Documentos de DOM evidencian controles débiles en contratación de exconstructora del San Miguelito

Por Jaime Quintanilla y Andrés Dimas

Los controles de la Dirección de Obras Municipales (DOM) fallaron repetidamente en el proceso de adjudicación y ejecución de la reconstrucción del mercado San Miguelito, que ganó la mexicana Gallo Hermanos Constructores, revelan nuevos documentos obtenidos por Focos.

Los registros también señalan que, aún cuando la empresa tuvo que paralizar las obras debido a problemas financieros, en un intento por evitar que perdiera el contrato, la institución la favoreció con una prórroga para que entregara los requisitos de un anticipo. 

Focos tuvo acceso al acta de notificación de adjudicación de la obra, el contrato firmado y a una resolución de la gerencia legal de la DOM. En estos documentos se evidencia que la DOM eligió la oferta de Gallo Hermanos, a pesar de que era $6.5 millones más alta que la del otro oferente, y que certificó la ausencia de conflictos de interés e impedimentos de ley, así como la capacidad financiera de la empresa. 

Este medio comprobó en un reportaje publicado el 16 de mayo que la empresa Gallo Hermanos Constructores tiene vínculos con un secretario municipal de la alcaldía de San Martín y una notaria que fue donante del partido de Nuevas Ideas en 2020, quienes fueron piezas clave para fundar una sociedad con idéntico nombre en el país. En la práctica fue esta empresa la que ejecutó el proyecto, a pesar de que el contrato impide la transferencia de las responsabilidades de la obra a otra persona o empresa. 

Además, demostró que la empresa no contaba con recursos ni personal en El Salvador para ejecutar la obra, y tampoco pudo conseguir las fianzas necesarias para obtener el anticipo del 30% del contrato. Esta situación la llevó a paralizar el proyecto tras un mes de trabajo. Un acta de la gerenta legal de la DOM evidencia que la institución ayudó a la empresa con una prórroga para que presentara las garantías para un anticipo.

Pese a ello, Gallo Hermanos Constructores no logró cumplir con el requisito. La DOM tardó tres meses en sancionar a la empresa, con una inhabilitación por cinco años que le impide realizar obras con cualquier institución del Gobierno.

Consultado para esta publicación, el dueño de ambas Gallo Hermanos Constructores, Francisco Gallo Palmer, afirmó que no hubo irregularidades en la adjudicación y ejecución de la reconstrucción del mercado San Miguelito y dijo que la cancelación del contrato “fue un acuerdo mutuo”.

El 28 de octubre de 2022, la DOM notificó a todas las partes interesadas la resolución del proceso DOM-LC-90/2022, Reconstrucción del Mercado San Miguelito, en la cual se transcribe íntegramente la decisión de la junta directiva de la institución con respecto a la empresa seleccionada para el proyecto, tomando como base el informe de resultados elaborado por un panel de evaluación.

La DOM eligió entre el asocio guatemalteco-salvadoreño Grupo Ultra-Constructora RR y la mexicana Gallo Hermanos Constructores. La primera presentó una oferta de $27,034,299.01 millones, mientras que la segunda ofertó $33,603,588.76, es decir, $6.5 millones más que su competencia.

El panel que analizó la oferta señaló que el criterio de elección general debe ser favorecer a la empresa con el menor monto, siempre y cuando tenga la capacidad de ajuste a lo solicitado y se determine que el licitante es elegible para cumplir satisfactoriamente con el contrato. 

En las conclusiones que presentaron a la junta directiva de la DOM, los evaluadores señalan que Grupo Ultra-Constructora RR, a pesar de ser la opción más barata, no cumplió con los requisitos del concurso, mientras que Gallo Hermanos Constructores, la oferta más cara, sí se ajustó a lo solicitado. 

Con base en esta recomendación, la junta directiva de la Dirección de Obras Municipales, encabezada por la secretaria privada del presidente Bukele, Claudia Rodríguez de Guevara, acordó contratar a Gallo Hermanos para reconstruir el San Miguelito por $33.6 millones en un plazo de 480 días.

“Por ser la oferta que tiene la capacidad sustancial de ajuste a lo solicitado por el Documento de Solicitud de Oferta, haberse determinado que es elegible para cumplir satisfactoriamente con el contrato y existe disponibilidad presupuestaria para adjudicar el presente contrato”, argumentó la directiva de la institución que certificó el director ejecutivo de la DOM y secretario de la junta, Álvaro O’Byrne.

El 1 de junio de 2023, el Diario Oficial publicó la renuncia de O’Byrne sin justificar los motivos de su retiro. El funcionario ha sido empleado de confianza del presidente Nayib Bukele desde la alcaldía de San Salvador y fungió como director del FOVIAL hasta el 2021.

Los controles de la DOM que fallaron

Uno de los aspectos evaluados por la DOM para entregar el contrato para la reconstrucción del mercado San Miguelito fue la disponibilidad financiera de las empresas oferentes, el cual es un indicador de que la empresa podrá cumplir con sus responsabilidades o responder en caso de afectaciones contra la institución. Las empresas deben presentar respaldo financiero de al menos el 5% del monto de la oferta.

