Derechos en riesgo por enfoque represivo en medidas para contener el coronavirus

En las últimas semanas, pacientes en el hospital nacional Saldaña, personas aisladas en centros de contención y detenidos por supuestamente violentar la cuarentena obligatoria han denunciado violaciones a sus derechos. 

Hoy en FOCOS analizamos por qué entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional afirman que el Estado debe respetar las garantías de los ciudadanos, aun en el marco de la emergencia por covid-19.

La muerte de Óscar Méndez, de 56 años, en un albergue estatal evidenció la falta de condiciones de estos centros de contención para garantizar la salud de las personas bajo cuarentena.

Su esposa, Dina Gómez, presentó una denuncia pública acompañada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque considera que su esposo no recibió la atención médica que requería su padecimiento de infección urinaria.

Las dudas sobre las circunstancias de la muerte de Óscar Méndez, y sobre la calidad de la atención médica que se le proporcionó en el albergue donde se encontraba, no quedaron esclarecidas en el escueto comunicado que emitió el Ministerio de Salud como respuesta a la denuncia pública que hizo la familia del paciente.

Este no es el primer fallecimiento de una persona en cuarentena bajo protección del Estado. El viernes 27 de marzo, murieron en el hospital Saldaña María Marta Ramos de Cornejo y Julio Contreras por causas no relacionadas a la Covid-19. En ambos casos sus familias denunciaron negligencia por parte de las autoridades de salud.

En el marco de estos hechos, el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar, dijo que el Estado ha violado los derechos de la población albergada desde el inicio de las medidas de contención.


Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, señala que tanto las personas albergadas en centros de contención, o quienes han sido trasladados a hospitales por un posible contagio de coronavirus, no son culpables de ningún delito y, por lo tanto, deben ser atendidos como pacientes y sus derechos deben ser garantizados en todo momento.

Este enfoque de seguridad aplicado a la emergencia sanitaria por el coronavirus, también ha tenido consecuencias para la población fuera de los centros de contención.

Una vez decretada la cuarentena domiciliar que restringe la movilidad en el territorio nacional, se reportaron denuncias por detenciones arbitrarias o sin fundamento legal.

La organización Cristosal presentó un recurso ante la Sala de lo Constitucional por el caso de tres personas detenidas arbitrariamente. La Sala admitió el recurso y decretó medidas cautelares para evitar que estas situaciones ocurran de nuevo.

La Sala de lo Constitucional también se ha pronunciado, mediante varias resoluciones, a favor de los derechos de ciudadanos que han señalado estar bajo cuarentena en condiciones precarias, sin alimentación adecuada ni suficiente agua para beber  y sin acceso a medicinas ni atención médica, incluso en el caso de personas con enfermedades crónicas.

La Sala también ha ordenado a las autoridades brindar a las personas en centros de contención toda la información sobre su estado de salud y los resultados de las pruebas de covid-19 que se les practiquen.

En el caso de las personas que llevan más de 20 días de cuarentena, la Sala ordenó que se les realicen evaluaciones de salud para que puedan retornar a su domicilio si su condición de salud es favorable.

Al respecto del actuar de la Sala, el presidente Nayib Bukele ha señalado que se debe dejar de discutir si una medida es constitucional o no, pues la prioridad es actuar con rapidez.

Celia Medrano considera que debe prevalecer el control constitucional entre poderes del Estado para garantizar los derechos de la población.

La ONU ha señalado que los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas orientadas a combatir la expansión de la covid-19 deben aplicarse en estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional al riesgo en que se incurre.

Los Estados, además, deben tomar en cuenta cómo estas medidas pueden repercutir gravemente en la vida de las personas y trabajar para reducir estos impactos negativos.



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