Educar en medio de la precariedad y el control en El Salvador y Panamá

En Panamá, más de 50,000 de estudiantes pierden clases cada año entre huelgas docentes, improvisaciones curriculares y escuelas en deterioro. En El Salvador, en cambio, las aulas han dado un giro hacia el autoritarismo: la disciplina, la vigilancia y el control marcan cada vez más la experiencia educativa. Son dos crisis distintas, pero que han resultado en sistemas que no están garantizando condiciones de aprendizaje.

Años atrás, la figura del docente representaba autoridad, respeto y guía dentro de las aulas, incluso entre los miembros de la comunidad. No solo transmitía conocimiento, sino también disciplina y valores que marcaban generaciones. Así lo recuerda Addiel Bedoya, representante de la Confederación Nacional de Padres de Familia de Panamá.

A su juicio, ese rol parece haberse transformado. Hoy, el sistema educativo de Panamá enfrenta tensiones constantes, huelgas prolongadas, y un debate creciente sobre los límites entre el derecho a huelga y el derecho de los estudiantes a recibir clases.

El impacto es acumulativo: cada día sin clases equivale a tres días de pérdida en aprendizaje, según estimó el oficial de Educación de UNICEF Panamá, Francisco Trejos. Esto explica, en parte, por qué los estudiantes llegan a la universidad sin las competencias básicas, afirmó.

El calendario escolar inestable y los programas de “recuperación exprés” profundizan el problema. “Un estudiante no puede recuperar en cuatro semanas lo que no aprendió en todo un año. Eso es una farsa”, afirma el dirigente magisterial Fernando Ábrego de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF).

Pero ellos defienden sus luchas: “Desde la falta de capacitación continua hasta la improvisación en cambios curriculares, los maestros operan en un sistema que no les brinda herramientas suficientes. Se repiten capacitaciones improvisadas, incluso copiadas de otros países sin adaptación al contexto panameño”, denuncia Ábrego.

UNICEF coincide en que el problema no es solo capacitar, sino acompañar al docente en el aula de forma sostenida. Además, cuestiona la formación universitaria, que considera “muy memorística y poco práctica”.

«El tema es bastante complicado, pero también la formación del docente juega un papel muy importante. Yo parto de la premisa que nadie puede enseñar lo que no sabe», cuestiona el vicerrector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno. «Nosotros debemos estar seguros de que quien va a enseñar matemáticas esté con altas competencias en matemáticas», agregó.

Los estudiantes no son ajenos a esta situación. Dos de los consultados para este trabajo periodístico afirman que entre sus dificultades para estudiar está su poca capacidad de retención de información, los métodos de enseñanzas de los profesores y que asignen docentes verdaderamente capacitados para enseñar. 

Conociendo de las deficiencias del sistema, la viceministra académica de Educación en Panamá, Agnes de Cotes, asegura que la actual administración ha impulsado reformas a la Ley de Educación para actualizar el currículo y mejorar la formación docente. “Se han cambiado algunas posiciones de los contenidos por todas las evidencias que los especialistas así lo indican, pero apostamos a un cambio y a una forma diferente de enseñar, porque la historia no la puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la forma de cómo enseñar la historia”, afirmó.

La Ley ordena al Ministerio de Educación revisar la currícula educativa cada 5 años. Según la funcionaria, esto no se realizaba desde hace más de 10 años en Panamá.

El aula refleja las desigualdades del país. Hambre, pobreza, familias disfuncionales y falta de apoyo en casa afectan directamente el aprendizaje.

A esto se suma la ausencia de equipos psicopedagógicos en muchas escuelas, lo que deja a los docentes asumiendo roles para los que no están formados: psicólogos, orientadores, trabajadores sociales.

El profesor Armando Espinosa es dirigente magisterial de la Asociación de Maestro Independiente (AMIA), uno de los protagonistas de los diferentes cierres de calles y paralización de clases durante tres huelgas que restaron días de clases. Justifica estas acciones como una lucha social necesaria, “nosotros no queremos ir a una huelga, jamás hemos querido ir a una huelga, pero los gobiernos que tenemos en Panamá, este y los anteriores, no tienen la capacidad de sentarse a negociar para poder resolver estos problemas en la mesa, dijo. 

En cuanto a la calidad de la educación, Espinosa cree que el problema está en la “mala administración” y la falta de recursos. “Nosotros estamos mandando muchachos de bachilleres en ciencia a hacer exámenes en la Facultad de Medicina que no conocen un microscopio, mientras que en la privada sí lo hay”, dijo. 

