contienda. La situación evocó el proceso electoral de 2017, cuando una interrupción del sistema precedió al cambio de tendencia que favoreció a Juan Orlando Hernández, un antecedente que persiste en la memoria colectiva hondureña.
El 10 de diciembre, Marco Tulio Medina, médico neurólogo y científico que acompaña a Salvador Nasralla como designado presidencial, afirmó que existía “evidencia estadística altamente significativa de manipulación algorítmica sistemática”, según una investigación forense que —dijo— fue puesta a disposición de las autoridades para una eventual auditoría externa. La acusación no ha sido resuelta por los órganos electorales.
En paralelo, el CNE adjudicó de forma expedita contratos para el transporte de material electoral y para el servicio de conectividad en al menos 1,728 centros de votación, decisiones que también fueron cuestionadas por sectores políticos y sociales.
- La filtración de audios y acusaciones de boicot
El 22 de octubre, el consejero de Libre, Marlon Ochoa, denunció la existencia de un presunto plan para boicotear el proceso electoral y entregó al Ministerio Público una memoria USB que contenía 24 audios. Parte del material fue divulgado posteriormente por el fiscal general, Johel Zelaya. En algunos fragmentos se escucha presuntamente a Cossette López, al jefe de la bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar activo no identificado. López y Zambrano sostienen que los audios son falsos y atribuyen su creación al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).
En los audios difundidos en octubre, una voz atribuida a la consejera López, plantea que Salvador Nasralla sea anunciado inicialmente como ganador para instalar una percepción de victoria; anticipa problemas de conectividad, transporte y transmisión de datos; y plantea estrategias para anticipar un escenario de conflicto electoral, incluyendo “empezar a denunciar desde ya” y utilizar las “herramientas que nos han dado la gente de la embajada y los organismos internacionales», con el fin de enfrentar lo que califica como una maniobra de otros actores, todo antes de conocerse el resultado final del conteo.
Aunque la autenticidad de los audios no ha sido acreditada judicialmente, el desarrollo posterior del proceso electoral —marcado por retrasos, fallas técnicas y disputas públicas sobre los resultados— modificó la percepción de algunos sectores de la población, que comenzaron a otorgar mayor credibilidad al contenido de las grabaciones.
Once días después de los comicios, el fiscal general divulgó nuevos audios que implicarían a López en presuntas maniobras para limitar un eventual escrutinio voto por voto, bajo el argumento de falta de tiempo y personal, proponiendo restringir la revisión únicamente a las actas con inconsistencias. En otro de los fragmentos, la voz menciona que ya se habrían producido acercamientos con organizaciones que brindarían respaldo en ese contexto.
Dos días antes de la difusión de esos audios, López se dirigió vía X a quienes, según dijo, “siguen fabricando audios” para desacreditarla y afectar el proceso electoral. Afirmó que “la mentira no altera resultados” y que “Honduras ya decidió”.
- El efecto Trump y el cabildeo político
En medio de la crisis, cabilderos vinculados al bipartidismo activaron gestiones en Estados Unidos. Una de las primeras señales fue una audiencia del subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense, en la que participó como testigo Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Trujillo forma parte de una firma de lobby que ha representado a inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico Honduras Próspera, así como Grupo Financiero Ficohsa y Atlántida Global Services, actores involucrados en disputas con el oficialismo. Próspera, una charter city en el Caribe hondureño que cuenta con el respaldo del multimillonario libertario Peter Thiel, demandó al Estado de Honduras por $10,700 millones ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
A la audiencia asistieron figuras del bipartidismo, incluido Salvador Nasralla, además de los dirigentes nacionalistas Kilvett Bertrand y María Antonieta Mejía, y el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia. Este último ha sido cuestionado por intentar inscribir candidaturas inhabilitadas.
Posteriormente, el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión extraordinaria en la que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó su preocupación por presuntas presiones políticas sobre órganos electorales hondureños, y advirtió sobre consecuencias si se afectaban los resultados.
La injerencia escaló cuando, a cuatro días de las elecciones, Donald Trump anunció públicamente su respaldo a Nasry Asfura y descalificó a Salvador Nasralla, tildándolo de un “casi comunista” que buscaba dividir el voto en favor de Libre.
