Departamento de Justicia de EE.UU.: Gobierno de Bukele negoció frenar la extradición de líderes de la MS-13 a cambio de bajar homicidios 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) hizo pública una acusación contra trece líderes pandilleros de la MS-13, en la que afirma que la organización criminal mantuvo negociaciones con el Gobierno de Nayib Bukele para bajar el número de homicidios. A cambio, el Ejecutivo ofreció beneficios penitenciarios, legislativos y judiciales, entre ellos, frenar la extradición de cabecillas de la mara, señala el documento. 

Por Jaime Quintanilla.

El escrito forma parte de una acusación presentada por el Departamento de Justicia contra 13 líderes de la MS-13 en la Corte del Distrito Este de Nueva York. 

Los acusados enfrentan cargos de conspiración para el crimen organizado, conspiración para proporcionar u ocultar apoyo material a terroristas y conspiración narcoterrorista. Cuatro cabecillas también están señalados de conspiración para el contrabando de extranjeros con resultados mortales.

La acusación destaca la influencia política de la MS-13, señalando las negociaciones con los partidos FMLN y Arena para incidir en las elecciones, así como los posteriores acuerdos que resultaron en la fallida tregua con el Gobierno de Mauricio Funes. 

Según el documento, las conversaciones con el Gobierno de Nayib Bukele comenzaron incluso antes de su elección, durante la campaña electoral. Tras las votaciones de 2019, que le dieron la victoria por encima del FMLN y Arena,  la pandilla mantuvo negociaciones con funcionarios del Ejecutivo.

Borromeo Enrique Henriquez, conocido como el Diablito de Hollywood; Elmer Canales-Rivera, Crook de Hollywood; y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, Snayder de Pasadena, se reunieron de manera secreta y en diferentes ocasiones “con representantes del Gobierno de El Salvador dentro de las prisiones de Zacatecoluca e Izalco y en otros lugares”, indica la acusación.

Según el documento, el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, fueron los principales encargados de negociar con la pandilla. 

El Gobierno de Bukele organizaba estas reuniones y algunos de sus delegados “a menudo llevaban máscaras y se negaban a identificarse al entrar en las prisiones, infringiendo las normas penitenciarias”. Esta misma práctica usaban los pandilleros en libertad que asistían a estas reuniones, quienes además utilizaban camisas manga larga para ocultar sus tatuajes, establece el Departamento de Justicia.

“Los funcionarios de prisiones también facilitaron traslados temporales de líderes de la MS-13, incluido Henríquez, a hospitales civiles para que recibieran ‘tratamiento’ por enfermedades inexistentes, lo que permitió a esos líderes comunicarse con miembros de la ‘ranfla en las calles’ y facilitó las negociaciones”, dice la acusación.

Las acusaciones del Departamento de Estado confirman la investigación que el periódico El Faro publicó en agosto de 2021, con base en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual revela que el Gobierno de Bukele negoció con la Mara Salvatrucha y con las dos facciones del Barrio 18.

El expediente se abrió durante la administración del ex fiscal general Raúl Melara, pero la gestión actual descartó el caso y disolvió la unidad encargada de investigarlo.

La Prensa Gráfica también había reportado en septiembre de 2021 las salidas de líderes pandilleros hacia centros hospitalarios para reunirse con el director de Centros Penales. Estos informes se complementaron recientemente con la filtración de correos electrónicos de la Policía Nacional Civil (PNC) por parte del grupo de hacktivistas denominado «Guacamaya».

Los términos de negociación

Las “negociaciones secretas” de la actual administración con la ranfla de la MS-13 en las calles y en los penales incluía “beneficios financieros, control del territorio y condiciones carcelarias menos restrictivas”. Esto, según la acusación, permitía que los líderes pandilleros tuvieran mejor comunicación para mantener el control de la pandilla. 

Entre otros beneficios también se negociaron “cambios legislativos y judiciales”, y “reducciones de las penas de prisión que permitirían la excarcelación anticipada de los líderes de la MS-13”.

A cambio, los cabecillas se comprometieron a “reducir el número de asesinatos públicos, lo que benefició políticamente al Gobierno de El Salvador, al crear la percepción de que el Gobierno estaba reduciendo la tasa de asesinatos”. Sin embargo, “los líderes de la MS-13 siguieron autorizando asesinatos en los que los cuerpos de las víctimas eran enterrados u ocultados de otro modo”, indica el escrito. 

