Detienen bajo el régimen de excepción a exdirector de la JVE que denunció anomalías en elecciones 2024

El exdirector de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) del partido Nuestro Tiempo, Jeovany José Maravilla, fue detenido hace un mes bajo el régimen de excepción, informaron este viernes familiares y exdirigentes de esa organización política. Su captura marca un nuevo hito en la escalada represiva del Estado en contra de voces críticas y, según miembros del partido, es una represalia por su lavor al documentar las irregularidades durante las elecciones generales de 2024.

Jeovany Maravilla, sociólogo y exmiembro de Nuestro Tiempo, fue capturado el 9 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando regresaba al país procedente de Estados Unidos, tras una estancia preventiva en ese país.

Desde entonces, permanece privado de libertad sin que existan argumentos “suficientes y claros” que justifiquen su detención por el delito de agrupaciones ilícitas, informaron sus familiares y compañeros a través de un comunicado.

La captura del exdirector de la JVE ocurre en un contexto marcado por la aplicación del régimen de excepción en contra de cada vez más defensores de derechos humanos, sindicalistas y opositores del gobierno de Nayib Bukele.

De acuerdo con Ramiro Navas, exdirector de organización de Nuestro Tiempo, Maravilla fue trasladado inicialmente a la delegación policial de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, y posteriormente al Centro Penal de Izalco. “Lo que sabemos es que lo detuvieron mientras regresaba a El Salvador, en puesto migratorio, que no pudo ver a su familia ni a su defensa antes de que lo trasladaran. Desde que aterrizó no ha tenido contacto con nadie conocido”, denunció.

Hacemos pública la situación de Jeovany José Maravilla, sociólogo comunitario y ex Director de la JVE.

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— Ramiro Navas | 🇸🇻 (@RamiroNavas_) February 6, 2026

El 6 de febrero de 2026, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana negó la solicitud de revisión de medidas cautelares, pese a que la defensa presentó pruebas de arraigo. Esta decisión, según personas cercanas al caso, marcó un punto de quiebre que llevó a la familia y a su entorno a hacer pública la detención.

La defensora de derechos humanos y excandidata a vicepresidenta por Nuestro Tiempo, Celia Medrano, afirmó que antes de hacer pública la detención de Maravilla se intentó agotar las vías institucionales disponibles para garantizar un debido proceso, sin éxito.

“Antes de la opción de una denuncia pública sobre esta detención, se optó por tratar de agotar mecanismos de garantía a un debido proceso legal. La audiencia celebrada ayer evidencia que el derecho al debido proceso legal es prácticamente inexistente en El Salvador actualmente, al no garantizarse la impartición de justicia de manera imparcial e independiente”, señaló.

Un patrón de hostigamiento

Jeovany Maravilla se desempeñó hasta 2024 como director propietario de la JVE de Nuestro Tiempo y fue una de las personas que denunció de forma pública y documentada anomalías durante el proceso electoral de 2024, tanto ante la opinión pública como ante instancias nacionales e internacionales. 

Para Navas, la detención de Maravilla debe leerse dentro de un contexto previo de hostigamiento contra personas que participaron en la supervisión y documentación de irregularidades durante el proceso electoral de 2024, lideradas por partidos de oposición y expertos electorales independientes.

“Lo que hemos advertido es que se podría identificar un patrón entre las personas que participamos en la supervisión y documentación de anomalías en los escrutinios preliminar, final y en el ‘reconteo’ realizado en el gimnasio Pineda”, afirmó.

Navas explicó que tanto él como Maravilla formaron parte de un equipo que documentó las irregularidades durante distintas fases del proceso electoral, y en el que también participaron Ruth López y Enrique Anaya —arrestados en los meses de mayo y junio de 2025 en la escalada represiva de Bukele—; así como Wendy Alfaro e Ingrid Escobar, quienes denunciaron persecución y amenazas que derivaron en su exilio. 

“Por esa razón, varios de nosotros, incluido Jeovany, tomamos la decisión de salir del país de manera preventiva”, añadió. 

La representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, calificó como “grave” la captura y la vinculó con su rol como observador del proceso electoral. Escobar afirmó que Maravilla “fue testigo del fraude”, al referirse al recuento de votos legislativos en el que la oposición denunció irregularidades como papeletas sin doblez —como si no hubieran sido extraídas de las urnas— y marcadas con plumón en lugar de crayola.

El bloque logró documentar un total de 69 anomalías durante las elecciones generales de 2024, y presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una solicitud de nulidad de las elecciones legislativas, sin obtener respuesta.

Como miembro de la JVE, además, Jeovany Maravilla fue una de las principales voces críticas del proceso electoral, señalando la opacidad del TSE, la escasa información sobre el registro electoral, las irregularidades en la implementación del voto electrónico desde el exterior y la asfixia financiera a la vigilancia electoral.

Su trayectoria previa a la militancia política, según exdirigentes del partido y organizaciones sociales, está vinculada al trabajo comunitario, la participación ciudadana, la promoción de una cultura de paz y el acompañamiento a juventudes en comunidades rurales y urbanas del país.

“Consideramos grave que perfiles comunitarios y de participación cívica estén siendo criminalizados sin garantías claras de debido proceso”, señaló Navas. “No pedimos privilegios. Exigimos debido proceso, garantías judiciales y la revisión de las medidas impuestas”.

Para Celia Medrano, esta captura es una prueba más de que el régimen de excepción se ha convertido en una herramienta permanente de persecución selectiva, mediante imputaciones sin sustento o ya prescritas. “El régimen argumentará imputaciones ya fenecidas o sin fundamentación sólida con la intención de confundir y distraernos del hecho de que se instrumentaliza el sistema penal selectivamente en contra de cualquiera que no esté alineado al oficialismo”, advirtió.

Según la defensora, la vigencia prolongada del régimen de excepción es el principal mecanismo para este tipo de acciones. 

“Lo dijimos hace mucho tiempo: el régimen sería utilizado para acallar y perseguir a voces críticas, dirigido principalmente contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas que, aún desde la legalidad e institucionalidad, han participado en política electoral ofreciendo alternativas al autoritarismo”, concluyó.