¿Cuál es el panorama post crisis política en Perú?

El Estado constitucional en Perú ha salido ileso de la crisis política provocada por el choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso y, en respuesta, este órgano decidiera suspenderlo. 

David Lovatón, consultor jurídico de la Fundación para el Debido Proceso, analizó en Reflejos, el segmento internacional de FOCOS, las implicaciones que esta crisis tuvo para Perú y el panorama político del país en los próximos meses.

El 30 de septiembre pasado, Vizcarra hizo uso de una potestad presidencial establecida en el artículo 134 de la Constitución peruana, según la cual el presidente puede disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. 

Vizcarra decidió ejercer esa potestad cuando el Legislativo no quiso aceptar una propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Elección de los miembros del Tribunal Constitucional,  antes de continuar con un cuestionado proceso de nombramiento de magistrados para ese organismo. 

A criterio de Lovatón, esa fue la gota que derramó el vaso después de tres años de enfrentamientos entre el Gobierno de Vizcarra y el Congreso, controlado por la oposición fujimorista.  El mandatario respondió a los diputados disolviendo el organismo y convocando a elecciones parlamentarias para 2020; minutos después, el Congreso ordenó su suspensión. 

«La disolución del Congreso por parte de Vizcarra es una medida sin duda extrema y excepcional, pero constitucional. No solo porque que está contemplada en el artículo 134, sino porque además es una medida que lo que hace finalmente es volverle a preguntar al soberano en todo Estado constitucional, el pueblo, en elecciones», explica Lovatón. 

CRITICA OBSTRUCCIÓN DEL PARLAMENTO

El experto criticó la actitud obstruccionista del Parlamento y recordó que semanas antes el presidente había propuesto una medida menos traumática para resolver la crisis política, que consistía en convocar a elecciones para renovar tanto el Legislativo como el Ejecutivo, pero el parlamento no lo respaldó. 

Sin embargo, por el momento la crisis está contenida. Mercedes Araóz, quien asumió como presidenta en funciones tras la suspensión de Vizcarra renunció días después a su nombramiento, facilitando así el camino para la convocatoria a elecciones parlamentarias.

Lo que queda, explica Lovatón, son asuntos constitucionales e institucionales que se irán resolviendo en los próximos días. «Al parecer, la mayoría parlamentaria fujimorista va a intentar interponer una demanda ante el tribunal constitucional (…). Eso tendrá su curso, demora algunos meses y la decisión del Tribunal Constitucional estará paralelo o posterior a las elecciones de enero de 2020», señala.

Otro tema que podría provocar un debate en los próximos días es la elección de magistrados del Tribunal Constitucional que, en medio de la crisis, quedó inconclusa.

Pero para Lovatón estos temas pendientes no agravarán el conflicto. «Sin duda, hay un debate, una crispación política, pero todo bien con el marco del Estado Constitucional», afirma.

El experto considera una buena señal el hecho de que la Organización de Estados Americanos (OEA) haya saludado el llamado a elecciones parlamentarias y advertido toda controversia constitucional, en relación a la potestad ejercida por el presidente de la República, puede ser resuelta únicamente por el Tribunal Constitucional. 

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