Infraestructura escolar: un reto pendiente

La deteriorada infraestructura escolar es otro punto en común entre los sistemas educativos de Panamá y El Salvador. En ambos países, miles de estudiantes asisten diariamente a centros educativos que presentan filtraciones, aulas deterioradas, mobiliario insuficiente y limitaciones en servicios básicos. Aunque los gobiernos han anunciado programas de inversión y rehabilitación, docentes y comunidades educativas coinciden en que los avances han sido lentos frente a la magnitud del problema. 

Más de 50,000 niños arrancaron el año 2026 en escuelas ranchos, con piso de tierra, techo de paja y paredes de absolutamente nada, no es justificable dijo el profesor Espinosa, quien reconoce las deficiencias del sistema.

En el caso de El Salvador, mientras la narrativa oficial destaca en medios masivos y redes sociales la entrega de computadoras y presume inversiones históricas en infraestructura, la realidad en el terreno es distinta: más de 93,000 estudiantes cursan el año lectivo en centros educativos sin condiciones pedagógicas por el cierre de escuelas.

“Nadie puede negar que este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia del país”, afirmó Nayib Bukele el 22 de mayo de 2025, durante una cadena nacional de radio, televisión y replique en streaming para lanzar el programa “Dos escuelas por día”. 

El proyecto es presentado como una transformación histórica de la infraestructura educativa. Pero en el terreno, sus efectos son más complejos. Para enero de 2026, al menos 500 centros escolares estaban dentro de este programa, lo que implicaba que unos 93,000 estudiantes recibían clases sin las condiciones pedagógicas adecuadas, según datos recopilados por el Frente Magisterial Salvadoreño (FMS).

Panamá tiene 3,102 centros educativos para atender a 811,116 en 16 regiones a nivel nacional, según cifras del Ministerio de Educación. En El Salvador son 5,150 para atender a 1.2 millones de estudiantes, según el Ministerio de Educación.

Un informe de 2024 de la Defensoría del Pueblo de Panamá reveló que de 449 centros educativos visitados por esta institución el 91% de los estaban en mal estado, por lo que el Ombudsman, Eduardo Leblanc, le recomendó al Ministerio de Educación priorizar la erradicación de las aulas ranchos.

El Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT 2025-2029) presentó un informe de hallazgos del Diagnóstico del estado actual del sistema de educación en el que se revela que la infraestructura y el equipamiento insuficientes, especialmente en zonas rurales e indígenas, crean un entorno de aprendizaje menos favorable, lo que contribuye a las brechas en la calidad educativa y en los resultados de aprendizaje. Estas diferencias se ven exacerbadas por la formación y distribución desigual de docentes, con las áreas más necesitadas a menudo careciendo de personal calificado.

En cuanto al deterioro de los centros educativos en Panamá, el sector privado apuesta por la aplicación de la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP). Esta legislación permite contratos a largo plazo entre el sector público y privado para infraestructura y servicios, explicó Giulia De Santics, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

En los esquemas tradicionales el Estado financia el proyecto, mientras que en el modelo APP, el sector privado financia el proyecto teniendo como fuente de pago un contrato multianual de prestación de servicios con el gobierno. En el esquema tradicional, el Estado es responsable de la operación del proyecto; con el régimen APP, el sector privado lo opera manteniendo los estándares de calidad.

Para De Santics las debilidades del sistema educativo panameño no se resuelven con asignación de más presupuesto. «Se destinan los recursos y el Ministerio de Educación no ejecuta y no es un tema de este gobierno, es la misma situación que se repite año tras año», destacó.

La presidenta de Apede considera importante descentralizar el sistema educativo panameño para que las soluciones lleguen más rápido, con una mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones, mejor uso de los recursos y más innovación educativa, según las necesidades de cada área. 

Educación en El Salvador: Control, miedo y silencio

Sindicatos docentes en El Salvador también denuncian que hay una «militarización» en la educación salvadoreña, a través de una reorganización administrativa y disciplinaria en las aulas, y el control sobre el cuerpo docente y estudiantil.

El 14 de agosto de 2025 fue nombrada ministra de Educación una oficial de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), la capitana Karla Edith Trigueros. Su llegada intensificó las normas de disciplina, vestimenta y orden en las escuelas públicas, y se instaló un sistema de “méritos” y “deméritos” que, según los maestros consultados para este reportaje, prioriza la obediencia por sobre el aprendizaje.