En un segundo posteo, realizado dos días antes de las elecciones, Trump condicionó el apoyo de Estados Unidos a Honduras a una victoria de “Tito” Asfura, reafirmando que este es el único líder confiable, a la vez que anunció un indulto pleno y completo a Juan Orlando Hernández.
Un día después de las elecciones, Trump volvió a pronunciarse. Esta vez acusó a Honduras de intentar cambiar los resultados de la elección presidencial al detener el conteo cuando Asfura lideraba por 500 votos frente a Nasralla, y advirtió sobre “altos costos” si se modificaban los resultados.
El cabildeo para lograr la intromisión de Donald Trump en Honduras, a través de publicaciones en la red Truth Social y en respaldo al candidato presidencial del Partido Nacional, fue atribuido a asesores vinculados a la extrema derecha en América Latina, Fernando Cerimedo, Luis Rosales y Dick Morris. Previo a la intromisión de Trump, la mayoría de las encuestas colocaban como principales contendientes a la silla presidencial a Moncada de Libre y Nasralla del Partido Liberal.
- Presión y denuncias ciudadanas
A los dos primeros posteos de Trump les siguió el envío de mensajes masivos a teléfonos móviles de hondureños, en un contexto de silencio electoral, presionando a votar por los candidatos nacionalistas a la presidencia y la alcaldía capitalina.
Rixi Moncada denunció que al menos cuatro millones de mensajes fueron enviados a receptores de remesas, advirtiendo que votar por Libre pondría en riesgo esos ingresos, en un país donde cerca del 25% del PIB depende de las remesas.
Desde el Sistema Nacional de Emergencia 911, la comisionada presidenta Miroslava Cerpas informó que se remitieron al Ministerio Público 892 denuncias ciudadanas por presuntos delitos electorales, de un total de aproximadamente cinco mil llamadas recibidas durante la jornada electoral.
Cerpas dijo al medio hondureño Criterio.hn que, si bien entre la víspera y el día de las elecciones se recibieron un total de 5 mil llamadas, las 892 denuncias remitidas al Ministerio Público corresponderían únicamente a los casos en los que existirían pruebas sólidas de delitos electorales.
- Nulidades y fractura interna en el CNE
Hasta el viernes 12 de diciembre, se presentaron dos acciones de nulidad administrativa contra el proceso presidencial ante el CNE: una interpuesta por Libre y otra por organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y populares.
El abogado Pedro Mejía, representante de las organizaciones sociales, sostuvo que la nulidad se fundamenta en fallos estructurales del proceso y de los sistemas automatizados, incluida la imposibilidad de garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular.
“Se estaría corroborando una imposibilidad de poder garantizar que exista fidelidad entre la voluntad popular expresada en los votos y los resultados expresados o publicados o divulgados”, afirmó. A través de la acción de nulidad, solicitan la suspensión del escrutinio, la declaratoria de nulidad del proceso y la reposición de las elecciones con las garantías necesarias.
Por su parte, Libre resolvió en una asamblea extraordinaria no reconocer al gobierno que surja del proceso electoral, al considerar que este habría sido impuesto mediante injerencia extranjera y restauraría un “narcoestado”.
La crisis también se refleja al interior del CNE. Mientras el consejero Marlon Ochoa denunció que se rechazó su solicitud de realizar un conteo voto por voto de las 19,167 JRV, la consejera presidenta Ana Paola Hall afirmó que solo se discutió revisar 1,081 maletas del nivel presidencial, acusando a Ochoa de difundir “verdades a medias”.
Mientras, la Misión de Observación Electoral de la OEA señaló retrocesos en la gobernanza electoral, tanto en el CNE como en el TJE, atribuidos a posturas partidistas que generaron retrasos. Aunque reconoció fallas técnicas y falta de pericia tecnológica, la misión indicó que no observó dolo ni manipulación evidente del material electoral.
Durante todo el proceso, el Partido Liberal evidenció su fractura interna al anunciar que no integraría las mesas de escrutinio especial sin una revisión voto por voto. Su presidente, Roberto Contreras, reconoció una crisis interna y llamó a dirigentes y bases del partido a no actuar como “opositores emocionales” ante un proceso que, advirtió, pone en riesgo la estabilidad del país.
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