El Departamento de Estado también afirma que los cabecillas utilizaron sus influencias en los territorios que controlaba la MS-13 para “apoyar a los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021 a la Asamblea Legislativa de El Salvador”.

El 14 enero de 2021, la Fiscalía del Distrito de Nueva York acusó a 14 líderes de la MS-13 con crímenes terroristas y anunció que solicitaría la extradición de la ranfla nacional. El ex fiscal general Raúl Melara afirmó días después que colaboraría con la solicitud del Gobierno estadounidense. 

Ante la noticia, “la ranfla nacional y otros líderes de la MS-13 exigieron al Gobierno de El Salvador que se negara a extraditar a los acusados de la Ranfla Nacional y a otros líderes de la MS-13 acusados de delitos a los Estados Unidos”, señala la acusación.

Una vez que Nuevas Ideas tomó posesión de la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de 2021, los diputados oficialistas y sus aliados destituyeron a Melara de su cargo, bajo la excusa de que respondía a intereses de  los partidos políticos tradicionales. A continuación, procedieron a nombrar de manera ilegal a Rodolfo Delgado como fiscal general. 

Delgado ha sido uno de los protagonistas en el bloqueo de la extradición de los líderes de la MS-13. En septiembre de 2021, el funcionario solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revise el tratado de extradición con Estados Unidos. 

En la misma plenaria en que removieron al fiscal general, los diputados destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, acusándolos de emitir resoluciones que pusieron en riesgo la vida de miles de salvadoreños durante la pandemia,  e inmediatamente nombraron a nuevos jueces. Recientemente, esos nuevos magistrados han blindado la extradición de los líderes pandilleros. 

El documento del Gran Jurado de la Corte del Distrito Este de Nueva York también afirma que el Gobierno de Bukele liberó a Élmer Canales River, alias el Crook, uno de los líderes pandilleros que EUA buscaba extraditar. “El Gobierno de El Salvador puso en libertad a Canales Rivera, a pesar de la notificación roja de INTERPOL y de la solicitud de extradición pendiente de Estados Unidos”.

El viernes 24 de agosto por la tarde,  Focos pidió una reacción oficial al secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, y a la secretaria de comunicaciones, Sofía Medina.  A pesar de que leyeron los mensajes que se les hicieron llegar por mensajería instantánea, no emitieron postura. 

El documento completo de la acusación puede ser consultado en inglés aquí.

Tres líderes enfrentarán a la justicia

Tres de los acusados fueron detenidos en México y extraditados a Estados Unidos un día antes de la acusación, el 22 de febrero, informó la oficina del Fiscal General de ese país. 

Vladimir Antonio Arévalo Chavez, Vampiro de Monserrat Criminales; Walter Yovani Hernández Rivera, Baxter de Park View y Bastard de Park View, y Marlon Antonio Menjívar Portillo, Rojo de Park View, fueron puestos bajo custodia del FBI (Buró Federal de Investigaciones) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Mientras que José Wilfredo Ayala Alcantara, Indio de Hollywood; Jorge Alexander De La Cruz, Cruger de Peatonales; Juan Antonio Martínez Abrego, Mary Jane de Hollywood; y Francisco Javier Román Bardales, Veterano de Tribus, siguen libres. 

Los seis restantes, Edwin Ernesto Cedillos Rodríguez, Renuente de Abriles Dangers; Carlos Tiberio Ramírez Valladares, Snayder de Pasadena; Dany Fredy Ramos Mejía, Cisco de Teclas; Dany Balmore Romero García, Big Boy de Normandies, Dig Boy de Normandies y D Boy de Normandies; Rubén Antonio Rosa Lovo, Chivo de Centrales; y Miguel Angel Serrano Medina, Cabro de Park View, “se cree que están detenidos en El Salvador”, afirma el Departamento de Justicia. 

Varios de estos líderes pandilleros participaron de las negociaciones secretas con el Gobierno de El Salvador. De Ramírez Valladares, por ejemplo, la acusación afirma que “actuó como portavoz de la MS-13 durante las negociaciones”.

Según el Departamento de Justicia, “Estados Unidos explorará las opciones para su extradición con el Gobierno de El Salvador”.

.