Al alcanzar 15 deméritos, los estudiantes pueden aplazar el año, sin importar sus resultados académicos. Un demérito sería, por ejemplo, no usar el uniforme completo, zapatos limpios y un corte de cabello específico establecido por las autoridades educativas. 

“Estas medidas no son cambios de profundidad, y solo fomentan la deserción y la exclusión”, afirma Idalia Zúniga, del Frente Magisterial Salvadoreño. “No se toma en cuenta que las poblaciones no viven en igualdad de condiciones, no se reconoce la pobreza extrema que viven las comunidades”.

Para la docente, es el autoritarismo de Bukele el que se ha trasladado a las aulas. “Es un gobierno que ha acumulado el poder y eso se refleja ahora en el sistema educativo”, señala.

Desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador, en marzo de 2022, al menos 3,000 menores de edad están presos y sin acceso a la educación, indicó la representante del Frente Magisterial Salvadoreño. “Se están cambiando las aulas, los pupitres y los cuadernos por las cárceles”, señala.

El temor también ha alcanzado al cuerpo docente. Los maestros han denunciado despidos arbitrarios, amenazas y falta de mecanismos de defensa en la Junta de la Carrera Docente, ahora cooptada por el oficialismo. 

El caso de la propia Zúniga ilustra este patrón: fue despedida tras negarse a desactivar una protesta de maestros en 2024, cuando los profesores se sumaron a la marcha blanca en rechazo a los recortes a salud y educación.

La combinación de factores —baja ejecución en infraestructura, cierre de escuelas, precarización laboral, resultados deficientes y control político— dibuja un sistema en retroceso, según los docentes.

Zúniga lo plantea en términos más amplios: “El autoritarismo lo vemos por todos lados… en los despidos, en las decisiones inconsultas, en el abuso de poder”.

Analogía de resultados

En el sistema educativo panameño, la currícula actual comprende 9 horas semanales de clases de inglés, según el portal del Ministerio de Educación (MEDUCA).

Un curso de inglés en la Universidad Tecnológica de Panamá ofrece el dominio del idioma en dos años, que comprende 12 niveles, 6 horas a la semana, cada nivel consta de 45 horas con garantía de ser bilingüe al completar este curso.

El estudiante de la escuela pública recibe clases por 12 años, sin que se garantice el aprendizaje del idioma. 

El Meduca tiene 5,450 docentes en diversas actividades y programas que van desde el nivel de inicial, básica general, hasta los diferentes bachilleratos para el idioma inglés. 

Para el asesor empresarial panameño René Quevedo, la situación es crítica. Considera que Panamá tiene un sistema educativo «históricamente divorciado de la realidad laboral del país». «Nuestra educación nos enseña de todo menos cómo ganarnos la vida y, en consecuencia, esto está impactando directamente el empleo juvenil y la precariedad de los empleos juveniles», afirmó.

Solamente uno de cada tres de jóvenes que se gradúan consigue empleo, dice el experto. “Yo creo que es momento de aterrizar y dotar a nuestros jóvenes de las competencias y las habilidades que les van a permitir construir un proyecto de vida”, agregó.

La revisión de los datos y testimonios en Panamá y El Salvador muestra que, pese a los recursos asignados y a los programas anunciados, las condiciones en las que se desarrolla la educación pública siguen marcadas por interrupciones, infraestructura insuficiente, ejecución irregular y brechas que se amplían según el territorio.

Los resultados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, junto con los reportes de deterioro escolar y los cambios constantes en la gestión, evidencian que estas limitaciones afectan directamente el proceso de aprendizaje.

En ambos países, los estudiantes del sistema público son quienes enfrentan con mayor frecuencia estas condiciones. Son ellos quienes asisten a centros con deficiencias estructurales, avanzan con programas interrumpidos y estudian en entornos donde los recursos, el acompañamiento y la estabilidad no siempre están garantizados. Los datos muestran que estas circunstancias se traducen en rezagos acumulados que impactan su trayectoria educativa.

La comparación entre Panamá y El Salvador permite observar que, más allá de los anuncios oficiales, la comunicación institucional o la inauguración de proyectos puntuales, la realidad cotidiana de las escuelas públicas continúa marcada por desafíos que no se resuelven con actos simbólicos. En ese escenario, los niños, niñas y adolescentes que dependen de la educación estatal siguen siendo el grupo más expuesto a las brechas del sistema. Los hechos presentados a lo largo de este reportaje dejan claro que existe una deuda pendiente con esta generación, que enfrenta día a día las consecuencias de un modelo que aún no logra garantizarles las condiciones necesarias para aprender en igualdad de oportunidades.