Según el documento de adjudicación, Gallo Hermanos Constructores justificó una disponibilidad financiera de $20 millones, mientras que su competencia presentó documentación que respaldaba el acceso a $100 millones. Sin embargo, la DOM solo aceptó la documentación de respaldo que presentó por $79 mil, señalando que el resto no estaba debidamente acreditado.

La Dirección no observó la papelería presentada por la constructora mexicana, que, según Gallo Palmer, demostraba su capacidad a partir del capital que tenía en su país de origen. Sin embargo, la DOM no pudo advertir las dificultades que tendría esta empresa para acceder a estos recursos en El Salvador. Y, una vez otorgado el contrato, iniciaron los problemas financieros. 

De acuerdo con Gallo Palmer, la falta de liquidez que enfrentó la empresa mexicana se debió a que no pudo demostrar arraigos en El Salvador para obtener los fondos que le permitieran entregar una garantía, requisito que exige la DOM para entregar al anticipo del 30 % del presupuesto de la obra. El ingeniero mexicano explicó que, a pesar de que su empresa está solvente en su país, las aseguradoras salvadoreñas no aceptaron sus propiedades en México como garantía.

Como explicó Focos en la entrega anterior, fueron estas dificultades financieras las que llevaron a la paralización de las obras en el mercado San Miguelito, apenas un mes después de iniciadas. Proveedores y extrabajadores dijeron a Focos que Gallo Palmer aún les debe el pago por ese tiempo de trabajo. 

Cuando la obra ya llevaba dos meses detenida, el 20 de febrero de 2023, Gallo Hermanos Constructores pidió una prórroga para presentar la garantía de cumplimiento de contrato que la DOM le exigió. El mismo día, la gerenta legal de la DOM, María Alicia Andino Rivas, resolvió darle cinco días más para presentar esta garantía a pesar de que reconoció que la petición no procedía de acuerdo a los parámetros de la Ley de Procedimientos Administrativos.

La funcionaria justificó su decisión señalando que la DOM “sostiene el anhelo y disposición de poder entregar a la población obras finalizadas y de buena calidad” por lo que decidió darle los cinco días de prórroga que solicitó Gallo Palmer. 

“El contratista ha manifestado su disposición y compromiso de presentar las garantías respectivas dentro del plazo de cinco días hábiles” Por lo que aprobaron la solicitud so pena de que no hacerlo significaría que “se continuará con la etapa respectiva del presente procedimiento de extinción de contrato por caducidad”, estableció la gerenta legal.

Gallo Palmer no pudo cumplir con el plazo establecido, que se venció el 1 de marzo. Pasaron más de dos meses y el 8 de mayo la junta directiva de la DOM resolvió “declarar la extinción por caducidad” del contrato que firmó la empresa mexicana por incumplimientos relacionados a la presentación de garantías. Pero fue hasta el 25 de mayo que la DOM sancionó por cinco años a la empresa, cuando lo hizo público, seis días después, no especificó las razones ni el proyecto que estaba ejecutando.

El conflicto de interés

Durante la evaluación de la oferta de Gallo Hermanos Constructores, la DOM certificó que no existían conflictos de interés ni impedimentos legales con la empresa. Esto a pesar que Gallo Palmer y el secretario municipal de San Martín eran socios desde el 11 de agosto de 2022 en la empresa del mismo nombre que terminó operando en la obra. La ley simplificada de la DOM establece artículo 4, literal b, que ningún servidor público municipal puede ser contratista ni subcontratista de la institución.

Expertos opinan que haber usado la empresa salvadoreña fue una transferencia y cesión de contrato de facto, algo que está expresamente prohibido en la quinta cláusula del contrato. 

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), señaló que, además de la revocación del contrato y sanción a la empresa, estas acciones pueden conllevar “sanciones contra quienes constataron que se tenía el capital necesario”. 

“No haber culminado la obra en el periodo implica que usuarios y beneficiarios (hasta ahora) se vieron impedidos de una infraestructura que resulta crítica para su subsistencia diaria. A mi criterio, se les falló producto de una licitación ejecutada de manera irregular. Estas son las consecuencias de no hacer las cosas con transparencia, en una caja negra. La gente sufre, no los funcionarios o las empresas que en este caso se llevaron un enorme capital fuera del país, proveniente del bolsillo, de la misma ciudadanía”, apuntó Sandoval.

En la resolución de extinción de contrato, la DOM no menciona la cesión de contrato que hizo Gallo Palmer para funcionar en ese corto periodo. El coordinador de ALAC también afirmó que “el incumplimiento de este punto, era una causal suficiente para declarar una revocación del contrato”. El abogado consideró que se viola el artículo 113 literal c de la ley simplificada de adquisiciones y contrataciones de la DOM, el cual establece que se revocará un contrato “por modificación de las obligaciones contractuales impuestas por la DOM, cuando implique una variación sustancial de las mismas”.

“La DOM como administradora del contrato, tenía la obligación de verificar este tipo de actuaciones. Esta puede dar paso a una infracción grave cometida por los funcionarios responsables del contrato, porque dieron por recibida la obra de la demolición. Ese tipo de infracciones conlleva causales de despido de los funcionarios que velaban por la recepción de obras y de verificar la ejecución del contrato”, agregó el experto.

Los documentos de respaldos de esta nota se encuentran aquí:

Contrato.

Adjudicación.

Resolución.