Dos años del régimen de excepción: entre la aprobación y la violación a los derechos humanos

Luego de dos años de implementación y de posicionamiento gubernamental como el mayor triunfo de la administración de Nayib Bukele, el régimen de excepción recibió una calificación de 8.13, la más alta desde que se aprobó esta medida, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Sin embargo, la propia encuesta matiza el nivel de aprobación al preguntarle a los salvadoreños si están de acuerdo con la suspensión de garantías constitucionales, las capturas sin orden judicial y las recapturas de personas con procesos penales cerrados. 

Aunque estos tres puntos son pilares con los que el régimen de Nayib Bukele ha capturado a más de 78,000 personas, nueve de cada diez salvadoreños están en desacuerdo con la pérdida de una o más garantías constitucionales. Hace dos años, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas, aprobó el decreto número 333, con el que suspendieron la libertad de reunión y asociación, a la defensa, a la inviolabilidad de la correspondencia y el plazo de detención administrativa pasó de 72 horas a 15 días. De los cuatro, solo el primero ha sido reinstalado. 

El 64.4 % de los encuestados aseguraron que no conocen los derechos que siguen suspendidos, contra el 9.4 % que afirmó saber cuáles son; el resto dijo que conoce una o dos de las suspensiones. Mientras que nueve de cada diez salvadoreños dijeron que están en desacuerdo con la restricción de uno o más derechos. 

De la misma manera, la mayoría de los encuestados están en desacuerdo con la suspensión de cada uno de los tres derechos que aún siguen restringidos. “63 de cada 100 salvadoreños dijeron estar en desacuerdo con las autoridades no tengan la obligación de garantizar la asistencia de abogados las personas que son detenidas con el régimen de excepción; 71 de cada 100 estuvieron en desacuerdo con que las autoridades no tengan la obligación de informar la razón la detención una persona y con que esta sea detenida por más de 72 horas; y 50 de cada 100 salvadoreños expresaron su desacuerdo con que las autoridades puedan intervenir las telecomunicaciones de toda la población sin necesidad de una orden judicial”, indica el boletín de prensa del Iudop.

“Cuando la gente se da cuenta en qué consiste la suspensión de la garantía muestra su desacuerdo con la suspensión”, señaló Omar Serrano, vicerrector de la UCA.

Bukele usó el régimen como su principal bandera de propaganda de cara a las pasadas elecciones del 3 de febrero, donde compitió de manera inconstitucional y ganó con 2.7 millones de salvadoreños, el 82.66 % del total de votos válidos. Según los datos de la encuesta, el 29 % señaló que esta medida debe concluir y que se debe buscar otros mecanismos, mientras que el 69.1 % afirmó que se debe prorrogar. 

En El Salvador actual, las personas apoyan el régimen de excepción, pero están en desacuerdo en cómo se ha implementado. Los datos de la encuesta indican que esto pasa por algunos factores llamativos: “Los datos muestran que las personas que tienen más confianza en la información gubernamental son aquellas que a su vez registran un mayor nivel de acuerdo con las restricciones decretadas con el régimen de excepción; en cambio, las personas que no confían en la información que genera esta administración son quienes expresan un total rechazo a la actual suspensión de prerrogativas constitucionales”.

El Gobierno, sin embargo, ha bloqueado toda la información relativa a la efectividad del régimen. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil (PNC) reservó los datos de homicidios, feminicidios, la cantidad de denuncias por crímenes comunes y la cantidad de droga decomisada. La única manera en la que el Gobierno entrega parte de esta información es a través de redes sociales. Asimismo, todos los juicios relacionados al régimen de excepción tienen reserva total en los juzgados de crimen organizado. 

Los encuestados reconocieron que las detenciones de personas inocentes representan el principal fracaso del régimen con el 36.6 % de los encuestados, aunque el 41.6 % dijo que no había tenido ningún fracaso. Desde el inicio de la principal política represiva del primer quinquenio de Bukele, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han denunciado miles de detenciones arbitrarias. Hasta la fecha, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha reconocido la liberación de 7,000 personas. 

Reportes de prensa han revelado con documentos judiciales que miles de personas han sido capturadas por el simple hecho de estar nerviosas cuando fueron interrogadas por miembros de las fuerzas de seguridad.

Aumentó el abuso policial y militar

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el porcentaje de personas que han presenciado abusos de las fuerzas de seguridad ha aumentado desde que inició el régimen. “En términos comparativos, podemos observar que en el caso de la exposición o ser testigos de abuso policial o militar ha crecido en estas cuatro mediciones que ha hecho el Iudop”, señaló la directora de la institución, Laura Andrade.

Los indicadores que más han crecido fueron las personas que han visto a un policía o militar maltratar físicamente a otra. En el caso de los agentes de la PNC, pasó de un 6.8 % el primer mes con un 20.2 % en la última medición; mientras que los miembros de las Fuerzas Armadas comenzaron con un 4.5 % y han alcanzado un 15.3 %.

Consultados si conocían a personas detenidas sin vínculos aparentes con las pandillas, el 29.8 % de las personas dijo sí conocer, contra un 70.2 % que dijo no conocer. 

“Es alarmante que más de la cuarta parte de la población salvadoreña ha presenciado o ha sido víctima directa de abuso de parte de elementos policiales o militares, durante este último año de vigencia, lo que muestra claramente la ausencia de aplicación de protocolos que regulen de forma efectiva el uso de la fuerza y la actuación de los agentes de seguridad del Estado”, apuntó el Iudop. 

A pesar de que esta ha sido la calificación más alta que ha registrado el Iudop desde que el régimen entró en vigencia el 27 de marzo de 2022, ocho organizaciones de la sociedad civil han reportado que durante ese tiempo han muerto al menos 244 privados de libertad y que han recibido 6,305 denuncias por capturas arbitrarias. 

En el informe que elaboraron Cristosal, Amate, Servicio Social Pasionista, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Azul Originario y Fespad, hay un registro de 598 personas en situación de desplazamiento forzado interno, en el que “todos los casos los victimarios son agentes de seguridad del Estado. Principalmente de la Policía Nacional Civil”.

La gente teme hablar del régimen

La misma encuesta en la que el régimen obtuvo su mayor calificación, también reveló que siete de cada diez salvadoreños temen emitir su opinión sobre esta medida. “Esta es una tendencia sostenida que se ha registrado en los estudios de opinión realizados por el Iudop desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 333,”, señaló el Iudop en su boletín de prensa. 

“Al indagar la principal razón de esta reserva, se encontró que las principales razones están vinculadas a que compartir su opinión podría desencadenar una detención injustificada, a la opinión de que ya no se puede confiar gente la que mejor evitar una represalia amenaza, entre otras razones”, agregó el Iudop.